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Modo: Corpus Pro

HIPOTECA. NO ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO ORDENAR SU EJECUCIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE LA ACCIÓN PERSONAL INTENTADA EN EL JUICIO ORDINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2011. · Registro digital (IUS): 23095
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 546.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis conforme lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos sexto y octavo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue denunciada por el Magistrado Jorge Figueroa Cacho, presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que se refieren los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones.

Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Este tribunal conoció del amparo directo promovido contra la sentencia que, en segunda instancia, resolvió un juicio ordinario civil.

La pretensión del actor consistió en el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, así como en la ejecución de dicha garantía en caso de que la demandada no cumpliera oportunamente con la sentencia que al efecto se dictara.

En sentencia definitiva, se acogió la pretensión del actor, con excepción de lo pedido en cuanto a la ejecución de la hipoteca, respecto de lo cual se resolvió que el actor debía promover la vía civil sumaria hipotecaria, en términos de los artículos 669 al 682 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Sentencia que fue confirmada en apelación.

Inconforme con esa resolución, el banco actor promovió juicio de amparo directo del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito bajo el número de expediente 371/2010 de su índice, quien a partir de la interpretación sustentada en la ratio legis resolvió que si bien la vía civil sumaria hipotecaria caduca en un año, a partir del incumplimiento del deudor, la omisión de promoverla no extingue los derechos ni las obligaciones pactadas, esto es, sigue vigente el derecho real del acreedor, con posibilidad de reclamarlo en cualquier otro momento o en otro tipo de juicio, como es en el juicio ordinario. Los argumentos que sustentaron su decisión fueron los siguientes:

"... La institución bancaria quejosa, sostiene que es ilegal la determinación de la Sala responsable ya que perdió de vista que lo que pretendía ejercer era un derecho sustantivo establecido en el arábigo 2517 del Código Civil del Estado y si el contrato principal fue garantizado con hipoteca, ante el incumplimiento de la parte demanda debía responder con la cosa gravada, por lo que era innecesario que en ejecución de la sentencia ante el incumplimiento de los sentenciados, solicitara el embargo del bien hipotecado, siendo absurdo que se diga que únicamente pueda ejecutar la hipoteca en la vía sumaria, pues ello tendría como consecuencia hacer nugatorio un derecho sustantivo, pues la hipoteca como garantía real no podía quedar sujeta a la caducidad de la vía; máxime que en la exposición de motivos del precepto 669 del código procesal civil, se estableció que la caducidad de la vía sumaria no extinguía la hipoteca en cuanto a su prelación de los derechos del acreedor ni la publicidad ni la naturaleza del gravamen en relación con el bien hipotecado, menos la obligación de pago derivada del contrato, dado que la perención de la vía era netamente procesal; por tanto, no podía establecerse que la acción de ejecución de la garantía hipotecaria para el pago del crédito que garantizaba ante el incumplimiento del deudor era exclusiva de los juicios sumarios, de no ser así se pregunta ¿cuál era la vía indicada para ejecutarla cuando la sumaria estaba caduca? Es fundado.

"Es así, porque efectivamente, lo aducido por la Sala en el sentido de que en el juicio ordinario no procede mandar ejecutar la hipoteca, por lo que en todo caso, en el supuesto que los demandados, hoy terceros perjudicados incumplan con la condena impuesta en la sentencia definitiva, la actora deberá solicitar el embargo de bienes propiedad de los ejecutados, sin que tenga derecho el acreedor hipotecario a ejecutar su garantía real; es ilegal, porque resulta incorrecta la sentencia en cuanto a que a pesar de decretar la terminación anticipada del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria celebrado entre las partes y condenar a los acreditados a la devolución del préstamo, se impida al acreedor hipotecario ejecutar la garantía hipotecaria, en caso de incumplimiento de pago del deudor, dentro del plazo que le será concedido en el incidente de ejecución, atento a lo pactado por las partes en el contrato base de la acción.

"Los artículos 2517 y 2544 del Código Civil del Estado, establecen:

"‘Artículo 2517. Es contrato de hipoteca aquel por virtud del cual se constituye un derecho real sobre bienes inmuebles o derechos reales que no se entreguen al acreedor, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su grado de preferencia en el pago.’

"‘Artículo 2544. El derecho hipotecario prescribe en igual tiempo que la obligación principal.’

"De esos preceptos se desprende que la hipoteca es un contrato accesorio que garantiza el cumplimiento de una obligación principal y su grado de preferencia de pago, esto es, dicho contrato conserva la prelación que le corresponde desde su origen; la hipoteca no se explicaría si no existe un crédito que garantizar, por lo que está unida a la sentencia que condena a un deudor a cumplir con la obligación principal, que puede ser el pago de una suma de dinero; el derecho de garantía funciona en el momento en que al exigirle el pago al deudor no cumple, lo que origina que la obligación se satisfaga a través de la realización del bien inmueble dado en garantía; así mismo, la regla general es que la acción hipotecaria prescribe en el mismo término que la acción principal.

"Por otro lado, es necesario tener presente, lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en los capítulos I y III del título undécimo, denominado ‘De los juicios sumarios’ (artículos 618 al 641 y 669 al 682), en los que se prevén, respectivamente, las reglas generales de ese tipo de procedimientos judiciales, así como las reglas específicas de los juicios hipotecarios; entre ellas es importante poner de relieve, el arábigo 669 de la citada legislación adjetiva civil del Estado, que establece:

"‘Artículo 669. Se regirá por las presentes reglas todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación o división y registro de una hipoteca, así como su cancelación, o bien el pago, rescisión, vencimiento anticipado o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Cuando se trate del pago o prelación de un crédito hipotecario, es requisito indispensable que conste en documento debidamente registrado, y que sea de plazo vencido o que pueda exigirse el vencimiento anticipado. Sólo será exigible anticipadamente el crédito con garantía hipotecaria por incumplimiento de obligaciones de carácter económico o de aquellas que incidan en la destrucción o detrimento del bien hipotecado. La acción de pago por esta vía caduca en un año contado a partir del día siguiente a aquel en que tuvieron lugar los hechos que la originan. Si el actor omite o desvirtúa hechos, la caducidad operará desde el día siguiente de aquellos que debieron originar la acción intentada.’

"Precepto que está inmerso en el citado título undécimo, relativo a los juicios sumarios, de donde deriva que la acción hipotecaria, cuando no ha caducado la vía sumaria debe ejercerse a través de esa vía de privilegio; ello cuando se pida la constitución, ampliación, división y registro de una hipoteca o su cancelación; asimismo, cuando se demanda el pago, la rescisión o el vencimiento anticipado del crédito garantizado a través de dicho contrato accesorio; y en el tercer párrafo del precepto, que es el que interesa, establece que el acreedor que tenga garantizado su crédito mediante hipoteca y demande el pago correspondiente, dispone de un año para ejercer la acción respectiva en la vía sumaria, término que inicia a partir del día siguiente al incumplimiento del deudor, pues el hecho que la origina es precisamente que no pague su deuda en el tiempo acordado, esto es, que incurra en mora.

"Con lo hasta aquí expuesto, se evidencia que es incompleta la redacción del último párrafo del invocado artículo 669, ya que en éste no se resuelve la situación de la garantía real ni el procedimiento para hacerla efectiva.

"En consecuencia, procede hacer la determinación del alcance y sentido del artículo 669 del código procesal civil local, toda vez que es inconcuso, que la mera interpretación literal del mismo, es ineficaz para dar respuesta a la litis constitucional, pues como lo sostiene el filósofo del derecho Herbert L.A. Hart, en su obra ‘Separación entre derecho y moral’, traducida al español por G.R. Carrió:

"‘Las incertidumbres y las opacidades que se derivan de la textura abierta del derecho no pueden ser reducidas a partir de las reglas del uso ordinario del lenguaje, ni tampoco a partir de la explicitación de una gramática del lenguaje jurídico.’ (obra citada, editorial Depalma, Buenos Aires, 1962, página 25).

"Ello hace necesario que este órgano de control constitucional, en ejercicio de la facultad interpretativa que concede el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, utilice un diverso método para establecer el alcance y significado que pretendió darle el legislador local, al adicionar el artículo 669.

"Al respecto, es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis LXXII/2004, publicada en la página 234 del Tomo XIX, junio del 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO.’ (transcribe).

"Asimismo, tiene aplicación la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1127 del Tomo XLIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: ‘LEYES, INTERPRETACIÓN DE LAS.’ (transcribe).

"Así, en cuanto a la interpretación auténtica, que se traduce en la búsqueda de la voluntad del legislador, plasmada en el proceso legislativo correspondiente, el jurista Manuel Calvo García sostiene:

"‘El postulado de la voluntad del legislador, permite al intérprete superar las imprecisiones, los silencios e, incluso, las contradicciones entre lo que expresa el tenor literal de la ley y lo que el intérprete piensa que debería haber sido querido por un legislador racional corriendo e integrando sistemáticamente la ley. Si se presume que el significado profundo de la ley es racional, cualquier especificación de ese significado que se aparte de los cánones de racionalidad del orden dogmático de la ley debe ser rechazada como un error y procederse a restaurar la racionalidad del significado de la ley corrigiendo, incluso, su tenor literal.’ (‘La voluntad del legislador: genealogía de una ficción hermenéutica’, revista de Filosofía del Derecho ‘Doxa 3’, España, 1986, página 114).

"En el caso, del proceso legislativo que dio origen al decreto número 19425, con motivo de las reformas publicadas en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el veintinueve de diciembre de dos mil uno, que adiciona el tercer párrafo al artículo 669 del enjuiciamiento civil del Estado, se desprende que en la exposición de motivos, de la iniciativa correspondiente, se estableció, textualmente, lo siguiente:

"‘Legislatura del Estado. ... Exposición de motivos. ... Decreto: 19425. ... Considerando. ... VIII. Partiendo de estas premisas, los integrantes de las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos, y Justicia, nos dimos a la tarea de buscar la redacción idónea, en los artículos indicados para la adecuación de cada figura jurídica o momento procesal a reformarse; apartándonos ocasionalmente de los artículos indicados en las iniciativas, mas respetando el objeto y fin de las mismas, proponiendo la reforma o adición en artículos diversos, a efecto de dar claridad, se indican en lo individual cuáles son los artículos reformados y cuál es el objeto y en todo caso el alcance de tal reforma, de acuerdo a lo siguiente: ... 4. En el artículo 669 del Código de Procedimientos Civiles, se establece una regla procesal que estimamos de gran importancia, al limitar la procedencia de la vía civil sumaria hipotecaria en cuanto su ejercicio a un plazo de un año a partir del que el deudor incurra en mora. Esto, para limitar y forzar el ejercicio de esta acción con resultados positivos para ambas partes, toda vez que al forzar la presentación de las demandas de este tipo en el plazo perentorio de un año, se evita una acumulación innecesaria de intereses moratorios con la consecuente generación de créditos totalmente impagables e incobrables, evitando en lo posible el terrible fenómeno de la cartera vencida e indirectamente, la forzada cultura del no pago. Cabe hacer la aclaración, que el incumplimiento en esta norma trae aparejada la caducidad de la instancia, mas no la extinción de la hipoteca en cuanto la prelación de los derechos del acreedor, ni la publicidad o naturaleza del gravamen en relación con el bien inmueble hipotecado y mucho menos la obligación del pago derivada del contrato, toda vez que la caducidad de la vía sumaria hipotecaria no afecta el registro del propio gravamen, ni los derechos u obligaciones pactadas, por tratarse de una medida de carácter adjetivo. La limitación aquí mencionada, no se aleja de prácticas ya conocidas en el marco jurídico mexicano, ya que basta con hacer referencia a los juicios mercantiles ejecutivos, que de igual forma limitan la procedencia de esa vía, a un plazo fatal. ... Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, los diputados integrantes de las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos y de Justicia, sometemos a la aprobación de la asamblea, en los términos de los artículos 93, 94, 95 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el siguiente proyecto de: Decreto que reforma la fracción II del artículo 2557 y el artículo 2581 Bis del Código Civil, así como adiciona cuatro párrafos al artículo 576, adiciona un párrafo al artículo 669, reforma el tercer párrafo y elimina el último del artículo 680 y deroga el artículo 680 Bis del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.’

"De lo anterior, se colige, que la voluntad del legislador local, al establecer que la vía civil sumaria hipotecaria caducada en el término de un año, a partir de que inició el incumplimiento del deudor, consistió en impedir la acumulación de intereses moratorios, ello en beneficio del deudor; pero la intención evidente del legislador fue que no obstante la caducidad de la vía sumaria, el acreedor no pierde su garantía real hipotecaria, por lo que es obvio que no pierde su derecho de reclamar la realización de la garantía en otra vía, toda vez que de la propia exposición de motivos se advierte, que el incumplimiento de esa norma sólo trae aparejada la caducidad de la vía, mas no la extinción de los derechos y obligaciones pactadas, es decir, sigue vigente el derecho real del acreedor, con la posibilidad de reclamarlo en cualquier momento en otro tipo de juicio, en el que desde luego se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ello aun que el legislador no haya señalado expresamente en qué procedimiento puede hacerse valer.

"De ahí que, este Tribunal Colegiado, atendiendo a la interpretación auténtica, sistemática y teleológica del último párrafo del artículo 669 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, concluya que, la redacción de tal precepto, de ninguna manera, limita al acreedor hipotecario hacer efectiva su garantía real en el periodo de ejecución de sentencia, en el juicio ordinario, dado que, si bien en el referido código, no se regule de manera expresa la forma de tramitación de la ejecución de la garantía una vez caducada la vía hipotecaria, ello debe considerarse como un error de técnica legislativa, en cuanto a la redacción de dicho precepto legal, por lo que a fin de restaurar la racionalidad de la legislación procesal en estudio, no puede sino concluirse que cuando la vía sumaria hipotecaria ha caducado, pero el derecho real de hipoteca subsiste, la reclamación del pago de la obligación garantizada puede hacerse en el juicio ordinario y la ejecución de la misma dejarse para el caso de que el deudor no cumpla voluntariamente el fallo.

"En otras palabras el acreedor al acudir a los tribunales en la vía ordinaria a reclamar el pago del crédito, tiene la facultad de hacer efectivo el derecho real de hipoteca, pues si bien en ese juicio ordinario se ejerce una acción personal (pago del mutuo); ello no impide que para el caso de que los demandados, incumplan con la condena de pago impuesta en la sentencia, previa petición del acreedor hipotecario se ejecute la garantía, ya que sería antijurídico separar o desmembrar la acción personal del derecho real de hipoteca, porque no se puede impedir la satisfacción del derecho de crédito contratado, a través de la ejecución de la garantía real que para tal fin se otorgó, sólo porque caducó la vía hipotecaria, pues pensar lo contrario haría nugatorio el derecho de ejecución deducido de cualquier operación en la que se constituya hipoteca como garantía del cumplimiento de las obligaciones, lo que sería ilógico, pues si se tiene un derecho real vigente, la acción para hacerlo efectivo pervive mientras dura ese derecho, por lo que si ésta no está prescrita, desde luego se puede ejecutar el contrato accesorio, una vez que se demuestre que la parte demandada incumplió con la sentencia condenatoria.

"Tiene aplicación en lo conducente, la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, consultable en la página 225, Tomo X, septiembre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘ACUMULACIÓN DE ACCIONES. HIPOTECARIA CONTRA EL DEUDOR PRINCIPAL Y PERSONAL CONTRA EL DEUDOR SOLIDARIO. POR ECONOMÍA PROCESAL ES PROCEDENTE, LA. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 462 del Código de Procedimientos Civiles, el crédito otorgado a través de un contrato de mutuo simple, está garantizado con la hipoteca, el acreedor puede intentar el juicio hipotecario, el ejecutivo o el ordinario. Si opta por la acción hipotecaria en contra de los obligados principal y solidario, se genera un litisconsorcio pasivo entre los deudores, en virtud de que las acciones nacen de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir; observándose al respecto que en el contrato base de la acción efectivamente se advierten tres figuras legales, como lo son el contrato de mutuo, con motivo de la suma de dinero prestada, el contrato de hipoteca con base en la garantía otorgada sobre un bien raíz y la obligación solidaria asumida por una tercera ajena al contrato principal, comprometiéndose al pago del valor del inmueble objeto del mutuo. Sin embargo, dada la naturaleza del propio documento (escritura pública) y de los contratos celebrados (mutuo e hipoteca con obligación solidaria de un tercero), se estima que habiéndose intentado en contra de la deudora hipotecaria y de la obligada solidaria unas acciones que derivan de una misma cosa (pago del adeudo) y que provienen de una misma causa (contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria), es procedente que se hayan intentado en una sola demanda, por economía procesal, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que no sería jurídico separar o desmembrar en el caso, la acción real hipotecaria de la acción personal, asumida por el deudor solidario.’

"Sin que sea aplicable la tesis de rubro: ‘ACCIÓN HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ en la que la Primera Sala del Máximo Tribunal determinó que cuando un juicio tenga por objeto el pago o prelación de un crédito garantizado con hipoteca, la acción debe tramitarse en la vía especial hipotecaria ante un Juez civil de primera instancia, conforme a las reglas previstas por el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; porque en esa legislación no existe precepto que prevea la caducidad de la vía sumaria hipotecaria, como sí acontece en el enjuiciamiento civil del Estado.

"En las relatadas circunstancias, al ser esencialmente fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado y dicte otra en la que, tomando en consideración lo sustentado en este fallo, reiterando la condena decretada, ordene que para el caso del incumplimiento de los demandados en el pago de las prestaciones a que fueron condenados, previa petición del acreedor, se proceda a la realización de la garantía hipotecaria y con su producto hacer el pago a la actora."

Por otra parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el juicio de amparo directo 698/2010, promovido en contra de la sentencia de segunda instancia que confirmó la resolución dictada en un juicio ordinario mercantil, en donde se reclamó el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria y su convenio modificatorio, entre otras prestaciones.

En la sentencia definitiva se declaró el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria y se condenó a la parte demandada al pago de diversas cantidades, cuya falta de pago traería como consecuencia sacar a remate la garantía hipotecaria otorgada en el contrato fundatorio de la acción y con su producto realizar el pago al deudor.

En contra de la resolución de segunda instancia, que confirmó esa decisión, la demandada promovió juicio de amparo directo del que conoció el tribunal colegiado de mérito, mismo que fue registrado bajo el número 698/2010 de su índice, en el que sostuvo que no es posible que en sentencia se ordene sacar a remate el inmueble con el que se garantizó el adeudo, pues esto es propio del juicio hipotecario. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

"... El calificativo apuntado se atribuye debido a que tiene razón la quejosa al manifestar que es incorrecto que en la sentencia reclamada se haya ordenado que en ejecución de la misma y para el caso de incumplimiento por parte de la ahora impetrante, se saque a remate el inmueble hipotecado, porque no obstante que el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito autorice al banco acreedor a ejercitar su acción en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda (que es el aplicable por ser el que estaba vigente al momento de celebrarse el acto jurídico, en términos del artículo transitorio único del decreto publicado el trece de junio de dos mil tres), ello de ninguna manera implica que en cualquiera que elija el actor proceda la ejecución de la garantía hipotecaria, puesto que ello sólo es posible cuando se promueva el correspondiente juicio hipotecario. Aunque en la vía ordinaria pueda rematarse el bien hipotecado en caso de que, en la etapa de ejecución de sentencia, se hubiera embargado el mismo, mas siempre que en el deudor recaiga también la calidad de garante; incluso se advierte que la razón por la que el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación es aquella consistente en que, a pesar de su naturaleza, los bancos podían acceder al trámite que prevé la legislación civil, ya que, adujo, de lo contrario se harían nugatorios sus derechos en virtud de que en la legislación mercantil no existe disposición alguna que permita que la ejecución se ordene en la sentencia. Tales consideraciones derivan de lo expresado en la tesis del Pleno de dicha Suprema Corte, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario mencionado, Tomo XI, abril, página 66, que preceptúa: ‘CONTRATO MERCANTIL CON GARANTÍA HIPOTECARIA. PROCEDENCIA DE LA VÍA CIVIL HIPOTECARIA PROMOVIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. Al disponer el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito que cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda ... establece la opción para las instituciones de crédito de elegir entre la vía mercantil, ordinaria o ejecutiva, y la vía civil hipotecaria, cuando el crédito tenga esta garantía, sin que obste para ello la naturaleza mercantil de las instituciones de crédito y lo dispuesto en el artículo 1050 del Código de Comercio en el sentido de que cuando para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y, para la otra, tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo derive se regirá conforme a las leyes mercantiles, pues el propio Código de Comercio consigna en su artículo 640 que las instituciones de crédito se regirán por una ley especial, a saber, la Ley de Instituciones de Crédito que prevé en el precepto referido la posibilidad de que tales instituciones ejerzan sus derechos mediante la vía correspondiente, máxime que si se parte de que el contrato de hipoteca no se encuentra regulado por las leyes mercantiles, sino que se rige por disposiciones del derecho civil, lo que no impide que se pacte como garantía en contratos mercantiles al encontrarse expresamente prevista en la ley aplicable, las instituciones de crédito deben estar en posibilidad de ejercer la vía hipotecaria para hacerla efectiva ante el incumplimiento de la obligación principal que garantiza, pues de lo contrario se harían nugatorios los derechos de ejecución relativos al no encontrarse estatuido en la legislación mercantil un juicio que permita válidamente la ejecución de la garantía hipotecaria.’

"Asimismo, en la jurisprudencia 263 del Tomo IV del último Apéndice al Semanario invocado, que señala:

"‘JUICIO HIPOTECARIO. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN IMPEDIDAS PARA PROMOVERLO. El artículo 640 del Código de Comercio dispone que las instituciones de crédito se regirán por una ley especial, por tanto, éstas no están limitadas por el artículo 1050 del Código de Comercio para ejercer sus acciones conforme a lo que estatuye dicho ordenamiento legal, sino que, en términos del numeral 72 de la Ley de Instituciones de Crédito que las regula, pueden ejercer sus acciones tanto en el juicio ejecutivo mercantil, como en el ordinario, o bien, en el que en su caso corresponda; por lo que es procedente la acción hipotecaria civil, derivada del incumplimiento de un contrato de apertura de crédito con garantía de hipoteca, hecha valer por dichas instituciones; considerar lo contrario haría nugatorias las acciones y derechos de ejecución deducidos de cualquier operación mercantil en la que se constituyera la hipoteca como garantía del cumplimiento de las obligaciones.’

"También corrobora lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integró al resolver la contradicción de tesis 83/2006 (en la que inclusive participó este Tribunal Colegiado, no habiendo prevalecido su opinión), que se localiza en la Novena Época del Semanario susodicho, Tomo XXV, junio, página 155, que dispone:

"‘TERCERO EXTRAÑO. EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SEGUIDO EN CONTRA DEL DEUDOR QUE GARANTIZÓ EL ADEUDO CON UNA HIPOTECA. TIENE ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DEL BIEN HIPOTECADO QUE SE LE TRANSMITIÓ CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL MISMO. Si se inicia un juicio ordinario mercantil en contra de quien transmitió la propiedad hipotecada y en ese procedimiento se embarga el bien transmitido con anterioridad al inicio de tal litigio, el adquirente no tiene el carácter de causahabiente del demandado sino de tercero extraño a tal juicio, aun a pesar de la hipoteca y de que hubiere tenido conocimiento de la misma, pues debe destacarse que en esta clase de juicios lo que se persigue es una acción personal en contra del demandado en la que nada tiene que ver la hipoteca ni mucho menos el adquirente del bien. Para que el adquirente pudiera considerarse causahabiente del demandado en estos supuestos, tendría que habérsele transmitido la propiedad después de iniciado el juicio o trabado el embargo, pues la sola circunstancia de que el bien embargado también se encuentre hipotecado, no justifica que en un procedimiento iniciado por una acción personal en la que el objeto del embargo sean bienes propiedad del deudor, se pretenda hacer efectiva la garantía hipotecaria, la cual es de carácter real, por lo que sólo persigue al bien, con independencia de quién sea el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23095-dca2aa14/hipoteca-no-es-juridicamente-valido-ordenar-su-ejecucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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