Corpus
Modo: Corpus Pro

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR PRESUNTIVAMENTE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL IMPORTE DE LAS APORTACIONES OMITIDAS POR EL PATRÓN, CON BASE EN LOS DATOS QUE APAREZCAN EN EL EXPEDIENTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 202/2011. · Registro digital (IUS): 23103
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 1978.

AMPARO DIRECTO 202/2011. **********.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Dada la diversa naturaleza de los planteamientos que se alegan en los motivos de disenso, no se abordará su estudio en el orden en que fueron esgrimidos en la demanda de amparo, sino atendiendo a su mayor entidad en cuanto a los beneficios que podría obtener la disconforme.

Sustenta el actuar de este tribunal la jurisprudencia P./J. 3/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro IUS 179367, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."

En el séptimo y octavo conceptos de violación, la quejosa aduce que la Sala no valoró debidamente sus agravios noveno, décimo y décimo segundo de la demanda de nulidad, pues conforme al artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, los actos administrativos que se notifiquen deben contener requisitos mínimos, como es la firma autógrafa del funcionario competente, lo que, en la especie, no aconteció en la resolución impugnada.

Que ofreció como prueba, en el juicio de nulidad, el original del documento que le fue notificado, en el cual no consta la firma del servidor público autorizado por ley para emitirlo, por lo que es violatorio de sus garantías que la Sala considere suficiente para acreditar que aquél fue firmado de manera autógrafa, que en el acto de notificación así se haya asentado, pues no se puede perder de vista que: a) en el acta de notificación dice que se notificó un documento con firma autógrafa de manera preimpresa; b) que el hecho de que tal acta refiera que se entregó un oficio en original, no significa que así se haya realizado, y c) que la autoridad debe analizar cada una de las pruebas ofrecidas, y en el caso se está resolviendo la legalidad de la resolución determinante del crédito fiscal impugnado con base a lo que señala la constancia de notificación, por lo cual, la ilegalidad alegada no puede quedar desvirtuada con una simple manifestación preimpresa en un acto independiente de la resolución impugnada.

Que es absurdo que se resuelva la legalidad del oficio **********, el cual se encuentra firmado de manera autógrafa, con base en lo asentado en el acta de notificación que constituye un acto diferente, pues resolver atendiendo a lo que dicen otros documentos no es un argumento jurídico toda vez que, continúa argumentando, si un acta de notificación dice que un crédito fiscal está debidamente fundado y motivado, no es posible combatir esa determinación pues así se asentó en la referida constancia.

Las anteriores consideraciones son ineficaces.

Si bien es cierto que la actora en el juicio de nulidad adujo que la resolución determinante del crédito impugnado era ilegal por contener firma facsimilar y no autógrafa, no menos lo es que, como lo dijo la Sala, el acta de notificación de **********, la cual fue exhibida por la propia quejosa como prueba adjunta a la demanda de nulidad, y que goza de la presunción de validez de conformidad con el precepto 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte la entrega del original de la cédula respectiva con firma autógrafa, al asentarse en ella lo siguiente:

"... practicar la diligencia de notificación del la(s) resolución(es) controladas con el (los) número(s) de folio(s), citado(s) en la parte superior de la presente, haciendo entrega de su(s) original(es) con firma autógrafa, que consta en siete hojas útiles, así como de una copia de este documento ..." (foja 32 del juicio de nulidad).

Entonces, la Sala responsable estuvo en lo correcto al considerar que correspondía a la actora, aquí quejosa, la carga de la prueba en torno a la demostración de la ausencia de firma autógrafa en la liquidación en comento, en la medida en que, en el acta de notificación relativa, se asentó expresamente que se hacía entrega de la resolución notificada en original con firma autógrafa, dado que la actora omitió desvirtuar tales hechos.

Esto es, correspondía a la quejosa desvirtuar la afirmación contenida en la notificación, en cuanto que se le entregó la resolución controvertida en original con firma autógrafa, pues sólo después de desvirtuar tal circunstancia podría revertir la carga de la prueba a la demandada, negando que la resolución determinante tuviera firma autógrafa.

Por tanto, como lo señaló la Sala, toda vez que la diligencia de notificación en que se asentó expresamente que se hizo entrega de la resolución determinante del crédito impugnado en original con firma autógrafa no ha sido declarada ilegal, situación que, además, no es materia de controversia en el presente juicio de amparo dado que la quejosa no controvirtió su legalidad, ésta subsiste en sus términos y consecuencias, y si la impetrante del amparo sabía de su contenido, pues fue ella quien la ofreció como prueba, estaba obligada, como se dijo anteriormente, a desvirtuar esos hechos.

De ahí lo infundado de su planteamiento.

En lo restante es inoperante el concepto de violación, pues el hecho de que la notificación de referencia se haya asentado en un formato preimpreso, no le imprime aspectos de ilegalidad a tal diligencia, como así ya fue definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 140/2005, consultable en la página 367, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 176515, del contenido siguiente:

"NOTIFICACIONES PERSONALES DE CRÉDITOS FISCALES PRACTICADAS CON FORMATOS PREIMPRESOS. SON VÁLIDAS AUN CUANDO LO QUE SE HAGA CONSTAR EN ELLOS SEA LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE. Aun cuando el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento para la práctica de notificaciones personales y no prohíbe la utilización de formatos preimpresos, subsiste la obligación del notificador de asentar el lugar en que se esté llevando a cabo la diligencia y los datos que justifiquen el por qué se realiza con persona distinta del interesado; de ahí que no es factible alegar que sólo tiene validez una notificación donde se asienten todos los datos manuscritos, y que la ilegalidad del acto se genera por la mera circunstancia de que el acta sea un formato preimpreso donde conste que se requirió la presencia del interesado o de su representante y no se encontró, porque la única finalidad de esos formatos es agilizar la diligencia, sin que por ello se provoque inseguridad jurídica al gobernado, pues si se emplean formatos o ‘machotes’ en el levantamiento de la diligencia, y consta preimpreso que se requirió la presencia del interesado, esto no implica que el acta no esté debidamente circunstanciada, en virtud de que lo que importa es lograr que el destinatario tenga conocimiento del acto."

Luego, si en el estudio ya está resuelto, en el fondo, el problema jurídico que encierran las consideraciones propuestas por la quejosa en sus conceptos de violación, en relación con el uso de formatos preimpresos en las diligencias de notificación, es innecesario que este tribunal exponga mayores argumentos que sustenten su inoperancia, dado que con la cita de la anterior jurisprudencia se le da respuesta integral.

Ahora bien, por analogía se invoca la jurisprudencia 1a./J. 14/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Tomo V, abril de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro IUS 198920, del contenido siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."

Similar criterio adoptó este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo **********, en sesión de **********.

En otro orden de ideas, se procede a analizar los conceptos de violación en los cuales se cuestiona la fundamentación de la competencia citada por la autoridad administrativa en la resolución determinante del crédito fiscal.

En el sexto concepto de violación, la quejosa aduce que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; 51, fracción I y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 192 de la Ley de Amparo.

Que la autoridad demandada fundó su competencia en el Acuerdo RCA-2283-07/08 del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil ocho, que al ser una norma compleja debió transcribirse la parte relativa a la competencia territorial en la resolución impugnada.

Que la misma ilegalidad que destaca la inconforme se presenta cuando en los actos que emiten el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social, invocan, respectivamente, el Acuerdo por el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, y el artículo 159 del Reglamento de Organización Interna del citado instituto, supuestos en los que por la similitud en la complejidad de las normas, están constreñidos a transcribirlas en el acto de molestia.

Lo anterior es jurídicamente ineficaz.

Primeramente, se destaca que el concepto de violación es inoperante, al limitarse a reiterar lo expuesto por la actora en el noveno concepto de impugnación del escrito inicial de demanda en el que sostuvo, en lo que interesa, que (fojas 13 a 15):

"Noveno. En el presente caso es procedente se declare la nulidad lisa y llana de la resolución que se impugna dentro del presente juicio y que se identifica con el número de folio **********, de conformidad con la fracción I del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse dejado de aplicar las disposiciones debidas, como lo es el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, por los siguientes razonamientos jurídicos: Lo anterior es así, ya que ilegalmente se está emitiendo la resolución sin que se encuentre debidamente fundamentada, en el entendido de que no se precisan las disposiciones legales que le otorga la competencia territorial para emitir la resolución que nos ocupa, lo cual representa que la actuación de la autoridad sea ilegal. Así las cosas, lo cierto es que la resolución que nos ocupa es ilegal en el sentido de que resulta necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, lo cual no sucede en el presente caso, y lo que está sucediendo es que significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio, motivo por el cual resulta ilegal la resolución que nos ocupa al emitirse en contravención al numeral 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, pues la resolución que nos ocupa no establece las disposiciones legales que la faculten y, menos aún, se transcribieron las que legalmente corresponden, sin embargo, es importante señalar que no obstante que le correspondía esta situación a la autoridad lo cierto es que no sucede de esta forma, en clara contravención al numeral en cita, sobre todo porque estamos ante la presencia de una serie de normas que se desconoce cuales son las que efectivamente le otorgan en su caso la competencia a la autoridad fiscal. ... En consecuencia, no es suficiente que se cite en el caso el Acuerdo RCA-2283-07/08 del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de octubre de 2008, a través del cual se determina la circunscripción territorial en la que los delegados regionales representantes de la Dirección General, ejercerán sus facultades en materia fiscal, ya que con dicho acuerdo, al tratarse de una norma compleja, no se satisface la debida fundamentación de la competencia de la demandada, en términos de la jurisprudencia citada. ..."

Argumento que fue atendido por la Sala Fiscal en el considerando tercero de la sentencia reclamada, en el cual determinó que en la resolución impugnada **********, la subgerente de Recaudación de la Delegación en el Estado de Puebla citó con precisión la fracción XX del Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emitido por el Consejo de Administración del instituto, mediante resolución RCA-2283-07/08, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil ocho, donde específicamente se prevé el ámbito espacial de validez, en el cual dicha autoridad puede desplegar el ejercicio de sus facultades contenidas en el Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo.

Que por ello, era innecesario transcribir la parte correspondiente de la norma invocada ya que, si bien es cierto que prevé una universalidad de autoridades, en el caso se citó con precisión la fracción que establece la circunscripción territorial de la autoridad emisora de la liquidación controvertida, de tal forma que la demandada cumplió con la obligación de fundar y motivar debidamente su competencia territorial sin que pueda exigirse mayor amplitud y abundancia respecto de dicho precepto.

Luego, es claro que en el concepto de violación ahora propuesto sólo se insiste en este aspecto jurídico, sin controvertir las consideraciones expuestas por la Sala responsable; de ahí que sean inoperantes las manifestaciones de la quejosa.

Es ilustrativa, sobre lo considerado, la jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que con el número 8 aparece publicada en la Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (actualización 2002), Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, SCJN, página 12, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

Además, tal como resolvió la Sala Fiscal, el acuerdo que determina la circunscripción territorial en la que las autoridades del INFONAVIT ejercerán sus atribuciones en materia fiscal, expedido por el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil ocho, no es una norma compleja, pues se integra de treinta y un fracciones, cada una correspondiente a una entidad federativa, y no prevé incisos, subincisos o apartados que dificulten al particular conocer la competencia territorial de la autoridad.

En efecto, el acuerdo de referencia establece:

"INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

"ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Al margen de un logotipo, que dice: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

"ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN LA CUAL EJERCERÁN SUS FACULTADES LAS AUTORIDADES FISCALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

"En ejercicio de las atribuciones y funciones que se establecen en el artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en relación con el artículo 5o. del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008, y

"CONSIDERANDO

"Que con fecha 20 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el actual Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo.

"Que con motivo de lo anterior, quedó abrogado el Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 1998.

"Que al haber sido abrogado el reglamento citado anteriormente, el acuerdo que determina la circunscripción territorial en que ejercerán estas facultades, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 1999, ha quedado desactualizado conforme a la nueva estructura administrativa del instituto, y

"Que en razón de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los artículos 4o. y 5o. del actual Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, es indispensable delimitar la circunscripción territorial en la que los delegados regionales, los representantes de la Dirección General, los subgerentes de Recaudación Fiscal en las Delegaciones Regionales y los subgerentes de las Aéreas Jurídicas en las Delegaciones Regionales ejercerán sus atribuciones en materia fiscal, con el propósito de dar seguridad jurídica a los contribuyentes frente a la autoridad, por lo que el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante Resolución RCA-2283-07/08, tomada en su sesión ordinaria número 687, celebrada el día 31 de julio de 2008, resolvió lo siguiente:

"Con fundamento en el artículo quinto del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinte de junio de dos mil ocho, el H. Consejo de Administración aprueba la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del INFONAVIT, en los términos siguientes:

Ver términos

"El gerente de Fiscalización del Distrito Federal ejercerá sus facultades dentro de la circunscripción geográfica que comprende el Distrito Federal.

"TRANSITORIOS

"PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo número 45175, tomado por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su sesión ordinaria número 570, celebrada el día 27 de enero de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de febrero de 1999.

"Atentamente

"Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 27 días del mes de agosto de 2008, en cumplimiento a la Resolución RCA-2283-07/08, tomada por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su sesión ordinaria número 687, celebrada el día 31 de julio de 2008. El Secretario General, Carlos Acedo Valenzuela. Rúbrica. El Prosecretario General, Carlos Gabriel Maury González. Rúbrica."

Como se observa, el acuerdo de referencia no es una norma compleja, pues se integra por fracciones que permiten ubicar de forma clara la circunscripción territorial de la autoridad.

Resulta aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 169/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, página 72, que dice:

"FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EL DELEGADO ESTATAL DEL INSTITUTO RELATIVO, AL EJERCER SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA FISCAL Y FUNDAR SU COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL ACUERDO 45175 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CITADO INSTITUTO, NO REQUIERE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL CITADO ACUERDO RELATIVA A SU CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECÍFICA POR NO TRATARSE DE UNA NORMA COMPLEJA (DISPOSICIÓN VIGENTE HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2008). La jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 115/2005, dispone que el mandamiento escrito que contiene el acto de molestia a particulares debe fundarse en el precepto legal que otorgue a las autoridades administrativas la atribución ejercida, citando el apartado, fracción, inciso o subinciso, y en caso de que no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente. Ahora bien, el Acuerdo 45175, del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se determina la circunscripción territorial en la que los Delegados Regionales, representantes de la Dirección General y el Coordinador del Distrito Federal ejercerán sus atribuciones en materia fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 1999, citado como fundamento de la competencia territorial de los indicados Delegados, no constituye una norma compleja, en la medida que las Delegaciones Regionales tienen su circunscripción territorial en el propio Estado al que pertenecen, que coincide con las partes integrantes de la Federación conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se advierta que un Estado comprenda más de una Delegación, o bien, que una Delegación Regional comprenda dos o más Delegaciones u otras demarcaciones territoriales, por lo que no se requiere la transcripción de la parte correspondiente del citado acuerdo relativa a la circunscripción territorial específica, al citarse como fundamento de la competencia."

Respecto a la fundamentación de los actos de autoridad, tratándose de normas complejas, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de la Segunda Sala del Alto Tribunal en el País, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, que dice:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio."

Además, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la resolución de la contradicción de tesis 4/2007-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resuelta en sesión de diez de octubre de dos mil siete, abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 99/2006, de rubro: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", que se invoca en el concepto de violación que se analiza; de la citada contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 219/2007, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 151, de rubro: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO."

Así, en contra de lo argumentado, es inexacto que la autoridad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23103-8721fe12/instituto-del-fondo-nacional-de-la-vivienda-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.