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Modo: Corpus Pro

VISITAS DOMICILIARIAS. LA FACULTAD DEL DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA ORDENARLAS Y PRACTICARLAS, LLEVA IMPLÍCITA LA DE DESIGNAR AUDITORES QUE LAS EFECTÚEN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 468/2011. · Registro digital (IUS): 23134
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 2263.

REVISIÓN FISCAL 468/2011. JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El análisis de los agravios conduce a las consideraciones siguientes:

Previo a dar respuesta a los agravios, es necesario tener presente que en el caso a estudio opera el principio de estricto derecho, sin advertirse razón legal alguna para suplir la queja deficiente bajo cualquier modalidad, según prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, máxime porque quien promueve el recurso es la autoridad; por eso, el análisis de la sentencia recurrida sólo se debe realizar en función de los argumentos vertidos por la inconforme.

Es aplicable la tesis aislada de la Sala Auxiliar de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo CXXV, página 1631 de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:

"REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS EN LA. Como la revisión fiscal se tramita y resuelve según las reglas del recurso de revisión en el juicio de amparo y puesto que es de estricto derecho la revisión en el juicio de garantías que versa sobre materia administrativa, no cabe suplir la deficiencia de los agravios, los que deben estimarse inoperantes cuando no combaten de modo directo los razonamientos en que esencialmente se apoya el fallo recurrido y que determinan el sentido de éste."

Así, para mejor comprensión del caso a estudio y de acuerdo con las constancias allegadas al juicio de origen, se traen a colación los siguientes hechos:

I) Se giró orden de visita domiciliaria a la contribuyente -actora-, con el objeto de comprobar el cumplimiento de disposiciones fiscales como sujeto directo en materia de los impuestos sobre la renta, al valor agregado y al activo, mientras que como retenedor, en calidad de obligado solidario, en relación sólo por las dos primeras contribuciones, por el ejercicio fiscal de dos mil seis (fojas 201 a 203 del expediente).

II) Así, se determinó un crédito fiscal por omisión en el pago de contribuciones, recargos y multas (fojas 65 a 148 del expediente).

III) Luego, en contra de tales actos se presentó juicio de nulidad y en sentencia definitiva (fojas del expediente) se determinó:

• La resolución impugnada no adolece del vicio de ausencia total de fundamentación y motivación, en tanto que se asentaron los preceptos legales y las razones de su determinación (foja 628 del expediente).

• El director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco carece de competencia material para designar a los auditores que practicaron la visita domiciliaria, pues de acuerdo con las normas aplicables, esa facultad sólo la puede ejercer el secretario de Finanzas y la directora general de Ingresos; además, quien signó la orden pretendió fundar su acto en el numeral 43, párrafo primero, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, empero, no puede ejercer facultades de entidades federales (fojas del expediente).

Inconforme con la sentencia referida con anterioridad, la parte demandada presentó revisión fiscal en su contra y expuso diversos argumentos tendentes a evidenciar la ilegalidad del fallo.

Ahora bien, es oportuno asentar que la presente revisión fiscal se encuentra relacionada con la diversa revisión fiscal ********** y con el amparo directo **********.

No obstante, por cuestión de método, primero se atenderán los agravios expuestos en la presente revisión porque, de resultar fundados, el efecto legal y necesario se proyectará en la otra revisión y en el amparo, lo cual podrá generar una potencial consecuencia e incidir en el sentido de cómo se resolverán; de ahí la justificación en su preeminencia.

Así, la recurrente expone que la autoridad tiene la facultad para ordenar y practicar la visita domiciliaria, por eso, aun cuando no se prevea de forma expresa su atribución para designar al personal que deberá practicarla, tal potestad de designación se encuentra implícita, de ahí la necesidad de interpretar las disposiciones legales de manera armónica, porque de no ser así resultaría estéril e ineficaz la posibilidad de emitir la orden citada, pues, de lo contrario, no se podría llevar a cabo.

A efecto de dar respuesta a lo anterior, es conveniente destacar que los argumentos de la recurrente se sustentan, de forma esencial, en la previsión de una facultad implícita de la autoridad; es decir, apunta la inconforme que si la autoridad emisora de la orden de visita domiciliaria cuenta con la atribución legal para emitir y practicar dicha visita, entonces, por ese solo hecho también cuenta con los medios necesarios para llevarla a cabo pues, de no ser así, la atribución en comentario sería inútil y estéril.

En ese orden de ideas, y en atención a lo dispuesto en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo implícito se refiere a aquello incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese.

Así las cosas, en atención al alcance de la palabra "implícito", y desde una perspectiva jurídica en función de la presente controversia, se debe entender que cuando una disposición legal faculta a una autoridad a emitir y practicar visitas domiciliarias, sin mayor indicación sobre la designación del personal que la desarrollará, entonces, tal atribución para designar a dicho personal se debe entender incluida en la propia facultad descrita, so pena de impedir el ejercicio de revisión correspondiente, con el consecuente efecto de hacer ineficaz tal atribución.

Es ilustrativo a lo expuesto, y cuyo criterio se comparte, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en los Volúmenes 145-150, Sexta Parte, página 119, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:

"FACULTADES IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS. MULTAS. En un sistema constitucional como el nuestro, de facultades específicamente otorgadas a las autoridades, de manera que sólo pueden hacer lo que la ley les permite, a diferencia del particular, que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, se debe estimar que las autoridades, para actuar con competencia en términos del artículo 16 constitucional al causar perjuicios o molestias a los particulares, deben actuar con facultades legales que les hayan sido otorgadas en la Constitución o en alguna ley. Por una parte, si hay cierto tipo de facultades que se otorgan en forma genérica, de manera que las autoridades no pueden actuar fuera de los fines, objetivos y materia que se les señalan, pero que al mismo tiempo, por la naturaleza misma de la facultad otorgada, resulta imposible que la propia Constitución contenga todos los elementos y matices de la facultad otorgada, y en estos casos, se deben estimar constitucionalmente otorgadas todas las facultades implícitas en las expresamente otorgadas, entendiendo por implícitas aquellas facultades sin las cuales sería nugatorio, o estéril, o se vería sustancialmente mermada la facultad que expresamente se otorgó. Y, aun tratándose de las facultades legislativas del Congreso, por ejemplo, que están sólo sucintamente enunciadas en el artículo 73 constitucional, la doctrina ha dicho que si el fin de la ley es legítimo, y si está dentro de los objetivos señalados en la Constitución, y los medios escogidos en la ley son claramente adecuados para alcanzar esos objetivos, y además no sólo no están prohibidos, sino que son compatibles con la letra y el espíritu de la Constitución, esa ley es constitucional. Pero hay otros campos en los que las facultades se otorgan en forma restrictiva, de manera que no puede hablarse ahí de facultades implícitas, y sólo se puede admitir que se ejerciten las facultades expresa y limitativamente otorgadas. Es el caso de las normas que imponen cargas fiscales, reconocido en el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación y emanado primordialmente de la fracción IV del artículo 31 constitucional, conforme a la cual ningún cobro se puede hacer por la vía económico-coactiva ni aplicarse ninguna otra sanción a un particular, sin acudir a los tribunales previamente establecidos (como excepción a lo dispuesto en el artículo 14 constitucional), si no está claramente determinado en una ley, sin que las autoridades administrativas puedan ampliarse sus facultades al respecto por razones de interés público, o de conveniencia en el ejercicio de sus facultades, ni por ningunas otras. En el caso de las multas y sanciones administrativas se está, evidentemente en la segunda hipótesis de las examinadas, y las facultades para imponer sanciones, así como las sanciones mismas y las hipótesis en que procede su aplicación, deben estar expresa y explícitamente enunciadas en la ley, sin que se pueda ampliar ni facultades, ni sanciones, ni hipótesis de infracción, ni por analogía, ni por mayoría de razón, ni porque indebidamente se estime que el que puede lo más debe poder lo menos. Luego, para imponer las sanciones a que restrictivamente se refiere el artículo 23, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sin analizar aquí si es el Congreso el que debe fijar las facultades de los órganos de autoridad del Ejecutivo, o si éste puede por sí y ante sí ampliarlas, otorgarlas o modificarlas), con base en ese precepto sólo tiene facultades el director general de Control y Vigilancia Forestal, sin que pueda asumirlas el secretario del ramo por analogía ni por mayoría de razón, ni por poder lo más, como superior de quien puede lo menos, porque esto violaría el sistema de facultades restringidas para imponer sanciones cobrables por la vía económico-coactiva, o imponibles sin acudir a los tribunales previamente establecidos."

Al tenor de lo expuesto, es menester destacar que para determinar si existe o no una facultad implícita, se debe analizar la normatividad aplicable al caso concreto -así como los fundamentos del acto- para efectos de precisar si hay o no una atribución legal superior y expresa mediante la cual se permita actuar a una autoridad en un sentido específico, pues sólo de esa forma se justificaría lo implícito, en tanto es una condición necesaria sin la cual no operaría la misma.

Como consecuencia de lo anterior, de forma necesaria, el ejercicio de la facultad implícita no conlleva arbitrariedad alguna en la medida que el ente se debe circunscribir y concretar a llevar a cabo la atribución principal, cuya regulación se soporta en un acto materialmente legislativo; aunado a ello, tampoco podrá haber un ejercicio caprichoso y sin sustento legal del ejercicio de atribuciones legales, porque esa potestad implícita se restringe únicamente a cumplir con la finalidad prevista en las disposiciones que prevén la atribución principal de mérito.

De acuerdo con las premisas descritas, es necesario el análisis de las normas legales aplicables para determinar, de forma concreta y objetiva, si en realidad -en un caso específico- se trata o no del ejercicio de una facultad implícita, ya que de lo contrario carecería de justificación el estudio que se hiciere en uno u otro sentido.

Apoya lo expuesto la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/12, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en el Tomo XXX, julio de 2009, página 1627, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"ACTA DE MUESTREO DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. SU ELABORACIÓN ES UNA FACULTAD IMPLÍCITA QUE DERIVA DE LAS ATRIBUCIONES EXPRESAS CONFERIDAS EN LAS FRACCIONES XLII O XLVIII DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 10 DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, VIGENTES HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2005 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2007, RESPECTIVAMENTE, A LA AUTORIDAD QUE PRACTICA EL RECONOCIMIENTO ADUANERO, POR LO QUE BASTA LA CITA DE CUALQUIERA DE ELLAS PARA JUSTIFICAR LA COMPETENCIA MATERIAL DE ÉSTA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que si bien es cierto las leyes y reglamentos que regulan la competencia de las autoridades que integran la administración pública centralizada y paraestatal contienen expresamente sus facultades, es decir, está claramente descrita la posibilidad de ejecutar un acto concreto, también lo es que pueden estar implícitas, lo que ocurre cuando se confiere una atribución específica y se autoriza el uso de los medios descritos en la propia ley que llevan a su realización. En este sentido, la Segunda Sala del mencionado Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 2a./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 191, de rubro: ‘ADUANAS. SU FACULTAD DE VERIFICAR FORMALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS SE ENCUENTRA IMPLÍCITA EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE COMPROBACIÓN QUE EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DE RESTRICCIONES Y DE REGULACIONES NO ARANCELARIAS LES CONFIERE EL ARTÍCULO 42, APARTADO A, FRACCIÓN XVI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, VIGENTE HASTA EL TRES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.’. Así, este criterio y las consideraciones expuestas, además de justificar la existencia de las facultades implícitas, permiten establecer respecto de éstas, las siguientes reglas: a) Son necesarias, pues desconocerlas llevaría al extremo de impedir a la autoridad ejercer la facultad expresa que se le confirió y, que desde luego, es de orden público, porque tiende a lograr la consecución de la actividad administrativa; b) Requieren que esté definida una facultad expresa; c) Su identificación y determinación en modo alguno es arbitraria, pues se limita a los actos que el propio legislador ubicó en otras normas y que son necesarios para cumplir con el fin expresamente identificado por él; d) Es exigible un ejercicio de constatación y análisis de los actos previstos legalmente para procurar la realización de la facultad expresa, pues de esta manera se advertirá la implícita. En ese orden de ideas, la elaboración del acta de muestreo de mercancías de difícil identificación es una facultad implícita que deriva de las atribuciones expresas conferidas en las fracciones XLII o XLVIII de los artículos 29 y 10 de los Reglamentos Interiores del Servicio de Administración Tributaria, vigentes hasta el 6 de junio de 2005 y 22 de diciembre de 2007, respectivamente, a la autoridad que practica el reconocimiento aduanero para establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías de comercio exterior, pues está motivada por una contingencia concreta, como es la dificultad para identificarlas, y representa uno de los actos procedimentales previstos durante la ejecución de la señalada atribución expresa, lo que satisface los requisitos antes mencionados, por lo que basta la cita de cualquiera de dichas fracciones para justificar la competencia material de la indicada autoridad."

Una vez hecha la exposición anterior y a fin de resolver la litis, se trae a colación lo siguiente:

Sentencia recurrida:

"... Corre agregada en autos, a folios 201 a 203, la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 02358/2008, de 18 de febrero de 2008, emitida por el director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, la cual constituye el antecedente de la resolución combatida, de donde se desprende que la autoridad demandada carece de competencia material para designar a los auditores que practicaron la visita domiciliaria. En efecto, la autoridad demandada fundó su actuación en los siguientes artículos: ... Del cúmulo de preceptos legales invocados por el director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, los cuales quedaron transcritos en el presente fallo, se desprende que carece de facultades para designar al personal que llevaría a cabo la orden de visita domiciliaria a estudio, en ejercicio de las facultades derivadas del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado de Jalisco en materia de contribuciones federales coordinadas. Lo anterior es así, toda vez que la facultad específica para designar y dirigir, entre otros, a los auditores en materia de ingresos federales coordinados, de conformidad con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, así como de los instrumentos que de él deriven, se encuentra prevista originalmente para la directora General de Ingresos, conforme al artículo 19, fracción LI, apartado 33), del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco y al secretario de Finanzas conforme al diverso 9, primer párrafo y fracción XXXIV, de dicho ordenamiento legal. Sin embargo, de las facultades expresamente otorgadas al director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco en materia de contribuciones federales coordinadas, de conformidad con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal y sus anexos, no se advierte otorgada dicha atribución. En efecto, del contenido del precitado artículo 26, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, se desprende que en materia de contribuciones federales coordinadas, de conformidad con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal y sus anexos, el director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, únicamente puede ejercer las previstas en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 26), 27), 31) y la fracción LI del artículo 19 de dicho reglamento; de los cuales no se desprende la facultad para designar y dirigir a los auditores, verificadores, notificadores y ejecutores, cuando actúa como autoridad fiscal federal para fiscalizar ingresos federales coordinados, de conformidad con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal; es decir, dicha atribución -que se encuentra prevista en el inciso 33) de la fracción LI, del dispositivo legal en comento-, sólo puede ser ejercida por el secretario de Finanzas y la directora general de Ingresos en los términos precisados en este fallo. ..." (fojas 632, 637 y 638 del expediente).

Ahora, es conveniente tener presente que en la orden de visita domiciliaria se citaron como fundamentos de la misma, entre otros, los siguientes:

"... De acuerdo a lo anterior, y a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 30, párrafos quinto y octavo, 42, fracción III y penúltimo y último párrafos, 43, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación; se expide la presente orden de visita domiciliaria, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, fundando la competencia del servidor público del Estado de Jalisco que firma esta orden, en las cláusulas segunda, fracciones I y III, tercera, cuarta, párrafos primero y cuarto, séptima, primer párrafo, y octava, primer párrafo, fracción III del Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco, con fecha 18 de marzo de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2003, y en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 19 de junio de 2003; artículos 1o., 3o., 23, fracción II, 31, fracciones IV, V y VII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 22, fracciones II y V, del Código Fiscal del Estado de Jalisco en vigor; artículos 1o., 3o., 5o., fracción I y último párrafo, 6o., 9o., fracciones VIII, XXXIV y LXVIII, 19, fracciones LI, inciso 1), LIX y último párrafo, 20, fracción III, en relación con el artículo 21, primer párrafo, ambos en lo correspondiente a la Dirección de Auditoría Fiscal; 26, fracciones XIX, XX y último párrafo, primero y segundo transitorios del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, de fecha 22 de febrero de 2007, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el 6 de marzo de 2007, número 32, sección II, así como la fe de erratas referente al artículo 21, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 3 de abril de 2007, número 44, sección II. ..." (foja 201 del expediente y énfasis añadido).

Hecha la precisión anterior, los agravios de la recurrente son fundados, y para corroborarlo se considera conveniente hacer mención del artículo 16, párrafo antepenúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto dispone:

"Artículo 16. ... La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. ..."

La porción normativa transcrita del precepto referido, constituye la base constitucional, entre otras cosas, de la visita domiciliaria y la facultad del ente para llevar a cabo las acciones conducentes con base en las cuales se valga de todo lo necesario para su desahogo, tales como la designación de los visitadores con la correlativa obligación del particular de permitir el acceso al domicilio y dejar a disposición de los visitadores la información requerida por el ente respectivo, a fin de permitir su correcto desarrollo y estar en posibilidad material de corroborar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

En esa medida, la facultad del ente fiscal y la obligación del contribuyente citada, son correlativas, pues carecería de sentido dotar a una autoridad de la atribución legal conducente para ordenar la visita al gobernado si la entidad en comento careciese de posibilidad legal de implementar lo necesario para su desarrollo y el particular impidiere el acceso al domicilio o no tuviese el deber de proporcionar al visitador todos los elementos necesarios y conducentes para llevar a cabo el desahogo de la visita domiciliaria, pues la revisión descrita es la finalidad de tal facultad.

En ese contexto, de las disposiciones citadas en la orden de visita domiciliaria se traen a colación las siguientes:

Ley de Coordinación Fiscal, artículo 14:

"Artículo 14. Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos."

Código Fiscal del Estado de Jalisco, artículo 22, fracciones II y V:

"Artículo 22. Son autoridades fiscales del Estado, las siguientes: ... II. El secretario de Finanzas del Estado; ... V. El director de Auditoría Fiscal; ..."

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, artículos 19, fracción LI, inciso 1) y párrafo último, 20, fracción III, 26, fracciones XIX y XX y párrafo último:

"Artículo 19. A la Dirección General de Ingresos le corresponde originariamente el trámite y resolución de los asuntos competencia de sus direcciones de área, coordinaciones, unidades departamentales, así como el despacho de los siguientes asuntos: ... LI. En materia de ingresos federales coordinados de conformidad con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, tendrá las siguientes facultades: 1) Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos incluyendo los que se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal y en su caso proceder al aseguramiento de documentación relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o a la colocación de sellos y marcas; solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización y en materia de determinación de la base de los impuestos generales de importación o exportación, verificar y, en su caso, determinar la clasificación arancelaria de las mercancías de procedencia extranjera, así como comprobar de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de importadores, exportadores o productores, inclusive en materia de origen; verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en las mercancías de comercio exterior, inclusive las normas oficiales mexicanas; la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte, incluso la referente a vehículos de procedencia extranjera; declarar en el ejercicio de sus atribuciones, que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal; tramitar y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior; notificar a las autoridades del país de procedencia, en los términos del convenio internacional correspondiente, la localización de los vehículos robados u objeto de disposición ilícita, así como resolver acerca de su devolución y de los gastos autorizados que se hubieran ocasionado; imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo a los requerimientos que formule en los términos de esta fracción; y prorrogar los plazos en que se deban concluir las visitas domiciliarias o revisiones que se efectúen en las oficinas de las propias autoridades; administrar, inspeccionar y vigilar los recintos fiscales autorizados al Estado por la Federación, así como declarar el abandono de las mercancías que se encuentren en los patios y recintos fiscales bajo su responsabilidad; habilitar los días y horas inhábiles, en los términos de la legislación aplicable. ... La Dirección General de Ingresos estará a cargo de un director general del que dependerán, los directores de área, coordinadores, jefes de unidad departamental y el personal que las necesidades de trabajo requieran." (énfasis añadido).

"Artículo 20. La Dirección General de Ingresos, tendrá a su cargo direcciones de área y coordinaciones, mismas que son las que en este artículo se enlistan con sus respectivas unidades departamentales y coordinaciones: ... III. Dirección de Auditoría Fiscal, la cual contará con: 1) departamento de auditorías directas I; 2) departamento de revisiones diversas; 3) departamento de auditorías directas II; 4) departamento de programación; 5) departamento de verificación de captación de impuestos; y 6) departamento de verificación de mercancías de procedencia extranjera. ..." (énfasis añadido).

"Artículo 26. La Dirección de Auditoría Fiscal tendrá las siguientes atribuciones: ... XIX. En materia de contribuciones federales coordinadas de conformidad con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal y sus anexos, las establecidas en los incisos del 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 26), 27) y 31), de la fracción LI del artículo 19 de este reglamento; y XX. En general, atender los asuntos que le señalen la legislación fiscal, reglamentos, instructivos, circulares, acuerdos del secretario y demás disposiciones de carácter general aplicables. La Dirección de Auditoría Fiscal estará a cargo de un director del que dependerán los jefes de unidad departamental, supervisores, auditores, verificadores, notificadores y el personal que las necesidades del servicio requiera." (énfasis añadido).

De acuerdo con el texto de los preceptos aludidos, se aprecia que, conforme al numeral 14, las autoridades fiscales de las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se considerarán, en el ejercicio de sus facultades, como autoridades fiscales federales.

A su vez, el artículo 22, fracciones II y V, prevé como autoridades fiscales del Estado de Jalisco al secretario de Finanzas y al director de Auditoría Fiscal.

Luego, en relación con las disposiciones descritas, en particular el artículo 19, su productor desarrolló lo previsto en el artículo 16, párrafo antepenúltimo, de la Carta Magna, en tanto precisó la facultad de la Dirección General de Ingresos relativa a emitir órdenes de visita domiciliaria en materia de ingresos coordinados, pues dicho órgano tiene la atribución originaria de la emisión en comento, tal como se estatuye en el propio precepto.

Luego, en el artículo 20, fracción III, reglamentario, se asentó que dicha Dirección General de Ingresos tendrá a su cargo, entre otras, a la Dirección de Auditoría Fiscal.

Asimismo, el último numeral transcrito, 26, fracción XIX, XX y párrafo último, prevé las facultades de la Di

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23134-75cbd6c4/visitas-domiciliarias-la-facultad-del-director-de-auditoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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