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Modo: Corpus Pro

INDEMNIZACIÓN GLOBAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. REVALORACIÓN DE LA. CUANDO EL TRABAJADOR LA RECIBE Y CON POSTERIORIDAD SE INCREMENTA EL GRADO DE INCAPACIDAD, ALCANZANDO EL BENEFICIO DE UNA PENSIÓN MENSUAL, ÉSTA DEBE ABARCAR LA SUMA TOTAL DE LA DISMINUCIÓN, SIN EXCLUIR EL PORCENTAJE POR EL CUAL SE LE CUBRIÓ AQUÉLLA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 682/2011. · Registro digital (IUS): 23189
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Pág. 630.

AMPARO DIRECTO 682/2011. **********. 7 DE JULIO DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. PONENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. SECRETARIA: DAMIANA SUSANA DÍAZ OLIVA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Previo al estudio del concepto de violación, se destaca que ********** reclamó del ********** la revaloración y otorgamiento de la pensión por incapacidad parcial permanente por agravamiento de los padecimientos de **********; valuados en un 15% (quince por ciento) de disminución orgánico funcional, por lo que se le pagó una indemnización global, como se desprendía del diverso expediente laboral **********, radicado en la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; asimismo, señaló que el promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización ascendía a $**********.

La Junta (primer laudo) absolvió de las prestaciones reclamadas. Derivado de lo anterior, ********** se inconformó contra dicho laudo y promovió el juicio de amparo directo DT. **********, donde se le concedió el amparo para el efecto de que la Junta repusiera el procedimiento a partir del acuerdo de admisión y previniera al demandante para que subsanara el escrito de demanda y precisara las enfermedades susceptibles de revalorar y los porcentajes que se le otorgaron por cada una.

********** señaló que el porcentaje de revaluación ascendía a un 100% (cien por ciento) de disminución orgánico funcional respecto de los padecimientos de **********.

El ********** manifestó que era improcedente la revaluación reclamada porque los padecimientos no eran profesionales, no existiendo registro de valoración, no acreditando la actora tener padecimientos originados con motivo de su trabajo; además, en el juicio laboral **********, sólo fue condenado a pagar una indemnización global del 15% (quince por ciento); por otra parte, precisó que el promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización del actor ascendía a $**********, y que el actor se encontraba vigente ante dicho instituto al estar laborando para **********.

La Junta (segundo laudo) absolvió de las prestaciones demandadas en virtud de que no se acreditó la relación de causa efecto entre los padecimientos y las actividades realizadas para las empresas en que laboró el actor.

**********, nuevamente se inconformó contra dicho laudo y promovió el juicio de amparo directo **********, donde se le concedió la protección de la Justicia Federal para que la resolutora dejara de considerar que debía demostrar el nexo causal entre las enfermedades diagnosticadas y el ambiente laboral.

La responsable estimó procedente la revaluación de los padecimientos de 1. ********** y 2. **********, valuados en un 20% (veinte por ciento) y 17% (diecisiete por ciento) de disminución orgánico funcional, respectivamente, que totalizaban un 37% (treinta y siete por ciento) de incapacidad parcial permanente, condenando al pago de una pensión mensual.

El quejoso aduce (primer concepto de violación) que la Junta lo condenó a la revaloración de los padecimientos de 1. **********, y 2. **********, que le ocasionan una incapacidad parcial permanente del 37% (treinta y siete por ciento); omitiendo analizar la excepción de prescripción que opuso en términos de los artículos 516 y 519 de la Ley Federal del Trabajo y 279 de la anterior Ley del Seguro Social; además, la revaluación estaba prescrita, ya que el accionante presentó su demanda el nueve de agosto de dos mil cuatro, por tanto, había fenecido el término de dos años establecido en los artículos 516 y 519 de la Ley Federal del Trabajo, para solicitar la mencionada revaloración, ya que el grado de incapacidad le fue otorgado en el expediente ********** mediante laudo de nueve de junio de dos mil tres.

Es infundado el argumento que antecede.

La Junta (considerando cuarto) analizó la excepción de prescripción opuesta por el ahora quejoso, con fundamento en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con el 279 de la Ley del Seguro Social, estimando que era improcedente, toda vez que las pensiones eran de tracto sucesivo debido a su vencimiento periódico y sólo eran procedentes las acciones no reclamadas un año anterior a la fecha de la presentación de la demanda. También estableció que la excepción de prescripción opuesta en términos del artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, era improcedente toda vez que hasta ese momento no se había determinado el grado de incapacidad del actor.

Lo relatado pone de relieve que la resolutora se pronunció sobre la excepción de prescripción que opuso el ahora inconforme con fundamento en los artículos 516 y 519 de la Ley Federal del Trabajo, así como el numeral 279 de la anterior Ley del Seguro Social.

Con independencia de las razones en que la autoridad se apoyó para establecer que la excepción de prescripción opuesta por el ahora inconforme era improcedente, este Tribunal Colegiado estima que esa conclusión fue correcta, por lo que a continuación se expone:

Los artículos 516 y 519 de la Ley Federal del Trabajo, no cobran aplicación respecto al pago de pensión por incapacidad parcial permanente, porque esta pretensión tiene su génesis en la anterior Ley del Seguro Social, la cual se rige por sus propias reglas; además, el artículo 279 de este último ordenamiento, prevé la prescripción para el pago de diversas prestaciones en dinero; empero, conforme al diverso 280, es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley para gozar de las prestaciones correspondientes, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 104/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, Materia Laboral, página 204, que es del tenor siguiente:

"SEGURO SOCIAL. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA Y ES INEXTINGUIBLE. El artículo 280 de la anterior Ley del Seguro Social, que coincide con lo dispuesto por el numeral 301 del mismo ordenamiento en vigor, establece en lo sustancial, que es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley para gozar de las prestaciones correspondientes. Por tanto, el ejercicio de las acciones derivadas del reconocimiento de un estado de incapacidad determinado para el efecto de obtener el otorgamiento y pago de una pensión a favor del trabajador asegurado, se rige por ese precepto de la Ley del Seguro Social y no por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que cuando en una controversia laboral se ejerciten acciones o derechos relacionados directamente con prestaciones de seguridad social como lo es el otorgamiento y pago de una pensión, y respecto de ellos el Instituto Mexicano del Seguro Social, al contestar la demanda, oponga la excepción de prescripción, debe aplicarse la mencionada disposición de la Ley del Seguro Social, pues la regulación tanto del derecho que el trabajador asegurado tiene a las prestaciones de seguridad social, como de la extinción de ese derecho en razón del tiempo transcurrido, escapan del ámbito de aplicación de las normas que sobre prescripción se contienen en la Ley Federal del Trabajo."

Por ende, tampoco cobran aplicación los criterios que cita el peticionario del amparo de rubros: "RECLASIFICACIÓN DEL GRADO DE INCAPACIDAD. PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN.", "LAUDOS, CONGRUENCIA DE LOS. DEBEN ANALIZAR TODAS LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES DEDUCIDAS EN JUICIO." y "LAUDOS. DEBEN SER CONGRUENTES CON LO EXPUESTO EN LA DEMANDA, CONTESTACIÓN, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA."; de ahí lo infundado del argumento en estudio.

El quejoso aduce (segundo, quinto y sexto conceptos de violación) que la Junta lo condenó a que los padecimientos de 1. ********** y 2. ********** le ocasionaban al actor un 37% (treinta y siete por ciento) de disminución orgánico funcional, lo que es ilegal porque ya había reconocido un 15% (quince por ciento) de incapacidad por la citadas patologías, pero la responsable al emitir la condena no tomó en consideración ese aspecto, lo que le provocó un daño patrimonial de imposible reparación, toda vez que condenó a un doble pago al establecer una pensión del 37% (treinta y siete por ciento) por las mismas enfermedades, soslayando que al accionante mediante laudo de nueve de junio de dos mil tres, le reconoció una incapacidad parcial permanente del 15% (quince por ciento) pagándole una indemnización global, por lo que en todo caso sólo se le debió condenar por la diferencia del 22% (veintidós por ciento).

Son infundados los conceptos de violación que anteceden.

La parte actora en los hechos en que apoyó su acción, narró que el **********, le había reconocido una disminución orgánico funcional valuada en un 15% (quince por ciento), por los padecimientos de 1. **********, 2. **********, 3. **********, 4. **********, 5. ********** y 6. **********, pagándole una indemnización global, como se advertía del diverso expediente laboral **********.

El demandado, sobre este punto, aceptó que cubrió la indemnización global del 15% (quince por ciento) sin especificar las enfermedades que reconoció en ese momento como profesionales. Finalmente, la Junta con base en el dictamen médico rendido por el perito médico tercero en discordia, consideró que era procedente la revaluación reclamada porque los padecimientos de 1. ********** y 2. **********, le ocasionaban al asegurado una incapacidad parcial permanente del 37% (treinta y siete por ciento), por la que debía cubrir una pensión mensual, aun cuando en diverso expediente tramitado ante dicha Junta, se le reconoció un 15% (quince por ciento) de disminución orgánico funcional, porque los padecimientos que fueron considerados como profesionales se incrementaron en el mencionado 37% (treinta y siete por ciento).

En ese sentido, las fracciones II y III del artículo 65 de la anterior Ley del Seguro Social establecían lo siguiente:

"Artículo 65.

"...

"II. Al ser declarada la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere cotizando. En el caso de enfermedades de trabajo se tomará el promedio de las cincuenta y dos últimas semanas de cotización, o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor.

"III. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, el asegurado recibirá una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio.

"Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 25%, se pagará al asegurado, en sustitución de la pensión, una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. Dicha indemnización será optativa para el trabajador cuando la valuación definitiva de la incapacidad exceda del 25% sin rebasar el 50%; y ...

"..."

De lo anterior se advierte que al declararse la incapacidad, la anterior Ley del Seguro Social establecía tres opciones:

a) Cuanto la incapacidad diagnosticada al asegurado ascendía hasta un 25% (veinticinco por ciento) de disminución orgánico funcional, se le cubre, en sustitución de la pensión, una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido.

b) La citada indemnización era optativa para el trabajador cuando la valuación excedía del 25% (veinticinco por ciento) y no rebasara un 50% (cincuenta por ciento).

c) El asegurado que sufriera una incapacidad parcial permanente superior al 50% (cincuenta por ciento) de disminución orgánica funcional, tendría derecho a recibir una pensión mensual.

La mencionada legislación sólo establece porcentajes que deben tomarse en cuenta para fijar si el actor tiene derecho a una indemnización o a la pensión correspondiente, la cual se caracteriza por pagos periódicos que le realiza el instituto de seguridad social de manera indefinida, sin que se niegue el derecho a los operarios que se hayan colocado en la primera hipótesis, de disfrutar del beneficio de una pensión.

Esto se corrobora con lo previsto en el numeral 68 del mencionado ordenamiento legal, que estatuye:

"Artículo 68. Al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o total, se concederá al trabajador asegurado la pensión que le corresponda, con carácter provisional, por un periodo de adaptación de dos años.

"Durante ese periodo, en cualquier momento, el instituto podrá ordenar y, por su parte, el trabajador asegurado tendrá derecho a solicitar la revisión de la incapacidad con el fin de modificar la cuantía de la pensión.

"Transcurrido el periodo de adaptación, la pensión se considerará como definitiva y la revisión sólo podrá hacerse una vez al año, salvo que existieren pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la incapacidad."

Entonces, cuando un asegurado presenta patologías que le ocasionan un 25% (veinticinco por ciento) de disminución orgánico funcional, tiene derecho a que se le pague una indemnización global conforme a la fracción III del artículo 65 de la anterior Ley del Seguro Social. Con el transcurso del tiempo puede suceder que la referida incapacidad se incremente, por lo que el trabajador obtiene el beneficio de la pensión mensual, la cual también se encuentra regulada en el dispositivo en comento; para calcularla, se debe tomar en cuenta el total del grado de incapacidad determinado en la revalorización, sin excluir el porcentaje por el cual se cubrió la indemnización correspondiente, porque su pago no implica que las enfermedades hayan dejado de existir, tal como sostuvo la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se transcribe, aplicable en lo conducente:

"RIESGO DE TRABAJO. DETERMINACIÓN DE LA CAUSA DE LA INCAPACIDAD. La incapacidad en el riesgo de trabajo no es siempre concomitante al accidente que la produce, pues aunque en algunos casos se origina desde luego una incapacidad que puede determinarse, o la muerte, en otros, los efectos se aprecian días, meses o años después, porque en apariencia no se han producido, pero pueden determinarse más tarde por medios científicos y establecerse la relación entre la causa generadora y sus consecuencias." (Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, página 206, Materia Laboral).

Entonces, si procede la revaloración de las enfermedades diagnosticadas previamente (porque con antelación dieron origen al pago de una indemnización global), es porque sus efectos aumentaron y siguieron disminuyendo la salud del asegurado, por lo que no debe descontarse el porcentaje que dio origen a la indemnización al ser la base de la reclamación.

Esto es, cuando un asegurado presenta patologías que le ocasionan hasta un 25% de disminución orgánico funcional, tiene derecho a que se le pague una indemnización global conforme a la fracción III del artículo 65 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete; sin embargo, puede suceder que la referida incapacidad se incremente con el transcurso del tiempo, por lo que el trabajador obtendrá el beneficio de la pensión mensual, la cual también se encuentra regulada en el dispositivo en comento. Entonces, el trabajador que originalmente recibió una indemnización global y con posterioridad se incrementó el grado de incapacidad que padecía, esa situación lo coloca en el supuesto de recibir una pensión mensual, por lo que con independencia de la citada indemnización que originalmente se le haya otorgado, tiene derecho a la pensión que por la suma total de la incapacidad de acuerdo al grado que presenta le corresponda, sin excluir el porcentaje por el cual se cubrió la indemnización inicial correspondiente, porque su pago no implica que las enfermedades hayan dejado de existir; por el contrario, si procedió la revaloración de éstas, es porque sus efectos aumentaron y siguieron disminuyendo la salud del asegurado.

En el caso, la autoridad al resolver sobre la revaloración reclamada por el accionante tomó en cuenta que el instituto demandado ya había reconocido al trabajador una disminución orgánico funcional del 15% (quince por ciento); y que esas patologías se incrementaron, originando la revaluación hasta del 37% (treinta y siete por ciento); por tanto, condenó al pago de la pensión correspondiente tomando en cuenta el citado porcentaje (37%), lo cual fue correcto y de ninguna manera implicó un doble pago, toda vez que conforme al artículo 65, fracciones II y III, de la anterior Ley del Seguro Social, la indemnización global sólo equivale a cinco años de la pensión que le hubiesen correspondido al asegurado; además, la pensión que ahora determinó la resolutora sólo debe ser cubierta a partir de la emisión del laudo reclamado, esto es, once de octubre de dos mil diez; por ende, el inconforme no tiene posibilidad de cubrir la pensión sólo por el porcentaje del 22% (veintidós por ciento), en virtud de que las patologías se incrementaron arrojando la disminución funcional total del 37% (treinta y siete por ciento), lo que ya le da derecho a la pensión correspondiente; de otra forma, si sólo se toma la diferencia del porcentaje (22%), se haría nugatorio el derecho a la pensión mensual.

En consecuencia, la condena de la Junta no implica un doble pago porque la indemnización fue cubierta respecto de distinto lapso, por tanto, no cobran aplicación los criterios que cita el peticionario del amparo.

El quejoso aduce (tercer concepto de violación) que la Junta lo condenó a reconocer los padecimientos de 1. ********** y 2. ********** valuados en un 17% (diecisiete por ciento) el primero y en un 20% (veinte por ciento) el segundo, totalizando un 37% (treinta y siete por ciento) de incapacidad parcial permanente con base en el dictamen del perito médico tercero en discordia, a pesar de que éste olvidó señalar las facultades que se encuentran disminuidas del tercero perjudicado, pues el hecho de que se establezca que la tercera perjudicada sufra de algún padecimiento, y que ya haya sido calificado no implica que por el simple transcurso de tiempo se debe revalorar el grado de incapacidad parcial permanente; sin embargo, la responsable, deja al perito tercero en discordia la facultad de decidir sobre el porcentaje de valuación de los citados padecimientos olvidando que al especialista sólo le corresponde dictaminar si los padecimientos sufridos por el trabajador son de origen profesional y, en su caso, el señalamiento del grado de incapacidad, pero a quien corresponde decidir sobre el porcentaje de valuación de la incapacidad permanente es a la autoridad.

Es infundado el argumento que antecede.

La Junta, para condenar al ahora quejoso a la revaluación de la incapacidad, lo hizo con base en la opinión médica del especialista tercero en discordia, lo que en modo alguno implicó que dicho facultativo resolviera el conflicto laboral, pues esa función la llevó a cabo la responsable, quien al carecer de conocimientos en la materia sobre la que versa la prueba, se auxilió de las personas especializadas en la ciencia respectiva, y con base en la información obtenida en el dictamen que a su juicio merece pleno valor probatorio, decide la cuestión planteada.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 398, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 267, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA, NO CONSTITUYE DELEGACIÓN DE LA FACULTAD JURISDICCIONAL.-No puede considerarse desviada la función jurisdiccional, si para llegar a la conclusión determinante en la sentencia, se concede pleno valor probatorio al dictamen de peritos, pues lo único que hace el juzgador en este caso es acudir a especialistas en la materia que lo auxilien en el exacto conocimiento del problema controvertido, lo que, lejos de desvirtuar su alto cometido, lo hace aún más respetable y ajustado a derecho."

Además, el galeno tercero en discordia, al cual la autoridad concedió plena eficacia demostrativa, para emitir su dictamen tomó en cuenta los antecedentes laborales del actor, el padecimiento actual, realizó exploración física, y estudios complementarios, para apoyar sus conclusiones, lo que originó que la autoridad le concediera valor demostrativo; por tanto, la pericial médica es apta para evidenciar las patologías y en este caso, el grado de disminución orgánica que sufre el accionante; máxime que las conclusiones a las que arriban los facultativos no adquieren eficacia si se acompañan o no los exámenes que realizan, porque ésta depende de que el especialista sea veraz, acertado, imparcial, experto en la materia sobre la cual dictaminan, que hayan estudiado cuidadosamente el problema planteado con base en reglas técnicas, que sus conclusiones sean claras; esto es, el veredicto de los especialistas alcanza valor demostrativo cuando existe lógica entre los elementos tomados en consideración y las conclusiones emitidas; requisitos que estimó la Junta cumplió la opinión del mencionado galeno.

Así lo estableció la jurisprudencia 2a./J. 104/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, Materia Laboral, página 209, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"PRUEBA PERICIAL MÉDICA. SU VALOR PROBATORIO NO DEPENDE DE QUE EL PERITO PRESENTE, JUNTO CON LOS DICTÁMENES, LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS PRACTICADOS AL TRABAJADOR.-Conforme a la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba pericial médica es la idónea para determinar no sólo el origen de la enfermedad padecida o del accidente sufrido por el trabajador, sino también el grado de incapacidad que le provoquen. Por otra parte, el Máximo Tribunal de la República ha establecido reiteradamente el criterio de que cuando se trata de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones o motivos para conceder o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por los peritos de las partes o, en su caso, por el tercero en discordia, y cumplir de esa manera con la garantía de fundamentación y motivación consignada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, si se toma en cuenta que la prueba pericial está sujeta a consideraciones críticas y que la valuación jurídica del hecho técnicamente apreciado es una función que corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se concluye que no es la extensión de los dictámenes periciales, ni las instrumentales relativas a los resultados de los estudios practicados al trabajador lo que determina su eficacia probatoria, sino la dimensión que se dé a cada uno de ellos, por lo que dichas Juntas deben examinar si las conclusiones de los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico, razonable y objetivo del problema planteado, pues de ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad, esto es, la inclinación de su ánimo hacia una afirmación indudable. Además, si las mencionadas Juntas, en ejercicio de la libre apreciación probatoria, estiman que deben separarse de la opinión pericial, ya sea porque sólo una parte de ella o porque ninguno de los peritajes rendidos les crean convicción, pueden formular las preguntas que estimen convenientes y, en su caso, ordenar la práctica de las diligencias necesarias para establecer la verdad material y legal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 782 y 825, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo."

Por ende, no cobran aplicación los criterios que cita el peticionario del amparo, de rubros: "INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y NO A LOS PERITOS, DETERMINAR E INDIVIDUALIZAR EL PORCENTAJE DE VALUACIÓN DENTRO DE LOS LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 514 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." y "DICTAMEN PERICIAL MÉDICO EN MATERIA LABORAL. SU NATURALEZA."

El peticionario del amparo en el cuarto concepto de violación combate la base salarial que se tomó en cuenta para establecer el promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización con las que se cuantificó el pago de la pensión mensual.

Es inatendible el anterior argumento, toda vez que en el diverso juicio de amparo **********, promovido por **********, conexo con el presente, se concedió el amparo para el efecto de que:

"... la responsable ... por excepción, ordene la apertura del incidente de liquidación, a fin de determinar el promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización del actor a fin de cuantificar la pensión por incapacidad parcial permanente a que condenó."

Por tanto, los aspectos inherentes al promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización no pueden abordarse, toda vez que dada la concesión del amparo relacionado con el presente, ese punto está sub júdice.

En consecuencia, al carecer de razón el inconforme se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al presidente y actuario adscritos a la Junta responsable, por no reclamarse vicios propios, lo anterior con base en el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1998, Materia Común, página 357, que establece lo siguiente:

"AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS.-Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada."

Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 79, 158, 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al **********, contra el acto de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo pronunciado el once de octubre de dos mil diez, en el juicio laboral **********, seguido por **********, contra el quejoso; y la ejecución de dicho laudo que se atribuye al presidente y actuario de la citada Junta.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por mayoría de votos de los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña y María del Rosario Mota Cienfuegos, con las adiciones y reformas propuestas en sesión, lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Fue relator el primero de los nombrados. El Magistrado Héctor Landa Razo formuló voto particular que se plasma al final de esta ejecutoria.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los numerales 77, 78 y 79 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23189-81191be2/indemnizacion-global-prevista-en-la-fraccion-iii-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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