DEMANDA DE NULIDAD, NATURALEZA JURIDICA DE LA FALTA DE FIRMA DE QUIEN LA FORMULA Y EFECTOS PROCESALES DE LA AUSENCIA DE ESTE REQUISITO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 199 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD.
REVISION FISCAL 25/94. SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL ADMINISTRADOR LOCAL JURIDICO DE INGRESOS DE CELAYA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Es preponderante y fundado el primer concepto de agravio aducido por la autoridad recurrente.
Se señala sucintamente como conceptos de agravio, que la resolución reclamada emitida por la Sala Regional del Centro del Tribunal Fiscal de la Federación en fecha veintitrés de abril de los corrientes, transgrede en perjuicio de la autoridad recurrente lo dispuesto en los artículos 199, 200, 208 y 209 y por otra parte, deja de aplicar los artículos 201 fracción I último párrafo, 203 fracción II y 213 fracción II del Código Fiscal de la Federación, puesto que la autoridad resolutora considera incorrectamente que la falsedad de la firma planteada por la autoridad demandada en la instancia de nulidad fiscal, no se debe impugnar por la vía que utilizó la autoridad demandada para hacer valer las cuestiones relativas a la falsedad del escrito que calza la demanda de nulidad.
Ahora bien, en el asunto en estudio, el problema legal a dilucidar estriba en determinar si la cuestión de falsedad de la firma que calza el escrito de demanda de nulidad fiscal planteada por Peter U'Ren Lee, representante legal de la empresa denominada Productora del Bajío, S.A. de C.V., puede o no ser invocada por la autoridad demandada en los términos de la fracción II del artículo 213 del Código Fiscal de la Federación como una causa de sobreseimiento del juicio de nulidad fiscal planteado, puesto que la autoridad resolutora sostiene que aun cuando el párrafo final del artículo 228 Bis del citado ordenamiento no lo establezca expresamente, de la interpretación armónica de este dispositivo con lo dispuesto en los numerales 199, 200, 208 y 209 del mismo Código Fiscal Federal, se desprende que la figura jurídica de sobreseimiento está referida exclusivamente a aspectos de legalidad de la admisión de la demanda (entre otras cosas), en los que obviamente no hay estudio y decisión del Magistrado instructor acerca de cuestiones de procedencia de la acción de nulidad que se pretende ejercer; de lo que sigue la resolutora, que la vía utilizada por la demandada para hacer valer las cuestiones relacionadas con la materia de la objeción es impropia.
Como se ha indicado el primer concepto de agravio aducido por la autoridad recurrente, resulta esencialmente fundado y de estudio preponderante.
A fin de tener base para resolver sobre el planteamiento jurídico que constituye el objeto específico de esta ejecutoria, es menester invocar algunas consideraciones que permitan encuadrar debidamente la cuestión controvertida.
En primer término, debe establecerse una distinción entre los requisitos contemplados dentro del artículo 208 del Código Fiscal por una parte, y los establecidos en el artículo 209 del mismo ordenamiento, por la otra, ya que la omisión de los primeros trae como consecuencia que el Magistrado instructor deseche la demanda por improcedente (cuando se han omitido los contenidos en las fracciones I, II, III y IV); en tanto que cuando el actor se abstiene de anexar a la demanda los documentos mencionados en las fracciones I a V del segundo precepto, el Magistrado instructor tendrá por no presentada la demanda.
Desechar una demanda es un supuesto muy distinto a tenerla por no presentada, pues conforme a la jurisprudencia número 9/92 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 15 y 16 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 70, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, el desechamiento de una demanda implica una determinación de improcedencia de la acción, tanto que el tenerla por no interpuesta, no supone el análisis de dicha improcedencia. En esa misma jurisprudencia se establece que en contra de las resoluciones del Magistrado instructor que desechan la demanda, procede el recurso de reclamación a que se refiere el artículo 242 del Código Fiscal de la Federación y que en contra del auto que tiene por no interpuesta una demanda, no es procedente la reclamación, sino el juicio de amparo directo.
Para distinguir nominalmente los supuestos contemplados en el artículo 208, de aquéllos que se establecen en el artículo 209, ambos del Código Fiscal, y siguiendo la terminología de la propia ley, resulta apropiado llamarle a los que se establecen en las fracciones I, II, III y IV del artículo 208, "requisitos de procedibilidad de la demanda" o "causales de desechamiento de la demanda", y a los contemplados en las fracciones de la I a la IV del artículo 209, "requisitos de admisibilidad de la demanda" o "causales de no presentación de la demanda.".
Ambos requisitos deben ser examinados oficiosamente antes de que la demanda se admita a trámite, pero si por error u omisión del magistrado instructor se admite la demanda a pesar de que alguno de ellos se encuentre ausente o insatisfecho, el demandado puede objetar el auto admisorio de la demanda en los términos del artículo 228 Bis del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, cuando un requisito de procedencia se encuentra insatisfecho porque en su momento procesal pasó desapercibido tanto para el Magistrado instructor como para la parte demandada, y el asunto llega al estado en que la Sala deba resolver, ese requisito de procedibilidad o causal de desechamiento no estudiado oportunamente, se transforma en una causa que impide emitir decisión en cuanto el fondo, porque la falta de estudio oficioso o de objeción oportuna, no son suficientes para hacer que un requisito insatisfecho se considere cumplido.
Hay causas de desechamiento, como la falta de "expresión de los agravios que cause el acto impugnado" (fracción VI del artículo 208), cuya ausencia impida a la Sala emitir una decisión en cuanto al fondo, pues la expresión de los agravios es la base fundamental de una decisión de tal naturaleza, así que cuando éstos no existen, la Sala está impedida para resolver el fondo, debido que conforme al artículo 237 del Código Fiscal, en las sentencias se pueden invocar hechos notorios y corregir los errores que se adviertan en la cita de los preceptos que se consideran violados, pero no se autoriza a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación a suplir la deficiencia de los conceptos de agravio, o a suplir la falta de expresión de los mismos.
En caso como éste, la causal de desechamiento se transforma en un obstáculo que impide resolver si es legal o ilegal la resolución administrativa a cuya nulidad se aspira y, por consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento, porque si una sentencia no resuelve sobre la nulidad planteada, debe decretar el sobreseimiento.
También debe aclararse que sólo cuando se trata de causales de no presentación de la demanda, el Magistrado instructor no decide ni estudia cuestiones acerca de la procedencia de la acción de nulidad, pero que, cuando se trata del desechamiento de una demanda, la decisión implica una determinación de improcedencia de la acción.
Cuando se ha dado trámite a la demanda a pesar de que se encuentre presente una causal de desechamiento o un supuesto de no presentación, y el demandado no objeta el auto admisorio de la demanda, no necesariamente existe una imposibilidad para estudiar en la resolución que pone fin a la instancia, la ausencia de tales requisitos, porque, como ya se razonó anteriormente, hay casos en los que éstos se convierten en obstáculos que impiden emitir una decisión en cuanto al fondo; por consecuencia, no pueden ser soslayados por la Sala resolutora ya que podría llegarse al absurdo de que estuviera resolviendo el fondo, a pesar de que el actor no hubiera expresado en la demanda, "los agravios que le causa el acto impugnado".
Ahora bien, el artículo 199 del Código Fiscal establece una causal de inadmisibilidad de la demanda (no de procedibilidad), porque señala que se tendrá por no presentada la que incumpla con el requisito consistente en que "toda promoción deberá estar firmada por quien la formule".
Esta causal incluye tanto el caso en que la demanda carece de firma, (porque en este supuesto no está firmada por quien la formula) como el supuesto en que la firma que aparece en la demanda, no es aquél que la formula (ya que en este supuesto, tampoco puede considerarse que esté firmada por quien la formuló).
Cuando una demanda de nulidad carece de firma o la que aparece en ella no corresponde a aquél que la formuló, el Magistrado instructor debe tenerla por no presentada. En caso de que la admita, la parte demandada puede impugnar el auto admisorio de la demanda mediante la objeción a que se refiere el artículo 228 Bis del Código Fiscal.
Si el asunto llega al estado procesal en que deba pronunciarse la resolución que concluya la instancia, a pesar de que la demanda carezca de firma o de que la estampada en ella no corresponda a la persona que la formuló, la Sala no puede soslayar la inexistencia del requisito establecido en el artículo 199 del Código Fiscal, so pretexto de que la parte demandada no impugnó el auto admisorio de la demanda mediante la objeción establecida en el artículo 228 Bis del Código Fiscal, pues la falta de impugnación no puede generar como consecuencia que una firma inexistente o que no corresponde a quien formula la demanda, se convierta automáticamente en una firma existente o en una firma que sí corresponda al que formuló la demanda, ya que, con objeción o sin objeción, la anomalía procesal subsiste.
Si la resolutora se percata de tal anomalía procesal no puede soslayar su estudio, porque dicho vicio impide decidir sobre el fondo, dado que la falta de firma o la carencia de autenticidad de la misma, significa que no hubo instancia legal del interesado en la nulidad de la resolución administrativa impugnada, pues un escrito sin firma a nadie obliga, y a que por otra parte, una firma no auténtica implica un acto ilícito semejante al que incurre el que declara con falsedad ante la autoridad judicial.
Si la demanda carece de firma, o la firma en ella estampada no pertenece a la persona a quien se atribuye la formulación de la demanda, tal promoción no puede ser considerada como una instancia jurídicamente eficaz para incoar un juicio de nulidad, ni menos para propiciar la decisión de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, que resuelva el fondo sobre una cuestión de nulidad de una resolución administrativa.
Al igual que acontece con algunas causales de desechamiento, esta causal de inadmisibilidad o de no presentación de la demanda, puede ser invocada por la parte demandada en los términos de la fracción II del artículo 213 del Código Fiscal de la Federación, porque efectivamente representa una cuestión que impide la emisión de una decisión que resuelva el fondo de un juicio de nulidad. Ahora bien, como toda circunstancia que impide decidir el fondo de un juicio de nulidad, constituye una causal de sobreseimiento en los términos de la fracción V del artículo 203 del Código Fiscal, no existe obstáculo alguno para que la parte demandada invoque el sobreseimiento con base en ese precepto, pues si la demanda debió tenerse por no presentada pero ya se admitió, es obvio que hay un impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo, si el resolutor advierte o tiene la certeza de que la demanda carece de firma, o que la firma que aparece en ella no corresponde a la persona que la formuló.
En las condiciones anteriores debe declararse fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el administrador Local Jurídico de Ingresos de Celaya, Guanajuato, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público para que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, la Sala responsable resuelva que el requisito de inadmisibilidad o causal de no presentación de la demanda de nulidad fiscal a que se refiere el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, sí puede ser invocado por la parte reo al contestar la demanda, con base en la fracción II del artículo 213 del citado ordenamiento, pues en los casos en que la demanda carezca de firma, o no esté firmada por quien la formuló, se da un supuesto que impide emitir una decisión en cuanto al fondo. En tal virtud, en este caso, tal circunstancia se convierte en una causal de sobreseimiento cuando no ha sido motivo de objeción en contra del auto que admitió la demanda. Ahora bien, como la Sala resolutora no ha decidido si en su opinión la firma que aparece en la demanda de nulidad corresponde o no a Peter U'Ren Lee, con plenitud de jurisdicción y con base en el peritaje que obra a fojas 128 a 133, deberá decidir previamente si se encuentra o no acreditado que la demanda está firmada por persona distinta a quien la formuló. Una vez que decida lo anterior, resolverá lo que en derecho proceda; esto es, si considera que la demanda está firmada por Peter U'Ren Lee y si no existe otra causal de sobreseimiento, procederá resolver al fondo como en derecho proceda; pero, si estima que la firma que aparece en la demanda de nulidad no corresponde a Peter U'Ren Lee, deberá decretar el sobreseimiento con base en lo dispuesto por el artículo 199 del Código Fiscal en relación con la fracción V del artículo 203 del mismo ordenamiento.
La decisión de las cuestiones anteriores son competencia de la Sala resolutora y mientras no sean decididas previamente por ella, este Tribunal Colegiado no puede resolverlas, pues no obstante que el medio de impugnación que aquí se resuelve está regulado en el Código Fiscal de la Federación como un recurso al que se le ha denominado Revisión Fiscal, lo cierto es que tiene una gran similitud con el amparo directo, lo cual permite sostener que las resoluciones que se dicten en la revisión fiscal sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común en los términos del artículo 190 de la Ley de Amparo. En esa virtud, resulta inaplicable a las revisiones fiscales lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 del propio ordenamiento, de manera que si se concluye que son fundados los agravios, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, tal como lo establece la jurisprudencia 6/91 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 28 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 47, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno que a la letra dice: "REVISION FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de Tribunales Contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, 'se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...', ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas.".
Es conveniente señalar que el criterio sustentado en esta ejecutoria, ha sido sostenido por este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito en las diversas resoluciones número revisión fiscal 1/94, 11/94 y 13/94 pronunciadas en fechas 8 de febrero, 31 treinta y uno de mayo y 14 catorce de junio del año en curso, respectivamente.
Por otra parte, resulta innecesario ingresar al estudio del resto de los conceptos de agravio aducidos por la autoridad recurrente, en virtud de que éstos serán objeto del estudio que sobre el particular realice la Sala Regional del Centro del Tribunal Fiscal de la Federación al emitir la resolución respectiva, dando así cumplimiento a lo establecido en la presente ejecutoria.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal, 77, 78 al 83, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
UNICO.-Es procedente y fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público, a través del administrador Local Jurídico de Ingresos de Celaya.
Notifíquese; engrósese; anótese en el libro de registro, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente toca.
ASI, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados Arturo Hernández Torres, Gloria Tello Cuevas y José Angel Morales Ibarra, quienes integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, siendo ponente la segunda de los nombrados, firmando todos ellos con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2335-0026a664/demanda-de-nulidad-naturaleza-juridica-de-la-falta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REVISION FISCAL. DEBE DESECHARSE SI LA SENTENCIA NO RESUELVE SOBRE INTERPRETACION DE LEYES. (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- AGRAVIOS EN LA REVISION FISCAL. DEBEN DESVIRTUAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- ÓRDENES DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES. NO ES LEGAL QUE POSTERIORMENTE A SU EMISIÓN SE LLENE UN ESPACIO DEJADO EN BLANCO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO. (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- REVISION FISCAL. LA INTERPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 248 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ES IMPROCED (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REVISION. (s/clave)
- LEY DE PAGOS. (s/clave)
- INFORME JUSTIFICADO. (s/clave)
- REVISION FISCAL IMPROCEDENTE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis