Corpus
Modo: Corpus Pro

ÓRDENES DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES. NO ES LEGAL QUE POSTERIORMENTE A SU EMISIÓN SE LLENE UN ESPACIO DEJADO EN BLANCO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 28/2000. · Registro digital (IUS): 6798
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE INGRESOS DE CELAYA, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTR
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, , Pág. 1263.

REVISIÓN FISCAL 28/2000. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE INGRESOS DE CELAYA, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.

CONSIDERANDO:

V.—Los agravios propuestos por la autoridad recurrente son en una parte fundados pero inoperantes y en el resto infundados.

La disidente, en esencia argumenta que en su perjuicio se transgreden los artículos 38, fracción IV, 68, 237, 238 y 239, todos del Código Fiscal de la Federación, así como los numerales 81 y 193, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; porque, a su juicio, la Sala Fiscal declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas con apoyo en "inferencias", al haber considerado como hecho notorio, que en las órdenes de verificación, los rasgos caligráficos referentes al día en que se llevaría a cabo la visita, evidenciaban que había sido el visitador actuante quien eligió la fecha y no la autoridad fiscal que las emitió y firmó; agrega que la Sala perdió de vista que no existe precepto legal que "prohíba requisitar órdenes de verificación con datos impresos por diferentes medios, incluyendo los manuscritos o autógrafos", de ahí que, añadió, la presunción de legalidad de que goza la resolución combatida, debía ser "contrarrestada" a través de la prueba pericial en materia de caligrafía, la que no fue ofrecida por la empresa contribuyente, necesaria para determinar que los rasgos caligráficos con los cuales se plasmaron los datos manuscritos de las órdenes de verificación correspondían a la misma persona que plasmó los datos autógrafos que se contienen en la misma, así como para establecer que los datos autógrafos que obraban en tales órdenes de visita, eran posteriores a la firma autógrafa plasmada en dichas órdenes de verificación por el administrador local de Auditoría Fiscal de Morelia, tanto más, concluye, cuanto que el contenido de un documento es propio de la persona que en él estampa su firma, por lo que lo anterior no puede constituir un hecho notorio como lo sostuvo la Sala Fiscal.

Es fundado pero a la postre inoperante, el argumento referente a que en el caso, no se está ante la presencia de un hecho notorio, que la Sala Fiscal considera en términos del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto que sostiene que al emitirse las órdenes de verificación, no se contenía la fecha en la cual debería desarrollarse la inspección; dato que fue plasmado por el propio verificador al momento de practicarla en un formato preimpreso, en contravención con el artículo 16 constitucional.

Se dice que tiene razón la inconforme, pues el concepto jurídico de hecho notorio, ha sido definido por la jurisprudencia 261, consultable en la página ciento setenta y siete, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, en los siguientes términos: "HECHOS NOTORIOS.—Es notorio lo que es público y sabido de todos o el hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en el que ocurre la decisión.".

Así pues, en el presente caso, no se puede calificar como hecho notorio la circunstancia de que la Sala Fiscal hubiese advertido que el tipo de letra contenida en el texto de las aludidas órdenes de verificación, difería sustancialmente de la asentada para señalar la fecha de la inspección, por obrar en letra manuscrita y no preimpresa como el texto de dichas órdenes; ello es así, en virtud de que no todos, ni siquiera una parte importante del público, tiene conocimiento de tal hecho, ni tampoco lo anterior forma parte del acervo cultural propio de determinado círculo o grupo; elementos que si se vieran satisfechos sí harían posible la notoriedad de tal hecho, lo que en la especie no acontece.

No obstante lo anterior, debe estimarse apegada a derecho la ponderación fundamental de la Sala Fiscal, en cuanto sostiene que la letra manuscrita plasmada en las órdenes de verificación de expedición de comprobantes fiscales, evidenciaba que fue el verificador quien eligió de propia iniciativa, el día para llevar a cabo la verificación, proceder que es ilegal, por las razones que a continuación se indican.

Las órdenes de verificación, suscritas por el administrador local de Auditoría Fiscal, con las que se inició el procedimiento de comprobación respecto de la expedición de comprobantes fiscales y de las cuales derivó la resolución impugnada, en las que se le impuso una multa, en perjuicio de la parte actora; las que obran en el expediente de origen; efectivamente, como lo sostiene la Sala Fiscal, contienen el texto en letra impresa, y sólo lo referente a la fecha de la verificación, se asentó en letra manuscrita.

Conviene aquí citar el contenido del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que establece: "Los actos administrativos que se deban de notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: I. Constar por escrito; II. Señalar la autoridad que lo emite; III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate, y IV. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad.".

De la interpretación del recién transcrito precepto, se obtiene que las órdenes de verificación y exhibición administrativas, que tienen su fundamentación en el artículo 16, párrafo onceavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como actos de molestia que son, deben estar debidamente fundadas y motivadas de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo en comento y por el diverso numeral 38 del Código Fiscal de la Federación y precisarse en tales órdenes que deben constar por escrito: la autoridad que la emite, estar fundado y motivado y expresar el objeto o propósito del requerimiento de exhibición de documentos; ostentar la firma del funcionario competente; así como expresar el nombre de la persona a quien se dirigen y en caso de ignorarse su nombre, se precisarán datos suficientes que permitan su identificación.

Ahora bien, en virtud de que de la lectura de las órdenes de verificación de expedición de comprobantes fiscales, antes aludidas, se advierte que la fecha de la verificación, ciertamente fue consignada con letra diversa a la plasmada en los propios documentos administrativos previamente elaborados; de ahí que resulta acertada la ponderación de la Sala Fiscal al declarar la nulidad de la resolución impugnada, puesto que con tal proceder, ciertamente se evidencia que quien en realidad procedió a asentar tal dato, fue el verificador adscrito a la autoridad recaudadora recurrente, no así el administrador local de Auditoría Fiscal de Morelia, que en todo caso resultaba ser la autoridad legalmente competente, máxime que si las órdenes las emitió y suscribió en documento único y en un solo acto, no se explica el porqué hubiese dejado impreso un guión en el renglón correspondiente a la fecha y luego ser llenado en forma manuscrita.

De manera que, si como quedó visto, de todo lo anterior se ha concluido que las órdenes de verificación aludidas, previamente elaboradas, fueron requisitadas, en cuanto a la fecha de la inspección, por el mismo verificador adscrito a la autoridad fiscal recurrente que la practicó, sin tener facultades para ello, al revestir éste el carácter de autoridad ejecutora únicamente, le competía tan solo llevar a cabo la verificación señalada por la ordenadora, y no decidir por sí, el día de la verificación fiscal, como en el caso aconteció y como bien lo advirtió la Sala Fiscal; por lo que dicha circunstancia trae consigo la ilegalidad de tales órdenes, en cuanto que la garantía tutelada por el artículo 16 constitucional de "mandamiento escrito" exige que el acto de molestia conste por escrito proveniente de autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que no ocurrió en el caso, según lo antes expresado.

Desde esta perspectiva, deviene irrelevante que en el caso, según se argumenta, no exista precepto legal que prohíba requisitar unas órdenes de verificación con datos impresos por diferentes medios, incluyendo los manuscritos o autógrafos, ya que la actitud de proceder en esa forma, más que estar permitida o prohibida por la ley, evidencia que las órdenes así expedidas, al ser suscritas no contenían la fecha en que se ordenó la visita de verificación, lo que hace concluir fundadamente que se suscribió sin ese dato para ser requisitada con posterioridad, dando así oportunidad al visitador de elegir la fecha.

Tampoco basta que finalmente se hubiesen emitido dichas órdenes de verificación por escrito, como quiera que esto haya sido, es decir, parcialmente manuscrito y en formato preimpreso, puesto que este hecho constituye precisamente el motivo primordial para estimar que efectivamente, fue el verificador quien eligió la fecha de la visita, lo que no era de su competencia, sino del administrador ordenador; por lo que siendo esto así, contra lo alegado, no puede estimarse que dichas órdenes de verificación estén revestidas de legalidad.

Sin que constituya obstáculo a la anterior conclusión, lo alegado por la autoridad recurrente, en el sentido de que la presunción de legalidad de que goza la resolución combatida, debía ser "contrarrestada" a través de la prueba pericial en materia de caligrafía, la que no fue ofrecida por la empresa contribuyente, necesaria para determinar que los rasgos caligráficos con los cuales se plasmaron los datos manuscritos de las órdenes de verificación correspondían a la misma persona que plasmó los datos autógrafos que se contienen en las mismas, así como para establecer que los datos autógrafos que obraban en tales órdenes de visita eran posteriores a la firma autógrafa plasmada en esas órdenes de verificación, por el administrador local de Auditoría Fiscal de Morelia.

Lo anterior es así, debido a que si bien la primera parte del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación prevé que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, no debe perderse de vista que tal presunción no puede tener el alcance de revestir de legalidad las órdenes de verificación que nos ocupa, cuando ésta fue indebidamente requisitada por el propio verificador que la practicó, en su carácter de autoridad ejecutora y no de ordenadora, según quedó visto; sin que ello tuviera que haberse desvirtuado, en oposición a lo alegado, a través del ofrecimiento de la prueba pericial en materia de caligrafía por parte del contribuyente afectado, toda vez que basta que las órdenes hubiesen contenido suscripciones diversas entre sí, a precisar, letra manuscrita y a su vez, letra impresa en instructivo previamente elaborado, para arribar a la conclusión de que, efectivamente, fue requisitada en cuanto a la fecha de la verificación, en un acto posterior a su firma por el propio verificador adscrito a la autoridad recaudadora; de ahí que resulte innecesario que en el caso se acredite, como equivocadamente se pretende, que los rasgos caligráficos con los cuales se plasmaron los datos manuscritos en las órdenes de verificación correspondían a la misma persona que plasmó los datos autógrafos que se contienen en el acta, así como para establecer que los datos autógrafos que obraban en los mandatos de visita, eran posteriores a la firma autógrafa plasmada en las mismas. Por la sencilla razón de que en las condiciones apuntadas, es claro que la anomalía destacada se evidencia por sí sola y por lo tanto, es innecesario el desahogo de la prueba pericial caligráfica.

En efecto, los hechos que se pretendieran probar mediante el desahogo del mencionado medio de convicción, en los términos planteados por la autoridad impugnante, no resultan en nada lógicos con base en el sentido común, ya que en todo caso, las órdenes, por razones evidentes, tendrían que llevar impresa una misma caligrafía al estamparse su contenido de manera simultánea, lo que en el caso no acontece.

Tampoco puede deducirse que las órdenes de visita se hayan elaborado en un formato previamente impreso, llenando sólo los datos correspondientes a la empresa y a la fecha de la visita, pues como se advierte del examen de dichas órdenes, el nombre de la empresa ya estaba asentado en letra impresa y sólo se dejó en blanco lo referente a la fecha de la visita, lo que hace suponer, como ya se dijo, que ese rubro se asentó en un acto posterior.

Debe tan solo añadirse, respecto del motivo de inconformidad vertido por la autoridad recurrente, atinente a que el contenido de un documento es propio de la persona que en él estampa su firma, por lo que si las mencionadas órdenes de visita domiciliaria fueron suscritas por el administrador ordenador, sólo a él entonces podía atribuírsele la totalidad de su contenido, que en el caso no se puso en tela de juicio, si el contenido de las órdenes de verificación pertenecía a este funcionario o a algún otro, sino en contraste, que el dato atinente a la fecha en que debería de verificarse la visita, había sido consignada con letra manuscrita en un momento diverso a su firma, por parte del verificador adscrito a la autoridad recaudadora, lo que ponía en evidencia que éste indebidamente eligió, de propia iniciativa, el día de la inspección, cuando no tenía facultades para ello, por tener únicamente el carácter de autoridad ejecutora. Además, el hecho de que las multimencionadas órdenes de visita domiciliaria fueran suscritas por el administrador, ello, por sí mismo, no puede tener el alcance de desvirtuar la irregularidad atribuida al verificador adscrito a la autoridad recaudadora recurrente, acabada de destacar.

En estas condiciones, el proceder del verificador adscrito a la autoridad recaudadora recurrente acabado de relatar, no sólo produce la inobservancia de lo dispuesto por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, sino también transgrede en perjuicio del contribuyente afectado, la garantía consagrada en el artículo 16 constitucional, y en esta medida, siendo infundados los agravios propuestos por la autoridad revisionista, lo procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo que toca a la tesis del rubro: "PRUEBA EN MATERIA FISCAL, CARGA DE LAS ACTAS.", invocada por la disidente, debe decirse que tal criterio resulta inaplicable al caso concreto, pues lo cierto es que de la sola resolución tildada de nula, se advierten los datos suficientes para considerar que dicho mandato es ilegal.

Por último, es pertinente señalar que el mismo criterio que rige la presente sentencia, se aplicó por este tribunal al resolver el diverso recurso de revisión fiscal número 82/99, visto en sesión de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados José Castro Aguilar, Juan Manuel Arredondo Elías y Mario Alberto Adame Nava, siendo ponente el primero de los nombrados.

Por lo que concierne a los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que invoca la recurrente, debe señalarse que los supuestos ahí contemplados son sustancialmente diversos al caso concreto, toda vez que en aquéllos lo que ocurrió fue que se llenó a mano el nombre y domicilio del contribuyente, así como la fecha en que había de efectuarse la visita, lo que no ocurrió en la especie; en aquellos asuntos sí podía concluirse válidamente que se trataba de formatos preimpresos de órdenes de visita a los que se agregaba al momento de su suscripción los datos apuntados, empero, en el presente asunto tanto el nombre como el domicilio del visitado se imprimieron con letra de molde y lo único que se colmó fue la fecha en que se realizaría la multicitada visita, por lo cual como ya se dijo, resulta inverosímil que se tratara de formatos preimpresos, situación que permite concluir que el espacio relativo a la fecha de verificación del mandato fue llenado por el visitador.

Por lo expuesto y fundado en los artículos 91, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—Se confirma la sentencia recurrida.

Notifíquese; anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Juan Manuel Arredondo Elías, Guillermo Cruz García y José Castro Aguilar, bajo la presidencia del primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6798-3dce05be/ordenes-de-verificacion-de-cumplimiento-de-las-obligaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.