ADUANAS, VERIFICADORES. EL RECONOCIMIENTO O LAS ACTAS QUE REALIZAN NO CONSTITUYEN POR SÍ UNA DETERMINACIÓN QUE AFECTE LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO.
REVISIÓN FISCAL 1/2001. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE CELAYA, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
IV.-Los agravios esgrimidos por la recurrente son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la resolución recurrida.
De inicio, debe precisarse que de los antecedentes del caso se advierte que:
A) El actor en el juicio de nulidad demandó a la Administración Local Jurídica de Ingresos de Uruapan, Michoacán, la nulidad de la resolución emitida en el recurso de revocación contenida en el oficio 325-SAT-R6-L58-03-02108 de diecisiete de marzo de dos mil.
B) El recurso de revocación en cita tuvo como objeto la resolución dictada por el administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, consistente en la determinación consignada en el oficio 326-SAT-R2-A16-VII-01528, en la que se le impuso una multa por $763.00 (setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), con base en lo previsto por el artículo 184, fracción III, de la Ley Aduanera.
C) La resolución emitida por el administrador de Aduanas de Ciudad Juárez, Chihuahua, tuvo su génesis en el segundo reconocimiento aduanero del pedimento de importación de mercancías número 3326-9002365, de siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, tramitado por el agente aduanal Manuel Mendoza Horta, actor en el juicio de nulidad, practicado por la dictaminadora Norma Serrano Macedo, la cual detectó que al pedimento de importación se anexó la carta de uso, pero se omitió señalar el lugar donde se realizara la elaboración o transformación de la mercancía, por lo cual, procedió a levantar acta circunstanciada de los hechos derivados de aquel segundo reconocimiento, lo que contravenía lo establecido en el acuerdo del dos de junio de mil novecientos noventa y siete, reformado el diez de octubre del mismo año, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y el cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
De los antecedentes narrados, se advierte que la actuación fiscal que dio origen a la presente causa fue la resolución dictada por el administrador de Aduanas de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien con apoyo en el acta circunstanciada de hechos que se originó por el segundo reconocimiento aduanero de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, practicado por la dictaminadora aduanal Norma Serrano Macedo, concluyó que se había omitido señalar en la carta de uso que se anexó al pedimento de importación tramitado por el actor del juicio de nulidad, el lugar donde se realizara la elaboración o transformación de la mercancía, contraviniendo lo establecido en los acuerdos de referencia y se contemplaba en el supuesto contenido en el artículo 184, fracción III, de la Ley Aduanera.
Ahora bien, los artículos 2o. y 3o. de la Ley Aduanera literalmente establecen:
"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se considera: I. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. II. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que esta ley establece. III. Mercancías, los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. IV. Residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o morales residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes o bases fijas en el país, siempre que reúnan los requisitos que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta para ser establecimiento permanente o base fija y las personas físicas que obtengan ingresos por salarios de un residente en territorio nacional. V. Impuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importación y de exportación conforme a las tarifas de las leyes respectivas. VI. Reglamento, el reglamento de esta ley. VII. Reglas, las de carácter general que emita la Secretaría. VIII. Mecanismo de selección automatizado, el mecanismo que determinará si las mercancías se someterán a reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento. IX. Programa de devolución de aranceles, el régimen de importación definitiva de mercancías para su posterior exportación. X. Programas de diferimiento de aranceles, los regímenes de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal; y de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado."
"Artículo 3o. Las funciones administrativas relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo se realizarán por las autoridades aduaneras.-Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y a poner a su disposición las mercancías objeto de las mismas, si obran en su poder. Las autoridades aduaneras, migratorias, sanitarias, de comunicaciones, de marina, y otras, ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y colaborarán recíprocamente en el desempeño de las mismas.-Las autoridades aduaneras colaborarán con las autoridades extranjeras en los casos y términos que señalen las leyes y los tratados internacionales de que México sea parte."
El ordinal 42, apartado C, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria establece:
"Artículo 42. Compete a las aduanas, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, en los términos, número, nombre y estructura, que enseguida se menciona: ... C. Cada aduana estará a cargo de un administrador del que dependerán los subadministradores, jefes de sala, jefes de departamento, jefes de sección verificadores, notificadores, comandante y agentes de la Policía Fiscal Federal y el personal que las necesidades del servicio requiera."
Por su parte, el artículo 43 de la Ley Aduanera prevé:
"Artículo 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías con el pedimento ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. Concluido el reconocimiento, se deberá activar nuevamente el mecanismo de selección automatizado, que determinará si las mercancías se sujetarán a un segundo reconocimiento.-En las aduanas que señale la secretaría mediante reglas, tomando en cuenta su volumen de operaciones y cuando su infraestructura lo permita, independientemente del resultado que hubiera determinado el mecanismo de selección automatizado en la primera ocasión, el interesado deberá activarlo por segunda ocasión a efecto de determinar si las mercancías estarán sujetas a reconocimiento aduanero por parte de los dictaminadores aduaneros autorizados por la secretaría. En caso negativo, se entregarán las mercancías de inmediato.-En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero de las mercancías se detecten irregularidades, los agentes o apoderados aduanales podrán solicitar sea practicado el segundo reconocimiento de las mercancías, excepto cuando con motivo de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado el reconocimiento aduanero de las mercancías hubiera sido practicado por parte de los dictaminadores aduaneros autorizados por la secretaría.-Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento que den lugar al embargo precautorio de las mercancías, se entregarán éstas de inmediato.-En el caso de que no se hubiera presentado el documento a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e) de esta ley, las mercancías se entregarán una vez presentado el mismo.-El segundo reconocimiento así como el reconocimiento aduanero que derive de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado, se practicarán por los dictaminadores aduaneros autorizados por la secretaría, quienes emitirán un dictamen aduanero que tendrá el alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.-Tratándose de la exportación de mercancías por aduanas de tráfico marítimo, no será necesario presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado, siempre que las mercancías se encuentren dentro del recinto fiscal o fiscalizado, por lo que en caso de que el mecanismo de selección automatizado determine que deba practicarse el reconocimiento aduanero, éste deberá efectuarse en el recinto correspondiente.-En los supuestos en que no se requiera pedimento para activar el mecanismo de selección automatizado, se deberán presentar ante dicho mecanismo las mercancías con la documentación correspondiente, en los términos a que se refiere este artículo.-El reconocimiento aduanero y el segundo reconocimiento no limitan las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, respecto de las mercancías importadas o exportadas, no siendo aplicable en estos casos el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Si las autoridades omiten al momento del despacho objetar el valor de las mercancías o los documentos o informaciones que sirvan de base para determinarlo, no se entenderá que el valor declarado ha sido aceptado o que existe resolución favorable al particular.-En los casos de mercancías destinadas a la exportación, de las importaciones y exportaciones efectuadas por pasajeros y del despacho de mercancías que se efectúe por empresas autorizadas de conformidad con los acuerdos internacionales de los que México sea parte y que para estos efectos dé a conocer la secretaría mediante reglas, así como en las aduanas que señale la secretaría, independientemente del tipo de régimen o de mercancía, el mecanismo de selección automatizado se activará una sola vez."
Como se advierte de los dispositivos anteriores, el proceso de verificación aduanera contemplado en el artículo 43 de la Ley Aduanera, no comienza con un mandato de autoridad, sino con un pedimento aduanal, que constituye una declaración de parte del gobernado, es decir, una autodeterminación, que luego es sometida a un sistema aleatorio de cuyo resultado dependerá si las mercancías y la documentación que las ampara será sujeta a inspección o no; el método aleatorio tiene dos etapas, la primera que comprende solamente el eventual reconocimiento de los efectos frente a la documentación que la ampara; la segunda abarca la realización de un dictamen por parte de los dictaminadores aduanales, quienes estiman el valor de la mercancía, la clasificación de ésta, la tasa aplicable o la cuota compensatoria. De ello se desprende que la naturaleza jurídica de los actos realizados en esos dos momentos constituye un acto de acertamiento tributario.
Ahora bien, de los numerales 2o. y 3o. de la Ley Aduanera, así como del 42, apartado C, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se colige que aun cuando es verdad que el titular de las facultades atribuidas a las aduanas es el administrador local de Aduanas, empero, no debe perderse de vista que tanto la ley como el citado reglamento establecen que a cargo de tal funcionario habrá otros empleados que le auxiliarán en la realización de todas las actividades que tal órgano del Estado debe realizar, dotándolos de ciertas facultades administrativas, esto es, los integrantes del módulo de selección aleatoria de la aduana pueden efectuar el primer o segundo reconocimiento y levantar las actas circunstanciadas correspondientes, las que, por cierto, no constituyen por sí una determinación que afecte la esfera jurídica del gobernado; ello es así, por virtud de que, en primer lugar, tal actividad no deriva de una orden de visita o verificación, sino de un pedimento aduanal, que como ya se dijo es una autodeterminación; en segundo, porque por el artículo 42 del reglamento en cita se concede a las aduanas, entre otras atribuciones, la de revisar los pedimentos y demás documentos presentados por los particulares y, por otra, establece que aquellos entes podrán contar con los funcionarios necesarios para realizar sus actividades; por lo cual, es indudable que cada funcionario contará con facultades para efectuar a nombre y en auxilio del administrador las tareas que conforme a la estructura de la aduana le corresponda.
Tan es así, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el reconocimiento realizado por un vista aduanal, constituye una resolución favorable para el contribuyente, partiendo precisamente de los artículos 43 y 44 de la Ley Aduanera, conclusión a la que no sería posible arribar de considerar que aquellos funcionarios carecieran de facultades para efectuar el reconocimiento; tal como puede desprenderse de la jurisprudencia publicada en el Tomo XI, marzo de 2000, página 338 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: "RECONOCIMIENTO ADUANAL Y SEGUNDO RECONOCIMIENTO. SI BIEN CONSTITUYEN RESOLUCIONES FAVORABLES AL IMPORTADOR O EXPORTADOR, NO OBLIGAN A LAS AUTORIDADES ADUANALES EN OPERACIONES POSTERIORES DE COMERCIO EXTERIOR.-El reconocimiento aduanero es un acto de acertamiento tributario, es decir, es el acto por el que se determinan los impuestos causados por las mercancías objeto del despacho aduanero. Por otro lado debe tenerse presente que conforme al artículo 44 de la Ley Aduanera vigente en el año de mil novecientos noventa y seis, el aludido reconocimiento tiene como fin que la autoridad hacendaria haciendo uso de sus facultades de comprobación a través de un vista aduanal, establezca si lo declarado por el particular y su agente aduanal en el pedimento, concuerda fehacientemente con la mercancía objeto de la importación o exportación, determine los impuestos y las cuotas compensatorias correspondientes, verifique los permisos, etc. Del texto del artículo 43 último párrafo, de la Ley Aduanera se llega a la conclusión de que a los reconocimientos aduanales no les es aplicable el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, lo que significa que si no impiden a las autoridades aduaneras el fincamiento de diferencias respecto del mismo pedimento, por mayoría de razón ha de considerarse que las determinaciones que deriven de esos reconocimientos no las obligan en operaciones de comercio exterior posteriores. A mayor abundamiento, existe independencia entre un pedimento y otro; por ende, lo resuelto en un caso no obliga a las autoridades aduanales en otro posterior.".
Así las cosas, si la imposición de la multa que motivó la presente controversia, tuvo su génesis en el segundo reconocimiento aduanero que se llevó a cabo por la dictaminadora Norma Serrano Macedo, que tuvo lugar el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a raíz de la revisión de un pedimento, donde detectó la irregularidad mencionada y que motivó la elaboración de un acta circunstanciada, es claro que, por una parte, la verificación de aquella autodeterminación se dio dentro de las atribuciones administrativas que la ley confiere a los empleados de las aduanas como auxiliares del administrador de las mismas y, por otro, dicha acta administrativa solamente constituye un antecedente de la resolución dictada por el administrador de la aduana, siendo precisamente la decisión de este último la que constituyó la obligación fiscal que se reclama de la actora en el juicio de nulidad y, en consecuencia, la que importa los derechos de la contribuyente, ello es así, porque en atención a los razonamientos vertidos previamente, aquel reporte, por sí mismo, no reviste la calidad de un acto de autoridad, sino que únicamente forma parte de los datos que se tuvieron en cuenta para expedir el mandamiento cuestionado en el juicio de origen.
En esas condiciones, se impone revocar la resolución recurrida, para el efecto de que la Sala Fiscal prescinda de los argumentos que en la presente ejecutoria se consideraron legales y examine, de ser el caso, el resto de los conceptos de anulación propuestos por el actor en el juicio de nulidad.
El criterio anterior lo sostuvo este mismo Tribunal Colegiado, al resolver las revisiones fiscales 4/2001, 10/2001, 17/2001 y 19/2001, en sesión celebrada el veintidós de junio del presente año, siendo ponente el señor Magistrado Juan Manuel Arredondo Elías, donde también se resolvió revocar las sentencias impugnadas, habiéndose aprobado por unanimidad de votos.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 91, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Se revoca la sentencia recurrida.
Notifíquese; anótese en el libro de registro; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Juan Manuel Arredondo Elías, Guillermo Cruz García y José Castro Aguilar, bajo la presidencia del tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7330-4cf68b09/aduanas-verificadores-el-reconocimiento-o-las-actas-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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