PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PROCEDE SIN NECESIDAD DE DETERMINAR Y NOTIFICAR PREVIAMENTE UN CRÉDITO FISCAL SI EL CONTRIBUYENTE OPTÓ POR AUTOCORREGIR SU SITUACIÓN CONTRIBUTIVA.
REVISIÓN FISCAL 47/99. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Es fundado el agravio que se plantea.
En efecto, las autoridades inconformes aducen que la sentencia recurrida contraviene el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque no se analizaron todos y cada uno de los argumentos expresados al dar contestación a la demanda; que también se transgredieron los preceptos 144 y 145, del Código Fiscal de la Federación, por indebida aplicación e interpretación, 5o., 6o., 32 y 66 fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento legal, por inobservancia, por la supuesta falta de liquidación previa al requerimiento de pago que constituyó el acto demandado en primera instancia; que la Sala a quo estudió una violación formal cometida por la demandada al emitir el requerimiento del crédito fiscal, ya que carecía de fundamentación y motivación, al no darse la existencia de una resolución liquidatoria, y no especificarse los conceptos que integraban la cantidad requerida, así como los motivos que tuvo la autoridad para requerirla; que el requerimiento de pago y mandamiento de ejecución impugnado, está motivado al establecer que el contribuyente se colocó en el supuesto del artículo 66, fracción III, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, por lo que se desprende la debida fundamentación y motivación; que la Sala Regional consideró que la autoridad demandada requirió de pago sin que existiera la liquidación correspondiente, situación que no era necesaria, pues fue el propio contribuyente quien se autodeterminó el crédito fiscal a su cargo; que no siempre es necesario que exista una resolución determinatoria del mismo, ya que ello sólo ocurre cuando la autoridad fiscalizadora ejerce sus facultades de comprobación, y con base en un procedimiento administrativo; que de conformidad con el principio de autodeterminación de impuestos que rige el sistema tributario, y consagrado en el tercer párrafo del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, corresponde al contribuyente la determinación y declaración de los impuestos que adeuda con motivo de sus actividades, siendo tal manifestación de contribuciones lo que genera por un lado, el derecho del fisco federal a obtener el entero de las mismas, y por otra parte, la obligación de pago por parte del causante de tales créditos; que en la especie no se está en una determinación de créditos por parte de la autoridad fiscal, sino en el supuesto de una autodeterminación por parte del contribuyente, en donde solicitó el pago en parcialidades; que de acuerdo con los artículos 145 y 66, fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación, la autoridad sólo pudo hacer exigible el crédito cuando el particular dejó de cumplir con el pago, por lo que no era necesario que existiera una liquidación por parte de la autoridad fiscal, ya que los créditos fiscales se encontraban establecidos en las cantidades que se iban a pagar a través del convenio de pago en parcialidades.
Ahora bien, el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, aplicable al caso, establece:
"Artículo 4o. Son créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.
"La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha secretaría autorice."
El artículo 6o. del citado código, en su primer y tercer párrafo, dispone:
"Artículo 6o. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
"...
"Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación."
El artículo 32 del citado ordenamiento, establece:
"Artículo 32. Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en dos ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación ..."
Por otra parte, de la demanda de nulidad interpuesta por el administrador único de la empresa Canales y Terracerías, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el capítulo de hechos se advierte que compareció ante la autoridad demandada para presentar solicitud para pagar adeudos en parcialidades (fojas 3 y 4 del juicio de nulidad número 667/98); asimismo de la constancia que obra a foja dieciséis, se desprende que en virtud de que la empresa actora no pagó tres parcialidades sucesivas del crédito, se revocó la autorización para pagar a plazos y se le requirió de pago por la cantidad de $121,717.00 (ciento veintiún mil setecientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional).
Conforme a lo anterior, se dice que el motivo del recurso es fundado, porque, contrariamente a lo estimado por las autoridades recurridas, existe un crédito fiscal que fue determinado por el contribuyente, como lo expresó en su demanda de nulidad, y respecto del cual realizó convenio de pago en parcialidades; por lo cual a la actora no le causó ningún agravio el que el crédito no se encontrara determinado en un oficio liquidatorio, pues al haber sido determinado por el propio contribuyente, y al haber incumplido con el convenio de pago en parcialidades, como lo afirmó la demandada en su escrito de contestación de demanda, no resultaba necesaria la existencia previa de un oficio liquidatorio, conforme al artículo 66, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que establece:
"Artículo 66. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de cuarenta y ocho meses, de conformidad con lo siguiente: ... III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades, cuando: a) Desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente. b) El contribuyente sea declarado en quiebra o solicite su liquidación judicial. c) El contribuyente no pague tres parcialidades sucesivas."
Además, debe de tomarse en cuenta que el artículo 151, último párrafo (el cual se encuentra en el título quinto, capítulo III, del Procedimiento Administrativo de Ejecución, sección segunda, del embargo), del ordenamiento legal invocado, establece que las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible, y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en el caso de no hacerlo en el acto, procederán como sigue: "... Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades ... el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.".
Como se ve, cuando se esté en el caso específico del incumplimiento del pago a que se refiere el artículo 66 mencionado, se requerirá dicho pago en el procedimiento administrativo de ejecución, sin que se imponga la obligación previa de hacer la liquidación a que se refirió la Sala fiscal, pues desde el momento en que el contribuyente solicita pagar en forma diferida o en parcialidades el monto de las contribuciones omitidas, es porque éstas ya están determinadas, pues no se obliga a pagar algo indeterminado.
Por tanto, si el contribuyente se autodeterminó el crédito fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4o. y 6o. del mencionado código, transcritos en párrafos anteriores, la autoridad fiscalizadora no tenía por qué emitir el oficio liquidatorio para posteriormente requerirlo del pago, máxime que incumplió con el convenio de pago en parcialidades de los créditos fiscales.
En similares términos este Tribunal Colegiado resolvió por unanimidad de votos, el amparo directo administrativo número 302/98, en sesión de once de junio de mil novecientos noventa y ocho, y las revisiones fiscales números 70/98, 31/99, 3/99 y 7/99, en sesiones de once de marzo, quince y veintinueve de abril y siete de mayo, todas de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente, por unanimidad de votos.
En las condiciones relatadas, lo que en la especie procede es revocar el fallo que se revisa.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por la administradora local jurídica de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Recaudación Número Cuarenta y Seis de Hermosillo, Sonora.
SEGUNDO.-Se revoca la sentencia recurrida emitida el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y ocho, por la Primera Sala Regional del Noroeste del Tribunal Fiscal de la Federación, en el juicio 667/98, promovido por Canales y Terracerías, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Notifíquese; anótese en el libro de gobierno de este tribunal, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Lucila Castelán Rueda, Abraham Calderón Díaz y licenciado Ernesto Encinas Villegas, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo relator el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5689-6b660728/procedimiento-administrativo-de-ejecucion-procede-sin-necesidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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