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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD, DEBEN ADMITIRSE Y VALORARSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PREVIA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 46/99. · Registro digital (IUS): 6859
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE INGRESOS DE PUEBLA Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 1613.

REVISIÓN FISCAL 46/99. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE INGRESOS DE PUEBLA Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Para determinar lo fundado o infundado del primer agravio en el que la parte recurrente sostiene que el asunto no es competencia del Tribunal Fiscal de la Federación al no adecuarse a alguna de las hipótesis previstas en el artículo 11 de la ley orgánica del aludido tribunal, ya que la Administración General Jurídica de Ingresos no es autoridad aduanera, aun cuando cancela la patente de agente aduanal, pues su resolución no se refiere a impuestos al comercio exterior o a afectar la esfera del particular en materia aduanera, resulta necesario acudir a los antecedentes y evolución de la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación.

1) Este tribunal se creó mediante la Ley de Justicia Fiscal que se promulgó el veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y seis, y en su exposición de motivos, en lo conducente dice: "... El Tribunal Fiscal de la Federación estará colocado dentro del marco del Poder Ejecutivo (lo que no implica ataque al principio constitucional de la separación de poderes, supuesto que precisamente para salvaguardarlo surgieron en Francia los tribunales administrativos); pero no estará sujeto a la dependencia de ninguna autoridad de las que integran ese poder, sino que fallará en representación del propio Ejecutivo por delegación de facultades que la ley le hace. En otras palabras: será un tribunal administrativo de justicia delegada, no de justicia retenida. Ni el presidente de la República ni ninguna otra autoridad administrativa tendrán intervención alguna en los procedimientos o en las resoluciones del tribunal. Se consagrará así, con toda precisión, la autonomía orgánica del cuerpo que se crea; pues el Ejecutivo piensa que cuando esa autonomía no se otorga de manera franca y amplia, no puede hablarse propiamente de una justicia administrativa.-La delegación de facultades del Poder Ejecutivo a un órgano distinto, que se efectúa mediante una ley, no es una novedad en nuestro derecho. Así, no se ha discutido la posibilidad constitucional de crear entre nosotros establecimientos públicos, servicios descentralizados, en los que, salvo para dictar las resoluciones que restrictivamente enumera el estatuto de los respectivos establecimientos, el presidente de la República y los secretarios de Estado pierden toda facultad decisoria. No quiere decir esto que el Tribunal Fiscal de la Federación vaya a ser un establecimiento público, un servicio descentralizado o personalizado, con la connotación que a esos términos señala la teoría del derecho administrativo ni, consecuentemente, que tenga la estructura de tales entidades. Si se menciona a dichos establecimientos, es sólo para mostrar que en el derecho mexicano no es desconocido que mediante una ley se cree un órgano que por delegación ejercite, sin intervención ni del presidente de la República ni de los secretarios de Estado, facultades que corresponden al Poder Ejecutivo.-Naturalmente que dictado el fallo por el tribunal, su ejecución, mediante actos que sí corresponden a la administración activa y que por tanto deben emanar del presidente de la República con refrendo de su secretario o de éste simplemente ejercitando sus funciones representativas propias, queda a cargo de la autoridad demandada. El tribunal pronunciará tan solo fallos de nulidad de las resoluciones impugnadas; pero con el fin de evitar los inconvenientes que presenta ahora la ejecución de las sentencias de amparo, que también son fallos de nulidad, y que frecuentemente se prolonga a través de una o varias quejas en las que en forma escalonada el tribunal judicial va controlando la ejecución de su sentencia, en la ley se establece que el fallo del Tribunal Fiscal que declare una nulidad, indicará de manera concreta en qué sentido debe dictar nueva resolución la autoridad fiscal.-La autonomía del tribunal debe contemplarse con garantías para los Magistrados que lo integren. Para tal efecto, se ha adoptado el mismo estatuto que las leyes constitucionales señalan para los miembros del Poder Judicial de la Federación. Dentro de estas ideas se establece la ratificación del Senado, tanto para el nombramiento como para la remoción de los Magistrados, invocándose la fracción II del artículo 76 constitucional que habla de los altos empleados de hacienda. Es correcta la cita, porque la Constitución no habla de ‘altos empleados de la Secretaría de Hacienda’, y es indudable que los Magistrados serán altos empleados de hacienda, si bien no de la administración activa, sino del órgano de justicia fiscal. Por otra parte, el examen de los antecedentes del Constituyente de 1857, revela que el precepto fue incluido en nuestro Estatuto Fundamental con la mira de que los altos empleados de hacienda pudiesen desempeñar sus funciones de control respecto del gobierno, con la confianza de que ocupan sus puestos no por voluntad exclusiva de dicho gobierno, sino con asentimiento del Congreso; y es indudable que en el Tribunal Fiscal de la Federación, más que en ninguno de los cuerpos que directa o indirectamente dependen de la Secretaría de Hacienda, se sentirá la necesidad de que los Magistrados actúen con esa confianza. Esto justifica que, haciendo inaplicables a los Magistrados las reglas que fijan la responsabilidad administrativa de quienes intervienen en la determinación, liquidación y cobro de los créditos fiscales, únicamente se les haga responsables en los casos en que lo son los miembros del Poder Judicial, y como es obvio, previa la instauración de un procedimiento judicial de carácter penal. ... Derivadas del carácter del juicio son las causas que la ley fija para esa anulación. En la generalidad de los casos dichas causas suponen violación de la ley, ya en cuanto a la competencia o en cuanto a la forma o en cuanto a la norma aplicada o que debió aplicarse en el fondo. Sólo para las sanciones se autoriza la anulación por desvío de poder, esto es, por abandono de las reglas que, aunque no expresamente fijadas en la ley, van implícitas cuando la ley concede una facultad discrecional. Se ha circunscrito la anulación por desvío de poder a las sanciones porque es ahí en donde la necesidad del acatamiento a las reglas implícitas antes dichas aparece con claridad en el derecho tributario mexicano, pues que en la materia de impuestos las autoridades normalmente no obran ejercitando facultades discrecionales, sino cumpliendo preceptos expresos de las leyes. ... Para terminar quiere el Ejecutivo exponer de manera precisa que su intento, al promulgar esta ley, es el de que tome nacimiento y se desenvuelva un órgano que prestigie en México una institución como la de la justicia administrativa a la que tanto deben otros países en punto a la creación del derecho que regula los servicios públicos. Es por ello que no es su propósito ni reglamentar a la ley, pues que ella misma prevé que será el Pleno quien dicte las normas de carácter accesorio o secundario que demande el despacho de los asuntos y la organización administrativa del tribunal, ni modificarla en plazo breve, como es frecuente tener que hacerlo tratándose de las leyes que organizan servicios hacendarios, pues desea que en todo caso las deficiencias que presente sean subsanadas con la jurisprudencia del propio tribunal, que es de esperarse se construya alrededor de principios uniformes capaces de integrar un sistema de manera que en el futuro venga a sustituir, con ventaja, a las disposiciones administrativas que actualmente está obligado a dar el propio Poder Ejecutivo para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades fiscales, tan íntimamente ligadas con la vida del Estado y con la posibilidad de éste para hacer frente a las necesidades colectivas cuya satisfacción tiene encomendada. ...".

Lo anterior evidencia la competencia limitada a la materia tributaria o fiscal del Tribunal Fiscal de la Federación, dado que sólo conocerá de asuntos relativos a determinación, liquidación y cobro de créditos fiscales.

2) El artículo 160 del Código Fiscal de la Federación de 1938, textualmente dice:

"Artículo 160. Las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, conocerán de los juicios que se inicien: I. Contra las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de sus dependencias o de cualquier organismo fiscal autónomo que, sin ulterior recurso administrativo, determinen la existencia de un crédito fiscal, lo fijen en cantidad líquida o den las bases para su liquidación. II. Contra las resoluciones dictadas por autoridades dependientes del Poder Ejecutivo que constituyan contra funcionarios o empleados federales, responsabilidades administrativas en materia fiscal. III. Contra los acuerdos que impongan definitivamente y sin ulterior recurso administrativo, sanciones por infracción a las leyes fiscales. Para los efectos de esta fracción, no se considerará como recurso administrativo la condonación a que se refiere el artículo 51. IV. Contra cualquier resolución diversa de las anteriores, dictada en materia fiscal y que cause un agravio no reparable por algún recurso administrativo. V. Contra el procedimiento administrativo de ejecución por quienes, habiendo sido afectados por él, afirman: 1o. Que el crédito que se exige se ha extinguido legalmente; o 2o. Que el monto del crédito es inferior al exigido; o 3o. Que son poseedores, a título de propietarios, de los bienes embargados o acreedores preferentes al fisco, para ser pagados con el producto de los mismos. El tercero deberá antes de iniciar el juicio, formular su instancia ante la oficina ejecutora; o 4o. Que el procedimiento coactivo no se ha ajustado a la ley. En este último caso, la oposición no podrá hacerse valer sino contra la resolución que apruebe el remate; salvo que se trate de resoluciones cuya ejecución material sea de imposible reparación. VI. Contra la negativa de una autoridad competente para ordenar la devolución de un impuesto, derecho o aprovechamiento ilegalmente percibido; y VII. Por la Secretaría de Hacienda para que sea nulificada la decisión administrativa favorable a un particular.-En estos casos, cuando con la nulidad deba tomar nacimiento un crédito fiscal, admitida la demanda, la secretaría podrá ordenar que se practique un embargo precautorio, salvo que el interesado otorgue garantía en los términos de los artículos 188 y 191."

La competencia tributaria fiscal del tribunal identificado en el inciso 1), se sustenta en la transcripción que se ha hecho del numeral 160 del ordenamiento invocado.

3) Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y siete, se expide la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y se abrogó la Ley de Justicia Fiscal; y, en su artículo 22 estableció:

"Artículo 22. Las Salas del tribunal conocerán de los juicios que se inicien en contra de las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales, del Distrito Federal o de los organismos fiscales autónomos, en que se determina la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

"II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal, indebidamente percibidos por el Estado.

"III. Las que causen un agravio en materia fiscal, distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

"IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales o del Distrito Federal.

"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes, con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"Cuando el interesado afirme para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada, o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional, o de la Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado, o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias del Poder Ejecutivo Federal.

"VIII. Las que constituyan responsabilidades contra funcionarios o empleados de la Federación o del Departamento del Distrito Federal, por actos que no sean delictuosos.

"Para los efectos del primer párrafo de este artículo las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa para el afectado."

De la transcripción anterior se desprende que se amplió la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, porque además de conocer de asuntos en materia tributaria fiscal va a conocer de asuntos en materia administrativa, relativos a multas por infracciones a las normas administrativas federales o del Distrito Federal; pensiones y prestaciones sociales a favor de los miembros del Ejército y de la Armada Nacional, familiares o derechohabientes contempladas en las leyes respectivas; pensiones civiles a que tengan derecho los trabajadores al servicio del Estado; interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas en los que intervengan las dependencias del Poder Ejecutivo Federal; y, las que finquen responsabilidades contra funcionarios o empleados de la Federación o del Distrito Federal.

4) Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y uno, se reformó la fracción IV del artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

"IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales y a las disposiciones fiscales del Distrito Federal."

De lo anterior se colige que se amplió la competencia para que el tribunal conociera además de asuntos relativos a infracciones a las disposiciones fiscales del Distrito Federal.

5) Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de mil novecientos setenta y ocho, se expide una nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y se abrogó la ley identificada en el inciso 3), y en el artículo 23 de la nueva ley se estableció:

"Artículo 23. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se inicien contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales, las del Distrito Federal y de los organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

"II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado;

"III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales y a las disposiciones fiscales del Distrito Federal;

"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal, distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda, que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada, o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

"VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada;

"VIII. Las que constituyan responsabilidades contra funcionarios o empleados de la Federación o del Departamento del Distrito Federal por actos que no sean delictuosos; y

"IX. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa para el afectado."

De esta transcripción se desprende que la competencia del Tribunal Fiscal se amplió para conocer de asuntos señalados en otras leyes como competencia del tribunal.

6) Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se expidió una nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y se abrogó la ley que le antecedía identificada en el inciso 5), y en el artículo 11 se estableció:

"Artículo 11. El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

"II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.

"III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada.

"VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.

"IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados.

"X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.

"XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

"XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, inclusive aquellos a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"XIV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

"El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia."

De lo anterior se desprende que se confirmó la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación para conocer de los asuntos cuya competencia se establecía en otras leyes, lo relativo a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, los requerimientos de pago de las pólizas de fianza; competencia que se encontraba establecida en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal de Instituciones de Fianzas y Ley del Comercio Exterior.

Además se incorpora a su competencia el conocer de las resoluciones que resuelven el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De la evolución de la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, se concluye que en la actualidad se trata de un tribunal de lo contencioso administrativo con competencia para conocer de asuntos relativos a materias tributaria y administrativa.

La parte recurrente en su contestación de demanda origen del recurso señaló que el Tribunal Fiscal de la Federación es incompetente para conocer del asunto porque la resolución emitida por el administrador general jurídico de Ingresos que cancela la patente de agente aduanal, no refiere a un asunto en materia fiscal, y en apoyo de su argumentación citó las siguientes tesis:

"AGENTES ADUANALES, CANCELACIÓN DE LAS PATENTES DE.-La cancelación de patente de agente aduanal no es, en rigor, una resolución fiscal, sino una sanción de orden administrativo, y por tanto, no es recurrible ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en los términos del artículo 160, fracción IV, del Código Fiscal, por lo que el recurso mencionado no debe agotarse antes de ocurrir al amparo."

"AGENTES ADUANALES, PATENTES DE.-No puede decirse que lo relativo al otorgamiento de patentes de agentes aduanales y su cancelación, constituya propiamente materia fiscal, puesto que dichos agentes no son más que gestores habituales en operaciones aduaneras, según lo previene el artículo 690 del Código Aduanal, quienes para ejercer sus actividades ante las oficinas aduanales necesitan estar autorizados por la Secretaría de Hacienda; por lo que, del hecho de que intervengan por cuenta de particulares en el desarrollo de gestiones, liquidación y pago de los derechos aduanales, no puede inferirse que, en lo que respecta al otorgamiento y cancelación de sus patentes, se implique materia fiscal, como lo es por ejemplo el nombramiento y remoción de un empleado de las oficinas hacendarias; de todo lo cual se deduce que no tratándose de la materia fiscal, según la define la jurisprudencia de la Suprema Corte, o sea de impuestos o sanciones aplicadas por infracción a las leyes que establecen aquéllos, no cabe considerar que la cancelación de una patente de agente aduanal implique o signifique propiamente una sanción fiscal."

"AGENTES ADUANALES. CANCELACIÓN DE PATENTE. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ADUANERA, NI EL JUICIO DE NULIDAD PARA PROMOVER DEMANDA DE GARANTÍAS.-Contra las resoluciones definitivas que contienen la orden de cancelación de patente de agente aduanal, es procedente el juicio de amparo biinstancial sin que exista obligación de agotar previamente el recurso de revocación previsto por el artículo 142 de la Ley Aduanera, ya que dichas determinaciones hacendarias por su intrínseca naturaleza no pertenecen al ámbito de la materia fiscal, sino que son de índole estrictamente administrativa, de ahí, que el interesado puede acudir directamente ante el Juez de Distrito a su impugnación, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin que tampoco esté obligado a promover previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, por no ser competente para conocer de estos asuntos pues se reitera que, por una parte se trata de actos ajenos a la materia tributaria y por otra, esas determinaciones emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio que culmina con una resolución de índole netamente administrativa."

Las tesis identificadas con los rubros: "AGENTES ADUANALES, CANCELACIÓN DE LAS PATENTES DE." y "AGENTES ADUANALES, PATENTES DE.", no resultan aplicables, pues de su lectura se advierte que se refieren al precepto 160 del Código Fiscal de 1938, mismo que dejó de tener vigencia con motivo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que se expidió la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que entró en vigor a partir del día primero de abril de mil novecientos sesenta y siete, en consecuencia al no tener en la actualidad apoyo legal, como ya se dijo, resultan inaplicables.

Asimismo, este órgano colegiado no comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito sostenido en la tesis transcrita en párrafos anteriores, pues ciertamente, la resolución que pone fin al procedimiento administrativo que cancela una patente de agente aduanal no refiere a la materia tributaria y por la naturaleza del acto es administrativa; sin embargo, como ya se dejó indicado, por la evolución de la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, en la actualidad tiene competencia para conocer de asuntos administrativos.

Por otra parte, los artículos 11, fracción XIV, de la Ley Orgánica el Tribunal Fiscal de la Federación; 2o., fracción II; 144, fracción XXI y 203 de la Ley Aduanera; y 32, fracción XLIII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; disponen lo siguiente:

"Artículo 11. El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

"...

"XIV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa."

"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se considera:

"...

"II. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el reglamento interior de la secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que esta ley establece."

"Artículo 144. La secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

"...

"XXI. Otorgar, suspender y cancelar las patentes de los agentes aduanales ..."

"Artículo 203. En contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras procederá el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación.

"La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Fiscal de la Federación."

"Artículo 32. Compete a la Administración General Jurídica de Ingresos:

"...

"XLIII. Cancelar las patentes de agente aduanal y las autorizaciones de apoderado aduanal, así como suspenderlos a declarar la extinción del derecho de ejercer la patente de agente aduanal, cuando proceda."

De la interpretación armónica de los transcritos preceptos legales y reglamentario, se desprende que el Tribunal Fiscal de la Federación es competente para conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones que cancelan la patente de agente aduanal, en virtud de que la autoridad demandada administrador general jurídico de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria es autoridad aduanera para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 2o. de la ley de la materia, por ser la competente para tramitar el procedimiento administrativo que tenga por objeto la cancelación de patentes de los agentes aduanales. De ahí que si la resolución que concluyó este procedimiento en la que se canceló una patente de agente aduanal, fue pronunciada por autoridad aduanera, y la ley respectiva precisa en e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6859-29fce8e9/pruebas-en-el-juicio-de-nulidad-deben-admitirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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