REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AGRAVIOS INOPERANTES EN LA.
REVISIÓN FISCAL 3772/97. ADMINISTRADOR ESPECIAL JURÍDICO DE INGRESOS, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Por razón de método, es necesario analizar en primer orden, los argumentos de la autoridad que refieren que:
a) Que en el caso existe un contrato de depósito mercantil; y
b) Aquellos argumentos que se hacen valer a manera de ejemplos, en los que se invocan los artículos 2078 y 2251 del Código Civil.
La razón por la cual se da prioridad al análisis de estos argumentos, es porque son inoperantes, pues versan sobre cuestiones que, en ningún momento, formaron parte de la litis natural, y si la sección de la Sala Superior que resolvió el juicio, no tuvo la oportunidad legal de analizar estos argumentos, menos puede hacerlo ahora este Tribunal Colegiado atenta la técnica del juicio de garantías, pues en el amparo se debe analizar si lo resuelto por la autoridad es correcto o no, y esto no es posible, si se permite la introducción de cuestiones novedosas, como las que ahora se pretenden, las cuales no se hicieron valer ni en el texto del acto administrativo impugnado, ni en la contestación de la demanda.
Es aplicable, y por lo tanto se reitera, la tesis de este tribunal que se publica en la página 245 del Tomo XI, enero de 1992 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente:
"-Son inoperantes los agravios cuando lo argumentado en ellos no se planteó a la Sala Fiscal, pues en caso de ser examinados se violaría el principio de congruencia contenido en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, conforme al cual, al pronunciarse la sentencia definitiva se deben resolver todos los puntos controvertidos en la demanda y en la contestación, pero no es lícito abordar el estudio de otros argumentos que no se hicieron valer oportunamente. Por lo demás, sería del todo incorrecto determinar la ilegalidad del fallo de primer grado, con apoyo en cuestiones jurídicas que no le fueron planteadas a la Sala Regional y que, por tanto, no tuvo la oportunidad de considerarlas."
SÉPTIMO.-Para una mejor comprensión del asunto y de los restantes agravios, es necesario relatar los antecedentes más relevantes del caso.
1. Molinos Azteca es una sociedad mercantil que dictamina sus estados financieros, razón por la cual dictaminó, a través de contador público autorizado, el ejercicio fiscal comprendido entre el 1o. de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 1989; y elaborado el dictamen, lo presentó ante la autoridad fiscal el 9 de agosto de 1994.
2. Según lo manifestó Molinos Azteca en su demanda (y no se desvirtuó por la autoridad), durante el ejercicio antes indicado tuvo la necesidad de entregar algunas cantidades de dinero por adelantado a sus proveedores de bienes y servicios, esas cantidades se entregaron por adelantado sin que existiera un contrato de por medio, y en el aspecto contable, Molinos Azteca hizo los asientos correspondientes en la cuenta denominada "anticipos a proveedores".
3. Los saldos que derivaron de los asientos contables antes indicados, fueron incluidos por Molinos Azteca en su contabilidad fiscal como créditos, para efectos del cálculo del componente inflacionario a que se refiere el artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Es prudente dejar en claro que en todo momento, Molinos Azteca, desde que presentó su demanda, ha sostenido que esos anticipos a sus proveedores sin contrato de por medio, deben considerarse créditos.
4. Además en la demanda, Molinos Azteca negó de manera lisa y llana que hubiera un contrato celebrado entre ella y sus proveedores, por lo que invocó a favor de sus intereses el contenido del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación.
5. Es el caso que el 3 de agosto de 1994, la Administración General de Auditoría Fiscal emitió la resolución reclamada en la instancia natural, porque en ésta, el fisco federal consideró que los anticipos a proveedores antes indicados, no eran créditos, y determinó que Molinos Azteca debía pagar la cantidad de $2’322,711.74 cuyo monto incluye el impuesto a pagar omitido, recargos y multas.
6. La Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal, a quien correspondió la instrucción del asunto, radicó la demanda y posteriormente propuso a la Sala Superior que ejerciera su facultad atrayente; la que a la postre se ejercitó por la Primera Sección, hasta que seguidos diversos trámites (y el recurso de revisión fiscal 1502/96 del índice de este tribunal), se dictó sentencia el 13 de junio de 1997, que ahora se reclama.
En dicho fallo, se sostuvieron las consideraciones antes transcritas, las que se sintetizan en la conclusión de que los anticipos a proveedores que en este caso se analizan, si bien es cierto no pueden ser "cuentas por cobrar" para efectos del cálculo del componente inflacionario en términos del artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no menos cierto es que sí son créditos, lo que se colige de la interpretación con un sentido de simetría fiscal del artículo 7o.-B, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lo relativo a que los anticipos a clientes se consideran deudas, y de la circunstancia de que no existe un precio o una contraprestación pactada, situaciones que provocan que sí deben ser considerados dichos anticipos a proveedores para el cálculo del componente inflacionario, sirviendo como apoyo además, la regla 88 emitida por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la resolución general publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 1993 (resolución miscelánea 144 para 1996).
Ahora bien, en los agravios, la autoridad inconforme se duele de dicha consideración como puede advertirse de los agravios transcritos.
SÉPTIMO.-Los agravios son infundados.
Es cierto que la responsable partió de la idea de que las cantidades entregadas a los proveedores son anticipos, pero es falso que hablar de anticipos forzosamente signifique que existe una obligación pactada en términos del Código Civil, y de las reglas del derecho de crédito.
Para determinar la existencia de un crédito, basta atender únicamente a la existencia de un saldo a favor en los asientos contables, es decir, sólo se atiende al efecto que es el crédito en sí mismo considerado, y no a las causas que lo originan.
Por lo anterior, es incorrecto decir que las cantidades entregadas por Molinos Azteca a sus proveedores sean "pagos anticipados".
Además también es incorrecto afirmar que hablar de anticipos, forzosamente significa hablar de la existencia de un contrato preexistente.
Como ya se dijo anteriormente, los créditos son un saldo a favor en los asientos; y en la medida que ese saldo a favor exista, y que a la vez no se haya recibido el dinero, se estará ante un crédito.
Por lo tanto, no es posible afirmar que ese saldo a favor, necesariamente signifique la existencia de un contrato, pues es evidente que un crédito dado lo antes expuesto, puede existir aun sin contrato, en la medida que puede existir un saldo a favor, sin convención alguna, sin que sea óbice que se asiente en la cuenta denominada "anticipos a proveedores" como en el caso ocurrió.
Ahora bien, no hay que olvidar que en la demanda, la actora negó lisa y llanamente la existencia de contrato alguno con sus proveedores, y con base en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, la carga de la prueba de la existencia de un contrato vinculado con estos asientos contables, pasó a la autoridad demandada, porque se trata de un hecho negativo que no es necesario demostrar para la actora.
Además esa negativa versó sobre un hecho perfectamente demostrable por la autoridad fiscal demandada.
En efecto, el fisco federal estuvo en oportunidad de averiguar si ese contrato (verbal o escrito) existía o no, pues para ello tiene facultades de "comprobación", entre las cuales se encuentra la posibilidad de solicitar información de terceros; es decir, si la autoridad fiscal consideró que el cálculo del componente inflacionario de Molinos Azteca en el ejercicio 88-89 era incorrecto, porque en aquel año existieron "contratos" entre la citada causante y sus proveedores, la autoridad fiscal, para apoyar correctamente su determinación, bien pudo recabar la información de los proveedores, y verificar sus contabilidades para ver bajo qué concepto ingresó a su peculio el anticipo que les pagó Molinos Azteca; por lo tanto válidamente puede afirmarse que el fisco federal estuvo en posibilidad de desvirtuar la negativa lisa y llana de la actora, en cuanto negó la existencia de contratos.
También es preciso poner de manifiesto, que la negativa de Molinos Azteca, no envuelve ninguna afirmación, pues su manifestación se limita a negar la existencia de contratos, cuya existencia bien pudo ser demostrada por la demandada en el juicio, por las razones antes indicadas.
Además, el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que el actor debe probar su acción y el demandado su excepción; pues bien, si la excepción en este caso sería fundada en la medida que existiera un contrato, es evidente que la autoridad debió acreditar la existencia de ese contrato.
Como la autoridad demandada, ni en la determinación del crédito, ni en la secuela del juicio demostró la existencia de contrato alguno, es inexacto que ahora en los agravios alegue que existieron contratos de compraventa, de prestación de servicios, y menos aún contratos mercantiles como el de depósito, pues reitérese, esos contratos requieren de prueba.
Es conveniente dejar en claro que la existencia de un contrato, en unión de un anticipo a proveedores, es de vital importancia para efectos del cálculo del componente inflacionario, pues si éste existe, no debe entrar al cálculo relativo, y viceversa.
Lo anterior obedece a la interpretación que la autoridad de primer grado hizo de las fracciones IV y V del artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en 1988 y en 1989.
Para una mejor comprensión de esta interpretación, es necesario transcribir los preceptos en comentario, en las partes que interesan únicamente.
Artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1988 y en 1989:
"Las sociedades mercantiles y las personas físicas que realicen actividades empresariales determinarán mensualmente los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles como sigue:
"...
"Fracción IV. Para los efectos de la fracción III se considerarán créditos los siguientes:
"a) ...
"b) Las cuentas y documentos por cobrar, excepto las siguientes:
" ...
"Fracción V. Para los efectos de la fracción III se considerarán deudas, entre otras, los anticipos a clientes, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero y las aportaciones para futuros aumentos de capital ..."
Antes de entrar al análisis interpretativo de las fracciones IV y V del artículo 7o.-B antes transcrito en sus partes conducentes, es conveniente dejar en claro que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1988, se reformó el contenido del artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero ninguno de los cambios sufridos por el artículo, afectan la anterior interpretación, pues las partes que cambiaron, fueron la fracción III, y la fracción IV, inciso a), inciso b), subinciso 7; y la fracción V, pero en su segundo párrafo, el cual en este particular, no interesa.
También es menester destacar que la fracción III del artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, refiere los pasos que han de seguirse para calcular el "componente inflacionario".
Establecido lo anterior, hay que destacar que efectivamente, tal y como lo dijo la Sala, de las fracciones antes destacadas se advierten dos circunstancias de relevancia para el caso en estudio, a saber:
a) Que para efectos del cálculo del componente inflacionario se deben tomar en consideración los créditos, y el mismo artículo 7o.-B, fracción IV, indica qué se va a entender por crédito (los cuales están referidos de manera genérica y ejemplificativa, donde las cuentas por cobrar son una especie de los créditos según el precepto).
b) Por otro lado, la contrapartida del crédito es la deuda, pues bien, la fracción V del artículo 7o.-B, indica qué hechos se considerarán deudas, y entre ellos se establecen los "anticipos a clientes", lo que en suma con la interpretación simétrica contable, lleva a la lógica conclusión de que un anticipo a proveedores, es un crédito.
En efecto, como ya se destacó en la transcripción de la fracción V del numeral 7o.-B en cita, los anticipos a clientes se consideran deudas para efectos del cálculo del componente inflacionario.
Lo anterior, porque del precepto en comentario se obtiene que los anticipos a proveedores son créditos en la misma medida que los anticipos de clientes son deudas para los proveedores, tal como acertadamente lo estimó la Sala.
Pero no todos los anticipos a proveedores pueden ser créditos pues, por accidentes interpretativos de los fenómenos contables y jurídicos se ha llegado a la conclusión de que solamente pueden ser considerados créditos, los anticipos a proveedores cuando no exista precio o contraprestación pactada.
La razón es muy obvia, pues si existe precio o contraprestación pactada entre clientes y proveedores, entonces no existe una deuda ni un crédito, sino una obligación exigible que, por una ficción de la ley, se considera ingresada al peculio del cliente y salida de la esfera del proveedor; este tema ya ha sido analizado y definido por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro "RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO B), VIGENTE EN 1981. LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES NO SON DEDUCIBLES COMO CUENTAS POR COBRAR.".
Establecido lo anterior, es evidente que en este caso se encuentra Molinos Azteca, y por lo tanto sus anticipos sin contrato deben ser considerados créditos pues desde la demanda se negó la existencia de contrato alguno, lo que significa ausencia de precio o contraprestación pactada, sin que la autoridad demandada lo hubiera desvirtuado, estando en posibilidad de ello.
Por todo lo anterior, resulta evidente que el argumento de la autoridad recurrente en el sentido de que en el caso no existe un crédito, es infundado.
Este argumento, por sí solo es apto para soportar la firmeza del acto reclamado, y como no fue desvirtuado, resulta innecesario el análisis de los demás argumentos, pues aun cuando resultaran fundados, no alcanzarían a desvirtuar las anteriores consideraciones que deben permanecer vivas para continuar rigiendo el sentido del fallo.
Entre tales argumentos se encuentra el relativo a que las resoluciones misceláneas 88 y 114 para los años de 1993 y 1996 respectivamente, en el caso no son aplicables, pues el ejercicio revisado y liquidado, es el comprendido el 1o. de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 1989.
Como ya se dijo, los argumentos de la Sala Superior, se centraron en la interpretación de las fracciones V y VI del artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta y únicamente se reforzaron con la alusión las "resoluciones misceláneas" citadas por la recurrente que no constituyen argumento significativo en el sentido del fallo; por ello, este aspecto que se propone es de estudio irrelevante.
En otro orden de ideas, si la razón de peso que llevó a la Sala Fiscal a concluir que un anticipo a proveedores sin contrato, es un crédito; no fueron las reglas 88 y 114 antes aludidas, sino la interpretación con sentido simétrico y contable de la fracción V del artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Al quedar firme este aspecto, los demás argumentos, son ociosos.
Con todo el desarrollo anterior, únicamente cabe agregar que el segundo agravio y en el argumento visible en el penúltimo párrafo de la hoja 10 del escrito de agravios, se advierte que, la autoridad recurrente, se duele de que la Sala Fiscal no aplicó la jurisprudencia de rubro: "RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO B), VIGENTE EN 1981. LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES, NO SON DEDUCIBLES COMO CUENTAS POR COBRAR.".
Como cuestión previa, hay que dejar en claro que la recurrente afirma falsamente que la Sala determinó que "los anticipos a proveedores" en estudio, son "cuentas por cobrar".
Lo anterior es falso porque en la sentencia recurrida, nunca se dijo que los anticipos a proveedores en estudio sean cuentas por cobrar, es más, eso no formó parte de la litis del juicio, pues desde la demanda Molinos Azteca sostuvo que los anticipos a proveedores sin contrato, son créditos, y la sección responsable así resolvió.
Pero además, como acertadamente lo dijo la Primera Sección de la Sala Superior en la foja 26 y subsecuentes de su sentencia, en el caso resulta inaplicable la jurisprudencia referida por la recurrente.
Para una mejor comprensión de lo anterior, es necesario transcribir el sumario de la contradicción de tesis 3/96, de donde se dedujo la jurisprudencia en comentario, visible en la página 215 y subsecuentes del Tomo VI septiembre de 1996 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
"RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO B), VIGENTE EN 1981. LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES, NO SON DEDUCIBLES COMO CUENTAS POR COBRAR.-Para efectos del impuesto al ingreso global de las empresas, el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año de mil novecientos ochenta y uno, autoriza la deducción de la cantidad que resulta de aplicar un factor predeterminado por el Congreso de la Unión al promedio mensual de ciertos activos financieros, mismos que son señalados en forma taxativa y no ejemplificativa en las tres fracciones del precepto en estudio, una de las cuales se refiere a las cuentas y documentos por cobrar. Entendiendo a las cuentas por cobrar como créditos en numerario constituidos en favor de la empresa, no es posible incluir en esta categoría a los anticipos a proveedores puesto que tales anticipos no crean directa o inmediatamente en favor de la empresa ningún adeudo en numerario, es decir, ningún crédito pagadero en pesos, sino que constituyen cantidades pagadas a cuenta del precio de la mercancía objeto del contrato de compraventa que no tienen la naturaleza de un adeudo por parte del proveedor al comprador, puesto que el vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio, lo que determina que la exigibilidad e incluso el nacimiento de ese débito es totalmente incierto como lo es el incumplimiento del proveedor o la terminación del convenio por cualquier motivo distinto. El débito a cargo de un proveedor y en favor de una empresa no constituye una ‘cuenta por cobrar’ (cantidad en numerario pendiente de cobro), ni un ‘documento por cobrar’ (título que ampara un adeudo en dinero), de modo que no está comprendido dentro del supuesto previsto en el artículo 51, fracción II, inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año de mil novecientos ochenta y uno."
De la lectura de lo anterior, se advierte que la jurisprudencia efectivamente es inaplicable como acertadamente lo sostuvo la autoridad de primer grado, pues en ella, la Segunda Sala partió del punto que, en los anticipos a proveedores respaldados por un contrato de compraventa, no pueden existir "cuentas por cobrar", y éstas a su vez comprenderse para efectos del cálculo del componente inflacionario.
Y el caso a estudio parte de conceptos muy distintos, en primer lugar, no existe ningún precio o contraprestación pactada, razón suficiente para desestimar la aplicación de la jurisprudencia por partir de premisas distintas, y además la conclusión de la jurisprudencia es que no se está en presencia de "cuentas por cobrar", y en el caso a estudio, la conclusión es que se está ante "créditos".
Tampoco es óbice a lo anterior, el hecho de que, en la sentencia de este tribunal dictada en la revisión fiscal 3772/97 (que a la postre resultó fundada y favorable para los intereses del fisco federal), se le hubiera impuesto con efecto de ejecución a la sección de la Sala Superior del conocimiento, el considerar el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis antes referida.
Para comprender este punto es necesario considerar que las sentencias, deben ser atendidas en su integridad y en vinculación con la litis de donde derivan, pues técnicamente son actos decisorios que no pueden ser comprendidos sin conocimiento de la controversia que les da origen.
Lo anterior se destaca, porque al repasar el desarrollo del juicio, se advierte que efectivamente la referida jurisprudencia, en el caso no es aplicable.
Así las cosas, hay que relatar lo siguiente:
a) El 13 de junio de 1996, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación dictó sentencia en el juicio de nulidad 100(14)46/95/14623/94 promovido por Molinos Azteca, la litis en ese juicio es la misma que se ha venido tratando a lo largo de esta sentencia, no debiendo olvidar que desde que se presentó la demanda de nulidad se sostuvo que los anticipos a proveedores son créditos, y por esa razón deben entrar al cálculo del componente inflacionario.
b) En esa sentencia y concretamente en el considerando segundo, en síntesis, la Sala Superior, a través de la Primera Sección, resolvió, contra lo que debió formar parte de la litis, que los "anticipos a proveedores" eran "cuentas por cobrar" (ver fojas 16 a 53 del expediente 100(14)46/95/14623/94 y páginas 4 a 42 de la sentencia de 13 de junio de 1996).
c) Inconforme, el fisco federal interpuso recurso de revisión fiscal que tocó del conocimiento a este tribunal formándose el toca RF-1502/96.
d) Seguido el recurso por sus trámites, este tribunal dictó sentencia el 29 de noviembre de 1996 y resolvió:
I. Que los "anticipos a proveedores" no eran "cuentas por cobrar" en términos de la jurisprudencia de rubro "RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO B), VIGENTE EN 1981. LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES, NO SON DEDUCIBLES COMO CUENTAS POR COBRAR."; consideración que únicamente sirvió para destruir la indebida declaración que en sentido contrario hizo la Sala Superior; y
II. Se advirtió que la autoridad de origen, al dictar su fallo, había desatendido que, en la demanda, la actora negó lisa y llanamente la existencia de contrato alguno, por tanto, se le impuso como efecto de ejecución a la Sala Superior que se ocupara de esa negativa por haber omitido su estudio.
e) En cumplimiento a esa ejecutoria, la Sala Fiscal dictó la sentencia que es materia de este recurso.
Ahora, la Primera Sección ya fue acorde a lo expuesto en la demanda, y con la litis fijada; y resolvió que los anticipos a proveedores en este caso son créditos, y que por tanto resulta inaplicable la jurisprudencia relativa que los trata como "cuentas por cobrar", conclusión a la que se arribó precisamente por haber analizado, con acierto, la negativa lisa y llana de la actora en el sentido de no haber firmado contrato alguno con sus proveedores.
Ese nuevo análisis, inducido por la ejecutoria de este tribunal en la revisión fiscal 1502/92 y concretamente por el efecto de reexaminar los puntos omitidos en estudio, dejó en claro que ante la negativa lisa y llana de la actora, los anticipos a proveedores deben ser considerados créditos; y no cuentas por cobrar.
Por todo lo anterior, por el desarrollo del juicio, por la litis natural fijada en la demanda y la contestación y por los argumentos vertidos en la sentencia recurrida, ahora resulta claro que la Sala Superior estuvo en lo correcto al estimar que la jurisprudencia de rubro "RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO B), VIGENTE EN 1981. LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES, NO SON DEDUCIBLES COMO CUENTAS POR COBRAR." en este caso no era aplicable.
Todo lo anterior evidencia que los agravios son inoperantes en un aspecto e infundados por lo demás, y por ende, debe confirmarse la sentencia sujeta a revisión.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos; 248 del Código Fiscal de la Federación; 87, 88, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo; y 37, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Es procedente pero infundado el recurso de revisión fiscal.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen, y en su oportunidad, archívese este asunto.
Así por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente Carlos Amado Yáñez, Ma. Antonieta Azuela de Ramírez y Arturo Iturbe Rivas, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4924-0cc36e23/revision-contra-resoluciones-del-tribunal-fiscal-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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