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Modo: Corpus Pro

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. SI SUS TRABAJADORES LABORARON BAJO EL RÉGIMEN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, NO TIENEN DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 497/2011. · Registro digital (IUS): 23477
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, QUINTO, OCTAVO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Pág. 466.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 497/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, QUINTO, OCTAVO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE FEBRERO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia laboral, en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado Antonio Rebollo Torres, presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, órgano colegiado que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.

TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil once, en lo conducente, sostuvo:

"SEXTO. ... En ese contexto, es dable establecer que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados que previamente prestaron servicios conforme a las reglas del apartado ‘B’ del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que percibieron durante su vida laboral los quinquenios que prevé la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como es el caso, también pueden acceder al pago de la prima de antigüedad que contempla el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en este último precepto legal. No se opone a lo anterior, que en las jurisprudencias 2a./J. 50/2006 y 2a./J. 214/2009, la primera invocada por la Junta responsable, también sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hubiera establecido que si los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, que laboraron en el régimen del apartado ‘B’ del artículo 123 de la Constitución Federal y los jubilados de los organismos públicos descentralizados estatales, que trabajaron en el citado sistema y con posterioridad se rigieron por el apartado ‘A’ del numeral de la Carta Magna en mención, recibieron los beneficios por antigüedad correspondientes, como son los aumentos quinquenales de su sueldo y la pensión relativa, no tienen derecho, además, al pago de la prima de antigüedad, contemplada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la propia Sala del Máximo Tribunal del País citada emitió la tesis aislada 2a. LVIII/2011, visible en la página 973 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). Ahora bien, con el fin de establecer si la actora cumple con los requisitos previstos por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, para tener derecho al pago de la prima de antigüedad, es necesario acudir al texto de dicho precepto legal, que, en su parte conducente, es del siguiente tenor: ‘Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios; II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486; III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido ...’ (el subrayado es de este tribunal). De lo dispuesto en el citado numeral, se advierte que para la procedencia del pago de la prima de antigüedad se requiere que el trabajador se separe voluntariamente de sus labores, siempre que haya cumplido quince (15) años de servicios, por lo menos; empero, en el supuesto de que el empleado rompa con el vínculo de trabajo con causa justificada, o en el caso de que sea separado justificada o injustificadamente, no es exigible el requisito de antigüedad señalado. Precisado lo anterior, debe decirse que de las constancias que obran en autos se advierte que la actora sí cumplió con los requisitos exigidos por el precepto legal en mención para tener derecho al pago de la prima de antigüedad. Lo anterior es así, pues la demandante expresó en su escrito primigenio que inició a prestar sus servicios para el Instituto Nacional de Perinatología ‘Isidro Espinosa de los Reyes’ a partir del uno de noviembre de mil novecientos ochenta, y que el quince de diciembre de dos mil nueve: ‘... se jubiló por años de servicio ...’ (foja dos -2-); lo cual fue contestado por su contrario de la siguiente forma: (se transcribe). Así las cosas, de inicio se tiene que al instituto demandado le correspondió la carga de la prueba para acreditar la fecha de ingreso de la trabajadora, en términos del artículo 784, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que es del siguiente texto: ‘Artículo 784.’ (se transcribe), lo cual no satisfizo, ya que, incluso, no manifestó fecha cierta en ese respecto, y en lo relativo al día de la conclusión de la relación laboral se tiene como hecho incontrovertido que la demandante se retiró voluntariamente del servicio al obtener su jubilación, como lo informa la parte conducente de la jurisprudencia 307 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 247 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo del contenido literal siguiente: ‘JUBILACIÓN Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD.’ (se transcribe). Así las cosas, con la finalidad de establecer también a partir de qué fecha debe computarse el término de quince (15) años a que se refiere el artículo 162 antes citado, es menester tener en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 101/2011, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 692 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. EL OTORGAMIENTO DE LA JUBILACIÓN, CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, HACE PRESUMIR QUE LA SEPARACIÓN DEL TRABAJO FUE VOLUNTARIA, PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL PAGO DE AQUÉLLA.’ (se transcribe), es decir, el cómputo respectivo debe realizarse a partir del momento en que la demandante comenzó a prestar sus servicios al organismo público descentralizado. Al respecto, tanto la accionante como el demandado ofrecieron, como prueba común, copia simple de la hoja única de servicios de tres de diciembre de dos mil nueve, cuyo texto, en la parte conducente, es de la siguiente literalidad: (se transcribe). Ahora bien, aquí cabe recordar que el instituto demandado al dar respuesta al ocurso inicial, refirió que es imposible que la actora haya ingresado a laborar el uno de noviembre de mil novecientos ochenta, porque dicho organismo fue creado mediante decreto de diecinueve de abril de mil novecientos ochenta y tres, lo cual se corrobora con el contenido del Diario Oficial de la Federación de dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho que, inclusive, el demandado ofreció en copia simple, y que en su parte relativa es del siguiente texto: ‘DECRETO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA.’ (se transcribe). Sobre ese contexto, aun teniendo como fecha válida para el inicio del cómputo respectivo el diecinueve de abril de mil novecientos ochenta y tres, únicamente para efectos de procedencia de la pretensión demandada, en cuanto al término mínimo de quince años (15) de labores, se tiene que la actora satisfizo ese requisito, pues de la citada fecha al quince de diciembre de dos mil nueve en que se jubiló transcurrieron más de veintiséis (26) años, es decir, se cumplió en exceso dicho lapso. En ese orden de ideas, contrario a lo establecido por la Junta responsable, la actora sí se ubicó en la hipótesis del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, para tener derecho al pago de la prima de antigüedad, dado que acreditó que se separó voluntariamente del instituto demandado y que acumuló una antigüedad en éste, en su calidad de organismo descentralizado, mayor a quince (15) años. ..."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número **********, en sesión de uno de septiembre de dos mil once, en la parte que aquí interesa, consideró:

"QUINTO. ... Por tanto, debe concluirse que las relaciones entre el Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’ y los ahora quejosos se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional y por la ley de este organismo descentralizado federal, no sólo desde que empezaron a laborar a su servicio, ni en el momento en que se jubilaron, sino inclusive con posterioridad, puesto que las pensiones que están recibiendo seguirán pagándoseles con base en la misma ley y apartado constitucional. Esto es así, pues ninguna norma legal o reglamentaria, ni mucho menos algún criterio jurisprudencial permite o establece que un trabajador de un organismo descentralizado -sea que se rija por el apartado A o por el apartado B-, tenga derecho a las prestaciones de seguridad social que establecen las leyes reglamentarias de ambos apartados, sino sólo a las que previenen aquellas que gobernaron su relación. Además de que sería inequitativo frente a todos los demás trabajadores, dado que mientras éstos tienen derecho sólo a las prestaciones del apartado rector de las relaciones conforme al cual prestaron sus servicios (apartados A o B), los trabajadores al servicio de organismos descentralizados tendrían derecho a las prestaciones de ambos sectores, lo que no encuentra justificación jurídica ni lógica pues, como ya se puso de manifiesto en párrafos precedentes, la tesis jurisprudencial P./J. 1/96 no tiene fuerza de ley, ni invalidó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como tampoco lo hizo respecto de la Ley del Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’, ni siquiera del artículo 21 de esta legislación, que ordena la aplicación de la ley burocrática. Por tal motivo, es inconcuso que la citada jurisprudencia no pudo, por su sola existencia, anular todas y cada una de las prestaciones y contraprestaciones que mutuamente cumplieron el hospital y sus trabajadores de manera cotidiana durante todo el tiempo que duró la relación laboral. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 2a./J. 50/2006, que se cita en el caso por identidad jurídica, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril de 2006, Novena Época, que es del literal (sic) siguiente: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). No es óbice para concluir lo anterior que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobara la tesis aislada LVIII/2011, que surgió de la contradicción de tesis 141/2011, en sesión privada de veinticinco de mayo del año en curso, pendiente de publicar, del rubro y texto siguientes: ‘TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). Esto es así, pues dicho criterio aplica para los organismos descentralizados estatales y, en el caso, el Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’ es un organismo descentralizado de la administración pública federal, como se corrobora de la lectura del artículo 3o., fracciones I y II, de la Ley del Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’, que prevé: ‘Artículo 3o. El patrimonio del hospital se integrará con: I. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adquirido, así como los recursos que le transfiera el Gobierno Federal. II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Salud, conforme al presupuesto anual de egresos de la Federación ...’. De lo que se colige que si el patrimonio del hospital infantil se integra, entre otros bienes muebles e inmuebles y derechos, con los recursos que le transfiera el Gobierno Federal, y que se le asignan recursos de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Salud, conforme al presupuesto anual de egresos de la Federación, es inconcuso que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, por lo que el criterio aprobado en la tesis transcrita no es aplicable para los trabajadores de dicho hospital."

QUINTO. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en sesión de quince de agosto de dos mil once, determinó, en la parte que aquí interesa:

"QUINTO. ... Igualmente, resultan infundados los argumentos en los que la quejosa manifiesta que la Junta responsable no tomó en cuenta para resolver sobre el pago de la prima de antigüedad reclamada, los criterios que invocó en el juicio laboral, de rubros: ‘PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, SON PRESTACIONES LABORALES DE DISTINTA NATURALEZA JURÍDICA, POR LO QUE EL PAGO DE LA PRIMERA NO EXCLUYE EL DE LA SEGUNDA.’, ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y PRIMA QUINQUENAL. NATURALEZA JURÍDICA.’ y ‘PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD. DIFERENCIAS (MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE LA PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL).’, de los cuales deriva que la prima quinquenal y la prima de antigüedad son prestaciones de distinta naturaleza, y que el pago de una no excluye el de la otra; lo anterior es así, porque, al resolver sobre el pago de prima de antigüedad, la Junta responsable sí se pronunció sobre los criterios invocados, según quedó transcrito y se reitera en el caso como sigue: (se transcribe) y la desestimación de esos criterios es correcta, pues tiene como base la jurisprudencia número 2a./J. 113/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época, página 395, de rubro y texto siguientes: ‘PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SON PRESTACIONES LABORALES DE DISTINTA NATURALEZA JURÍDICA, POR LO QUE EL PAGO DE LA PRIMERA NO EXCLUYE EL DE LA SEGUNDA.’ (se transcribe); y aun cuando en ese criterio se establece que la prima quinquenal y la prima de antigüedad son de distinta naturaleza y que la percepción de los quinquenios no excluye el derecho de percibir la prima de antigüedad, en criterio posterior la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 50/2006, publicada en la página 203 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente a abril de dos mil seis, excluyó del pago de la prima de antigüedad a los trabajadores de los organismos descentralizados que, además de percibir quinquenios, recibieron el pago de una jubilación por su antigüedad, como se ve de lo siguiente: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe), lo cual se actualizó en el caso, pues con los recibos de pago de salarios que obran en el expediente del juicio laboral quedó probado que la actora percibió el pago de quinquenios, y con la documental que obra a foja 7 de autos, consistente en la hoja única de servicios, así como con su propia manifestación en la demanda, quedó demostrado que la actora fue jubilada por años de servicios, o sea, como un beneficio de su antigüedad y, siendo así, se justifica que la Junta responsable absolviera del pago de la prima de antigüedad reclamada. No pasa inadvertido a este Tribunal Colegiado que en la tesis LVIII/2011, recientemente aprobada, según sesión privada de dieciocho de mayo de dos mil once, pendiente de publicación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció lo siguiente: ‘TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe) (el subrayado es de este Tribunal Colegiado); sin embargo, dichos criterios resultan inaplicables al caso, pues no se refieren a trabajadores de organismos públicos descentralizados de carácter federal, sino expresamente a trabajadores de organismos públicos descentralizados de carácter estatal, creados por los Gobiernos de los Estados con motivo de la descentralización de los servicios de educación básica y de salud, en cumplimiento de los Acuerdos Nacionales para la Modernización de la Educación Básica y para la Descentralización de los Servicios de Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos y veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y seis, respectivamente, como en el caso del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, siendo que el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes es un organismo público descentralizado de carácter federal; cabe mencionar que si bien en la tesis LVIII/2011, anteriormente transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó abandonar el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 214/2009, en la que se establecía que los trabajadores jubilados de los organismos públicos descentralizados estatales tienen derecho a percibir por su antigüedad los quinquenios, pensiones y demás prestaciones establecidas en las normas burocráticas de carácter local, pero no la prima de antigüedad, para adoptar el contenido en dicha tesis, en ésta no se dice que se abandone el criterio de la jurisprudencia número 2a./J. 50/2006, en la que, como ha quedado expuesto, se determina que los trabajadores de organismos descentralizados de carácter federal, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no tienen derecho al pago de la prima de antigüedad, por lo que la misma sigue vigente en su aplicación."

SEXTO. El Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil once, en esencia, sostuvo:

"SÉPTIMO. ... Conforme a lo anterior, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, los organismos descentralizados rigen sus relaciones por el apartado B del artículo 123 constitucional y, por ende, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no tienen derecho al pago de la prima de antigüedad contemplada en la Ley Federal del Trabajo. Esto es así, ya que la parte demandada, Instituto Nacional de Perinatología, por su naturaleza, se rige por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud que establece en sus artículos 1, 2, fracción III y 35, lo siguiente: ‘Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los Institutos Nacionales de Salud, así como fomentar la investigación, enseñanza y prestación de servicios que se realice en ellos.’. ‘Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por: ... III. Institutos Nacionales de Salud, a los organismos descentralizados de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupados en el sector salud, que tienen como objeto principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional; ...’. ‘Artículo 35. Las relaciones laborales entre los Institutos Nacionales de Salud y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. El personal continuará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.’. De lo anterior se obtiene que el Instituto Nacional de Perinatología es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el sector salud, cuyas relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. De conformidad con el criterio jurisprudencial invocado (2a./J. 50/2006) no puede desconocerse en ese organismo la aplicación de la normatividad burocrática, la cual otorga con motivo de la antigüedad de sus servidores públicos, estímulos y derechos, como lo son aumentos quinquenales al sueldo y pensión de retiro, ya que las anteriores prestaciones burocráticas fueron otorgadas a la quejosa, pues en su escrito inicial de demanda aseguró haber recibido su jubilación a partir del quince de diciembre de dos mil nueve y en autos quedó acreditado con la hoja única de servicios aportada como prueba por la actora oferente (folios 7 a 9), documental que el instituto demandado igualmente la aportó como prueba a fojas (folios 39 a 41), así como con los recibos de pago a nombre de la actora respecto de la primera quincena de enero de dos mil siete a la primera quincena de diciembre de dos mil nueve, mismos que se exhibieron en original y previo cotejo se hizo la devolución del original y obran a fojas 47 a 84 del expediente laboral. Dichas pruebas acreditan que en la integración de su sueldo recibía el concepto de ‘prima quinquenal’ de forma constante y permanente, de ahí que en la especie es inaplicable la jurisprudencia número 2a./J. 113/2000 de la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, consultable en la página 395 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, diciembre de 2000, del tenor literal siguiente: ‘PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SON PRESTACIONES LABORALES DE DISTINTA NATURALEZA JURÍDICA, POR LO QUE EL PAGO DE LA PRIMERA NO EXCLUYE EL DE LA SEGUNDA.’ (se transcribe). Así las cosas, se colige que, al haber pertenecido la impetrante de garantías a un organismo descentralizado, cuyas relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, por ende, recibió con motivo de su antigüedad quinquenios y jubilación, en observancia a la jurisprudencia transcrita, no tiene derecho a devengar la prima de antigüedad que establece la Ley Federal del Trabajo, de ahí lo infundado de los motivos de inconformidad."

SÉPTIMO. El Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de cinco de agosto de dos mil once, consideró:

"CUARTO. ... Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se creó el organismo público descentralizado del Gobierno Federal, denominado ‘Hospital General de México’ y, en el mismo documento, en su artículo 21 se estableció que las relaciones laborales de dicho hospital con sus trabajadores continuarían rigiéndose por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que si el hospital demandado afirmó que siempre se rigió la relación de trabajo con la actora de esa manera, le asiste razón. De lo anterior, resulta inconcuso que la relación laboral entre las partes se rigió por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado ‘B’ del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de las constancias de autos no se advierte elemento que permita considerar que las relaciones laborales entre el organismo demandado y la actora se regularon por el apartado ‘A’; amén que fue jubilada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora bien, es de admitirse que la tesis de jurisprudencia en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mil novecientos noventa y seis, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al considerar que la relación que liga a los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional, como se desprende de la jurisprudencia P./J. 1/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, página cincuenta y dos, que es del tenor siguiente: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADOR

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23477-36f5f8d7/organismos-publicos-descentralizados-federales-si-sus-trabajadores-laboraron · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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