CONDENA CONDICIONAL. LA PENA SUSPENDIDA POR SU OTORGAMIENTO NO SE EXTINGUE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2011. SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS RESPECTO DEL FONDO. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 529/2010:
La ejecutoria de mérito informa que el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, de quien reclamó el auto de veintiocho de abril de dos mil diez, a través del cual le fue negado el beneficio de tratamiento en libertad, concedido por sentencia de nueve de octubre de dos mil seis.
El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa determinó negar el amparo solicitado, en atención a los siguientes motivos:
a. Mediante sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil seis, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa determinó que el quejoso es penalmente responsable en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que le impuso la pena de tres años de prisión y cincuenta días multa, le concedió el beneficio de condena condicional y alternativamente los beneficios de la sustitución de la sanción corporal impuesta por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad y por tratamiento en libertad.
b. Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil seis, se determinó que la sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió al sentenciado para que manifestara a cuál beneficio se acogía, y en caso de que fuera el de condena condicional, debería exhibir la garantía correspondiente. Así, por auto de treinta de octubre se tuvo al quejoso por acogido al beneficio de la condena condicional.
c. En proveído de veintiséis de marzo de dos mil diez, se requirió al quejoso para que exhibiera los documentos con los cuales justificara el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, en virtud de que la autoridad de ejecución de sanciones manifestó que no tenía registro de los reportes respectivos. El nueve de abril de ese año, el juzgador responsable estimó que el impetrante fue omiso en justificar dichas obligaciones y, por tanto, ordenó su reaprehensión; en consecuencia, el diecisiete de abril siguiente fue puesto a disposición dentro del centro penitenciario respectivo para el efecto de que cumpliera con la pena de prisión impuesta.
d. De esa forma, el veintiocho de abril de dos mil diez, previa solicitud del quejoso, el juzgador natural acordó que no era procedente el otorgamiento del sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad.
e. Precisados los antecedentes del asunto, y una vez analizados los conceptos de violación del quejoso, concluyó que en virtud de su elección por el beneficio de la condena condicional y al haber incumplido con las obligaciones impuestas provocó la revocación del beneficio concedido, así como su consiguiente reaprehensión, además de extinguir su derecho a gozar de un beneficio diverso. Agregó que los beneficios se le otorgaron de forma alternativa, sin que se le otorgara la posibilidad de acogerse a todos.
El Tribunal Colegiado, al resolver la revisión, consideró lo que a continuación se transcribe:
"Pues bien, establece el artículo 90, fracción VII, del Código Penal Federal:
"‘Artículo 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas:
"‘...
"‘VII. Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será consignado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida.’
"Como se advierte de la primera parte de la porción normativa antes transcrita, la sanción establecida en la sentencia se extingue, siempre que durante el término de duración de la pena, desde la fecha en que aquélla causó ejecutoria, el sentenciado no hubiere cometido delito doloso que concluya con sentencia condenatoria.
"En la especie, se advierte palpablemente que la sanción fijada en la sentencia dictada contra el reo, hoy recurrente, aparece extinguida en los términos de esa regla legal que se localiza precisamente en el capítulo referente a la condena condicional, toda vez que en autos se acreditó que durante el término fijado en la sentencia, el reo no cometió delito doloso.
"En efecto, en principio, debe considerarse que la duración de la pena de prisión de tres años impuesta al sentenciado en la sentencia penal, transcurrió entre la fecha en que dicha sentencia causó ejecutoria, que lo fue el diecinueve de octubre de dos mil seis, y feneció el diecinueve de octubre de dos mil nueve; mientras que el acto reclamado, que consistió en la negativa a conceder al sentenciado el beneficio de la sustitución de la pena, se dictó el veintiocho de abril de dos mil diez, cuando ya había transcurrido la duración de la pena, misma que, incluso, se había cumplido a la fecha en que el reo fue reaprehendido, pues ello aconteció el diecisiete de abril de ese mismo año.
"Luego, la sanción de referencia se extinguió a favor del sentenciado, porque durante aquel lapso no registró un nuevo proceso por delito doloso que concluyera con sentencia condenatoria, puesto que del telegrama remitido al juzgador de la causa por la directora de Control de Sentenciados en Libertad del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social en el Distrito Federal, aparece que informó que ... no registró la totalidad de reportes de cumplimiento al beneficio que le fue concedido, por lo que fue requerido para que lo acreditara y, asimismo, informó ‘que a la fecha no hay dato o registro de que haya dado lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluyera con sentencia condenatoria’ (foja 444), lo que reiteró la autoridad administrativa en el oficio 20353, recibido en el juzgado el veinticuatro de diciembre de dos mil nueve (foja 452).
"Bajo esas condiciones, con independencia de que el reo faltara a sus obligaciones contraídas con motivo del beneficio de la condena condicional, ello no impide la declaratoria de extinción de la sanción, puesto que la norma legal, en el apartado antes indicado, es categórica y no previene excepción alguna en ese sentido.
"No se soslaya el texto de la fracción IX del citado artículo 90 del Código Penal, en que el juzgador se fundó en el proveído de nueve de abril de dos mil diez para revocar la suspensión de la sanción, que dice:
"‘IX. En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado, el Juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción.’
"Sin embargo, tal regla debe considerarse aplicable únicamente para el caso de que no haya transcurrido la pena impuesta, es decir, el término de su duración, puesto que en tal caso queda al arbitrio del juzgador hacer efectiva la sanción previamente suspendida con motivo del beneficio de que se trata, o simplemente amonestar al reo con el apercibimiento de hacer efectiva la sanción de incurrir nuevamente en la falta.
"Eventualidad legal que en la especie no acontece, toda vez que, como se indicó, a la fecha en que el Juez responsable dictó aquel proveído incluso, ya había transcurrido la duración de la pena de tres años, es decir, la sanción quedó sin efectos por imperativo legal, puesto que ésta culminó el diecinueve de octubre de dos mil nueve, fecha muy anterior además, a la de la emisión del acto reclamado, ocasión en la que el Juez responsable, estuvo en aptitud legal para resolver, aun de oficio, respecto de la extinción que se apunta, máxime que se demostró, como ya se dijo, que durante aquel lapso, el reo no cometió delito doloso; lo anterior, de conformidad con el artículo 553 del Código de Procedimientos Penales, de siguiente tenor literal:
"‘Artículo 553. El que hubiese sido condenado por sentencia irrevocable y se encuentre en los casos de conmutación de sanciones o de aplicación de ley más favorable a que se refiere el Código Penal, podrá solicitar de la autoridad jurisdiccional o del Poder Ejecutivo, en su caso, la conmutación, la reducción de pena o el sobreseimiento que procedan, sin perjuicio de que dichas autoridades actúen de oficio y sin detrimento de la obligación de reparar los daños y perjuicios legalmente exigibles.’
"En vista de lo anterior, es claro que el proceder del Juez de la causa infringió garantías individuales previstas en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado A, fracción X, segundo párrafo, constitucionales, por lo que se impone revocar la sentencia motivo del presente recurso y, en su lugar, conceder el amparo que se impetra, a fin de que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, deje insubsistente el acto reclamado y dicte otro siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución."
II. Criterio del entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al conocer del amparo en revisión 481/1997:
La ejecutoria en cita expresa que el quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución interlocutoria emitida el trece de mayo de mil novecientos noventa y siete, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en la que declaró improcedente el recurso de revocación que se interpuso en contra de la negativa de declarar extinguida la pena privativa de libertad impuesta al reo y de devolver la garantía otorgada para el disfrute de la condena condicional.
Los antecedentes que rigen el asunto de mérito son los que se exponen enseguida:
a. Por sentencia emitida el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis, se impuso al reo una condena consistente en seis meses de prisión y pago de dos días multa, equivalentes a cuarenta y cinco pesos con veinte centavos, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia; en dicha sentencia se concedió tanto el beneficio de la sustitución de la pena como el de la condena condicional, siendo este último al que se acogió.
b. El nueve de julio de mil novecientos noventa y siete, se declaró ejecutoriada la sentencia; y, por diverso auto del quince siguiente, se tuvo a la defensora de oficio exhibiendo el billete de depósito por la cantidad que se fijó para garantizar el pago de la condena condicional.
c. El veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, el condenado compareció ante el Juez responsable a solicitar que se decretara la extinción de la sanción que le impuso y la devolución de la garantía que fue exhibida para el disfrute de la condena condicional. A esta solicitud recayó un acuerdo en el sentido de acordar lo procedente una vez que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social informara si el condenado había cumplido con las obligaciones contraídas al momento de acogerse al citado beneficio de la condena condicional. Con motivo del oficio girado en términos de lo anterior, el jefe del Departamento de Presentaciones y Vigilancia de Entidades Federativas, comunicó al Juez responsable que el sentenciado nunca se dio de alta ni se reportó mensualmente ante la referida dirección, por lo cual se emitió un acuerdo en el que se negó la devolución de la garantía solicitada en virtud de no haber cumplido con las mencionadas obligaciones.
d. En contra de ese auto, el defensor de oficio interpuso recurso de revocación que, por resolución de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, se declaró improcedente y, en consecuencia, firme el auto impugnado, requiriéndose nuevamente al condenado para que diera cumplimiento a las prevenciones que se le formularan al momento de otorgarle el beneficio de la condena condicional y se le apercibió que de no dar cumplimiento se haría efectiva la sanción corporal impuesta y se revocaría el citado beneficio.
e. El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la resolución interlocutoria que declaró improcedente el recurso de revocación; amparo que se le concedió bajo la consideración de que a la fecha en que el sentenciado solicitó que se declarara extinguida la sanción impuesta ya habían transcurrido en exceso los seis meses que se le fijaron como sanción y, por ende, la autoridad responsable debió declarar extinguida la sanción impuesta.
Para arribar a la anterior conclusión, el Juez de protección constitucional atendió al artículo 101, así como al 113 y 90, fracción VII, del Código Penal Federal,(2) y determinó que de los preceptos aludidos se advierte que dentro del proceso penal entonces instruido al quejoso, prescribió la sanción impuesta, ya que transcurrió un término igual al de su duración, la que por ser una cuestión favorable, debió ser acordada de oficio por la responsable.
f. Inconforme con el sentido del fallo, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas interpuso recurso de revisión, y como único agravio señaló que el Juez de garantías omitió aplicar lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal Federal,(3) de manera que si el quejoso no cumplió con las obligaciones adquiridas con motivo de la condena condicional, no puede considerarse extinguida la pena de prisión impuesta, pues las sanciones que se encuentran suspendidas sólo se extinguen por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.
Ahora bien, el Tribunal Colegiado, al conocer de la revisión, consideró lo que a continuación se transcribe:
"Son fundados en lo esencial los conceptos de agravio hechos valer por el Juez Octavo de Distrito en el Estado según se pasa a demostrar:
"En efecto, el artículo 90, fracciones I, II y VII, del Código Penal Federal, en la parte que interesa, establece que para el otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional se deberá cumplir con las siguientes reglas: ‘I. El Juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece la fracción X de este artículo, suspenderán motivamadamente (sic) la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones: a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años; b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho punible y que la condena no se refiera a alguno de los delitos señalados en la fracción I del artículo 85 de este código, y c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir; II. Para gozar de este beneficio el sentenciado deberá: a) Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido; b) Obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia; c) Desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación lícitos; d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica; y e) Reparar el daño causado ... VII. Si durante el término de duración de la pena desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla.’
"Por su parte, el artículo 116 del mismo ordenamiento punitivo establece que las penas y medidas de seguridad se extinguen, con todos sus efectos, por el cumplimiento de aquéllas o de las sanciones por las que hubiesen sido sustituidas o conmutadas, asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.
"La interpretación de las disposiciones legales antes transcritas llevan a concluir que el beneficio de condena condicional está regido por tres momentos que se describen en las fracciones I, II y VII del artículo 90 del Código Penal Federal. El primero de ellos es el del otorgamiento del beneficio en donde el reo debe satisfacer ante el Juez los requisitos a que se refiere la fracción I; el segundo momento es el del disfrute de la suspensión de ejecución de la sanción, una vez que dicho beneficio ha sido concedido, durante el cual el reo debe comprobar al Juez del proceso estar cumpliendo momento a momento con los requisitos a que se refiere la fracción II del mismo ordenamiento; y el tercero se actualiza cuando el término que se fijó en la condena ha transcurrido cronológicamente, caso en el cual se extingue la sanción impuesta si el reo no incurrió en la comisión de un nuevo delito; sin embargo, la extinción de la pena a que se refiere esta fracción, no debe examinarse en forma aislada como indebidamente lo hizo el Juez Séptimo de Distrito, sino en armonía con lo que establece el segundo párrafo del artículo 116 en comento, al tenor del cual la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables; de lo que se sigue que la pena quedará extinguida únicamente si el reo demuestra haber dado cumplimiento a los requisitos que se le impusieron al otorgarle la suspensión de la sanción dentro del término mismo de la pena.
"Importa añadir que el citado artículo 90, fracción IV, establece incluso que la omisión de la diligencia formal en que se hagan saber al sentenciado sus obligaciones no impide aplicar lo dispuesto por el propio precepto; por lo que el ahora quejoso debió probar que desempeñaba un trabajo lícito durante el lapso de la condena condicional.
"En el caso concreto ... al ocurrir al Juez del proceso a recibir el beneficio de la condena condicional, fue apercibido por éste (foja 35), para que acreditara en el término de 30 días, tanto al Juzgado de Distrito como ante el director general de Prevención y Readaptación Social de México, Distrito Federal, que desempeñaba un empleo lícito, prevención a la que no dio cumplimiento, pues consta de autos que el jefe del Departamento de Prestaciones y Vigilancia de Entidades Federativas de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (foja 47) informó que el supradicho quejoso nunca se dio de alta ante aquella dirección, ni se reportó mensualmente por vía postal como era su obligación; ni lo hizo ante el juzgado de la causa, según consta en el auto de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y siete, dictado por el Juez responsable (foja 38), por lo que es obvio que no pudo haber operado la extinción de la pena ni de las sanciones por las que fue sustituida como incorrectamente apreció el Juez de amparo.
"En ese orden de ideas, es inconcuso que el criterio sustentado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado se apartó de lo dispuesto por las disposiciones legales antes transcritas pues, como ya se dijo, no es el simple transcurso del tiempo lo que extingue la sanción impuesta al sentenciado, sino además el cumplimiento fehaciente de los requisitos a que se refiere el artículo 90 del Código Penal Federal; al no haberlo considerado así, el órgano de control constitucional de primer grado, irriga los agravios de que se duele la autoridad responsable, los que deberán ser reparados revocando la sentencia impugnada y negando al quejoso."
De las anteriores consideraciones emergió la tesis aislada «XIX.1o.12 P», de rubro y texto siguientes:
"CONDENA CONDICIONAL. REQUISITOS PARA LA EXTINCIÓN DE LA PENA (LEGISLACIÓN PENAL FEDERAL). Una recta interpretación de los artículos 90, fracciones I, II y VII, y 116 del Código Penal Federal, llevan a concluir que el beneficio de la condena condicional está regido por tres momentos. El primero de ellos es el del otorgamiento del beneficio, en donde el reo debe satisfacer al Juez del proceso los requisitos a que se refiere la fracción I del artículo 90; el segundo momento es el del disfrute de la suspensión de la ejecución de la sanción, una vez que dicho beneficio ha sido concedido, durante el cual el reo debe comprobar al Juez estar cumpliendo momento a momento con los requisitos a que se refiere la fracción II del mismo ordenamiento; y el tercero se actualiza cuando el término que se fijó en la condena ha transcurrido cronológicamente, caso en el cual se extingue la sanción impuesta, si el reo no incurrió en la comisión de un nuevo delito. Sin embargo, la extinción de la pena a que se refiere la fracción VII no debe examinarse en forma aislada, sino en armonía con lo que establece el segundo párrafo del artículo 116 en comento, al tenor del cual la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables; de modo que la pena quedará extinguida únicamente si el reo demuestra haber dado cumplimiento a los requisitos que se le impusieron al otorgarle la suspensión de la sanción dentro del término mismo de la pena; de manera contraria, la pena no se extinguirá por el solo transcurso del tiempo."(4)
CUARTO. Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(5) puesto que dicho criterio ha sido interrumpido.
La forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
El discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la contradicción de tesis 36/2007-PL.(6)
Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(7)
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes, las cuales se detallaron en el considerando tercero de la resolución.
Segundo requisito: Razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un razonamiento con respecto a si para decretar la extinción de la pena de prisión, en el caso de un sentenciado que goza del beneficio de la condena condicional, el juzgador primario debe verificar si se cumplieron o no los requisitos que se prevén para su otorgamiento y, en su caso, hacer efectiva la condena respectiva, o bien, decretar la extinción de oficio, al constatar que ha transcurrido el término de la pena impuesta.
En efecto, los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica pues, en los supuestos que se sometieron a su consideración vía amparo en revisión, el acto impugnado lo constituyó la determinación de un Juez de Distrito que resolvió lo relativo a la declaratoria de la extinción de la pena privativa de libertad ante el supuesto de que ya había transcurrido en su totalidad el tiempo de duración de la pena, pero ante la circunstancia de que el condenado no había dado cumplimiento a las obligaciones que contrajo con motivo del beneficio de la condena condicional.
El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito consideró que con independencia de que el reo faltara a las obligaciones contraídas con motivo del beneficio de la condena condicional, ello no impide la declaratoria de extinción de la sanción una vez transcurrido el tiempo de duración de la pena (prescripción), puesto que la norma legal es categórica y no previene excepción alguna en ese sentido.
Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito arribó a la consideración de que no es el simple transcurso del tiempo lo que extingue la sanción impuesta al sentenciado, sino que debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 90 del Código Penal Federal, en relación con lo que prevé el segundo párrafo del numeral 116 del propio ordenamiento, de lo que se sigue que la pena quedará extinguida únicamente si el reo demuestra haber dado cumplimiento a los requisitos que se le impusieron al otorgarle la suspensión de la sanción dentro del t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23517-61ffef96/condena-condicional-la-pena-suspendida-por-su-otorgamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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