Corpus
Modo: Corpus Pro

ÁREAS Y REGIONES METROPOLITANAS EN EL ESTADO DE JALISCO. EL CONGRESO ESTATAL AL ESTAR FACULTADO PARA EMITIR ACTOS Y LEGISLAR A TRAVÉS DEL CÓDIGO URBANO PARA LA ENTIDAD RESPECTO DE ESA MATERIA, CON LA EXPEDICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN III, 10, FRACCIONES XLVII A XLIX, 11, FRACCIONES VI Y VII, 76 A 78, 89, FRACCIÓN IV, 97, FRACCIÓN V, 98, 100, 101, 138, 208, FRACCIÓN II Y 209, TODOS DE DICHO CÓDIGO, NO VULNERÓ LOS NUMERALES 14, 16, 27 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) DESARROLLO URBANO MUNICIPAL EN EL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIONES XIX Y XXII, 11, FRACCIÓN XVIII, 97, FRACCIÓN V, 98, 123, 138, 255, 262, FRACCIÓN IV, 282, 287, FRACCIONES I Y III, 288, 291, FRACCIÓN III, 292, 296, ÚLTIMO PÁRRAFO, 298, FRACCIÓN IV, 299, FRACCIÓN II, 300, FRACCIONES II Y V, 307, FRACCIÓN II, 308, FRACCIÓN III, 324, 327, 340 A 346, 357, TERCER PÁRRAFO Y 363, DEL CÓDIGO URBANO PARA LA ENTIDAD, QUE ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, DIVERSAS FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO LOCAL EN ESA MATERIA, LA FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS RELATIVOS, SU PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, ASÍ COMO DIVERSOS ASPECTOS GENERALES DE LAS FUNCIONES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES VINCULADOS CON EL DESARROLLO URBANO, NO IMPIDEN A LOS AYUNTAMIENTOS EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN QUE CONSTITUCIONALMENTE LES CORRESPONDE. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN. LOS ARTÍCULOS 76 A 78 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO, NO IMPONEN LA CREACIÓN DE UNA INSTANCIA DE COORDINACIÓN CON ESA DENOMINACIÓN, BAJO LA FIGURA DE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, AL QUE SE LE TENGA QUE OTORGAR PATRIMONIO, CON LA CONSECUENTE DISPOSICIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL, POR ENDE, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) PLANEACIÓN URBANA EN EL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 76 A 78 DEL CÓDIGO URBANO PARA LA ENTIDAD, AL PREVER, RESPECTIVAMENTE, LA EXISTENCIA DE UNA DEFINICIÓN LEGAL DE AQUEL CONCEPTO Y SUS FINALIDADES; LA OBLIGACIÓN DEL EJECUTIVO Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ESE ESTADO DE COORDINARSE INSTITUCIONALMENTE PARA ARTICULAR UN SISTEMA DE PLANEACIÓN URBANA ESTATAL Y DETERMINAR EL CONJUNTO DE PROGRAMAS Y PLANES QUE, ARTICULADOS ENTRE SÍ, CONFORMEN EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO, SE ENCUENTRAN AJUSTADOS AL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO. NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA, POR ENDE, LOS ARTÍCULOS 14, 15 Y 371 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO QUE ESTABLECEN SU EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO NO VULNERAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL TRATARSE DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, CUYA FINALIDAD RADICA EN AYUDAR OPERATIVAMENTE AL PODER EJECUTIVO LOCAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos)

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 157/2008. · Registro digital (IUS): 23564
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ESTADO DE JALISCO.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Pág. 103.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 157/2008. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ESTADO DE JALISCO. 8 DE MARZO DE 2011. ONCE VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO ALFREDO VILLEDA AYALA

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de marzo de dos mil once.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Promoción de controversia constitucional. Por escrito y anexos presentados el siete de noviembre de dos mil ocho ante la persona autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibidos por ésta el diez del mismo mes y año, Ricardo Alberto Anguiano Apodaca, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Estado de Jalisco, promovió demanda de controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas y actos combatidos:

1. Del Poder Legislativo del Estado de Jalisco: la aprobación y expedición del Decreto Número 22273/LVIII/08, por el cual se modifica el Decreto Número 22247/LVIII/08 que expide el Código Urbano para esa entidad el veintiocho de agosto de dos mil ocho.

2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco: el refrendo y publicación de la minuta del Decreto Número 22273/LVIII/08, por el cual se modifica el Decreto Número 22247/LVIII/08 que expide el Código Urbano para esa entidad el veintisiete de septiembre de dos mil ocho en el Tomo CCCLXI, número 27, sección II, del Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

SEGUNDO. Contenido de la demanda. En el escrito inicial de demanda, en síntesis, la parte actora manifestó:

1. Que el Poder Legislativo es incompetente para conocer y emitir actos que sean objeto de la materia de metrópolis o áreas o regiones metropolitanas por determinación expresa del Órgano Reformador de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Lo anterior, porque si bien el Órgano Reformador de la Constitución determinó primero que el Congreso Estatal tenía facultades para legislar sobre la materia referente a las áreas y regiones metropolitanas (publicación del primero de mayo de dos mil ocho), después, estableció que sólo tendría facultades para legislar y determinar áreas metropolitanas (sic) (publicación del tres de julio de dos mil ocho) y finalmente, que no tuviera las citadas facultades a partir del seis de julio de dos mil ocho, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional del 5 de julio de ese mismo año.

Por tanto, cualquier acto legislativo que tenga como objeto temas que estén relacionados con las metrópolis, áreas metropolitanas o regiones metropolitanas violentan los artículos 214 (sic) y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, los artículos 7, fracción III, 10, fracciones XLVII, XLVIII y XLIX, 11, fracciones VI y VII, del 53 al 78, 89, fracción IV, 97, fracción V, del 100 al 107, 138, 208, fracción II y 209, todos del Código Urbano para el Estado de Jalisco fueron emitidos sin competencia legal por parte del Poder Legislativo Estatal y, por tanto, vulneran la Constitución Federal.

2. Que los numerales 53 al 78, 103, 104, 105 y 106, del Código Urbano para el Estado de Jalisco son inconstitucionales, pues imponen la obligación ineludible a los Ayuntamientos de coordinarse con los pertenecientes a una misma área metropolitana, dejando a un lado las facultades municipales concedidas por el artículo 115 de la Constitución Federal de convenir y asociarse con otros Ayuntamientos o con el Estado en la forma y términos que decidan hacerlo.

Del texto normativo de los artículos combatidos se evidencian diversas violaciones constitucionales, pues se vulnera: (i) la facultad de auto-gobierno, (ii) se atropella la facultad de auto-organización administrativa, (iii) se restringe la atribución de libre administración del patrimonio municipal y (iv) se invade la esfera de competencia en materia de reglamentación municipal, en virtud de que debe quedar al arbitrio de los Ayuntamientos municipales la decisión de coordinarse con otros Ayuntamientos del Estado, así como determinar la forma, elementos y alcances de la misma, lo cual se ve restringido con la legislación local combatida.

El auto-gobierno municipal se violenta, ya que de manera imperativa se pretende que se ejerzan atribuciones constitucionales municipales para que el Ayuntamiento participe en una serie de entidades creadas por el Poder Legislativo Estatal, sin tomar en cuenta su voluntad. De esta manera, la legislación combatida prevé que las coordinaciones metropolitanas se realicen por medio de instancias, dentro de las cuales se encuentra la denominada de "coordinación política" y se establece su integración (presidentes municipales de los Ayuntamientos coordinados), lo cual, invade la esfera de atribuciones exclusivas del Municipio.

Asimismo, se aduce que la legislación combatida incide de forma inconstitucional en la facultad de auto-organización administrativa, ya que imperativamente se impone a los Ayuntamientos dentro de una misma área metropolitana, pertenecer a entidades o instancias de coordinación metropolitana que influyen en su desarrollo interno administrativo, respecto de las cuales, el Congreso Estatal se atribuye la competencia para emitir las reglas para su organización y funcionamiento, violentando con ello lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Federal.

Por otra parte, se estima que los artículos combatidos restringen la atribución de libre administración del patrimonio municipal, dado que se impone la obligación a los Ayuntamientos que conformen un área metropolitana de crear una instancia de coordinación denominada "Instituto Metropolitano de Planeación" bajo la figura de organismo público descentralizado, al cual se le tiene que otorgar patrimonio, mismo que pasará a ser de su propiedad, lo cual, es contrario a lo previsto en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, en virtud de que implica la disposición de la hacienda municipal sin su consentimiento.

En cuanto a la facultad reglamentaria municipal, se manifiesta que los artículos 53 al 78, 103, 105 y 106 del Código Urbano para el Estado de Jalisco violentan el artículo 115 de la Constitución Federal, ya que éste no dispone que las leyes que emitan los Congresos Estatales establecerán la organización y funcionamiento de instancias municipales de coordinación metropolitana, que coordinarán funciones municipales ni que las arcas municipales que correspondan al área metropolitana las sostendrán económicamente.

3. Que la facultad reglamentaria municipal no es concurrente ni puede someterse al hecho de que participe el Poder Legislativo Estatal. Así, de conceder validez a los artículos combatidos, se permitirá que el legislativo decida:

• Imponer criterios técnicos a la ubicación de inmuebles y establecer normas de diseño de los mismos por otra autoridad no municipal;

• Las comisiones edilicias, dependencias municipales competentes para elaborar programas municipales de desarrollo y en qué plazo éstas deben hacerlo;

• El procedimiento que rija en el seno del Ayuntamiento para aprobar planes parciales de desarrollo urbano;

• Cuántos días son suficientes para que una dependencia municipal revise y, en su caso, haga observaciones a proyectos completos de urbanización;

• La expedición de licencias de urbanización en 24 horas;

• Cómo se integrará el reglamento de construcción municipal;

• Cuánto tiempo lleva la revisión y dictamen de todos los proyectos de edificación que se lleguen a presentar, no más de diez días;

• Cuánto tiempo se lleva la revisión y dictamen de todos los certificados de habitabilidad que se lleguen a presentar, no más de diez días;

• Cuánto tiempo se lleva la revisión y dictamen de autorizaciones para enajenar predios o fincas con urbanización y edificación simultánea que se lleguen a presentar, no más de seis días;

• Cuánto tiempo se lleva la revisión y dictamen de la recepción de obras de urbanización que se lleguen a presentar, no más de 20 días;

• El procedimiento que rija en el seno del Ayuntamiento para realizar los actos tendientes a recibir obras de urbanización y en cuánto tiempo debe llevarse éste;

• Cuánto tiempo se lleva la revisión y dictamen de las solicitudes de subdivisión o relotificación que se lleguen a presentar, no más de 24 horas;

• Los requisitos de creación, funcionamiento e integración de organismos, asociaciones o entidades auxiliares del desarrollo de facultades municipales como lo son las acciones urbanísticas por asociación de interés público y las de objetivo social;

• Reglamentar la fijación, colocación, lugares, distancias, magnitudes, tamaño y otros elementos de los anuncios publicitarios; y,

•Cuánto tiempo se lleva la revisión y dictamen de las solicitudes de suspensión o modificación de licencias y los procedimientos de demolición que se lleguen a presentar, no más de 30 días incluido el de la audiencia a los terceros afectados.

En relación con lo anterior, la parte actora señala que se podrá alegar que las normas combatidas no pretenden tal intromisión, pero el hecho es que "regular" en el marco normativo mexicano sólo se puede traducir como la potestad para emitir reglamentos gubernativos y en materia municipal, es una atribución que sólo le está dada a los Ayuntamientos y no se ejerce de manera conjunta con algún otro ente o poder. De ahí que los alcances del Código Urbano combatido claramente rebasan el concepto de base general que la Constitución Federal le marca como límite legislativo, resultando con ello, ser contrario a lo previsto en el artículo 115 de la Norma Fundamental.

4. Que los artículos 14, 15 y 371 son violatorios de lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Federal porque disponen la existencia de una autoridad intermedia o superior jerárquico de los Ayuntamientos del Estado.

El otorgamiento de la facultad a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco para intervenir, por ejemplo, en la formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal o para requerir a las autoridades municipales la aplicación de medidas de seguridad establecidas en el ordenamiento combatido, implica la facultad de un órgano que no guarda relación de superioridad con respecto a un Ayuntamiento de obligarlo a realizar una competencia propia, lo cual se traduce en una invasión de facultades constitucionalmente reservadas al Municipio.

5. Que el procedimiento legislativo que dio origen al Decreto 22273/LVIII/08 por el que se modifica el diverso 22247/LVIII/08 que expide el Código Urbano para el Estado de Jalisco, violó el artículo 16 de la Norma Fundamental, ya que no cumplió con las formalidades de ley que se requieren para la formación de la legislación en el Estado de Jalisco.

Al respecto, la parte actora aduce que el Congreso Estatal pasó por alto obligaciones contenidas en la Constitución Local (artículo 59) (sic) y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo (artículos 164 y 168) al momento de confeccionar el decreto combatido, lo que se traduce en su invalidez.

Lo anterior, en virtud de que no se le dio la intervención en el proceso legislativo, contraviniendo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Local, en relación con los numerales 164 y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues a pesar de que existían iniciativas de ley promovidas por el Municipio actor a efecto de reformar la legislación de la materia que nos ocupa, respecto de las cuales el Ayuntamiento de Zapopan aprobó presentarlas ante el Congreso Local los días catorce de noviembre de dos mil dos y doce de septiembre de dos mil cinco, a éste no se le anunció el día en que las iniciativas de referencia y las reformas de ley que se combaten iban a ser discutidas por el legislativo.

Con independencia de lo anterior, se señala que el fin que persiguen las normas constitucional y orgánica aplicables al caso es que el proceso legislativo se desenvuelva como un auténtico diálogo en el que existe un ejercicio alternativo de facultades y razonamientos, de manera que los principios de motivación y fundamentación sean realizados en forma objetiva y razonable, reconocidos como un límite a la libertad de configuración de la legislación por parte del legislador, por lo que, al ser omiso el Congreso Estatal, no sólo de cumplir un precepto constitucional, sino de abrir al diálogo el procedimiento legislativo con uno de los actores primordiales en el acontecer municipal, como lo es un Ayuntamiento, propició serios vicios de inconstitucionalidad.

TERCERO. Turno y admisión de la controversia constitucional. Por auto de diez de noviembre de dos mil ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo al presente asunto al que le correspondió el número 157/2008, y por razón de turno designó como instructor al señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

Mediante acuerdo del día once del mismo mes y año, el Ministro instructor admitió la demanda; reconoció el carácter de demandados en la controversia constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, emplazándolos por el término de treinta días hábiles para que presentaran su contestación; y, se dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

CUARTO. Contestaciones a la demanda. En esencia, los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco, manifestaron en sus contestaciones a la demanda lo siguiente:

Poder Legislativo Estatal. Que es infundado el primer concepto de invalidez, en el que la parte actora aduce que el Poder Legislativo Local carece de facultades para legislar en materia de áreas y regiones metropolitanas y que las competencias legislativas sólo se pueden ejercer si se tiene atribución legalmente concedida, de lo cual carece el Congreso Local por determinación expresa del Órgano Reformador de la Constitución.

Lo anterior, en virtud de que lo que aduce el actor carece de sustento, puesto que el artículo 124 de la Constitución Federal no establece requisito o condición alguna para que su aplicación y observancia se haga efectiva en las entidades federativas. Sostener lo contrario equivaldría a supeditar el cumplimiento de la Ley Suprema a la reproducción de su contenido en las disposiciones expedidas por las entidades federativas.

En lo que se refiere al segundo concepto de invalidez, se señala que los artículos de los que se duele la actora están contenidos en el título cuarto denominado "De las áreas y regiones metropolitanas" del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el cual tiene como objeto fijar las bases generales para normar el procedimiento, organización y funcionamiento de la coordinación metropolitana, según lo previsto en los artículos 80, 81 Bis y 87 de la Norma Fundamental Local.

Es incorrecta la argumentación de la actora, pues como se aprecia de los artículos 57 y 58 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, los conceptos de área y región metropolitana son distintos del de conurbación establecido en el artículo 115 de la Constitución Federal y en la Ley General de Asentamientos Humanos; y que cuando se trate de dos o más centros situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas se estará a lo señalado en la fracción VI del artículo 115 de la Constitución Federal.

La actora interpreta de manera aislada el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal, toda vez que las figuras de áreas y regiones metropolitanas establecidas en los preceptos combatidos no hacen nugatoria la atribución del Ayuntamiento para asociarse, convenir o coordinarse con sus pares, pues lejos de impedirle que ejerza su atribución, instituye una nueva figura, la de coordinación metropolitana ampliándose con esto su ejercicio de atribuciones.

Dicho de otra manera, no se impide a los Ayuntamientos de la entidad que se asocien o lleven a cabo convenios con otros Ayuntamientos; además de que hay que tener presente lo referido respecto a la coordinación metropolitana en el dictamen de Decreto 22137/LVIII/08 que reformó la Constitución Política de Jalisco.

Lo antes expresado encuentra fundamento en los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las facultades de las Legislaturas Locales para la creación de normas en relación con la regulación legal de los Ayuntamientos. Y que, en su aspecto de validez, derivan de lo previsto en el artículo 124 de la Norma Fundamental, en ejercicio del cual, los Estados pueden conceder a los Municipios facultades o recursos distintos a los que expresamente les otorga la Normativa Fundamental Federal o ampliar el ámbito de los mismos sin que se contradiga el Texto Fundamental. Además de que se encuentra lo concerniente a las leyes en materia municipal, como la relativa a las bases generales, de aplicación general para que el Municipio celebre convenios con otros Municipios o con el Estado sobre la prestación de servicios públicos.

De igual manera, se estima que el Ayuntamiento actor pasa desapercibido lo ya definido acerca de las normas jurídicas del ámbito municipal en la controversia constitucional 14/2001.

En este tenor, se considera que el inciso c) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal le otorga facultades a las legislaturas para expedir normas relativas a la celebración de convenios a que se refieren las fracciones III y IV de dicha Norma Fundamental, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta misma Normativa Constitucional, por lo que resulta desacertado el señalamiento de que se le impone la obligación de coordinarse con los Municipios de una misma área metropolitana.

La coordinación metropolitana no coarta la voluntad del órgano de gobierno municipal, ya que la reforma combatida nació de la necesidad de crear una nueva realidad que permita a las instancias gubernamentales enfrentar con mayor determinación y perspectiva de largo plazo, de manera coordinada entre los órdenes de gobierno que concurran, la planeación del desarrollo y la mejor prestación de ciertos servicios públicos.

Las Legislaturas Estatales están facultadas para emitir no solamente las bases generales de la administración pública municipal, sino también para legislar, en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, concediendo a los Municipios facultades o recursos distintos a los que expresamente les otorga la Constitución Federal o ampliar el ámbito de los mismos, pero sin contradecir el texto de la Norma Fundamental.

No solamente es atribución de las legislaturas en atención a lo establecido en la fracción II del artículo 115 constitucional, emitir las bases generales necesarias para conferir una homogeneidad a los gobiernos municipales, sino también en términos de lo establecido por el artículo 124 constitucional.

Por otra parte, la actora señala que se vulnera el artículo 115 de la Constitución Federal por lo que hace a la instancia de carácter técnico constituida como organismo descentralizado denominado Instituto Metropolitano de Planeación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pues a su dicho, el patrimonio saldrá de su hacienda municipal. Al respecto, se señala que dicho instituto debe constituirse por los Ayuntamientos del área metropolitana correspondiente, porque no resulta ajeno a los Ayuntamientos que lo integran y porque surge del ejercicio de atribuciones que corresponden al Ayuntamiento, además de que debe advertirse que el manejo de la hacienda municipal no es ilimitado o absoluto, sino que su ejercicio tiene como norma el cumplimiento de la Constitución y de la ley, quedando en consecuencia sujeto a un orden normativo que atiende, entre otras cuestiones, a la prestación de ciertos servicios públicos, como actividad propia de la vida municipal y en ejercicio de facultades que constitucionalmente le corresponden.

En su tercer concepto de invalidez la parte actora no expone las razones por las cuales considera que los preceptos combatidos interfieren con la facultad reglamentaria del Municipio, ante lo cual, éste debe declararse inoperante.

Al respecto, además se señala que al actor pasan desapercibidas las facultades de las Legislaturas Estatales para establecer las bases generales de la administración pública municipal.

En su cuarto concepto de invalidez el actor señala que los numerales 14, 15 y 371 del Código Urbano establecen facultades que vulneran lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Federal, pues el otorgar licencias y permisos para construcciones, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales y formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, son competencia exclusiva de los Municipios. Asimismo, el actor aduce que se le otorga facultad a la Procuraduría de Desarrollo Urbano para requerir a las autoridades municipales la aplicación de medidas de seguridad, sin embargo, no le asiste razón al actor, dado que el objeto del Código Urbano es definir las normas que permitan dictar las medidas de seguridad necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas previsiones, usos y reservas, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 y las fracciones V y VI del artículo 115, ambos de la Constitución Federal.

La Procuraduría de Desarrollo Urbano de ninguna manera otorga licencias y permisos para construcciones, ni ejerce facultad alguna de los Ayuntamientos.

Con respecto a lo aducido por el actor en su quinto concepto de invalidez, se considera que no le asiste razón porque la notificación a los Ayuntamientos de la etapa de discusión en el proceso legislativo únicamente aplica en cuanto a sus iniciativas y no respecto a las iniciativas provenientes de otros sujetos, aun cuando las mismas versen sobre asuntos que sean de la competencia exclusiva del Municipio. Luego entonces, resulta inexacto lo que aduce el actor en el sentido de que el artículo 29 de la Constitución de Jalisco obligue a notificarles la discusión de todos los proyectos que se relacionen con asuntos de su competencia.

Poder Ejecutivo Local. Se señala que su intervención que se reclama en el acto cuya invalidez se reclama fue la de participar en el proceso legislativo, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 32 y 50, fracción I, de la Constitución de Jalisco que establecen que las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo; y que entre las facultades y obligaciones del gobernador se encuentra promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes; y en atención a dicha obligatoriedad, el gobernador del Estado dio autenticidad a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y la publicó en el órgano de difusión estatal por conducto de la Secretaría General de Gobierno, como lo dispone el artículo 30, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

QUINTO. Opinión del procurador general de la República. En síntesis, el procurador general de la República manifestó:

La fundamentación y motivación del decreto combatido se encuentra dada por los artículos 28, fracción I y 35, fracción I, de la Constitución de Jalisco.

El artículo 29 de la Constitución Local en ningún momento obliga al Poder Legislativo a notificar a los Ayuntamientos sobre la discusión de todos los proyectos de ley que se relacionen con su competencia, sino que tal hipótesis se surte únicamente cuando se vaya a discutir alguna iniciativa presentada por el Ayuntamiento, siempre y cuando haya nombrado algún orador para que participe en las discusiones que se lleven a cabo en el seno del Congreso Local. Así, si de las constancias de autos se desprende que la iniciativa del decreto combatido fue presentada por diputados integrantes de la Legislatura Local y no por el Municipio actor, de ahí que el Congreso cumplió con los requisitos que establecen las leyes que rigen el proceso legislativo.

En relación con el argumento de la parte actora mediante el cual aduce que el legislativo local carece de facultades para legislar en materia de áreas y regiones metropolitanas, éste es infundado, pues del artículo 35, fracciones I y XXXVI, de la Constitución Local, se desprende que el Congreso Estatal cuenta con facultades para legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, salvo aquellas concedidas al Congreso de la Unión.

De la lectura del artículo 81 de la Constitución de Jalisco se advierte que los Municipios se encuentran facultados para convenir, con el objeto de coordinarse o asociarse, entre ellos, para la prestación de los servicios públicos o para el mejor ejercicio de sus funciones, lo que pueden realizar con tantos o cuantos Municipios quieran hacerlo, se encuentren o no inmersos en un área declarada como metropolitana, lo que es acorde con el artículo 115 de la Constitución Federal.

En el caso concreto, a lo que sí obliga el Código Urbano Local es a que cuando el legislativo declare un área metropolitana, el Ejecutivo Local y los Municipios que la conformen, en el ámbito de sus competencias deberán convenir para planear y regular de manera conjunta y coordinada su desarrollo, así como para la más eficaz prestación de sus servicios.

De igual forma, cuando el Congreso declare a dos o más Municipios que por su cercanía geográfica tengan tendencias de crecimiento y relaciones socioeconómicas, como una "región metropolitana", el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos respectivos deberán convenir, en el ámbito de sus competencias, para planear y regular de manera conjunta y coordinada su desarrollo, con apego a las leyes de la materia, lo cual, tiene su fundamento constitucional en la fracción II del artículo 115 de la Ley Fundamental.

Las Legislaturas Locales se encuentran facultadas para emitir las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos. Luego, es claro que la Legislatura de Jalisco se encuentra facultada para establecer las bases generales de coordinación municipal, en el sentido de que los Municipios que se encuentren ubicados en una zona geográfica que por sus características urbanas tiendan a formar una continuidad demográfica entre éstos, deban planear en forma conjunta su desarrollo y la mejor prestación de los servicios.

Por tanto, contrario a lo señalado por el actor, los preceptos combatidos del Código Urbano Estatal no obligan a los Municipios a convenir para la prestación de los servicios públicos o para el mejor ejercicio de las funciones que les corresponden, pues únicamente los constriñe a convenir para planear y regular de manera conjunta y coordinada su desarrollo y para que la prestación de los servicios públicos se brinden de forma eficaz.

De la exposición de motivos del Código Urbano Estatal se advierte que se reconoce la complejidad actual de las ciudades metropolitanas, así como la necesidad de adecuar el marco normativo para eficientar la coordinación de los gobiernos que viven inmersos en esa realidad y dar paso a una visión de desarrollo metropolitano.

En tal virtud, tratándose de la prestación de los servicios públicos en forma conjunta entre los Municipios de una misma área metropolitana, sólo se podrá efectuar si los Municipios en comento previamente así lo convienen.

En consecuencia, es claro que si los numerales impugnados del Código Urbano Local no obligan a los Municipios a convenir en la prestación de los servicios públicos, ello trae como consecuencia que las haciendas municipales sólo deberán aportar dinero de sus arcas para la conformación de las instancias de coordinación metropolitana previstas en la Carta Local, sólo si, en uso de su facultad constitucional, los Ayuntamientos convienen con otros Municipios para la prestación conjunta de los servicios públicos que les corresponden, ya que derivado de tal convenio es que se podrán crear las instancias referidas, de ahí que tampoco resulte conculcada la fracción IV del numeral 115 de la Ley Fundamental que contiene el principio de libre administración hacendaria municipal.

El artículo 115, fracción V, de la Carta Magna, establece que los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Ahora bien, del texto de los numerales impugnados del Código Urbano no se desprende que a los Municipios se les vulnere dicha facultad. Asimismo, los preceptos combatidos no impiden la participación de los Municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; por lo que resulta infundado el planteamiento de la parte actora.

La Procuraduría de Desarrollo Urbano no tiene facultades para otorgar permisos para construcciones, ni mucho menos ejerce facultad alguna de los Ayuntamientos que conforman el Estado.

El código impugnado salvaguarda la competencia de los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23564-b364d622/areas-y-regiones-metropolitanas-en-el-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.