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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 288 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANCIAL EN EL CONTENIDO DE LA NORMA IMPUGNADA (ARTÍCULOS 81; 247, PÁRRAFO PRIMERO; 253, PÁRRAFO PRIMERO; 254; 284, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO; 306, PÁRRAFO PRIMERO Y 307, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 47, PÁRRAFO SEGUNDO Y 288 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LA NORMA GENERAL IMPUGNADA HA SIDO DEROGADA (ARTÍCULOS 83 Y 298, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). VII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS. VIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EN MATERIA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, DERIVADAS DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE AQUÉL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 10, FRACCIONES LIV, LV, LVI, LVII Y LVIII, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). IX. ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE PROYECTO U OBRAS, AL SER AUXILIARES TÉCNICOS EN LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES URBANÍSTICAS NO SON UNA AUTORIDAD INTERMEDIA (ARTÍCULO 10, FRACCIÓN LIV, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). X. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, AL EJERCERSE EN FORMA CONCURRENTE ENTRE LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS DEBEN EXPEDIRSE MEDIANTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN RESPECTIVO (ARTÍCULO 10, FRACCIÓN XXIX, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XI. ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. EL INSTITUTO JALISCIENSE DE VIVIENDA NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA PUES EJERCE ATRIBUCIONES DE COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y APOYO, SIN INTERRUMPIR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO EN TÉRMINOS DE LA DISTRIBUCIÓN ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE (ARTÍCULOS 188, PÁRRAFO PRIMERO, 195, PÁRRAFO PRIMERO Y 298, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XII. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE JALISCO. LAS NORMAS QUE REGULAN LAS ACCIONES TENDENTES A GARANTIZAR QUE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE DE LAS PERSONAS SE REALICEN EN CONDICIONES QUE SATISFAGAN LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, LA SEGURIDAD, EL LIBRE ACCESO, ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE CALIDAD APROPIADOS PARA TAL EFECTO, NO VULNERAN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 212 BIS DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XIII. DESARROLLO URBANO. EL PROGRAMA MUNICIPAL EN MATERIA DE VIVIENDA DEBE SER CONGRUENTE CON EL PROGRAMA ESTATAL EN ESA MATERIA (ARTÍCULO 255, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XIV. ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA QUE EL MUNICIPIO AUTORICE LOS PROYECTOS Y LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (ARTÍCULOS 286, PÁRRAFO PRIMERO Y 287, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 83/2015. · Registro digital (IUS): 28918
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-09
Promovente: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo I, Pág. 588.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 83/2015. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO. 8 DE MAYO DE 2018. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de ocho de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación y contenido de la demanda. Por escrito recibido el dieciocho de diciembre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Anna Bárbara Casillas García, quien se ostentó como síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional para demandar la invalidez de los actos que se mencionan a continuación:

"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio.

"1. Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a través de su mesa directiva integrada por los diputados presidente y secretarios de la misma, ...

"2. Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a través del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, del secretario general de Gobierno, del oficial mayor de Gobierno y del director de publicaciones y del Periódico Oficial El Estado de Jalisco. ..."

Las normas cuya invalidez se demanda en la presente controversia constitucional son los artículos 10, fracciones XXIX, LIV, LV, LVII, LVIII; 47, párrafo segundo; 81; 83; 188, primer párrafo; 195, primer párrafo; 212 Bis; 247, primer párrafo; 253, primer párrafo; 254; 255, primer párrafo; 284, apartado A, párrafo primero; 286, primer párrafo; 287, primer párrafo, fracción III; 288; 298, fracciones II y VII; 306, primer párrafo y 307, fracción II, todos del Código Urbano para el Estado de Jalisco, reformados mediante Decreto Número 25655/LX/15, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el cinco de noviembre de dos mil quince.

Como terceros interesados señaló a todos los Municipios del Estado de Jalisco, con excepción de Guadalajara.(1)

SEGUNDO.—Antecedentes. De la demanda y de las constancias que integran el expediente se advierten los antecedentes siguientes:

1. El once de septiembre, cuatro y veinte de noviembre de dos mil catorce; diecinueve de enero, cinco de marzo, trece de abril, uno de junio, dieciséis y veintitrés de julio de dos mil quince, se presentaron ante el Congreso del Estado de Jalisco diversas iniciativas de ley para reformar y adicionar artículos del Código Urbano para el Estado de Jalisco.(2)

2. El veintisiete de octubre de dos mil quince, la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado de Jalisco presentó el Dictamen LX/CDU/D035/2015, mediante el cual, se estudiaron las iniciativas de ley y decreto señaladas en el punto que antecede y propusieron reformas y adiciones de diversos numerales del código aludido.(3)

3. Del mismo modo, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco presentaron el veintinueve de octubre de dos mil quince, ante el Pleno de la Asamblea, el dictamen de Decreto 25655, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas porciones normativas del Código Urbano para esa entidad federativa.(4)

4. En sesión extraordinaria de veintinueve de octubre de dos mil quince, estando presentes treinta y cinco diputados, el Congreso del Estado de Jalisco discutió el contenido de los dictámenes referidos y aprobó la minuta de Decreto 25655 que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano y del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Jalisco.

5. Por oficio DPL-1555-LX-15, presentado en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco el treinta de octubre de dos mil quince, el Congreso de esa entidad federativa envío al titular del Poder Ejecutivo de dicho Estado, la minuta de Decreto 25655/LX/15, para su publicación.(5)

6. El cinco de noviembre de dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el Decreto 25655/LX/15 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco y del Código Penal de esa entidad federativa.(6)

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora hizo valer los conceptos de invalidez siguientes:

"... Primero. El proceso legislativo que deriva en la publicación y consecuentemente la entrada en vigor del Decreto Número 25655/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es omiso en cumplir lo preceptuado por la Constitución Federal en el artículo 115, fracción II, incisos a) y e), al no distinguir cuáles son las bases generales y cuáles las normas de aplicación supletoria por ausencia del reglamento municipal, por tanto, resulta evidente que la autonomía jurídica del Municipio queda afectada y deja en estado de incertidumbre jurídica (sic) a los Municipios de Jalisco. Lo anterior respecto del artículo 10, fracciones LIV, LV, LVII, LVIII y XXIX, 81 y 83.

"En principio los artículos citados de la reforma combatida, no cubren el mandato constitucional de la emisión de bases generales, ya que norma un aspecto de la vida municipal de forma homogénea sin determinar; primero, si estamos o no en presencia de una base general y, segundo, dada la naturaleza jurídica de lo normado, invade la competencia municipal a determinar una regla fija para todos los Municipios del Estado de Jalisco, en un aspecto que requiere por su fin, ser ponderada a la luz de las necesidades de cada Municipio.

"Si bien una base general municipal tienen como objeto incorporar el caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio, estas bases deben ser establecidas únicamente sobre aspectos que requieren uniformidad; así las cosas, respecto al fin que persiguen los artículos citados, debe estarse a las necesidades y requerimientos de cada entidad municipal, ya que se debe tener en cuenta, que en el Estado de Jalisco se tienen, por un lado, Municipios que requieren de una inversión considerable y continua de recursos, dado su altísimo índice de ocupación del suelo, que repercute en la intervención necesaria y obligada de la autoridad municipal para garantizar y otorgar los medios públicos de subsistencia idóneos o por lo menos los mejores posibles y, en contrapartida, comunidades municipales, que por su tamaño impacta más la posibilidad de generar desarrollo ordenado y económico el cual tiene como valor a tutelar (sic) la posibilidad de acceso a vivienda digna, lo anterior debe tener como consecuencia que ponga en un plano de desigualdad de (sic) los diversos Municipios de Jalisco, para el tratamiento que cada uno desea y deba dar a su desarrollo urbano específico y especial, derivado todo ello de su mayor o menor necesidad para sí estipulación (sic).

"Así las cosas, si bien la posibilidad de establecer un lineamiento legal que pueda ser utilizado por los Municipios a falta de una determinación autónoma respecto de sus propias necesidades y su particular crecimiento y alcances, el legislador local no fue atingente en mencionar la calidad de la norma que emitió a efecto de garantizar la seguridad jurídica de los Municipios respecto de la obligación legislativa de dar a conocer con certeza las bases generales en la materia y las normas que fungen como supletorias virtud (sic) a la falta de reglamentación municipal.

"En efecto, la reforma que aquí se combate hace imposible distinguir cuáles normas le son imperativas a los Municipios por constituir bases generales, cuya reglamentación es competencia del Estado y cuáles le resulta de aplicación supletoria.

"...

"Así las cosas, se da el caso del artículo 10, fracción LIV, en el que la reforma que aquí se combate hace imposible distinguir cuáles normas le son imperativas a los Municipios por constituir bases generales, cuya reglamentación es competencia de la Legislatura Estatal, y cuáles serán materia de reglamento municipal, el citado dispositivo señala:

"(Lo transcribe)

"En este caso la legislación urbana obliga al definir la conformación de (sic) Comisión Municipal de Directores Responsables a que en todos los Municipios están integrados colegios de arquitectos e ingenieros, o que los particulares que integran colegios de arquitectos e ingenieros en cada especialidad, tengan designado por lo menos a uno de sus miembros, para cubrir los 125 Municipios del Estado de Jalisco, por tanto, si en un Municipio en que no se logra cumplir con la integración por carecer de colegios o éstos no puedan o quieran hacerlo, por esa real imposibilidad se carecería de una entidad que la ley exige para su debido cumplimiento, lo cual lo hace sin sentido, dado que si se hubiera señalado por el legislador que la norma en estudio es susceptible de reglamentarse por los Municipios, omisión que contraría a la Constitución Federal, y debe tener por consecuencia su anulación.

"Además, como ya se dijo, una base general municipal tienen (sic) como objeto incorporar el caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio, esta bases deben ser establecidas únicamente sobre aspectos que requieren uniformidad, lo que en el caso de la fracción LIV del artículo 10, claramente se contrapone a la mencionada uniformidad, por lo que sólo queda adivinar si es posible que un Ayuntamiento que no cuenta con la presencia de colegios de arquitectos e ingenieros, pueda emitir un reglamento que disponga otro tipo de integración de su Comisión Municipal de Directores Responsables, en espera de que no se alegue que dicha integración es ilegal y sean combatidas sus determinaciones, todo originado, se insiste, por la omisión legislativa de señalar puntualmente qué normas son bases generales y cuáles son supletorias municipales.

"En lo relativo a la fracción XXIX del artículo 10, relativo a las atribuciones de los Municipios, se puede advertir con toda claridad que en su momento deberá declararse procedente la controversia constitucional planteada, dada la invasión a la esfera de competencia exclusiva del Municipio de Guadalajara, por parte del Estado, según lo establecido en la reforma publicada en el decreto multireferido, en específico, en la fracción XXIX del artículo 10 del Código Urbano, esto al obligar al Municipio para que en la elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación y revisión de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población (sic) y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano que se expidan para la utilización parcial o total de la reserva territorial y de las zonas sujetas a conservación ecológica y, en su caso, del patrimonio cultural, sea en forma coordinada con el Gobierno del Estado y conforme al convenio de coordinación. Lo que contraviene lo estipulado por la fracción I del artículo 80 de la Constitución Política del Estadio de Jalisco, así como el inciso a) de la fracción V del artículo 115 de nuestra Carta Magna, asimismo, esto resulta así, ya que el Gobierno del Estado, al tener injerencia operativa directa e impositiva en el otorgamiento de actos administrativos relacionados con el desarrollo urbano, lo cual es facultad exclusiva del Municipio Libre y soberano, la cual es plenamente ejercida por el Municipio de Guadalajara, a través de la aplicación de su ordenamiento jurídico especializado.

"De igual forma, se impugna la invalidez (sic) del artículo 81, que establece lo siguiente:

"(Lo transcribe)

"Quedó establecido en los capítulos relativos a la hermenéutica y a la concurrencia que el Municipio cuenta con facultades autónomas en materia de desarrollo urbano, sin embargo, en este numeral se le pretende obligar a consultar los planes de referencia, mismos que pretenden ser documentos de consulta obligada por los Municipios en el proceso de formulación, aprobación, aplicación y cumplimiento de los planes municipales de desarrollo urbano, con ello se pretende obligar al Municipio a observar lineamientos establecidos en dichos planes. Esta situación quebranta por completo el orden constitucional y las competencias concurrentes definidas por la ley. No se puede obligar a consultar este documento al Ayuntamiento, pues ello le impone la carga y lineamientos en una facultad que debe ejercer de forma autónoma. El Ayuntamiento es el único que puede definir qué documentos consultar y de qué forma inciden en la planeación urbana, lo que hace el Congreso del Estado al emitir esta disposición y atar el ejercicio de una atribución a lineamientos impuestos por el Gobierno Estatal y con ello una autoridad ajena estaría diseñando directa o indirectamente una atribución municipal.

"Por lo que ve al artículo 83 del ordenamiento en cita, señala lo siguiente:

"(Lo transcribe)

"En el párrafo segundo del numeral anterior se le da a la secretaría la facultad para emitir las recomendaciones que considere pertinentes, en caso de que considere que los planes y programas no tienen congruencia con los programas y planes de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico y territorial aplicables en el ámbito estatal, regional y municipal, esto a efecto de que sean revisados y, en su caso, modificados. Llama la atención que por una parte, la misma Secretaría mencionada que depende del Gobierno del Estado, sea la que emita un juicio de valor sobre la coincidencia de los planes, lo que de entrada le da una facultad calificadora de los planes de desarrollo urbano municipales fuera de orden, pues no está envestida (sic) de esta facultad. Por otra parte, se la da, además, la atribución para emitir recomendaciones sobre los planes, lo que en caso municipal (sic) es una transgresión a las facultades autónomas en materia de desarrollo urbano, mismas que en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley General de Asentamientos Humanos, es una facultad eminentemente municipal, la secretaría no puede modificar los planes o programas. Al darle facultades a la secretaría para modificar un plan parcial de urbanización y se violan las disposiciones y competencia reservadas por los artículos 115 y 27, más las que consideran una (sic) Estado Federal (sic) que supone la existencia de tres esferas de gobierno autónomas, es decir, el artículo 40 y 41 de la Constitución Federal.

"Segundo. El proceso legislativo que deriva en la publicación y, consecuentemente, la entrada en vigor del Decreto Número 25655/LX/15, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, permite advertir la invalidez del artículo 74 del código aludido respecto a lo siguiente: los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, deben quedar instalados durante el primer año y sesiona al menos bimestralmente, lo cual violenta la autonomía municipal para auto organizarse y, por tanto, transgrede lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, pues éste, en su esencia, establece:

"...

"Ahora bien, el artículo del cual se impugna su invalidez (sic) a través de esta vía sufrió las modificaciones que ilustran a continuación:

"(Se transcriben)

"Como se observa, el artículo reformado incluyó a su contenido el siguiente texto: ‘debiendo de quedar instalados durante el primer año de la administración municipal y sesionar al menos en forma bimestral’ que trae como consecuencia que los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, deban quedar instalados durante el primer año y sesionar al menos bimestralmente. Partiendo de ello, y haciendo reflexión de lo dispuesto en el artículo 115, fracción I, primer párrafo y fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal.

"(Lo transcribe)

"Se concluye que el Gobierno Municipal se ejerce con exclusividad por el Ayuntamiento y, asimismo, que queda prohibido (sic) la existencia de autoridad intermedia entre éste y el Estado, así como la posibilidad de que se celebren convenios entre los Municipios de un mismo Estado para la prestación de servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan y, además, la posibilidad de asociación entre Municipios de dos o más entidades federativas, previa aprobación de la Legislatura Local.

"Bajo ese tenor, nótese que el artículo del cual se impugna su invalidez (sic) (artículo 47 del Código Urbano del Estado de Jalisco) incide el contenido de lo dispuesto en el artículo 47, fracción III, de la Ley de Gobierno y la administración pública municipal de Guadalajara, ya que, al ser facultad exclusiva del presidente municipal como función ejecutiva la de ‘convocar al Ayuntamiento a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes y aquellas que por su naturaleza deban celebrarse con carácter de reservadas, de conformidad al propio ordenamiento local de la administración pública aludido’, inválido resulta que mediante ordenamiento diverso, se regule la organización y funcionamiento de un Municipio, cuando éste resultado se genera indudablemente de las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo convocadas por su propio titular, que además, su función se encuentra concedida a través de un ordenamiento local que estableció previo a la reforma del Código Urbano Estatal, las bases generales de organización para convocar el Ayuntamiento a sesión sin restricción alguna, lo que a su vez, conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se encuentran reguladas conforme al propio Texto Constitucional invocado en líneas anteriores, de ahí que si el Poder Constituyente hubiere querido que la organización y el funcionamiento interno de los Ayuntamientos, fuere regulado por las Legislaturas Locales, simplemente así hubiere dejado constancia expresa en el propio Texto Constitucional.

"No está por demás destacar que el Constituyente Permanente que reformó el artículo 115 constitucional para quedar en los términos en que actualmente se encuentra consignado, tuvo la intención de fortalecer el ámbito de competencia municipal y las facultades de sus órganos de gobierno. Por ello se delimitó el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales, lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio implique, de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí precisamente que se haya modificado en la fracción II del artículo 115 de la Constitución General de la República, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expidan su normatividad propia.

"Lo anterior está contenido en el punto 4.2 del dictamen de la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en los términos siguientes:

"(Lo transcribe)

"Bajo este esquema puede concluirse que la reforma llevada a cabo al artículo 47 del Código Urbano del Estado de Jalisco, transgrede la autonomía de la autoorganización para convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias libremente en los términos y condiciones que establezca el titular del Municipio, por lo cual deberá declararse la invalidez de dicho dispositivo y procedente la acción intentada.

"Tercero. En adición a lo anteriormente expuesto, la presente controversia constitucional resulta procedente atendiendo a que los preceptos legales que se combaten contravienen lo dispuesto por el artículo 115, fracciones I y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la Constitución), toda vez que la primera de las referidas fracciones claramente establece que la competencia otorgada a los Municipios debe ejercerse por el correspondiente Ayuntamiento de manera exclusiva, es decir, sin intervención de Gobierno del Estado o cualquier otra autoridad o tercero. Adicionalmente, la citada fracción dispone la no existencia de una autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado, es decir, la Constitución abunda al establecer en que la competencia de los Municipios es exclusiva, y no hay terceros que intervengan en su ejercicio.

"Por lo que violenta de manera evidente el artículo 115, fracciones I y V, de la Constitución Federal los numerales 188, 195 y 298 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, mismos que a continuación se citan a letra (sic):

"(Los transcribe)

"Para efecto de sustentar lo anterior, a continuación se transcribe el contenido de la fracción I del artículo 115 constitucional:

"(Se transcribe)

"Ahora bien, una vez analizado el contenido de la fracción I del artículo 115 de la Constitución es que resulta a todas luces absurdo e inconstitucional que el Código Urbano del Estado de Jalisco (el ‘Código Urbano’) requiera a los urbanizadores en caso de venta de lotes o contratos preparatorios como promesa de venta de precios o fincas u otros actos de enajenación que de manera previa cuenten con un dictamen del Instituto Jalisciense de la Vivienda que certifique la viabilidad jurídica, social, económica y urbanística del proyecto de que se trate, es decir, la Constitución es muy clara al establecer la no existencia de autoridades intermedias en el ejercicio de las funciones de los Municipios como es el caso del Instituto Jalisciense de la Vivienda respecto del Municipio de Guadalajara, situación que se reitera resulta claramente absurda e inconstitucional, así como lo determina el artículo 298, en su fracción II, del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

"Visto lo anterior, se reitera la evidente inconstitucionalidad del citado precepto, al requerir la intervención de una autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado, es decir, la intervención del Instituto Jalisciense de la Vivienda certificando la viabilidad jurídica, social, económica y urbanística del proyecto de que se trate mediante un dictamen.

"Asimismo, cabe mencionar que nos encontramos ante la intervención de una autoridad estatal como intermediaria para el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes o certificados relacionados con el desarrollo urbano, siendo esta facultad exclusiva del Municipio Libre y soberano de Guadalajara, tal cual como lo faculta nuestra Constitución.

"Ahora bien, resulta más evidente que la intervención de un organismo público descentralizado como es el caso del Instituto Jalisciense de la Vivienda, imposibilita a que el Municipio a través de su Ayuntamiento ejerza de manera exclusiva sus facultades, toda vez que dicho instituto aparece como una autoridad intermedia y, en consecuencia, nos encontramos ante una clara inconstitucionalidad.

"Por otro lado, el multicitado artículo 115, fracción V, de la Constitución establece de manera muy precisa, en sus incisos D) y F), como facultad exclusiva del Municipio el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones, así como la autorización, control y vigilancia en la utilización del suelo dentro de su competencia y en sus jurisdicciones territoriales, y es entonces que al establecer el artículo 298 del Código Urbano la existencia de un dictamen previo por parte del Instituto Jalisciense de la Vivienda para efecto de la emisión de una licencia de urbanización se viola de manera muy evidente la esfera jurídica del Municipio de Guadalajara y, en consecuencia, debe declararse como inconstitucional dicho precepto.

"Para efecto de sustentar lo anterior, la fracción V del artículo 115 de la Constitución establece lo siguiente:

"(Lo transcribe)

"El mencionado Instituto de Vivienda Estatal puede por sus fueros (sic), determinar negar el dictamen de certificación necesario para la puesta pública de una comercialización, con lo que se le otorgó una posición de supremacía frente al Municipio y al particular, al facultarlo con atribuciones de certificación, cuando la actividad de la autoridad municipal que se desarrolla, es de las exclusivas en materia municipal, como lo establece el artículo 115, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal transcrito con anterioridad, que el Municipio y sólo él autoriza, controla y vigila la utilización del suelo en su jurisdicción territorial.

"Lo anterior quiere decir que si una acción urbanística ya que está autorizada, y al encontrarse en la etapa del control y vigilancia de su construcción, resulta que otorgarle en ese momento una atribución a una entidad que no dependa del Municipio, equivale a crear una autoridad intermedia, ya que la atribución de certificar los planteamientos del artículo que se combate, lo hacen dotados de atribuciones de supra subordinación (sic) en relación a los particulares y por sus efectos impide que los actos administrativos municipales en la materia se cristalicen con el efecto que pretendía tanto el particular como la misma ley.

"Debe tenerse en cuenta que la facultad de certificación que se señala, no constituye una facultad de coordinación, concertación y apoyo, estas últimas las que están permitidas por la Constitución Federal, más aún, para el caso constituye una facultad o atribución que le permiten al Instituto de Vivienda Estatal, actuar de manera independiente, unilateral y con decisión, y que no es resultado o proviene de manera directa de los acuerdos o decisiones tomados por los diferentes niveles de gobierno dentro del ámbito de sus respectivas facultades, lo que hace que se configure la invalidez planteada por lo que habrá de resolverse fundado el presente concepto. Sirve de apoyo lo estudiado por esta Suprema Corte, que se estableció en las siguientes jurisprudencias.

"(Las transcribe)

"Cuarto. El proceso legislativo que deriva en la publicación y, consecuentemente, la entrada en vigor del Decreto Número 25655/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es omiso en cumplir lo preceptuado por la Constitución Federal en los artículos 14 y 16, al establecer normas que son contradictorias. Lo anterior en el artículo 212 Bis.

"Como esta Suprema Corte de Justicia podrá advertir, el Constituyente Federal y el Constituyente del Estado de Jalisco, al determinar como postulado sacramental la autonomía Municipal, es decir, dotan al Municipio de una facultad de libertad constitucional y de atribuciones exclusivas y excluyente de los diversos órganos de Gobierno o Poderes del Gobierno.

"Resaltando a que (sic) a la luz del artículo 115 de la Constitución Federal y particularmente en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los Constituyentes determinaron conceder a los Municipios por conducto de sus Ayuntamientos las siguientes atribuciones y facultades:

"(Los transcribe)

"En ese sentido el servicio público de tránsito municipal, así como la potestad de formular y aplicar programas de transporte público de pasajeros cuando afectan el ámbito territorial del Municipio siendo esta atribución una facultad exclusiva y excluyente de cualquier órgano de Gobierno como del Estatal o Federal.

"Sin embargo, el legislador del Estado, en el artículo 212 Bis del Código de Comercio (sic), estableció lo siguiente:

"(Lo transcribe)

"Es claro que el legislador del Estado –Congreso del Estado de Jalisco– establece en el decreto que ahora se impugna la validez, dota al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Movilidad de la atribución de estar encargada de la viabilidad y movilidad de los centros de población en donde se identifiquen puntos de conflictos del transporte público de pasajeros, dotándolo de la facultad de realizar acciones de urbanistas.

"Es indudable que el legislador del Estado de Jalisco, en el artículo que se busca la invalidez (sic) –212 Bis del Código Urbano del Estado de Jalisco– realiza una intromisión a las facultades y atribuciones del Municipio, en primer lugar, si partimos de la premisa que es un servicio público de transporte de pasajero (sic) es una facultad del Municipio de conformidad con lo establecido por los artículos 79 y 80 de la Constitución de Jalisco.

"...

"En este sentido resulta claro que el legislador del Estado, con la norma que se impugna su invalidez (sic) –212 Bis del Código Urbano del Estado de Jalisco– invade la autonomía del Municipio de Guadalajara, ya que invade en la esfera de la autonomía municipal la cual fue dotado por el Constituyente en el artículo 115, en su V fracción, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"(Lo transcribe)

"De tal manera que, como se advierte, es evidente la invasión de esfera competencial a los Municipios por lo establecido en el artículo 212 Bis, por tanto, es necesario que esta Suprema Corte de Justicia declare la invalidez de este numeral por ser contrario a los principios y fundamentos constitucionales, en razón de lo anteriormente expuesto.

"Quinto. Debe considerarse que la controversia constitucional es procedente, dado que los artículos 255, primer párrafo, 287, primer párrafo, fracción III y 307, primer párrafo, fracción II, contenidos en los capítulos (los transcribe), del Código Urbano del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto 25655/LX/15 publicado el pasado 5 de noviembre de 2015, contravienen los principios de supremacía y autonomía municipal que le otorgan a este Municipio los artículos 77, fracción II, inciso b) y 115, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Gobierno del Estado de Jalisco, al tener injerencia operativa, directa e impositiva al momento de emitir los numerales del referido código urbanístico invade las facultades de este Ayuntamiento de Guadalajara que establecen los reseñados dispositivos constitucionales y que se hacen consistir en los siguientes:

"1. La expedición de reglamentos y de disposiciones administrativas de observancia general.

"2. La regulación de los procedimientos, funcionamientos y servicios públicos materia y su competencia.

"3. La expedición de las disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción; y,

"4. La regulación de las materias, procedimientos, materia de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28918-9afc3930/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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