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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 247, 253, 254, 284, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL (ARTÍCULOS 7o., FRACCIÓN II; 81; 250, PÁRRAFO ÚLTIMO; 307, FRACCIÓN II, Y 352, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN XI, 47, PÁRRAFO SEGUNDO, 83 PÁRRAFO SEGUNDO, Y 298, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). V. ASENTAMIENTOS HUMANOS. BASE CONSTITUCIONAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS. VI. ASENTAMIENTOS HUMANOS. CONVENIOS ENTRE EL PODER EJECUTIVO LOCAL Y LOS MUNICIPIOS CON EL OBJETO DE QUE AQUÉL EJERZA ATRIBUCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO (ARTÍCULO 10, FRACCIONES XXIII Y XXIX, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). VII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EN MATERIA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, DERIVADAS DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE AQUÉL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 10, FRACCIONES LIV, LV, LVII Y LVIII, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). VIII. HACIENDA MUNICIPAL. NO SE VULNERA CON LAS ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EN MATERIA DE UTILIZACIÓN, AUTORIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE USO DE SUELO, NI CON LAS DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL PARA IMPONER CONTRIBUCIONES RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS (ARTÍCULO 10, FRACCIONES LIV, LV, LVI, LVII Y LVIII, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). IX. ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE PROYECTO U OBRAS, AL SER AUXILIARES TÉCNICOS EN LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES URBANÍSTICAS NO SON UNA AUTORIDAD INTERMEDIA [ARTÍCULOS 5o., FRACCIÓN XXIII; 10, FRACCIÓN LIV Y 352 (SALVO SU ÚLTIMO PÁRRAFO), DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO]. X. ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. LAS FUNCIONES QUE REALIZAN LOS CONSEJEROS REGIONALES EN ESA MATERIA SON CONGRUENTES CON EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN QUE DESARROLLA LAS FACULTADES CONCURRENTES EN LAS MATERIAS DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN URBANA EN TÉRMINOS DE LA DISTRIBUCIÓN ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE (ARTÍCULO 45 BIS DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XI. ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. EL INSTITUTO JALISCIENSE DE VIVIENDA NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA PUES EJERCE ATRIBUCIONES DE COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y APOYO, SIN INTERRUMPIR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO EN TÉRMINOS DE LA DISTRIBUCIÓN ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE (ARTÍCULOS 188, PÁRRAFO PRIMERO, 195, PÁRRAFO PRIMERO Y 298, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XII. ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. NO SE INVADEN AL ORDENARSE LA PUBLICACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, AL NO EXCLUIR CON ELLO SU PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS SEÑALADOS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL (ARTÍCULO 121, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XIII. ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. NO SE VULNERA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL CON LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ESTATAL DE ZONIFICACIÓN, AL ESPECIFICARSE QUE ÉSTE SERÁ EN EL RUBRO DE EDUCACIÓN Y ÚNICAMENTE POR AUSENCIA DEL REGLAMENTO QUE EXPIDA EL MUNICIPIO (ARTÍCULO 186, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XIV. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE JALISCO. LAS NORMAS QUE REGULAN LAS ACCIONES TENDENTES A GARANTIZAR QUE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE DE LAS PERSONAS SE REALICEN EN CONDICIONES QUE SATISFAGAN LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, LA SEGURIDAD, EL LIBRE ACCESO, ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE CALIDAD APROPIADOS PARA TAL EFECTO, NO VULNERAN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 212 BIS DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XV. DESARROLLO URBANO EN EL TERRITORIO NACIONAL. LA PLANEACIÓN Y REGULACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTARÁN A CARGO, DE MANERA CONCURRENTE, DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS, Y SE LLEVARÁN A CABO A TRAVÉS DE LOS PLANES NACIONAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y DE DESARROLLO URBANO, QUEDANDO SUJETOS A LO DISPUESTO EN ESA NORMATIVIDAD. XVI. DESARROLLO URBANO. EL PROGRAMA MUNICIPAL EN MATERIA DE VIVIENDA DEBE SER CONGRUENTE CON EL PROGRAMA ESTATAL EN ESA MATERIA (ARTÍCULO 255, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XVII. ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA QUE EL MUNICIPIO AUTORICE LOS PROYECTOS Y LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (ARTÍC

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2016. · Registro digital (IUS): 28920
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-09
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ESTADO DE JALISCO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo I, Pág. 748.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2016. MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ESTADO DE JALISCO. 8 DE MAYO DE 2018. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación y contenido de la demanda. Por escrito presentado en el Servicio Postal Mexicano el seis de enero de dos mil dieciséis, Juan David García Camarena, quien se ostentó como Síndico del Ayuntamiento San Pedro Tlaquepaque, en el Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional contra los Poderes y las normas que se precisan a continuación:

"II. Entidad, Poder u órgano demandado ... :

"1. El H. Congreso del Estado de Jalisco, ... .

"2. El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en su carácter de autoridad que promulgó la ley materia de la presente Controversia, ... .

"3. El director del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, ...

"IV. Norma General o acto cuya invalidez se demanda y medio en que se publicó:

"Decreto Número 25655/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco y Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el 5 de noviembre de 2015, en el Tomo CCCLXXXIII, número 42, sección IV.

"Particularmente, las disposiciones normativas del Código Urbano para el Estado de Jalisco, contenidas en los artículos 7o., fracción II; 5o., fracción XXIII; 10, fracciones XI, XIII, XXIX, LIV, LV, LVII, LVIII; 45 Bis, 47, 81, 83, 121, 186, 188, 195, 212 Bis, 247, 250, 253, 254, 255, 284, apartado A); 286, 287, fracción III; 298, párrafo 1 y fracciones II y VII; 306, 307, 352, y tercero y cuarto transitorios, a saber: ... ."

Como terceros interesados señaló a todos los Municipios del Estado de Jalisco, con excepción del de San Pedro Tlaquepaque.(1)

SEGUNDO.—Antecedentes. De la demanda y de las constancias que integran el expediente, se advierten los antecedentes siguientes:

1. El once de septiembre; cuatro, y veinte de noviembre todos de dos mil catorce; diecinueve de enero; cinco y veintisiete de marzo; dieciséis y veintitrés de julio de dos mil quince, se presentaron ante el Congreso del Estado de Jalisco iniciativas de ley para reformar y adicionar diversos artículos del Código Urbano para el Estado de Jalisco.(2)

2. El veintisiete de octubre de dos mil quince, la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado de Jalisco presentó el dictamen LX/CDU/D035/2015, mediante el cual se estudiaron las iniciativas de ley y decreto señaladas en el punto que antecede y propusieron reformas y adiciones de diversos artículos del Código Urbano para el Estado de Jalisco.(3)

3. Del mismo modo, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco, presentaron el veintinueve de octubre de dos mil quince, ante el Pleno de la Asamblea, el dictamen de Decreto 25655, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas porciones normativas del código urbano para esa entidad federativa.(4)

4. En sesión extraordinaria de veintinueve de octubre de dos mil quince, estando presentes treinta y cinco diputados, el Congreso del Estado de Jalisco discutió el contenido de los dictámenes referidos y aprobó la minuta de Decreto 25655 que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano y del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Jalisco.(5)

5. Por oficio DPL-1555-LX-15, presentado en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco el treinta de octubre de dos mil quince, el Congreso de esa entidad federativa envío al titular del Poder Ejecutivo de dicho Estado, la minuta de Decreto Número 25655/LX/15, para su publicación.(6)

6. El cinco de noviembre de dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el Decreto Número 25655/LX/15, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco.(7)

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Municipio actor hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

"VII. Conceptos de invalidez:

"1. El artículo 7o., fracción II, se impugna por las siguientes razones:

"En el dispositivo de referencia se le están dando facultades al Congreso del Estado de Jalisco para llevar a cabo un registro y control de las áreas de cesión para destinos que se aportan por los particulares y que se entregan al dominio municipal, lo que viola directamente el artículo 115 de la Constitución Federal, particularmente lo consagrado en la fracción IV que le reconoce la capacidad de administrar libremente su hacienda, sus bienes y en general su patrimonio. En este sentido, las áreas de cesión se integran al patrimonio municipal quien tiene a su cargo su capitulación, administración y control, siendo inadmisible la incidencia de la entidad federativa –vía uno de sus Poderes– en estos procedimientos, pues se trata de un Poder extraño que perturba un orden institucional establecido claramente por la Ley Suprema.

"Es claro que el dispositivo en comento establece una atribución de carácter inconstitucional al darle al Congreso del Estado capacidad de ejercer labores de verificación de las áreas de cesión que son patrimonio municipal y que están sujetas a la reglamentación que emite el propio gobierno municipal, donde este mismo controla y regula el uso y destino de las mismas. Es por ello que esta fracción va en contra de la Constitución y amerita ser declarada inconstitucional.

"2. El artículo 10, fracción XI, se impugna por las siguientes razones:

"Esta supuesta atribución, en realidad se trata de una nueva obligación al Municipio con el objeto de que éste realice estudios de impacto ambiental que formarán parte de los planes y programas de desarrollo urbano municipales. Ello representa sin duda una intromisión directa en la facultad autónoma que tiene la entidad municipal para regular el desarrollo urbano. Aunque pudiera valorarse que la ratio legis del dispositivo es benéfica, lo cierto es que su existencia como requisito esencial de los planes y programas municipales debe ser una decisión del propio Municipio por medio de los órganos deliberativos que la propia ley fundamental contempla. Más aún, la propia fracción V del artículo 115 constitucional y la Ley General de Asentamientos Humanos, así como, la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 80, dejan nítidamente establecida esta facultad autónoma para emitir los planes de desarrollo urbano a nivel municipal, es por ello que la entidad federativa no puede imponer una nueva carga que exceda los límites del régimen constitucional, por el contrario, en respeto a su autonomía, se debe de dejar libre al Ayuntamiento para que decida por sí establecer la forma, métodos, requisitos y puntos de evaluación en los planes y/o programas de desarrollo urbano municipal. Por este motivo consideramos que este dispositivo violenta abiertamente el orden constitucional y la autonomía municipal y, por ende, debe ser declarado inconstitucional por esta instancia.

"3. El artículo 10, fracción XIII, se impugna por las siguientes razones:

"En este apartado de la ley se le impone al Municipio la obligación de registrar ante la dependencia municipal de patrimonio las áreas de cesión, lo que constituye una violación al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico a las fracciones IV y V. En el primer caso en razón de que las áreas de sesión se integran al patrimonio municipal y es facultad autónoma del mismo administrarlas, registrarlas y cuidarlas, de igual forma cuenta con la facultad de reglamentar la forma y métodos, mediante el cual, estas se capitulan y administran. Por ello, es contrario al orden constitucional establecer un mecanismo de registro o una obligación a hacerlo por medio de un poder estatal, pues en todo caso es menester del Ayuntamiento decidir la existencia y forma en la que se registran las áreas de cesión. Ante esto es prudente declarar la inconstitucionalidad del dispositivo de mérito.

"4. El artículo 10, fracción XXIX, se impugna por las siguientes razones:

"La expedición de los Planes de Desarrollo urbano de (sic) centro de población, es una facultad exclusiva del Municipio y no se le puede obligar a coordinarse con el Estado, sino que esta (sic) una atribución autónoma del Municipio, con la única limitante de respetar el Plan Estatal en lo concerniente. Lo señalamos en el análisis hermenéutico de las facultades constitucional (sic) del Municipio en materia de desarrollo urbano. De acuerdo con la Carta Magna en su artículo 115, fracción V. (sic) en relación con la Ley General de Asentamiento (sic) Humanos, la planeación del desarrollo urbano municipal es una facultad autónoma del Municipio y que se ejerce por medio de sus reglamentos municipales, mismos que se emiten de forma soberana y donde establece la forma, métodos y mecanismos mediante los cuales se dará el desarrollo urbano, por ello una norma estatal no nos puede obligar a coordinarnos con el Gobierno del Estado en esta facultad, tendría que ser el Ayuntamiento el que decida establecer un mecanismo de coordinación con instancias exógenas y esto debe contenerse en una ordenanza municipal no en una ley. Amén de que la evaluación y emisión de Planes Municipales de Desarrollo urbano y de los parciales es una atribución que ejerce soberanamente el Municipio, por ello la norma estatal al establecer la incidencia directa del Estado en este procedimiento quebrante (sic) el orden constitucional.

"5. El artículo 10, fracciones LIV, LV, LVII, LVIII, se impugnan por las siguientes razones:

"Pareciera tener razón el maestro Elisur Arteaga Nava, cuando categóricamente señala que en materia municipal: ‘Todo tiende a la uniformidad. Se procura eliminar diferencias. Se teme innovar, disentir. Aunque existe una gama extensa de cuerpos normativos relacionados con los Municipios y que frecuentemente se encuentran variantes entre unos y otros, la verdad es que éstas obedecen más a la acción de los Poderes de los Estados que a la de los Municipios. El derecho municipal es heterónomo; es impuesto por entes ajenos a la comunidad. A esta injerencia se le ha llamado reforma municipal.’

"Concretamente las fracciones referidas, no cubren el mandato constitucional de la emisión de bases generales ya que norman aspectos que debieran ser exclusivos de la vida municipal de forma homogénea sin determinar; primero, si estamos o no en presencia de una base general y; segundo, dada la naturaleza jurídica de lo normado, si invade la competencia municipal al determinar una regla fija para todos los Municipios del Estado de Jalisco, en un aspecto que requiere por su fin, ser ponderada a la luz de las necesidades de cada Municipio. Si bien una base general municipal tienen (sic) como objeto incorporar el caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio, estas bases deben ser establecidas únicamente sobre aspectos que requieren uniformidad. Respecto al fin que persiguen los artículos citados, debe estarse a las necesidades y requerimientos de cada entidad municipal, ya que se debe tener en cuenta que en el Estado de Jalisco existen Municipios que requieren una inversión considerable y continua de recursos, dado su altísimo índice de ocupación del suelo, que repercute en la intervención necesaria y obligada de la autoridad municipal para garantizar y otorgar los medios públicos de subsistencia idóneos o por lo menos los mejores posibles, y en contrapartida hay también comunidades municipales, que por su tamaño impacta más la posibilidad de generar desarrollo ordenado y económico, el cual tiene como valor a tutelar la posibilidad de acceso a vivienda digna. Lo anterior debe tener como consecuencia que con la reforma impugnada, se ponga en un plano de desigualdad de los diversos Municipios de Jalisco, para el tratamiento que cada uno desee y considere necesario dar a su desarrollo urbano específico y especial, derivado todo ello de su mayor o menor necesidad para su estipulación.

"Si bien la posibilidad de establecer un lineamiento legal que pueda ser utilizado por los Municipios a falta de una determinación autónoma respecto de sus propias necesidades y su particular crecimiento y alcances, el legislador local no fue atingente en mencionar la calidad de la norma que emitió a efecto de garantizar la seguridad jurídica de los Municipios, respecto de la obligación legislativa de dar a conocer con certeza las bases generales en la materia y las normas que fungen como supletorias virtud a la falta de reglamentación municipal.

"En efecto, la reforma que aquí se combate hace imposible distinguir cuáles normas le son imperativas a los Municipios por constituir bases generales, cuya reglamentación es competencia del Estado, y cuáles le resultan de aplicación supletoria. ...

"Por lo que respecta a las fracciones LV, LVI y LVIII, encontramos que imponen cargas presupuestales para la hacienda municipal, así mismo, condicionan la libre administración del patrimonio del Municipio lo que genera una transgresión directa a lo señalado por el artículo 115 en sus fracciones I y II. En el caso de la primera de ellas considera al Municipio una esfera de gobierno derivada de su capacidad de manejar libremente su hacienda y patrimonio municipal. En la fracción II se establece claramente la capacidad del Ayuntamiento para administrar sus recursos y patrimonio, es por ello que el presente decreto al imponerle cargas al proceso de la administración de los recursos municipales, ya sea por medio de periodos a cumplir o partidas especiales para determinado rubro representan una trasgresión al orden constitucional. De igual forma, no es admisible imponer condicionantes externas al presupuesto municipal, pues a la luz de la Constitución Federal y de la particular del Estado de Jalisco el manejo del presupuesto, su discusión y consecuente aprobación es una facultad exclusiva del Ayuntamiento.

"6. Los artículos 5o., fracción XXIII; 10, fracción LIV, 250 y 352, se impugnan por las siguientes razones:

"En los referidos dispositivos impugnados, se establece la figura denominadas ‘Comisión Municipal de Directores Responsables’ la cual contiene los elementos de una ‘autoridad intermedia’ entre Estado y Municipios, y cuya existencia representa una carga para los Ayuntamientos pues no considera que en muchos de los Municipios del Estado de Jalisco no se cuenta ni siquiera con colegios de profesionistas organizados en las áreas que se describen, por ello se les puede dejar con la incapacidad de cumplir con la obligación. Evidenciándose por otro lado un exceso de parte del legislador que lesiona las facultades del Municipio descritas en el artículo 115, así como en la Ley General de Asentamientos Humanos, mismas que tienen que ver con su capacidad de reglamentar la materia de desarrollo urbano, en virtud de la cual sería el propio Municipio el que tendría que establecer las disposiciones particulares para la existencia y conformación de este tipo de consejos o comisiones y no puede el legislador trastocar la autonomía municipal al imponerle un órgano colegiado de esta índole. Por otra parte, es el propio ordenamiento municipal el que ya señala la forma y métodos en los que se designa al director responsable mismo (sic) que son aprobados por el Ayuntamiento e impuestos por el mismo. En este sentido el hecho de imponer la obligación para que los directores responsables estén integrados a este organismo violenta las facultades del Municipio y, por ende, debe ser declarado inconstitucional. Por tanto se violenta el orden constitucional impuesto por los artículos 40, 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley General de Asentamientos Humanos.

"7. El artículo 45 bis, se impugna por las siguientes razones:

"Cada Municipio, en ejercicio de su libertad, debe decidir asociarse o no para el cumplimiento de aquellas obligaciones para las cuales sea autónomo, sin que pueda obligársele desde las normas secundarias. En ese tenor, no es constitucionalmente dable imponerle la operación de un Consejo Consultivo de esta forma, pues debiera ser el propio Ayuntamiento que decidiera asociarse o no a un cuerpo de esta naturaleza. Por otra parte se establece en el párrafo primero queda establecido que se trata de un Consejo Regional-Consultivo del Ayuntamiento mismo que es impuesto por una autoridad estatal, en este caso el Congreso del Estado, sin que el Ayuntamiento diera su anuencia para su existencia. Al pretender imponer una autoridad ajena al organigrama municipal, encontramos que se violenta la autonomía que le obsequia el artículo 115 al ente municipal. Por otra parte la facultad reglamentaria reconocida por la fracción II del mismo numeral establece la capacidad de reglamentar los servicios y atribuciones que le son reconocidas por el propio Municipio por ello la operación, existencia y métodos de trabajo de un Consejo de esta naturaleza debe ser reglamentada por el Ayuntamiento no por una ley estatal.

"Por otra parte es prudente citar lo que establece el párrafo tercero del artículo 115 en su fracción III (cita textual): ...

"Como podemos darnos cuenta la capacidad de asociarse es del Municipio, quien en ejercicio autónomo de esta facultad debe decidir si asociarse o no con otros Municipios para constituir consejos o cuerpos colegiados de cualquier especie. En este sentido, el dispositivo en estudio representa la intromisión del órgano estatal en las facultades del Ayuntamiento y por lo mismo, trastoca el orden constitucional.

"8. El artículo 47 se impugna por las siguientes razones:

"Como podemos darnos cuenta el numeral en cita señala forma, tiempo y los periodos de las sesiones de una instancia que pretende integrar al Municipio, así como, su integración, comprometiendo la certidumbre de los Municipios para saber si pueden o no ejercer sus facultades reglamentarias que les otorga la Constitución Federal. Con lo cual se trastocan las facultades reglamentarias del Ayuntamiento en la materia. Por otra, (sic) parte también advertimos una incidencia del ente estatal legislativo en la planeación y cuidado del desarrollo urbano del Municipio, atribución que le corresponde en exclusiva.

"Como se observa, el artículo reformado incluyó a su contenido el siguiente texto; ‘debiendo de quedar instalados durante el primer año de la administración municipal y sesionar al menos en forma bimestral’ que trae como consecuencia que los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, deban quedar instalados durante el primer año y sesionar al menos bimestralmente. Partiendo de ello, y haciendo reflexión de lo dispuesto en el artículo 115, fracción I, primer párrafo, y fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal; ...

"Se concluye que el gobierno municipal se ejerce con exclusividad por el Ayuntamiento y, asimismo, que queda prohibido la existencia de autoridad intermedia entre éste y el Estado, así como la posibilidad de que se celebren convenios entre los Municipios de un mismo Estado para la prestación de servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan y, además, la posibilidad de asociación entre Municipios de dos o más entidades federativas, previa aprobación de la Legislatura Local.

"Bajo ese tenor, nótese que el artículo del cual se impugna su invalidez (artículo 47 del Código Urbano para el Estado de Jalisco) incide el contenido de lo dispuesto en el artículo 47, fracción III, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco), ya que al ser facultad exclusiva del presidente Municipal como función ejecutiva la de; convocar al Ayuntamiento a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, y aquellas que por su naturaleza deban celebrarse con carácter de reservadas, de conformidad al propio ordenamiento local de la administración pública aludido, inválido resulta que mediante un ordenamiento diverso, se regule la organización y funcionamiento de un Municipio, cuando éste resultado se genera indudablemente de las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo convocadas por su propio titular, que además, su función se encuentra concedida a través de un ordenamiento local que estableció previo a la reforma del código urbano estatal, las bases generales de organización para convocar al Ayuntamiento a sesión sin restricción alguna, lo que a su vez conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se encuentran reguladas conforme al propio texto constitucional invocado en líneas anteriores, de ahí que, si el Poder Constituyente hubiere querido que la organización y el funcionamiento interno de los Ayuntamientos, fuere regulado por las Legislaturas Locales, simplemente así hubiere dejado constancia expresa en el propio texto constitucional.

"No está por demás destacar que el Constituyente Permanente que reformó el artículo 115 constitucional para quedar en los términos en que actualmente se encuentra consignado, tuvo la intención de fortalecer el ámbito de competencia municipal y las facultades de sus órganos de gobierno. Por ello se delimitó el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales, lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio implique, de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí precisamente que se haya modificado en la fracción II del artículo 115 de la Constitución General de la República, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expidan su normatividad propia.

"Lo anterior está contenido en punto 4.2 del dictamen de la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en los términos siguientes:

"‘La intención de esta Comisión dictaminadora, consiste en fortalecer el ámbito de competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno. Por ello se propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de manera exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la fracción II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expidan sus reglamentos, otras disposiciones administrativas de orden general.’

"Bajo este esquema puede concluirse que la reforma llevada a cabo al artículo 47 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, transgrede la autonomía de la auto-organización municipal al delimitar la función propia que le es atribuida al presidente para convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias libremente en los términos y condiciones que establezca el titular del Municipio, por lo cual deberá de declararse la invalidez de dicho dispositivo y procedente la acción intentada.

"9. Los artículos 188, 195 y 298, se impugnan por las siguientes razones:

"Por lo que se refiere a los numerales en cita, resulta procedente aseverar –atendiendo a los preceptos legales que se combaten– que contravienen lo dispuesto por el artículo 115, fracciones I y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la primera de las referidas fracciones claramente establece que la competencia otorgada a los Municipios debe ejercerse por el correspondiente Ayuntamiento de manera exclusiva, es decir, sin intervención de Gobierno del Estado o cualquier otra autoridad o tercero. Adicionalmente, la citada fracción dispone la no existencia de una autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado, es decir, la Constitución abunda al establecer en que la competencia de los Municipios es exclusiva, y no hay terceros que intervengan en su ejercicio.

"Ahora bien, una vez analizado el contenido de la fracción I del artículo 115 de la Constitución, es que resulta a todas luces inconstitucional que el Código Urbano para el Estado de Jalisco requiera a los urbanizadores en caso de venta de lotes o contratos preparatorios como promesa de venta de precios o fincas u otros actos de enajenación que de manera previa cuenten con un dictamen del Instituto Jalisciense de la Vivienda que certifique la viabilidad jurídica, social, económica y urbanística del proyecto de que se trate, es decir, la Constitución es muy clara al establecer la no existencia de autoridades intermedias en el ejercicio de las funciones de los Municipios como es el caso del Instituto Jalisciense de la Vivienda respecto del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, situación que se reitera resulta claramente absurda e inconstitucional, así como lo determina el articulo 298 en su fracción II del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Visto lo anterior, ese reitera la evidente inconstitucionalidad del citado precepto al requerir la intervención de una autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado, es decir, la intervención del Instituto Jalisciense de la Vivienda certificando la viabilidad jurídica, social, económica y urbanística del proyecto de que se trate mediante un dictamen.

"Asimismo, cabe mencionar que nos encontramos ante la intervención de una autoridad estatal como intermediaria para el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes o certificados relacionados con el desarrollo urbano, siendo esta una facultad exclusiva del Municipio Libre de San Pedro Tlaquepaque, tal cual como lo faculta nuestra Constitución.

"Ahora bien, resulta más que evidente que la intervención de un organismo público descentralizado como es el caso del Instituto Jalisciense de la Vivienda, imposibilita a que el Municipio a través de su Ayuntamiento ejerza de manera exclusiva sus facultades, toda vez que dicho instituto aparece como una autoridad intermedia, y en consecuencia nos encontramos ante una clara inconstitucionalidad.

"Por otro lado, el multicitado artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal establece de manera muy precisa en sus incisos d) y f), como facultad exclusiva del Municipio el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones, así como la autorización, control y vigilancia en la utilización del suelo dentro de su competencia y en sus jurisdicciones territoriales, y es entonces que al establecer el artículo 298 del código urbano la existencia de un dictamen previo por parte del Instituto Jalisciense de la Vivienda, para efecto de la emisión de una licencia de urbanización se viola de manera muy evidente la esfera jurídica del Municipio. El mencionado instituto de vivienda estatal puede por sus fueros, determinar negar el dictamen de certificación necesaria para la puesta pública de una comercialización, con lo que se le otorgó una posición de supremacía frente al Municipio y al particular, al facultarlo con atribuciones de certificación, cuando la actividad de la autoridad municipal que se desarrolla, es de las exclusivas en materia municipal, como lo establece el artículo 115, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal transcrito con anterioridad, que el Municipio y sólo él autoriza, controla y vigila la utilización del suelo en su jurisdicción territorial.

"Lo anterior quiere decir, que si una acción urbanística ya está autorizada, y al encontrarse en la etapa del control y vigilancia de su construcción, resulta que otorgarle en ese momento una atribución a una entidad que no dependa del Municipio, equivale a crear una autoridad intermedia, ya que la atribución de certificar los planteamientos del artículo que se combate, lo hacen dotados de atribuciones de supra subordinación en relación a los particulares y por sus efectos impide que los actos administrativos municipales en la materia se cristalicen con el efecto que pretendía tanto el particular como la misma ley. Debe tenerse en cuenta que la facultad de certificación que se señala, no constituye una facultad de coordinación, concertación y apoyo, éstas últimas las que están permitidas por la Constitución Federal, más aún, para el caso constituye una facultad o atribución que le permiten al instituto de vivienda estatal, actuar de manera independiente, unilateral y con decisión, y que no es resultado o proviene de manera directa de los acuerdos o decisiones tomados por los diferentes niveles de gobierno dentro del ámbito de sus respectivas facultades, lo que hace que se configure la invalidez planteada por lo que habrá de resolverse fundado el presente concepto. Sirve de apoyo lo estudiado por esta Suprema Corte, que se estableció en las siguientes jurisprudencias: ... .

"10. El artículo 81, se impugna por las siguientes razones:

"El Municipio cuenta con facultades autónomas en materia de desarrollo urbano, sin embargo, en este numeral se le pretende obligar a consultar los planes de referencia, mismos que se disponen como documentos de consulta obligada por los Municipios en el proceso de formulación, aprobación, aplicación y cumplimiento de los planes municipales de desarrollo urbano, con ello se pretende obligar al Municipio a observar los lineamientos establecidos en dichos planes. Esta situación quebranta por completo el orden constitucional y las competencias concurrentes definidas por la ley. No se puede obligar a consultar este documento al Ayuntamiento, pues ello le impone carga y lineamientos en una facultad que debe ejercer de forma autónoma. El Ayuntamiento es la única autoridad que puede definir qué documentos consultar y de qué forma inciden en la planeación urbana, lo que hace el Congreso del Estado al emitir esta dis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28920-8017990a/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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