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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (ARTÍCULO 178, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE IMPUGNA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 10, FRACCIONES LIV, LV, LVII Y LVIII, 47, PÁRRAFO SEGUNDO, 78, 84, FRACCIÓN II, 121, PÁRRAFO ÚLTIMO, 133, PÁRRAFO PRIMERO, 140, FRACCIÓN II, 177, FRACCIÓN I, 178, PÁRRAFO TERCERO, 186, PÁRRAFO ÚLTIMO, 212, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN IV, 212 BIS, 236, 298, FRACCIÓN II, 356, 400, PÁRRAFO ÚLTIMO, Y CUARTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS Y HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULOS 47, PÁRRAFO SEGUNDO, 78, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN II, INCISO D), 84, FRACCIÓN II, Y 298, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO]. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO NÚMERO 25655/LX/15, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2015). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. FASES QUE LO COMPONEN. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. SUPUESTO EN EL QUE LA DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS NO ACTUALIZA SU VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO NÚMERO 25655/LX/15, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2015). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. EL REQUISITO DE REFRENDO DEL SECRETARIO DEL RAMO ES OBLIGATORIO RESPECTO DE LOS ACTOS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y NO DE LOS DEL CONGRESO DE LA ENTIDAD (VALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 25655/LX/15, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2015). VIII. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. ASPECTOS SUSTANCIALES QUE COMPRENDE LA REGULACIÓN DE SUS BASES GENERALES. IX. FACULTAD REGLAMENTARIA DE LOS MUNICIPIOS. PUEDEN EXPEDIR DOS TIPOS DE REGLAMENTOS, CUYA EXTENSIÓN NORMATIVA Y CAPACIDAD DE INNOVACIÓN ESTÁ LIMITADA AL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, Y LOS QUE REGULEN CON AUTONOMÍA ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA VIDA INTERNA MUNICIPAL, TANTO EN LO REFERENTE A SU ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA COMO SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS. X. FACULTAD REGLAMENTARIA DE LOS MUNICIPIOS. IMPOSIBILIDAD DE QUE A TRAVÉS DE ÉSTA SE MODIFIQUE O ALTERE EL CONTENIDO DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. XI. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE JALISCO. LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEL CÓDIGO URBANO PARA ESA ENTIDAD ESTABLECEN LAS BASES GENERALES PARA EL EJERCICIO HOMOGÉNEO DE LAS ATRIBUCIONES RESPECTIVAS TANTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO COMO DE LOS AYUNTAMIENTOS (ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN LIV, Y 121 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA SALVAGUARDA DE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE EL CUERPO LEGISLATIVO QUE EXPIDE LA LEY ESTÁ FACULTADO PARA ELLO Y ACTÚA DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LA CONSTITUCIÓN LE CONFIERE. XIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. BASES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS. XIV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LA ATRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS PARA CONFORMAR UNA COMISIÓN MUNICIPAL DE DIRECTORES RESPONSABLES DE PROYECTOS U OBRAS, INTEGRADA POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO (ARTÍCULO 10, FRACCIÓN LIV, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LA DISPOSICIÓN DE QUE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO TAMBIÉN DEBEN PUBLICARSE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, ADEMÁS DEL MEDIO OFICIAL QUE LOS AYUNTAMIENTOS CONSIDEREN CONVENIENTE, NO INCIDE EN LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DE LOS MUNICIPIOS EN LA MATERIA (ARTÍCULO 121, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XVI. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LA PREVISIÓN DE QUE TRATÁNDOSE DE OBRAS DEDICADAS A LA EDUCACIÓN, DEBEN OBSERVARSE, ENTRE OTROS, LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL REGLAMENTO ESTATAL DE ZONIFICACIÓN, NO VULNERA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL (ARTÍCULO 186 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XVII. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. DIFERENCIAS ENTRE EL DE TRÁNSITO Y EL DE TRANSPORTE (ARTÍCULO 212 BIS DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). XVIII. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS RESPECTIVOS ESTÁ SUPEDITADA A LO QUE DETERMINE EL GOBIERNO ESTATAL. XIX. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE JALISCO. LA NORMA QUE REGULA LAS ACCIONES TENDENTES A GARANTIZAR QUE LA MOVILIDA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 123/2015. · Registro digital (IUS): 28926
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-09
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA DE JALISCO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo I, Pág. 170.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 123/2015. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA DE JALISCO. 7 DE MAYO DE 2018. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de siete de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ismael del Toro Castro, María Elena De Anda Gutiérrez, María de Lourdes Martínez Pizano, Kehila Abigail Ku Escalante, Martha Villanueva Núñez, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Fela Patricia Pelayo López, María del Consuelo Robles Sierra, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Augusto Valencia López, Mario Hugo Castellanos Ibarra, Juan Carlos Anguiano Orozco, Héctor Alejandro Hermosillo González y Hugo Rodríguez Díaz, en su carácter de diputados de la Legislatura del Estado de Jalisco, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

• Congreso del Estado de Jalisco.

• Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

Norma general, cuya invalidez se reclama:

El Decreto Número 25655/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial local el cinco de noviembre de dos mil quince, en específico, los artículos 10, fracciones LIV, LV, LVII, LVIII, 47, segundo párrafo, 78, 84, fracción II, 121, último párrafo, 133, 140, fracción II, 177, fracción I, 178, 186, último párrafo, 212, primer párrafo, fracción IV, 212 Bis, 236, 298, fracción II, 356, 400, último párrafo, y cuarto transitorio.

SEGUNDO.—Los promoventes hicieron valer los siguientes conceptos de invalidez, que a continuación se transcriben:

"V. En cuanto a los conceptos de invalidez:

"Primero. El proceso legislativo que deriva en la publicación y consecuentemente la entrada en vigor del Decreto Número 25655/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es omiso en cumplir lo preceptuado por la Constitución Federal en los artículos 14 y 16, así como la propia del Estado de Jalisco en su artículo 46, al no haber sido firmado por el secretario de despacho a que el asunto corresponde como se aprecia de los documentos que integran las constancias de iniciativa, discusión, aprobación, refrendo, promulgación y publicación del decreto combatido, por lo que en estricto apego a la Constitución Local Jalisciense al omitirse las (sic) participación de los secretarios de despacho a que el asunto corresponde, la consecuencia es que no deba ser obedecida la reforma impugnada.

"En efecto el citado artículo 46 de la Constitución Local dispone:

"(Se transcribe)

"El artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que todas las disposiciones que el gobernador del Estado de esa entidad emita en uso de sus facultades, deberán estar firmadas por el secretario del despacho al que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidas, esto es, prevé el refrendo, mediante el cual se lleva a cabo la legalización de un documento por el servidor público facultado y obligado a ello, al plasmar su firma, con la finalidad de hacer constar que quien, a su vez, realizó la actuación legalizada, asentó su firma y es quien en realidad tiene la atribución legal de hacerlo en un momento determinado; esto es, cumple una función por la cual se autentica tal proceder, porque de esa manera se data de certeza jurídica a la disposición correspondiente, en el sentido de que quien la expidió contaba con el carácter para hacerlo y, de esa forma, podrá tener los efectos legales conducentes; de ahí la razón por la cual dicho refrendo emerge como un requisito de validez de la actuación respectiva, de lo contrario, se actualiza su falta de obediencia u obligatoriedad. Por tanto, si de dicho precepto se advierte que todas las disposiciones emitidas por el gobernador del Estado de Jalisco, sin exclusión alguna, deben firmarse por el secretario del despacho al que corresponda el asunto, es decir, la materia de éstas será el factor determinante para vincular y obligar a quien deba plasmar en el acto referido, con la finalidad de legalizarlo y, así, dotarlo de certeza jurídica, entonces, si el Decreto 25655/LX/15, carece del refrendo de los secretarios de los ramos que impacta la reforma al Código Urbano, entones (sic) no cumplió con ese requisito de validez y, conforme a la norma constitucional local, no debe ser obedecido. Lo que implica que deba declararse contraria a la Constitución Federal por carecer de un requisito de validez y violentar el derecho humano a la legalidad, por no cubrirse un requisito legal en su proceso de creación.

"Debe señalarse que para el caso del Decreto 25655/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, los secretarios del ramo a quienes el citado artículo 46 obligaba a firmar todas las disposiciones que el gobernador del Estado emitiera en su proceso legislativo, son los de las (sic) Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, los cuales según se desprende del artículo 9 Bis (sic) y 9 Ter, les compete el desarrollo de funciones y atribuciones en la materia del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Y como se desprende de las constancias de refrendo, promulgación y publicación de la reforma legal que, por este medio se combate, se dará cuenta que en ninguna de ellas, es visible que los secretarios de los ramos de infraestructura y obras públicas y de medio ambiente y desarrollo territorial, realizaron su función de legitimar con su firma, los actos de gobernador respecto a los señalados refrendo, promulgación y publicación.

"Segundo. El proceso legislativo que deriva en la publicación y, consecuentemente, la entrada en vigor del Decreto Número 25656/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es omiso en cumplir lo preceptuado por la Constitución Federal en los artículos 14 y 16, al no haber respetado el proceso legislativo para la discusión y aprobación de leyes, lo que representa un agravio al principio democrático de la representación popular. Lo anterior por haberse realizado el trámite legislativo con estrechamiento de términos sin que hubiera justificación de hecho que así lo la (sic) consecuencia se declare la invalidez de la reforma impugnada.

"...

"En el caso de la reforma combatida, con las constancias que se allegan del proceso legislativo se evidencia que no se cubren los requisitos que para el caso impuso este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2008, en efecto se probará en el sumario que el Poder Legislativo del Estado de Jalisco en la LX Legislatura, no demostró a) la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de la iniciativa de ley que culmino (sic) con la reforma al Código Urbano que aquí se combate; b) tampoco existe constancia de la relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generaron la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trata; y, c) que tal condición de urgencia evidenciara la necesidad de que se omitieran ciertos trámites parlamentarios, lo que se tradujo en afectación a principios o valores democráticos.

"En la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco para la ceración (sic) de leyes dispone:

"...

"Es el caso, que el dictamen para reformar el Código Urbano para el Estado de Jalisco, se presentó a primera lectura el día 29 de octubre de 2105 (sic), en la sesión 209, de la LX Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el trámite seguido; se presentó a primera lectura con el número 6.9, como se lee del acta de la sesión:

"...

"De lo anterior se desprende con claridad que el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, determina aprobar la dispensa del tramite (sic) para omitir el tramite (sic) legislativo ordinario respecto de que se diera una sesión intermedia entre lo de ese día que correspondía a primera lectura del dictamen 6.9 y la segunda lectura. Lo que si bien se cumple con el texto legal, pero se deja de lado el interés social ya que se evitó con la medida tomada, conocer la justificación de no dar las dos lecturas de ley, y sobre todo no se respeto (sic) el principio democrático que debe informar la labor legislativa, ya que resulta necesario que se expongan las razones que llevan a calificar un asunto como diferente para no ser sometido al tramite (sic) legislativo ordinario o común, las cuales no pueden considerarse como sustento del actuar de los legisladores si no contienen argumentos objetivos encaminados a reforzar la dispensa de trámites. Por lo que deberá de determinarse que el proceso legislativo violentó la Constitución Federal al no respetarse el principio democrático de discusión y conocimiento de asuntos públicos.

"Tercero. El proceso legislativo que deriva en la publicación y consecuentemente la entrada en vigor del Decreto Número 25655/LX/15, por lo que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es omiso en cumplir lo preceptuado por la Constitución Federal en el artículo 115, fracción II, incisos a) y e), al no distinguir cuáles son las bases generales y cuáles las normas de aplicación supletoria por ausencia de reglamento municipal, por tanto, resulta evidente que la autonomía jurídica del Municipio queda afectada y deja en estado de incertidumbre jurídica a los Municipios de Jalisco. Lo anterior respecto de los artículos 10, fracción LIV, 47, 121 y 212.

"En principio, los artículos citados de la reforma combatida, no cubren el mandato constitucional de la emisión de bases generales ya que norma un aspecto de la vida municipal de forma homogénea sin determinar; primero, si estamos o no en presencia de una base general, y; segundo, dada la naturaleza jurídica de lo normado, invade la competencia municipal al determinar una regla fija para todos los Municipios del Estado de Jalisco, en un aspecto que requiere por su fin, ser ponderada a la luz de las necesidades de cada Municipio.

"Si bien una base general municipal tienen (sic) como objeto incorporar el caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio, estas bases deben ser establecidas únicamente sobre aspectos que requieran uniformidad; así las cosas, respecto al fin que persiguen los artículos citados, debe estarse a las necesidades y requerimientos de cada entidad municipal, ya que se debe tener en cuenta, que en el Estado de Jalisco se tiene por un lado Municipios que requieren una inversión considerable y continua de recursos, dado su altísimo índice de ocupación del suelo, que repercute en la intervención necesaria y obligada de la autoridad municipal para garantizar y otorgar los medios públicos de subsistencia idóneos o por lo menos los mejores posibles, y en contra partida comunidades municipales, que por su tamaño impacta mas (sic) la posibilidad de generar desarrollo ordenado y económico el cual tiene como valor a tutelar la posibilidad de acceso a vivienda digna, lo anterior debe tener como consecuencia que ponga en un plano de desigualdad de los diversos Municipios de Jalisco, para el tratamiento que cada uno desea y deba dar a su desarrollo urbano especifico y especial, derivado de todo ello de su mayor o menor necesidad para si (sic) estipulación.

"Así las cosas, si bien la posibilidad de establecer un lineamiento legal que pueda ser utilizado por los Municipios a falta de una determinación autónoma respecto de sus propias necesidades y su particular crecimiento y alcances, el legislador local no fue atinente en mencionar la calidad de la norma que emitió a efecto de garantizar la seguridad jurídica de los Municipios respecto de la obligación legislativa de dar a conocer con certeza las bases generales en la materia y las normas que fungen como supletorias, en virtud a la falta de reglamentación municipal.

"En efecto, la reforma que aquí se combate hace imposible distinguir cuáles normas le son imperativas a los Municipios, por constituir bases generales, cuya reglamentación es competencia del Estado, y cuáles resultan de aplicación supletoria.

"...

"Así las cosas, se da el caso del artículo 10, fracción LIV, en el que la reforma que aquí se combate hace imposible distinguir cuáles normas le son imperativas a los Municipios por constituir bases generales, cuya reglamentación es competencia de la Legislatura Estatal, y cuales (sic) serán materia de reglamento municipal, el citado dispositivo señala.

"...

"En este caso la legislación urbana obliga al definir la conformación de la Comisión Municipal de Directores Responsables a que en todos los Municipios estén integrados colegios de arquitectos e ingenieros, o que los particulares que integran colegios de arquitectos e ingenieros en cada especialidad, tengan designado por lo menos a uno de sus miembros, para cubrir los 125 Municipios del Estado de Jalisco, por tanto, si en un Municipio en que no se logra cumplir con la integración por carecer de colegios o esto no pueden o quieran hacerlo, por esa real imposibilidad se carecería de una entidad que la ley exige para su debido cumplimiento, lo cual lo hace un sin sentido, dado que si se hubiera señalado por el legislador que la norma en estudio es susceptible de normada reglamentariamente por los Municipios, omisión que contraria la Constitución Federal, y debe tener por consecuencia su anulación.

"Además, como ya se dijo, una base general municipal tienen como objeto incorporar el caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio, estas bases deben ser establecidas únicamente sobre aspectos que requieran uniformidad, lo que en el caso de la fracción LIV del artículo 10, claramente se contrapone a la mencionada uniformidad, por lo que sólo queda adivinar si es posible que un Ayuntamiento que no cuenta con la presencia de colegios de arquitectos e ingenieros, pueda emitir un reglamento que disponga otro tipo de integración de su Comisión Municipal de Directores Responsables, en espera de que no se alegue que dicha integración es ilegal y sean combatidas sus determinaciones, todo originado, se insiste, por la omisión legislativa de señalar puntualmente que normas son bases generales y cuales son supletorias municipales.

"Mismo vicio de constitucionalidad adolece el segundo párrafo del artículo 47 de la reforma que se combate, ya que determina la periodicidad de las sesiones de una entidad municipal, haciendo nugatorio la primera parte del párrafo y comprometiendo la certidumbre de los Municipios para saber si pueden o no ejercer sus facultades reglamentarias que les otorga la Constitución Federal.

"...

"Por su parte, el artículo 121, no sólo impide conocer si es una base general o no, sino que contradice la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la cual permite que sean los Ayuntamientos que determinen vía reglamentos los métodos que más les convengan a cada entidad municipal para establecer de la forma y métodos en que se publican las determinaciones de los Ayuntamientos, mientras el citado artículo dispone:

"...

"Lo anterior implica que primero, no se sabe si es base general o norma supletoria; segundo, contradice la facultad reglamentaria municipal; tercero, genera incertidumbre legal sobre cual disposición normativa aplicar, lo que abre la posibilidad de que se combata la legalidad de los planes parciales de desarrollo por la inadecuada publicación.

"Por último, en el artículo 212, se imponen una serie de requisitos que habrá de cubrir el particular cuando un a (sic) acción urbanística presente impactos significativos, debe decirse que de nueva cuenta la omisión de señalar el legislador si está o no en presencia de una base general impide conocer el alcance y obligatoriedad que el dispositivo legal tiene, respecto de una autorización municipal, ya que la redacción de este dispositivo lo hace confuso, ambiguo e impreciso, y confiere un amplísimo margen de discrecionalidad para la actuación de la autoridad, al no definir qué tipo de impactos se refiere la norma, así las cosas, ¿Qué (sic) pasara cuando un Municipio determine reglamentar sobre esta cuestión y modifique el tipo y alcance de los requisitos de la legislación local?, se podrá decir que lo hizo en uso de facultad reglamentaria o que invadió la esfera competencial de (sic) legislativo estatal, al no respetar una base general. El artículo mencionado señala:

"...

"Debe resaltarse que la fracción IV, antes transcrita repite el mimo (sic) vicio de inconstitucionalidad planteado ya que el legislador vuelve a determinar lo ser mismo (sic) y plantea una formula municipal de aplicación, lo que genera la incertidumbre si un Municipio pude (sic) o no intervenir en reglamentar esa disposición ya que, por su naturaleza no cubre el requisito de homogeneidad de las bases generales en materia legislativa, al estar en presencia de una norma de detalle ya que no sólo regla el tema de garantizar obras de infraestructura, sino que dispone la época o vigencia de las garantías del caso, llegando a lo casuístico de la norma, de lo que deriva la pregunta ¿Será conveniente para las 125 entidades municipales esa época de vigencia?.

"Cuarto. El proceso legislativo que deriva en la publicación y, consecuentemente, la entrada en vigor del Decreto Número 25655/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es omiso en cumplir lo preceptuado por la Constitución Federal en el artículo 14, al no permitir el acceso irrestricto a la justicia, en específico respecto de los artículos 140 y 400.

"Según dispone la Ley de Justicia Administrativa, el afectado por un acto administrativo o normatividad municipal, puede concurrir a juicio a los treinta días de que conoce del acto de aplicación de la norma que le causa perjuicio, pues bien, la fracción II del artículo 140, contradice y limita la posibilidad de concurrir a un tribunal previamente establecido para que dirima sus derechos, contradiciéndose la Constitución Federal, el citado artículo dice:

"...

"Bastará que el Ayuntamiento revise y haga una modificación a sus programas o planes cada tres años o periodos menores a seis años, para pretender que son inatacables ante el Tribunal de lo Administrativo. Queda la pregunta ¿El hecho de que no hayan transcurrido seis años de vigencia, no puede provocar la nulidad del dato administrativo denominado Programa o Plan de Desarrollo Urbano?, lo anterior evidencia la posibilidad que un tribunal legalmente constituido determine no estudiar la propuesta de nulidad de un acto administrativo escudándose en el dispositivo legal en estudio, lo cual contraria el derecho humando (sic) de acceso a la justicia. Por lo que hace al artículo 400, éste dice:

"...

"La norma anterior, al establecer limitaciones a la resolución de dicho órgano jurisdiccional, podría afectar el acceso a la justicia, cuando existan situaciones de hecho que, de ser el caso, hagan inaplicables las disposiciones contenidas en los instrumentos de planeación urbana y generen que se declare su nulidad, lo que tendría como consecuencia una resolución prohibitiva al ejercicio de un derecho, ya que no podría la autoridad municipal emitir determinación alguna en caso de una resolución que declarase nulos los Programas y Planes de Desarrollo Urbano vigentes al no poder emitir, en casa a la nada, una nueva determinación, ya que se insiste el derecho positivo vigente (Planes y Programas de Desarrollo Urbano), no podría aplicarse al actor en juicio que hubiera obtenido una sentencia favorable respecto a la no aplicación de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano.

"Quinto. El proceso legislativo que deriva en la publicación y, consecuentemente, en la entrada en vigor del Decreto Número 25655/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es omiso en cumplir lo preceptuado por la Constitución Federal en los artículos 14 y 16, al establecer normas que son incongruentes entre sí y con el sistema normativo del desarrollo urbano, lo que hace que se vulnere el derecho humano a la certeza jurídica. Violación que se imputa a los artículos 78, 140, fracción II, 186, 236 y 356.

"El artículo 78 y las disposiciones correlativas, inciden en la regulación de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local ya establecidas en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su referencia. A efecto de garantizar su congruencia con los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano, se debe establecer con la misma categoría de programa o plan básico, no como plan de referencia. Y debería de ser materia de la citada ley y evitarse su inclusión en el Código Urbano. En lo que interesa dispone:

"...

"Las disposiciones de la ley general en materia de ecología reglamentaria de la Constitución Federal implican que:

"Los programas de ordenamiento ecológico local al tener por objeto ‘regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo ...’ (artículo 20 Bis 4, frac. II), están en la misma categoría de los planes básicos, como los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, que tienen por objeto regular, dentro de los centros de población, los usos del suelo; y los programas de ordenamiento ecológico local deben ser regulados en la ‘ley estatal ... en la materia’, esta es la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como se acepta en el artículo 113.

"Por ello, debe revisarse la reforma del artículo 78 y las disposiciones correlativas, para dejar la regulación de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su referencia. A efecto de garantizar su congruencia con los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano, se debe establecer con la misma categoría de programa o plan básico, no como plan de referencia. Al no respetar los marcos normativos infiere una violación al principio de certeza jurídica, ya que da un vuelco a l (sic) sistema regulativo y le otorga nuevas categorías que descontextualiza a la norma.

"Un caso más de la incongruencia legislativa es el caso del artículo 140, el cual dispone:

"...

"La vigencia o ‘antigüedad mayor a seis años’ está en contradicción con las disposiciones que obligan a revisar y, en su caso, modificar los planes cada tres años (94, párrafo cuarto, 144, párrafo segundo y 138). Bastará que el Ayuntamiento revise y haga una modificación a sus programas o planes cada tres años, para pretender que son inatacables ante el Tribunal de lo Administrativo.

"Otro caso mas (sic) de incongruencia se evidencia en el artículo 186, el cual al parecer es una base general para normar as (sic) obras dedicadas a la educación, y remite su regulación a una norma supletoria el Reglamento Estatal de Zonificación, que bien entendida la facultad reglamentaria municipal deberá entenderse que, de ser el caso de existir, se aplicara el reglamento municipal de zonificación o el que haga sus veces, pero de nueva cuenta es omiso el legislador y sólo menciona instrumentos normativos aplicables, sin dar pie a la supletoriedad expresa, la cual, en este caso se vuelve obligatoria al estar involucrado el particular que requiere conocer con exactitud que norma ha sido aplicada o le va ha (sic) aplicar, en virtud de que competencia legal, con lo que se destruye cualquier certeza, de que normatividad regula las obras dedicadas al rubro de educación el precepto dispone:

"...

"Por su parte el artículo 236, establece el concepto de ‘áreas de protección natural’; sin embargo, no está definido claramente en la norma, por lo que resulta imprecisa y confusa su aplicación, lo que podría dar pie a trabas innecesarias por parte de la autoridad, durante el proceso de aprobación o supervisión de acciones urbanísticas. Lo anterior al dispones (sic) una restricción que, por su indefinición se vuelve discrecional. El mencionado artículo dice:

"...

"Teniendo en cuenta que entregar áreas de cesión para destinos es una obligación al generar una acción urbanística, se le dice, esa restricción es materialmente discrecional, ya que bien se puede decir que las áreas de cesión a entregar son de las que se clasifican como de de (sic) protección natural, para rechazar e impedir la autorización de una acción urbanística, quedando sin defensa el particular ante la evidente incongruencia y falta de certeza de la reforma que se combate, al no existir de la definición normativa del concepto señalado.

"El artículo 356, instituye un consejo de orden estatal, pero creado por el Municipio o los Municipios (la redacción no es clara al respecto). Tal disposición, además de las dificultades conceptuales que implica, deviene en una invasión a la esfera de autonomía del Municipio, en lo que concierne a su potestad auto (sic) organizativa, y también contradice en toda forma el sistema de atribuciones municipales y estatales. El dispositivo señala:

"...

"Por lo que deberá invalidare (sic) la norma atacada al ser mas (sic) que notoria su contradicción con la Constitución Federal por violentar el derecho humano a la certeza jurídica debido a su absoluta incongruencia.

"Sexto. El proceso legislativo que deriva en la publicación y, consecuentemente, la entrada en vigor del Decreto Número 25655/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es omiso en cumplir lo preceptuado por la Constitución Federal en los artículos 14 y 16, al establecer normas que son contradictorias. Lo anterior los artículos 84, 177, fracción I y 178, fracciones II y III.

"Como ha (sic) de evidenciarse se violenta la certeza jurídica, ya que la reforma combatida contiene contradicciones en su mismo texto que no permite ni a la autoridad encargada de la aplicación, ni al particular a quien esta dirigida (sic) conocer cual hipótesis normativa le será aplicable y a la vez abre una oportunidad para que se de (sic) sin control alguno la discrecionalidad de la autoridad conforme su menor o mayor criterio o interés. Prueba de lo anterior se plasmó en el artículo 84, al siguiente tenor:

"...

"Así las cosas, la reforma de la fracción II incurre en una muy grave contradicción, pues por una parte, la fracción I establece que un programa o plan entrará en vigor (surtirá efectos legales) a partir de su publicación en el medio oficial de divulgación que corresponda; y la fracción II dispone que una vez inscritos en el Registro Público de la Propiedad, comenzarán a surtir efectos (entraran en vigor). La falta de certeza jurídica no requiere más que una lectura detenida del precepto vigente en ambas fracciones. Con lo que es más que evidente la falta de certeza jurídica legislativa, y debe acarrear la inconstitucionalidad de la norma combatida.

"Ahora analicemos los textos de los párrafos segundo y tercero de artículo 178 contradicen al artículo 177, fracción I, a efecto de determinar como (sic) las normas citadas contradictorias entre sí. Los preceptos en los que interesa señalan:

"...

"El párrafo segundo del artículo 178 dispone que las vialidades primarias sean tomadas en cuenta contra las áreas de cesión, y el párrafo tercero señala que los predios para obras de infraestructura básica (que incluye la vialidad primaria), serán tomadas a cuenta contra las áreas de cesión para destinos, esto contradice a la fracción I del artículo 177 ya que en los casos que precisan los párrafos segundo y tercero del artículo 178, si se pueden permutar los predios destinados a vialidades y la autoridad debe aceptar la aportación de esos predios, como áreas de cesión para destinos. Lo anterior de nueva cuenta abre la venta de la discrecionalidad de la autoridad que podrá, previa su mejor conveniencia e interés, determinar si acepta predios destinados a vialidades como áreas de cesión o las rechaza, sólo cambiando el fundamento legal que más le convenga. Lo que hace nugatorio el derecho a la certeza jurídica.

"Séptimo. El proceso legislativo que deriva en la publicación y, consecuentemente, la entrada en vigor del Decreto Número 26655/LX/15, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es omiso en cumplir con lo preceptuado por la Constitución Federal en los artículos 14 y 16, al establecer normas que son contradictorias de otras leyes y desconocen la naturaleza y efectos del acto administrativo. Lo anterior al análisis de los artículos 133, 140 y 400.

"Claro ejemplo de ello, el artículo 133 de la reforma combatida, que establece la posibilidad de que la autoridad municipal demuela obras a pesar de contar con la licencia autorización o permiso, cuando estime que contravienen los planes o programas aplicables, lo anterior en franca contradicción de los principios elementales del derecho administrativo y contrariando lo señalado en los artículo (sic) 14 y 19 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, los cuales disponen los alcances de los actos administrativos y los requisitos legales para que esos alcances puedan ser destruidos o nulificados. El texto que contraria a la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28926-ca76d151/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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