ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. PARA TENER POR ACREDITADA O NO LA FALSIFICACIÓN NOTORIA DE LA FIRMA ASENTADA EN EL TÍTULO, EL JUZGADOR DEBE EFECTUAR EL COTEJO DIRECTO DE LA OBJETADA CON LA REGISTRADA EN EL BANCO COMO AUTORIZADA. ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. AUNQUE LA FIRMA SEA NOTORIAMENTE FALSA, ES VÁLIDO QUE EL JUZGADOR TENGA POR LEGAL EL PAGO DEL CHEQUE, SI LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMANDADA DEMUESTRA MEDIANTE PRUEBA PERICIAL QUE DICHA FIRMA SÍ FUE PUESTA POR EL LIBRADOR DE LA CUENTA.
ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. PARA TENER POR ACREDITADA O NO LA FALSIFICACIÓN NOTORIA DE LA FIRMA ASENTADA EN EL TÍTULO, EL JUZGADOR DEBE EFECTUAR EL COTEJO DIRECTO DE LA OBJETADA CON LA REGISTRADA EN EL BANCO COMO AUTORIZADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 292/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El tribunal denunciante, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, resolvió, por mayoría de votos, el amparo directo **********, mediante ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil once. Para una mejor comprensión, es necesario conocer los antecedentes del juicio de amparo del que derivó ese recurso de revisión:
1. ********** y otra demandaron en la vía ordinaria mercantil de **********, la restitución del monto que indebidamente pagó en relación con ciertos cheques, entre otras prestaciones. El Juzgado Civil del Distrito Judicial de ********** determinó, en primera instancia, que la parte actora no probó su acción.
2. En el recurso de apelación interpuesto por los actores, la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla resolvió, el tres de enero de dos mil once, revocar la sentencia recurrida, y determinó que los actores probaron su acción, por lo que la demandada debía restituir el pago indebido de los cheques reclamados.
3. La institución bancaria demandada presentó demanda de amparo, de la que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito bajo el número **********.
Al resolver dicho juicio, el tribunal determinó amparar al banco quejoso con base en las siguientes consideraciones:
- De acuerdo con el artículo 1194 del Código de Comercio, el actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones. Por tanto, si la parte actora alegó en su demanda inicial que las firmas de los cheques reclamados eran falsificadas, debió demostrarlo con las pruebas idóneas correspondientes (pericial).
- Independientemente de que a simple vista se advirtieran notorias diferencias entre las firmas de los cheques y las hojas de registro correspondientes, esto no puede servir de base al juzgador para determinar que las firmas contenidas en los cheques no fueron puestas por los actores, ya que se necesita tener conocimientos especiales (con los que no cuenta el Juez). Por ende, se requiere el apoyo de peritos en grafoscopia y caligrafía para determinar si las firmas que aparecen en los cheques fueron puestas o no por la parte actora y que niega haberlo hecho.
- La falsedad o autenticidad de las firmas no debe determinarse por el simple cotejo que el juzgador personalmente pueda hacer, pues es necesaria la apreciación de una prueba pericial desahogada con ese propósito. El cotejo requiere de elementos científicos o técnicos que no pueden ser reemplazados con una confrontación a simple vista por el juzgador, dado que, aun cuando las diferencias fueren notorias a simple vista, existe la posibilidad de que correspondan a la misma persona (simulación).
- La simple apreciación que el juzgador pueda realizar no crea convicción de que el actor no haya sido quien realizó la firma objetada, pues eso tan sólo se puede determinar con elementos científicos o técnicos propios de una prueba pericial en grafoscopia y caligrafía.
- Por ende, si no hubo dictamen pericial, es en perjuicio de la parte actora, la que, al objetar las firmas que aparecen en los cheques, debió comprobar su dicho con esa prueba.
II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió los amparos directos **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********. A continuación, se hará un breve recuento de las consideraciones que este Tribunal Colegiado expuso en dichos amparos.
En relación con el amparo directo **********, es necesario narrar los siguientes antecedentes:
1. El doce de diciembre de dos mil, ********** y ********** demandaron de **********, la rescisión de un contrato de compraventa, entre otras prestaciones; del juicio conoció el Juez Tercero Civil de la ciudad de **********.
2. Al contestar la demanda, ********** expuso que el bien inmueble controvertido lo había vendido a **********, por lo que se ordenó llamarlo a juicio.
3. El dieciséis de abril de dos mil tres se dictó sentencia definitiva en la que determinó que los actores probaron su acción, por lo que condenó a la demandada a la rescisión del contrato de compraventa y a restituir el inmueble a los actores.
4. La demandada interpuso recurso de apelación que conoció la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de **********. El seis de octubre de dos mil tres resolvió confirmar la sentencia apelada.
5. La enjuiciada interpuso demanda de amparo, que se registró con el número ********** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
Al resolver dicho juicio, el tribunal resolvió sobreseer en parte y amparar para efectos, concesión que se fundó en las siguientes consideraciones:
- Los actores objetaron los recibos de pago presentados por la demandada en cuanto a su alcance y valor probatorio, afirmando que no fueron firmados por ellos; sin embargo, no ofrecieron prueba alguna para demostrar dicha objeción.
- Fue incorrecta la determinación de la Sala responsable, al confirmar la sentencia de primera instancia, en la que se estableció que existían notorias diferencias entre las firmas que aparecen en los recibos con las que calzan en el escrito inicial de demanda y el contrato fundatorio de la acción, sin necesidad de ofrecer la prueba pericial.
- De acuerdo con el artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de **********, le correspondía al actor probar los hechos constitutivos de sus acciones y al demandado los de sus excepciones. Además, cuando la negación de alguna de las partes envuelve la afirmación de un hecho, esto se debe demostrar conforme al artículo 265 del mismo código.
- Por tanto, no era suficiente que los actores hubieren negado la autoría de la firma de los recibos, sino que debieron ofrecer la prueba pericial que demostrara esa afirmación, dado que, independientemente de que a simple vista existan o no diferencias entre las firmas de los recibos y de las promociones en el juicio, ello no podía servir de base al juzgador para determinar que las firmas no fueron puestas por los demandantes.
En relación al amparo directo **********, es necesario narrar los siguientes antecedentes:
1. ********** demandó, en la vía sumaria civil, de la persona moral **********, la desocupación por terminación de contrato de arrendamiento y pago de rentas. La demandada hizo valer, y exhibió como parte de su defensa, que la actora había firmado un contrato locativo posterior al que era documento base de la acción de terminación de arrendamiento.
2. El tres de febrero de dos mil cuatro, el Juez Primero Civil de la ciudad de ********** declaró improcedente la acción sumaria civil dentro del expediente **********.
3. Inconformes con la determinación, las partes interpusieron sendos recursos de apelación que conoció la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; órgano que el treinta de septiembre del dos mil cuatro determinó modificar la sentencia recurrida, condenando a la actora al pago de los gastos y costas ocasionados por la tramitación del juicio de primera instancia, dejando intocados los demás puntos resolutivos de la sentencia de origen.
4. Inconforme con esa resolución, la actora promovió juicio de amparo directo, que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con el número **********.
Al resolver dicho juicio, el veinte de enero de dos mil cinco, el tribunal de amparo determinó sobreseer en parte y negar la protección federal; tal negativa se fundó en las siguientes consideraciones:
- La quejosa argumenta que no es correcta la determinación de la Sala en cuanto a que: sólo a través de la prueba pericial grafoscópica se podían apreciar las diferencias de las firmas y no así por el tribunal. Pues la quejosa estima que el juzgador está facultado para examinar hechos notorios, como lo son las firmas que no coinciden a simple vista.
- De acuerdo con los artículos 263 y 265 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de ********** abrogado,(4) si la quejosa objetó la falsedad del contrato de arrendamiento posterior exhibido por la demandada, debió demostrar la falsedad de dicho documento. El tribunal se sustentó en la jurisprudencia: "DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. NECESIDAD DE PROBAR LA OBJECIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."(5)
- Asimismo, al no demostrarse la falsedad de dicho contrato, éste tiene valor probatorio, conforme al artículo 427 de la citada ley abrogada.(6) El tribunal sustentó su argumento en la jurisprudencia: "DOCUMENTOS PRIVADOS, TIENEN VALOR PROBATORIO SI LA PARTE A QUIEN SE ATRIBUYEN LOS OBJETA EN SU AUTENTICIDAD Y NO DEMUESTRA LA OBJECIÓN."(7)
- De esta manera, resulta correcta la determinación de la Sala, puesto que la falsificación de la firma sólo puede ser determinada por un perito grafóscopo, con conocimientos especiales en la materia, independientemente de que exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas; esta situación no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas. El tribunal invocó la tesis: "FIRMAS CONTENIDAS EN DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN UN JUICIO. LA PARTE QUE LAS OBJETA NEGANDO HABERLAS PUESTO DEBE OFRECER LA PRUEBA PERICIAL PARA ACREDITAR SU OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."(8)
- Además, en el caso, sí se desahogó la pericial ofrecida por la demandada, cuyo perito determinó que la actora firmó el contrato de arrendamiento de fecha posterior; prueba que era suficiente para acreditar la celebración de ese acto.
En relación al amparo directo **********, es necesario narrar los siguientes antecedentes:
1. **********, en su carácter de endosatario en procuración de **********, demandó, en la vía ejecutiva mercantil, de ********** el pago derivado de dos pagarés y sus accesorios.
2. En su contestación, la demandada hizo valer la excepción perentoria de pago, argumentando que se le entregó un recibo firmado. Para demostrar su autenticidad, la demandada ofreció la prueba testimonial.
3. El actor, por su parte, ofreció la pericial, con la cual demostró que la firma del recibo es ajena al del beneficiario de los pagarés.
4. El once de marzo de dos mil once, el Juez Sexto de Distrito del Estado de ********** resolvió en única instancia el juicio ejecutivo mercantil **********, y condenó a la demandada **********, al pago de las prestaciones reclamadas.
5. Inconforme con esa resolución, la demandada promovió juicio de amparo directo, que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con el número **********.
Al resolver dicho juicio, el siete de julio de dos mil once, el tribunal de amparo determinó negar la protección federal, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
- La quejosa argumenta que no se debió declarar infundada la excepción perentoria de pago que opuso, puesto que la fundó en el recibo de pago suscrito por **********, al que se le debió conceder pleno valor probatorio, porque, no obstante que el actor lo objetó, no lo hizo conforme a la ley, ni lo probó.
- Sin embargo, tal conclusión es incorrecta, porque no se demostró dicha excepción pues, por un lado, conforme al artículo 1194 del Código de Comercio: el que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. Por otro lado, los hechos negativos que envuelven la afirmación de un hecho deben ser demostrados.
- Por tanto, si el actor objetó el recibo argumentando que no lo había firmado, al envolver dicha negativa la afirmación de que la firma que contiene el recibo no fue puesta de su puño y letra, debía demostrarlo con las pruebas idóneas correspondientes (como en el caso aconteció), conforme al artículo 1195 del Código de Comercio.(9)
- En el caso concreto, la actora ofreció una pericial, en la que se concluye que la firma es falsa, a la cual, el Juez de Distrito le concedió pleno valor probatorio en términos del artículo 1301 del Código de Comercio.(10) El tribunal sustentó su argumento con la tesis: "FIRMAS CONTENIDAS EN DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN UN JUICIO. LA PARTE QUE LAS OBJETA NEGANDO HABERLAS PUESTO DEBE OFRECER LA PRUEBA PERICIAL PARA ACREDITAR SU OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."(11)
En semejantes términos sustanciales resolvió el amparo directo **********, el diecinueve de junio de dos mil ocho, destacando que el juicio de origen de ese amparo también consistió en un proceso ejecutivo mercantil, derivado del cobro de pagarés, en el que el demandado pretendió probar el pago respectivo mediante la exhibición de un recibo, cuya firma fue objetada por el actor, quien no acreditó mediante prueba pericial que no era autor de la rúbrica del recibo, dado que, habiendo ofrecido la prueba pericial respectiva, no la desahogó. Se sobreseyó en parte y se negó la protección federal solicitada por el actor.
Respecto al amparo directo **********, es necesario narrar los siguientes antecedentes:
1. ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil de **********, el pago derivado de tres pagarés y sus accesorios.
2. En el juicio se admitió como prueba del demandado un recibo de pago.
3. La parte demandada opuso la excepción de falsificación del contenido y firma del tercer pagaré, la de alteración, la de pago parcial o quita y la de falsedad de los hechos de la demanda, entre otras.
4. Por otro lado, el actor interpuso incidente de objeción del recibo de pago, el cual fue declarado infundado por el Juez Segundo de lo Civil de la ciudad de **********.
5. El nueve de julio de dos mil siete, el mismo Juez de origen condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas.
6. Inconforme con esa resolución, el demandado interpuso recurso de apelación, que correspondió conocer a la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de **********. La Sala del conocimiento confirmó la resolución de primera instancia, al dictar sentencia el doce de junio de dos mil ocho.
7. Inconforme con esa resolución, el demandado promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, expediente **********.
Al resolver dicho juicio, el veintitrés de octubre de dos mil ocho, el tribunal de amparo determinó negar la protección federal, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
- Conforme al artículo 1194 del Código de Comercio "El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción, y el reo sus excepciones.". Mientras que el artículo 1195 de la citada ley dispone que: "El que niega no está obligado a probar, sino en el caso de que su negación envuelva afirmación expresa de un hecho."
- Por tanto, si el demandado negó haber firmado uno de los tres pagarés, al envolver dicha negativa la afirmación de que la firma fue falsificada, debió haberlo demostrado con las pruebas idóneas correspondientes, en este caso, una pericial. El Tribunal Colegiado se sustentó en la siguiente tesis: "FIRMAS CONTENIDAS EN DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN UN JUICIO. LA PARTE QUE LAS OBJETA NEGANDO HABERLAS PUESTO DEBE OFRECER LA PRUEBA PERICIAL PARA ACREDITAR SU OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."(12)
En los mismos términos, resolvió los amparos directos ********** y **********, el once de diciembre de dos mil seis y el quince de febrero de dos mil ocho, respectivamente. Sin embargo, en el primero de los amparos, el Tribunal Colegiado se basó en los artículos 263 y 265 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de ********** abrogado, de aplicación supletoria al Código de Comercio, los cuales establecen que "El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones." y "El que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelve la afirmación expresa de un hecho."
Como se puede observar, tanto los artículos 1194 y 1195 del Código de Comercio, como los preceptos anteriores, tienen el mismo contenido normativo.
Destaca que el juicio ********** derivó de un juicio ejecutivo mercantil, en el que la demandada negó haber firmado el pagaré base de la acción, resultando condenada al pago del título y accesorios, dado que no acreditó mediante prueba pericial que no era suya la firma del pagaré, y hay peritaje de su contraria en el sentido de que la firma era auténtica. En el amparo promovido por esa enjuiciada, se sobreseyó en parte y se negó la protección federal solicitada, bajo la consideración de que, independientemente de que las firmas que aparecen en el título fundatorio de la acción sean notoriamente diferentes a simple vista, esta situación no puede servir de base al juzgador para determinar si las firmas contenidas en los documentos fueron o no puestas por la parte a quien se le imputan, puesto que para ello se requiere de conocimientos especiales con los que no cuentan los Jueces, siendo necesario el auxilio de peritos en grafoscopia y caligrafía, para poder determinar si las firmas cuestionadas fueron o no puestas por la parte a quien se le imputan y niega haberlas hecho.
En el amparo directo **********, destaca que el juicio deriva de un proceso ejecutivo mercantil en el que se reclamó el importe de dos pagarés; la demandada negó haber firmado los pagarés, pero resultó condenada al pago. En el amparo promovido por la enjuiciada, el Tribunal Colegiado negó la protección federal, bajo la consideración de que se necesitaba el auxilio de un especialista para determinar si las firmas son falsas, ya que no se puede determinar tal cuestión a simple vista.
III. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió los amparos directos **********, **********, **********, ********** y **********. A continuación, se hará un breve recuento de las consideraciones que este Tribunal Colegiado expuso en dichos amparos.
En relación al amparo directo **********, es necesario narrar los siguientes antecedentes:
1. ********** demandó en la vía ordinaria mercantil de **********, la nulidad absoluta de un cheque, por haber sido pagado indebidamente (la firma del cheque era notoriamente falsa) con cargo a la cuenta de la actora, así como otras prestaciones.
2. La parte demandada solicitó que se le llamara a juicio a **********, quien expuso que carecía de legitimación pasiva para ser llamada a juicio, pues las alegaciones de la actora están dirigidas a la demandada.
3. El once de febrero de dos mil ocho, el Juez Décimo Civil del ********** condenó a la demandada al pago de la cantidad reclamada más sus accesorios y la absolvió respecto a la nulidad reclamada.
4. Inconforme con la determinación, la demandada interpuso recurso de apelación, correspondiente al toca ********** del índice de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del **********, quien confirmó la sentencia de primera instancia y condenó a la apelante al pago de costas en ambas instancias.
5. La demandada interpuso amparo directo, el cual fue registrado como ********** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Al resolver dicho amparo, el tribunal determinó negar el amparo solicitado, con base en las siguientes consideraciones:
- La quejosa argumenta que las firmas que se utilizaron para cotejar y realizar el pago del título de crédito no son notoriamente distintas, pues existen más semejanzas que diferencias entre ellas. Sin embargo, esto es incorrecto.
- El artículo 194, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que el librador puede objetar el pago realizado de un cheque cuando: (a) la alteración o falsificación son notorias; o, (b) se extravíe el esqueleto o talonario y se da aviso oportuno.
- En el caso, la objeción de pago se sustentó en el supuesto de "alteración o falsificación notorias", y este hecho se debe demostrar. Esto se determina con la apreciación a simple vista de las diferencias entre las firmas, y que produzcan la duda razonable de que no son las mismas, sin importar que haya similitudes entre éstas; tan sólo se necesita que alguno de los rasgos no coincida y que se considere suficiente para determinar una diferencia sustancial. En este supuesto, el empleado del banco no debe realizar el pago del cheque o adoptar otras medidas de seguridad que le den elementos suficientes para determinar que la firma sí fue puesta por el librador.
- El requisito de notoriedad no se debe entender en sentido gramatical de "notorio", ya que su connotación está dirigida a cierta clase de sujetos, integrantes de la relación jurídica, generada por el libramiento del cheque; como por ejemplo, los empleados de las instituciones bancarias, encargados del pago de esos documentos.
- La Ley de Instituciones de Crédito cuenta con disposiciones tendentes a proteger a los usuarios de servicios y actividades bancarias frente a las instituciones de crédito (artículos 77, 91 y 115), entre las que se encuentra la obligación de estas instituciones de contar con personal preparado en beneficio de los usuarios. Por ello, se exige a los empelados o factores de las instituciones de crédito, contar con determinados conocimientos que les permitan apreciar las firmas asentadas en los cheques, ya que su labor implica proporcionar fondos del librador al tenedor del cheque.
- Se debe entender por notoriedad (establecido en el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), el término medio entre los siguientes dos extremos: (a) cuando la falsificación de la firma es tan burda que cualquiera puede advertirla; y, (b) cuando la falsificación tan sólo puede ser detectada por un especialista (perito en grafología).
- Los empleados bancarios cuentan con ilustración, destreza y habilidad para el ejercicio de sus funciones. Por un lado, sus tareas cotidianas les dan experiencia práctica y, por otro, cuentan con cierta preparación que obtienen de los programas de capacitación, proporcionados por las instituciones de crédito. Por ello, se entiende por firma notoriamente falsa en un cheque, la que pueden advertir estas personas, quienes se encuentran en el término medio.
- Para determinar la falsificación notoria de la firma en un cheque, no se debe hacer una cuenta aritmética entre las similitudes y diferencias (para ponderar si son más unas que otras). Más bien, se deben apreciar en conjunto los signos integrantes de las firmas para establecer si son iguales. La diferencia puede hallarse en un solo rasgo, pero puede ser suficiente para estimar razonablemente que es una falsificación notoria.
- La notoriedad no es lo público y sabido por todos (cuando la falsificación de la firma es tan burda que cualquiera puede advertirla). Lo claro y evidente no debe ser aquello que advierta cualquier persona.
- La claridad y la evidencia sobre la autenticidad o falsedad de las firmas en un cheque deben ser percibidos por una clase especial de personas, es decir, los empleados o factores de la institución bancaria encargados de recibir cheques para su pago.
- Este tribunal sustentó su criterio en la tesis aislada de la Sala Auxiliar de este Alto Tribunal, de la Quinta Época, que lleva por rubro: "CHEQUES, FALSIFICACIÓN DE LAS FIRMAS EN LOS."(13)
- Como se advierte, la firma del cheque base de la pretensión es notoriamente distinta a la registrada en la institución bancaria, al menos en cuatro elementos objetivos que el tribunal detalló.
- La Sala responsable no estaba obligada a precisar, además de las diferencias, las similitudes, y hacer una ponderación de ambas, o considerar que de conformidad con los dictámenes periciales se trataba de una falsificación por imitación sino, únicamente, advertir su desigualdad.
- Por otro lado, la culpa del librador no exime de responsabilidad al banco, cuando la alteración del cheque o la firma del librador son notorias. El primer párrafo del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que la objeción del pago hecho por el librado no puede hacerse valer si el librador ha dado lugar a la alteración en la cantidad del cheque o la falsificación de la firma. Sin embargo, el segundo párrafo del mismo precepto establece que la institución de crédito no se encuentra liberada de responsabilidad, independientemente de que haya culpa del librador, cuando la alteración del cheque o la firma en él contenidas sean notorias.
En los mismos términos sustanciales resolvió los amparos directos **********, **********, ********** y **********, los cuales derivaron de juicios en los que la litis se centró en la objeción de pago de cheques por indebida tramitación ante la falsificación o alteración notoria de la firma.
Además, con base en lo resuelto en los anteriores juicios, así como en el amparo directo ********** (el cual se sintetizó en párrafos anteriores), el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió la tesis de jurisprudencia: "FIRMA EN EL CHEQUE. CONCEPTO DE FALSIFICACIÓN NOTORIA PARA EFECTOS DE LA PRETENSIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO."(14)
IV. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió, el quince de marzo de dos mil seis, el amparo directo **********. Los antecedentes de ese juicio son los siguientes:
1. ********** demandó en la vía ordinaria mercantil de **********, la restitución del monto que fue cargado a la cuenta del actor con motivo del pago de un cheque, así como otras prestaciones.
2. Se desahogó prueba pericial en grafoscopia y en ésta se determinó que la firma del cheque no proviene del puño y letra de la actora. Sin embargo, el perito del actor argumentó que la firma no era similar a simple vista; cuestión que no compartió el perito de la demandada, al considerar que la falsedad no era notoria.
3. El veintiocho de junio de dos mil cinco, el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el ********** determinó que el actor no había demostrado los elementos constitutivos de la acción.
4. Inconforme con la resolución, el actor interpuso recurso de apelación, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. El seis de diciembre de dos mil cinco, el tribunal dictó sentencia en la que determinó revocar la sentencia recurrida y condenar a la demandada a la restitución del monto reclamado e intereses generados, absolviéndola respecto a la rescisión del contrato y al pago de daños.
5. La demandada solicitó amparo en contra de la sentencia del Tribunal Unitario, el cual se registró con el número ********** del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Al resolver dicho juicio, el tribunal determinó negar el amparo a la quejosa con base en las siguientes consideraciones:
- De acuerdo con el artículo 1194 del Código de Comercio, el que afirma está obligado a probar, por lo que si el actor en su demanda afirma que la firma que se encuentra en el cheque no es de su puño y letra, éste debió probarlo. Además, conforme al artículo 1195 del mismo código, el que niega no está obligado a probar, salvo que su negación envuelva la afirmación de un hecho. Por tanto, si el actor afirmó que no firmó el cheque, entonces estaba obligado a acreditar su afirmación, por ser la negativa un elemento constitutivo de su acción.
- Por un lado, le correspondía probar a la actora que la falsificación era notoria y, por el otro, era carga procesal de la demandada evidenciar que la falsificación no era notoria a simple vista.
- De la revisión de la firma del cheque y de la ob
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23571-a0f40d5b/accion-de-objecion-de-pago-de-cheque-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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