TÍTULO EJECUTIVO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE LA NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA DE UN CHEQUE (ALCANCES DEL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE AGOSTO DE 2016. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, ELISEO PUGA CERVANTES, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS, CON EJERCICIO DE SU VOTO DE CALIDAD. DISIDENTES: JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR Y ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ. PONENTE: MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO. ENCARGADO DEL ENGROSE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIO: OCTAVIO ROSALES RIVERA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una posible contradicción de tesis en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el Magistrado Eliseo Puga Cervantes integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Posturas contendientes. Tomando en consideración que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, por mayoría de votos de los Magistrados Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Francisco Javier Sandoval López, con voto en contra del Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, se apartó del criterio que sustentó en la ejecutoria de amparo **********, de la que derivó la tesis I.3o.C.152 C (10a.), de título y subtítulo: "TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE LA NOTORIA ALTERACIÓN DE FIRMA DE UN CHEQUE NO PUEDE TENER ESA NATURALEZA (REFORMA AL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014)."
Por otra parte, el Pleno de Circuito ordenó denunciar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción entre los criterios del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo ********** de su índice como el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al fallar el amparo directo ********** de su índice, en virtud de que posiblemente están en contradicción con el emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y, por tanto, su conocimiento no corresponde a este Pleno de Circuito.
En consecuencia, la presente litis queda limitada por los criterios contendientes del Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, que se contienen en las ejecutorias de amparo directo números ********** y **********, respectivamente.
Ahora bien, las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:
I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número **********, en sesión de catorce de enero de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Magistrados Mauro Miguel Reyes Zapata, como presidente, y Leonel Castillo González; contra el voto de la Magistrada Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, quien se reservó su derecho a formular voto particular, sostuvo esencialmente: que el dictamen carece de la naturaleza de prueba preconstituida en cuanto a tener por probados los hechos a los que se refiera, porque la ponderación de las firmas del cheque y la tarjeta de firmas, es materia de valoración con los medios de prueba idóneos para determinar la procedencia de la acción, que corresponde en exclusiva a la decisión judicial, ya que con independencia de la vía elegida por las partes, el órgano jurisdiccional es el encargado de analizar ese presupuesto procesal, por lo que, el dictamen de la comisión queda sujeto a valoración judicial en la controversia que se valore, en ejercicio de la acción de objeción de pago de cheque prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que implica que el dictamen debe sujetarse al control y revisión judicial.
Las razones que llevaron al citado órgano jurisdiccional a esa conclusión, fueron de manera esencial, las siguientes:
- El artículo 1391 del Código de Comercio define a los títulos ejecutivos como los documentos que traen aparejada ejecución y el diverso 1392 de esa legislación, estatuye que la presentación de la demanda del juicio ejecutivo mercantil debe acompañarse del título ejecutivo respectivo.
- La prueba del derecho consignado en el título debe satisfacerse mediante la presentación de ese documento mercantil y no puede probarse por distintos medios al propio título, pues el juzgador antes de emitir el auto de exequendum, debe realizar un examen profundo y exhaustivo, por la gravedad de las consecuencias que puede acarrear su determinación, para verificar que en la documentación se encuentre probada plenamente, con documentos a los que el sistema jurídico confiera ese alcance convictivo, salvo prueba en contrario o, impugnación y prueba de falsedad, la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible, como requisito sine qua non para despachar la ejecución pedida.
- Si no se acredita alguno o varios de esos elementos, el juzgador deberá rechazar la vía ejecutiva elegida por el demandante y, por tanto, negar la providencia de ejecución pedida, y dejar a salvo los derechos del promovente, para que los haga valer en la vía conducente.
- Lo anterior se justifica, además, pues se parte de la base de que los derechos derivados de los títulos ejecutivos ya se encuentran constituidos, por lo cual el ejecutante únicamente acude ante la autoridad jurisdiccional a hacer efectivo el derecho que en ellos se consigna, mediante la presentación del documento con fuerza ejecutiva.
- Entonces, si la actora no exhibe el documento necesario para ejercitar el derecho que se consigna, no le asiste razón, al afirmar que el juicio ejecutivo mercantil es procedente, pues no se surten los presupuestos de admisibilidad previstos en los artículos 1391 y 1392 del Código de Comercio.
- En relación con el dictamen de la comisión, puede ser un documento apto para el ejercicio de la vía ejecutiva mercantil, empero, tal eficacia no significa que deban tenerse por ciertas las conclusiones que se contienen en el mismo, ya que en conformidad con lo previsto en el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, puede tener el carácter de título ejecutivo, pero para que traiga aparejada ejecución, debe consignar una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida.
- La frase "obligación contractual incumplida" refleja que el legislador sólo le otorgó a la comisión la facultad de declarar el incumplimiento de obligaciones contractuales, no así el de crear obligaciones extracontractuales o derivadas de la ley, por lo que de emitirse el dictamen respecto de obligaciones no contractuales, éste sólo tendrá el carácter de una mera opinión técnica.
- Cuando el dictamen que emite la comisión deriva de la objeción del cobro de un cheque, no puede ser considerado como título ejecutivo, ya que dicha comisión no determina una obligación contractual incumplida, sino que opina sobre el incumplimiento de la institución financiera a un deber legal de cuidado al pagar un cheque, que deriva del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que implica la necesaria comparación de firmas entre las que calzan los cheques en controversia y la tarjeta de firmas que tiene registrada el banco.
- Lo anterior, porque la comisión juzgaría y resolvería sobre una acción, cuyo conocimiento directo corresponde a la autoridad judicial, no obstante que la intención del legislador fue dotar a la comisión de facultades declarativas sobre incumplimiento a obligaciones contractuales, pero no así, con facultades para constituir obligaciones derivadas de responsabilidad legal o extracontractual como es la acción de objeción al pago de un cheque por notoria alteración.
- Luego, el dictamen de la comisión queda sujeto a la valoración del Juez que tenga por materia ese dictamen en ejercicio de la acción de objeción de pago de cheque prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que implica que el dictamen debe sujetarse al control y revisión judicial.
- Además, con el dictamen aportado al procedimiento de origen no se puede determinar la exigibilidad del adeudo reclamado, debido a que éste no demuestra que la institución bancaria enjuiciada hubiera reconocido la certeza, liquidez y exigibilidad de la deuda, como requisito de ejecutividad.
Los antecedentes que dieron lugar a dicho criterio son los siguientes:
a) La **********, por conducto de su representante **********, demandó en la vía ejecutiva mercantil de **********, el pago de diversas prestaciones que se sustentan en un dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
b) Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por auto de dos de septiembre de dos mil quince, ordenó formar y registrar el expediente con el número 987/2015-P.C.; en el que determinó desechar la demanda, por no haber quedado demostrado la ejecutividad del documento base de la acción.
c) Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil quince, la actora interpuso recurso de revocación, que el Juez de Distrito declaró infundado en resolución de veintidós de septiembre de dos mil quince.
d) Dicha determinación constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo.
Los preceptos que sirvieron de fundamento legal para la resolución del juicio de amparo directo **********, fueron los artículos 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1246, 1292, 1293, 1391, 1392 y 1049 del Código de Comercio y 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
El razonamiento principal de la negativa del amparo fue el siguiente:
"II. Naturaleza del acuerdo de trámite que contiene el dictamen emitido por la Condusef.
"Es infundado el argumento donde la quejosa aduce que el dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios del Sistema Financiero, al ser título ejecutivo y gozar de la característica de prueba preconstituida de la existencia del adeudo que reclamó, es motivo suficiente para que se ordene la admisión de la demanda en la vía ejecutiva mercantil.
"La quejosa sustentó su pretensión en el dictamen emitido por la Condusef, que data del veintisiete de mayo de dos mil quince.
"El marco normativo al que se acude para para solucionar el problema suscitado, es lo previsto en los artículos 1391 del Código de Comercio y 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
"El artículo 1391 del Código de Comercio define a los títulos ejecutivos como los documentos que traen aparejada ejecución, enseguida hace una relación de carácter específico, una de orden genérico y culmina con una regla enunciativa, donde abarca a los que, por sus características traigan aparejada ejecución, en la cual da cabida a cualquier documentación, singular o plural, en donde conste un acto jurídico del cual emerja un crédito dotado de las características inmersas.
"Lo anterior debe relacionarse con el artículo 1392, donde se estatuye que la presentación de la demanda del juicio ejecutivo mercantil debe acompañarse del título ejecutivo respectivo.
"La razón en la que se sustenta ese numeral está vinculada con la función de legitimación, como titularidad de un derecho autónomo que tiene su origen en la creación misma del documento.
"De ahí que, ello constituya una razón más para considerar, que la prueba del derecho consignado en el título deba satisfacerse mediante la presentación de dicho documento mercantil y de que no pueda probarse por distintos medios al propio título, pues el juzgador antes de emitir el auto de exequendum, debe realizar un examen profundo y exhaustivo, por la gravedad de las consecuencias que puede acarrear su determinación, para verificar que en la documentación se encuentre probada plenamente, con documentos a los que el sistema jurídico confiera ese alcance convictivo salvo prueba en contrario o impugnación y prueba de falsedad, la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible, como requisito sine qua non para despachar la ejecución pedida, y si no se acredita alguno o varios de esos elementos, en la forma especial indicada, el juzgador deberá rechazar la vía ejecutiva elegida por el demandante y, por tanto, negar la providencia de ejecución pedida, y dejar a salvo los derechos del promovente, para que los haga valer en la vía conducente.
"Lo anterior se justifica, además, pues se parte de la base de que los derechos derivados de los títulos ejecutivos ya se encuentran constituidos, por lo cual el ejecutante únicamente acude ante la autoridad jurisdiccional a hacer efectivo el derecho que en ellos se consigna, mediante la presentación del documento con fuerza ejecutiva.
"De esa guisa, si la actora no exhibe el documento necesario para ejercitar el derecho que se consigna, no le asiste razón, al afirmar que el juicio ejecutivo mercantil sea procedente, pues no se surten los presupuestos de admisibilidad previstos en los artículos 1391 y 1392 del Código de Comercio.
"Lo anterior se afirma, porque en el dictamen se precisó que existía una obligación contractual incumplida por la cantidad de $26,574.40 (veintiséis mil quinientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) a favor de la quejosa y dicho documento se emitió al tener a la vista copia fotostática del cheque cuestionado y de la tarjeta muestra de firmas, pero la actora no aportó los documentos que tuvo a la vista la Condusef para emitir el referido dictamen a efecto de que la autoridad judicial estuviera en condiciones de corroborar la información descrita.
"En el dictamen se determinó que las firmas de la copia simple del cheque y de la tarjeta muestra de firma son notoriamente distintas, tal como se desprende de la siguiente transcripción:
"‘... Que la controversia se centra en determinar si «el usuario» tiene derecho a la restitución de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por parte de «la institución financiera», derivado de la disposición de recursos que depositó en su cuenta número **********, mediante el pago de «el cheque», citado, cuyas firmas estampadas en el (los) mismo (s) desconoce «el usuario» que hayan sido suscritas del puño y letra de las personas autorizadas para tales efectos, siendo que a simple vista resultan notoriamente falsificadas a las contenidas en la tarjeta muestra de firmas que «la institución financiera» exhibió ligada al amparo del contrato que reconocen las partes y al cual se adhirieron como se aprecia a continuación:
"‘Tarjeta muestra de firma registrada y exhibida por «la institución financiera»
"‘IV. Que para el estudio de la problemática que nos ocupa, se tuvieron a la vista los siguientes documentos:
"‘a) Escrito de reclamación presentado por «el usuario» en la Delegación Metropolitana Central de esta comisión nacional, el dos de diciembre de dos mil catorce, así como todos sus anexos destacando:
"‘• La copia simple del denominado estado de cuenta, en donde aparece «el usuario» como titular y destinatario en el domicilio ubicado en calle **********, número **********, colonia **********, delegación **********, México, Distrito Federal (sic), reflejando dicho documento el descuento controvertido de fecha siete de mayo de dos mil catorce, referenciado como «cheque pagado **********» (sic).
"‘• La copia simple del «formato único para el inicio de actas especiales, averiguaciones previas especiales y averiguaciones previas directas sin detenido ante el Ministerio Público» de dos de junio de dos mil catorce, presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
"‘• La impresión del correo electrónico de once de septiembre de dos mil catorce, en el que «la institución financiera» informó la improcedencia de la reclamación con número de folio **********, relativa a la objeción del pago de «el cheque».
"‘b) informes presentados por «la institución financiera» en el desahogo del procedimiento conciliatorio, de catorce y veintidós de enero de dos mil quince, así como todos sus anexos, destacando:
"‘• La copia simple de la tarjeta muestra firmas correspondientes a la cuenta número ********** de la que es titular «el usuario».
"‘• La copia simple de «el cheque» del cual «el usuario» desconoce la firma estampada
"‘c) Actas de la audiencia de conciliación de catorce y veintidós de enero de dos mil quince.
"d) La impresión del contrato «condiciones generales a las que se sujetara el depósito bancario de dinero a la vista» inscrito por «la institución financiera» en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA) que administra esta comisión nacional, bajo el folio número **********.
"‘V. Que es oportuno analizar el contenido del artículo 1296 del Código de Comercio, en concatenación con lo establecido en los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil, respecto a la presentación de copias simples para sustentar el derecho de «el usuario» para reclamar el pago de «el cheque» y el respectivo descuento de los recursos a su cuenta de depósito, en virtud de que éstas hacen fe de la existencia de los documentos originales, más aún cuando dichas documentales no fueron objetadas por «la institución financiera», agregando esta última a su informe durante el procedimiento conciliatorio copia simple de la tarjeta muestra de firmas correspondiente a la cuenta de la que es titular «el usuario» y de «el cheque» cuestionado, teniéndolos «la institución financiera» como reconocidos expresamente.
"‘...
"‘En este orden de ideas, este organismo estima que el incumplimiento de «la institución financiera» es la disposición de recursos a través del libramiento de cheques, cuyas firmas son notoriamente falsificadas y, cuyo pago estaba obligado a rechazar, en términos del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
"‘...
"‘Por lo que tomando en cuenta que las partes celebraron un contrato de depósito, en virtud del cual una de las obligaciones de la «la institución financiera», consistía en la conservación de los recursos dados en depósito, impidiendo disponer de ellos, mediante el pago de los títulos de crédito presentados al cobro con firma notoriamente falsificada y el derecho del titular de la cuenta a objetar el pago cuando no se cumpla con dicha obligación derivada del contrato de referencia, se actualiza el incumplimiento de la obligación de observar el requisito de firma que ordena el artículo 176, fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que a juicio de esta comisión nacional trae como consecuencia el incumplimiento de la «la institución financiera» a las obligaciones derivadas del contrato de depósito, antes señalada.
"‘Se concluye lo anterior, toda vez que a simple vista de la digitalización realizada en páginas anteriores del presente título ejecutivo no negociable, las firmas estampadas en el «el cheque» cuestionado son notoriamente falsificadas a las registradas en la tarjeta muestra de firmas que «la institución financiera» exhibió en su informe durante el desahogo de la audiencia de conciliación ...’
"Sin embargo, esa determinación no puede vincular a la autoridad judicial por tres razones fundamentales:
"1) Carece de motivación, porque únicamente establece que como se aprecia a simple vista de la copia simple del cheque cuestionado y de la copia de la tarjeta muestra de firmas correspondientes a la cuenta del usuario, las firmas son notoriamente distintas; sin que haya establecido con detalle cuáles son esas diferencias notorias.
"2) Otro motivo para negar vinculación al dictamen de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, en relación a la notoria alteración de la firma del cheque como elemento de la acción prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es que el acogimiento o desestimación de esa pretensión está reservada al Juez; y,
"3) Para que el título ejecutivo adquiera ejecutividad, se requiere la demostración de la existencia del adeudo en cantidad cierta, líquida y exigible, pues no es posible despachar ejecución si el dictamen carece de esa característica.
"La naturaleza del dictamen que emite la Condusef tiene el carácter de prueba preconstituida, en la medida en que satisface ciertos requisitos legales, esto es, que contiene una valoración técnica y jurídica elaborada con base en la información, documentos o elementos que existan en el expediente, que le permitan establecer a dicha comisión fundada y motivadamente la existencia de una obligación válida a cargo de la institución financiera con las características de cierta, líquida y exigible.
"En ese contexto, a dicho dictamen le corresponde el carácter de un instrumento público en términos de lo previsto por el artículo 1246 del Código de Comercio y su valor probatorio está determinado por lo previsto en los artículos 1292 y 1293 del mismo ordenamiento, que disponen que hace prueba si no queda demostrada su falsedad.
"De modo que el dictamen produce certeza de su contenido, pero su alcance probatorio e idoneidad para probar el hecho litigioso queda al arbitrio y análisis de la autoridad judicial, con independencia de que pueda alegarse que reúna o no los requisitos para ser considerada prueba preconstituida.
"En ese contexto, si bien el dictamen puede ser un documento apto para el ejercicio de la vía ejecutiva mercantil, tal eficacia no significa que deban tenerse por ciertas las conclusiones del dictamen, ya que en conformidad con lo previsto en el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los (sic) Servicios Financieros, puede tener el carácter de título ejecutivo, pero para que traiga aparejada ejecución, debe consignar una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida.
"El título ejecutivo puede ser el resultado de un proceso de cognición, donde se ha reconocido la existencia de un derecho, de la producción de un acto jurídico, o de la expresión de la voluntad del deudor, expuesta de manera indubitable, acerca de la existencia de un crédito que reúna las notas distintivas destacadas, el cual permite al beneficiario acudir, con esos elementos, ante la autoridad judicial, para que se realice el derecho reconocido en el documento.
"El aspecto formal del título ejecutivo es el documento o documentos en donde consta el crédito que reúna las características específicas, como podría ser el documento en que se asienta por escrito una actuación judicial (sentencia, confesión judicial), un documento privado creado o reconocido por la ley como tal (un título de crédito), un acto notarial (instrumento público), etcétera.
"En virtud de que los títulos ejecutivos ya no están sometidos a un proceso de cognición previo, esos documentos deben reunir las particularidades específicas anotadas, esto es, deben contener una obligación incumplida, cierta, líquida y exigible, porque éstos son requisitos jurídica y racionalmente indispensables para hacer efectivo el crédito mediante su ejecución.
"En cuanto a esos elementos de fondo del título ejecutivo, la certeza implica que el derecho consignado en el título esté explícito en éste y que no se requiera acudir a otros elementos no consignados en él, de tal manera que su existencia se pueda verificar de un modo indubitable con solo el contenido textual del título.
"La exigibilidad surge cuando están satisfechos todos los elementos previstos por la ley o las partes, para que el crédito deba ser pagado, sin que esté de por medio un plazo dudoso o no cumplido, se pueda desprender de la documentación relativa al acto jurídico la posible existencia de una condición de cualquier clase, o se adviertan elementos que se puedan oponer válidamente al acreedor.
"La liquidez del crédito significa su expresión numérica, en cantidad determinada, o como resultado de cálculos aritméticos sumamente sencillos, que puedan elaborarse con los elementos que se consignan de manera clara en la documentación.
"Para crear la presunción de certeza, son indispensables documentos a los que la ley les haya conferido valor probatorio pleno, como es el caso de los documentos públicos, o de documentos a los que las partes les hayan atribuido ese valor mediante la concurrencia indubitable de los elementos pactados por ellos. También quedan comprendidos algunos actos celebrados entre particulares, con la satisfacción de ciertos requisitos, a los que la ley confiera esa calidad, de modo que las partes conocen de antemano sus efectos y consecuencias.
"Una vez alcanzado ese grado de certeza que produce un título de esta clase, sólo puede destruirse en el procedimiento ejecutivo, mediante las excepciones permitidas, que oponga la parte demandada, y mientras esto no ocurra, los documentos mantienen su valor pleno.
"Cabe señalar que las condiciones para que el dictamen técnico emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sea calificado como título ejecutivo y, por ende, como prueba preconstituida de un crédito exigible ante la autoridad judicial, es que se trate de una relación contractual y esté determinada fundada y motivadamente la existencia de una obligación pecuniaria, cierta, líquida y exigible, con independencia de que la institución financiera puede controvertir el monto del título y presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.
"Por tanto, al emitir el dictamen en el que se objete el cobro de un cheque, la comisión no determina una obligación contractual incumplida, sino que opina sobre el incumplimiento de la institución financiera a un deber legal de cuidado al pagar un cheque, que deriva del artículo 194 de la Ley de Títulos (sic) y Operaciones de Crédito, que implica la necesaria comparación de firmas entre las que calzan los cheques en controversia y la tarjeta de firmas que tiene registrada el banco.
"Lo anterior es así, porque la comisión juzgaría y resolvería sobre una acción, cuyo conocimiento directo corresponde a la autoridad judicial, no obstante que la intención del legislador fue dotar a la comisión de facultades declarativas sobre incumplimiento a obligaciones contractuales, pero no así, con facultades para constituir obligaciones derivadas de responsabilidad legal o extracontractual como es la acción de objeción al pago de un cheque por notoria alteración.
"De modo que el dictamen de la comisión queda sujeto a la valoración del Juez que tenga por materia ese dictamen en ejercicio de la acción de objeción de pago de cheque prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que implica que el dictamen debe sujetarse al control y revisión judicial.
"Sobre esa base, es evidente que con el dictamen aportado al procedimiento de origen no se puede determinar la exigibilidad del adeudo reclamado, debido a que no se demostró que la institución bancaria enjuiciada hubiera reconocido la certeza, liquidez y exigibilidad de la deuda, como requisito de ejecutividad.
"Por estos motivos, son inaplicables al caso concreto los criterios que citó la quejosa en apoyo a sus argumentos, aunado a que al tratarse de tesis aisladas, no resultan de observancia obligatoria para este tribunal, en conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo.
"III. Proceso legislativo.
"En relación al tema, la quejosa aduce que la reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los (sic) Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, deja clara la naturaleza del dictamen, pues la Condusef como ente especializado, se encuentra facultado para calificar y determinar si se trata de una obligación contractual incumplida, cierta, líquida y exigible.
"Lo anterior es inatendible.
"Con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil catorce, el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros fue modificado para quedar en los términos siguientes:
"‘Artículo 68 Bis. Cuando las partes no se sometan al arbitraje, y siempre que del expediente se desprendan elementos que a juicio de la comisión nacional permitan suponer la procedencia de lo reclamado, ésta podrá emitir, previa solicitud por escrito del usuario, un acuerdo de trámite que contenga un dictamen.
"‘Cuando este dictamen consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la comisión nacional, se considerará título ejecutivo no negociable, en favor del usuario.
"‘La institución financiera podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes ante la autoridad judicial compe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26808-e9f3ea10/titulo-ejecutivo-no-lo-constituye-el-dictamen-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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