TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS NO RECONOCIDAS POR EL CUENTAHABIENTE, TIENE ESA NATURALEZA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 182/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de doce de febrero de dos mil veinticinco.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de criterios identificada al rubro, y
R E S U L T A N D O:
Primero. Denuncia de la contradicción y radicación. Los Magistrados integrantes del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante oficio 904 de su índice, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el referido tribunal al resolver el amparo directo 212/2024 y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 818/2019.
Segundo. Trámite de la denuncia. El asunto se radicó en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, con el número de contradicción 182/2024 y mediante proveído de dos de julio de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite.
En el mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado; y se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:
“Determinar, si el dictamen técnico que emite la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que decide sobre transferencias no reconocidas, se refiere al incumplimiento de una obligación contractual, que dota al referido dictamen como documento ejecutivo en términos del artículo 68 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros”.
Tercero. Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Mediante acuerdos de ocho y once de julio de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales colegiados contendientes, en los que informaron a este Pleno Regional que el criterio contenido en los amparos directos 212/2024 y 818/2019, de sus respectivos índices, continuaban vigentes.
Cuarto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veinticuatro, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que durante los últimos seis meses no se existe radicada alguna contradicción de criterios cuyo tema a dilucidar guarde relación con el tema consultado.
Asimismo, al encontrarse integrado debidamente el expediente, en el propio acuerdo se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Quinto. Aplazamiento. El tres de diciembre de dos mil veinticuatro, se listó el presente asunto para ser visto en sesión de once de diciembre siguiente, en la que se determinó dejarlo aplazado; y
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de siete de junio de dos mil veintiuno, aplicable en términos del transitorio Séptimo del DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados especializados en materia civil, pertenecientes al Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Sur, y el tema de fondo corresponde al territorio y materia respecto de las cuales ejerce jurisdicción este Pleno Regional.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, toda vez que se realizó por los integrantes del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
TERCERO. Criterios denunciados. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación se precisa cuáles fueron los criterios denunciados como contradictorios.
A. Amparo directo 212/2024, del índice del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
A fin de contar con una mayor claridad del asunto, conviene precisar algunas cuestiones a manera de antecedentes:
a) Una persona física demandó en la vía ejecutiva mercantil a una institución bancaria, el pago de ciertas cantidades por transferencias electrónicas, que el actor desconoció haber efectuado.
b) Como documento base de la acción, lo constituyó el Dictamen Valoración Técnica y Jurídica, emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
c). La titular del conocimiento del Juzgado de primera instancia, emitió sentencia definitiva, en la que condenó a la demandada institución bancaria, al pago de cierta cantidad por concepto de suerte principal y además, otras prestaciones.
d) En contra de esa determinación, la institución de banca múltiple, promovió juicio de amparo directo, el cual constituye uno de los criterios contendientes, en este asunto, siendo que por sesión de catorce de junio de dos mil veinticuatro, resolvió en lo conducente:
“(...)
SEXTO. Estudio del concepto de violación.
Para una mejor comprensión del asunto, los conceptos de violación se estudiarán por temas, identificados por los títulos respectivos.
1) Alcance del dictamen emitido por la CONDUSEF.
El banco quejoso aduce que, en conformidad con los artículos 1º y 5º de la Ley de Protección y Defensa del Usuario del Servicio Financiero, el procedimiento que se realiza ante la Comisión Nacional Bancaria para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros no constituye una instancia jurisdiccional, sino un medio organizado de heterocomposición voluntaria de conflictos, en prevención de controversias judiciales; de modo que la referida Comisión no puede prejuzgar sobre los aspectos de fondo planteados, porque sus determinaciones no pueden tener la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial, ya que su actuación está limitada a emitir una decisión administrativa, porque lo contrario sería violatorio del artículo 17 constitucional, dado que la institución quejosa nunca aceptó someterse al procedimiento de mediación.
Los argumentos son infundados.
La tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la cual la institución quejosa apoya su argumentación, es la siguiente:
“COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EN EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO PARA ATENDER LAS CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE AQUÉLLOS, NO REALIZA FUNCIONES JURISDICCIONALES, SINO DE MERA CONCILIACIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO.” (Se transcribe)
Esa tesis de jurisprudencia fue emitida en dos mil dos; sin embargo, en dos mil catorce, existió una reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, respecto de la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1268/2017, sostuvo las premisas siguientes:
“(...) 85. La finalidad de la reforma, según se sigue de la exposición de motivos correspondiente, fue dotar de herramientas a la CONDUSEF, a fin de hacer efectiva y eficiente la protección a los usuarios de servicios financieros.
De ahí que se fortaleciera el alcance probatorio del dictamen técnico emitido por aquélla, pues si el mismo contiene una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la citada Comisión, entonces, debe considerarse como un título ejecutivo no negociable, en favor del usuario.
86. Así, del contenido del artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil catorce y de su confrontación con el texto vigente (ahora impugnado), consta una diferencia sustancial en cuanto al alcance probatorio del dictamen de la Comisión.
87. En efecto, el artículo 68 Bis en su texto anterior a la reforma sujetaba el valor probatorio del dictamen al análisis que realizara la autoridad judicial, quien podía tomarlo o no en cuenta para resolver la controversia planteada; por lo que el referido dictamen era considerado como una mera opinión técnica calificada, mientras que el precepto reformado prevé que cuando ese dictamen consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la Comisión Nacional, se considerará título ejecutivo no negociable, en favor del usuario.
88. De manera que, anteriormente a la reforma de diez de enero de dos mil catorce del artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la autoridad judicial era quien determinaba el valor probatorio del dictamen técnico; en cambio, en el artículo vigente no es la autoridad judicial, sino la CONDUSEF la que a su juicio determina la existencia de esos atributos, a fin de estimar que ese dictamen constituye un título ejecutivo.
(...)
97. Al respecto, esta Primera Sala destaca que el dictamen emitido por la CONDUSEF, al provenir de una autoridad, debe contener el análisis fundado y motivado de las pruebas idóneas y suficientes que justifiquen la determinación de la obligación contractual incumplida cierta, líquida y exigible, al ser dichas características determinantes para afirmar la existencia de un título ejecutivo y cuya existencia corresponde constatar en cada caso a la autoridad judicial.
(...)
99. (...) la emisión del dictamen cuestionado, además de llevarse a cabo en el marco de un procedimiento reglado en el que las instituciones financieras pueden ser oídas y aportar las pruebas que a su interés convengan, no constituye una privación definitiva de los derechos de las aseguradoras, mismas que tienen expedita la posibilidad de impugnar en sede judicial el dictamen respectivo, presentar las pruebas y oponer las excepciones correspondientes.
(...)
105. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el precepto impugnado está inmerso en el marco del procedimiento conciliatorio previsto en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y que este último constituye precisamente un mecanismo alternativo de solución de controversias, cuyo asidero constitucional, al igual que el derecho de acceso a la justicia, se encuentra en el artículo 17 de la Ley Fundamental. (...)”.
El Alto Tribunal destacó, entre otras cuestiones, las siguientes:
Que la finalidad de la reforma al artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil catorce, fue dotar de herramientas a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con el fin de hacer efectiva y eficiente la protección a los usuarios de servicios financieros. De ahí que se fortaleciera el alcance probatorio del dictamen técnico emitido por aquella, pues si el mismo contiene una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la citada comisión, entonces, debe considerarse como un título ejecutivo no negociable, en favor del usuario.
Que del contenido del ordinal 68 Bis anterior a dicha reforma y de su confrontación con el texto vigente, consta una diferencia sustancial en cuanto al alcance probatorio del dictamen de la comisión.
Que el numeral 68 Bis invocado en su texto anterior a la reforma, sujetaba el valor probatorio del dictamen al análisis que realizara la autoridad judicial, quien podía tomarlo o no en cuenta para resolver la controversia planteada, por lo que este era considerado como una mera opinión técnica calificada, mientras que el precepto reformado prevé que cuando ese dictamen consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la Comisión Nacional, podrá considerarse título ejecutivo no negociable, en favor del usuario.
Que dicho dictamen sí puede hacerse valer en el juicio ejecutivo mercantil, al constituir un documento que por disposición de ley tiene el carácter de ejecutivo, tal como se sigue del artículo 1391, fracción IX, del Código de Comercio.
Línea de pensamiento que evidencia que la premisa fundamental en la cual se sustentó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2002, emitida por la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por la quejosa, en el sentido de que el pronunciamiento de la CONDUSEF carece de fuerza ejecutiva, varió con la reforma al artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil catorce, pues con anterioridad a esta, el dictamen que emitiera la mencionada Comisión únicamente era una mera opinión técnica; sin embargo, ahora sí puede llegar a constituir un título ejecutivo no negociable, que puede hacerse valer en el juicio ejecutivo mercantil, tal como se advierte de su contenido, que es el siguiente:
“Artículo 68 Bis” (se transcribe).
Esto es, con la actual redacción del indicado numeral 68 Bis se fortaleció el alcance probatorio del dictamen técnico, lo cual implica una diferencia sustancial en contraposición con la redacción normativa anterior; además, como indicó el Alto Tribunal del país, la facultad para la emisión del dictamen proviene de los artículos 60 a 72 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, los cuales regulan las actuaciones que se pueden llevar a cabo dentro del procedimiento conciliatorio de trato.
Por consiguiente, es factible considerar que, en atención a los cambios descritos, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2002 resulta inaplicable, ya que fue emitido cuando la norma solo establecía que la referida Comisión únicamente podía emitir opiniones técnicas, lo cual ya no es así, pues ahora puede constituir título ejecutivo no negociable o prueba preconstituida de la acción.
Al respecto, resultan ilustrativas las siguientes tesis relevantes, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. LA FACULTAD DE DICHO ORGANISMO PARA EMITIR UN DICTAMEN CON EL CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO NO NEGOCIABLE, A FAVOR DEL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.” (Se transcribe)
“COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY QUE REGULA DICHO ORGANISMO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.” (Se transcribe)
Atento a lo anterior, no es dable concluir que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros se extralimitó en sus funciones al emitir un dictamen que constituye un título ejecutivo, ni mucho menos se puede considerar que invade la esfera de competencia y jurisdicción de la autoridad judicial, como lo afirma la parte quejosa, pues, se insiste, dicha potestad le fue reconocida en la propia ley aplicable.
2) Naturaleza de la obligación.
Por otra parte, la institución bancaria quejosa alega que en la sentencia reclamada la jueza responsable realizó un indebido análisis de la legitimación activa en la causa y de la procedencia de la vía ejecutiva mercantil ejercida, ya que el documento base de la pretensión, consistente en el dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, no reúne los requisitos para ser considerado un título de crédito, al no versar sobre cuestiones contractuales, sino extracontractuales, como lo es la nulidad de transacciones electrónicas, las cuales no podían sustentarse en el dictamen mismo.
La inconforme no tiene razón.
Respecto a las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para emitir dictámenes, con la calidad de títulos ejecutivos, debe señalarse que el segundo párrafo del artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros dispone que: “Cuando este dictamen consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la Comisión Nacional, se considerará título ejecutivo no negociable, en favor del usuario.”
En relación con este tema, en la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo directo 867/2018, este tribunal determinó que la frase “obligación contractual incumplida” a que se refiere el segundo párrafo del artículo 68 Bis de la ley referida, únicamente se constituye cuando la fuente de la obligación de pago deriva de una relación o vínculo contractual entre la entidad financiera y el usuario del servicio financiero, por lo que, en el caso de retiros en cajeros automáticos y transferencias electrónicas, la fuente de la que proviene la reclamación es de carácter extracontractual, dado que se refiere a la falta de cuidado de la institución financiera.
Esta consideración se sustentó en la tesis de jurisprudencia titulada “TÍTULO EJECUTIVO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE LA NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA DE UN CHEQUE (ALCANCES DEL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS).”, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, aplicada de manera analógica, dado que en ese criterio, vinculante para este órgano jurisdiccional, se determinó que la relación contractual no se actualiza “(...) cuando el dictamen se emite con motivo del pago indebido de cheques por la notoria alteración o falsificación de firma del librador, pues la fuente de la obligación de cubrir al librador de los fondos que fueron incorrectamente cubiertos, no deriva directamente del consentimiento y objeto del contrato, sino de la sanción impuesta por el artículo 194, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el cual se prevé la responsabilidad en que incurre el banco de cubrir los cheques ante la ausencia de fidelidad visual; es decir, la fuente deriva directamente de una circunstancia de carácter extracontractual consistente en la falta de cuidado, aunado a que la causa de pedir planteada por el usuario deriva de un hecho ilícito, consistente en la notoria falsificación de la firma que calza el título de crédito; considerar lo contrario, implicaría dotar a esa unidad administrativa de facultades para crear obligaciones extracontractuales o derivadas de la ley que la norma secundaria citada no le otorga (...)” Sin embargo, ese criterio fue superado por la contradicción de tesis 58/2017, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de diciembre de dos mil diecinueve, cuyo contenido es el siguiente:
“TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN DE LA FIRMA CONTENIDA EN UN CHEQUE TIENE ESA NATURALEZA.” (Se transcribe)
Por lo tanto, dado que la Primera Sala resolvió que el incumplimiento de una obligación legal debe entenderse como contractual, tal como se advierte de la ejecutoria que le dio origen a la tesis de jurisprudencia invocada, en la cual se precisó lo siguiente:
“(...) 66. Ahora, en cuanto al cheque, como título de crédito de carácter ejecutivo, ya se precisó que sólo puede ser expedido a cargo de la institución de crédito (librado) y expedido por quien, teniendo fondos disponibles en ella, sea autorizado por ésta para librarlos (librador), siempre que contenga la mención de ser cheque inserta en el texto del documento, cuyo esqueleto especial hubiere otorgado el banco al librador, el lugar y fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, lugar de pago y firma del librador; aunado a que se pagará a la vista y sin condiciones la suma de dinero a favor del beneficiario (tomador o tenedor).
67. Así, de lo expuesto con anterioridad, es importante precisar que el uso del cheque sólo es posible si, previamente, se convino un contrato de depósito de dinero con una institución crediticia y que deberá estar disponible para el cuentahabiente o por alguno de sus beneficiarios que autorice, lo cual implica que la obligación principal de la institución depositaria es el deber de cuidado del dinero depositado y, por lo tanto, de verificar que los instrumentos a través de los cuales se dispone de él cuenten con los requisitos necesarios.
(...)
79. El dictamen a que se refiere el presente artículo sólo podrá emitirse cuando se reúnan los siguientes requisitos:
a) Asuntos cuya cuantía sea inferior a tres millones de unidades de inversión, salvo reclamaciones en contra de instituciones de seguros, sobre las que la cuantía deberá ser inferior a seis millones de unidades de inversión.
b) Tendrá el carácter de título ejecutivo en asuntos cuya cuantía sea inferior en moneda nacional a 50,000 UDIS, salvo que se trate de instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros y administradoras de fondos para el retiro, en los cuales el monto deberá ser inferior a 100,000 UDIS. En ambos supuestos se considerará la suerte principal y sus accesorios.
80. En estas condiciones, por un lado, como se aprecia, para que el dictamen que emita CONDUSEF tenga el carácter de título ejecutivo no negociable cuando la cuantía de los negocios no exceda de 50,000 o 100,000 UDIS, según corresponda; por lo que, como consecuencia lógica, fuera de estos supuestos el dictamen mantendrá su carácter de valoración técnica y jurídica que podrá ser analizada por el juzgador ante el cual se presente, tal como lo era previo a la reforma señalada.
81. Pero en la primera hipótesis, es decir, que el dictamen sea susceptible de configurar un título ejecutivo por no rebasar los montos que indica el artículo 68 Bis, además, deberán reunirse los elementos de obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida; en consecuencia, el legislador, al establecer la expresión "obligación contractual incumplida", otorgó a CONDUSEF la potestad de declarar la infracción de obligaciones contractuales por parte de las instituciones de crédito, financieras o bancarias.
82. En ese sentido, CONDUSEF, al emitir un dictamen en el que se objete el pago de un cheque por la notoria alteración o falsedad de la firma del librador, sí determina el incumplimiento de una obligación contractual incumplida.
83. Como resulta de la interpretación sistemática de los artículos 267, 269, 271, 274 y 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 335 del Código de Comercio, este último aplicable supletoriamente al primer ordenamiento, el pago de un cheque que contenga una firma notoriamente alterada o falsificada se traduce en la falta de conservación a que se obligó la entidad financiera vinculado al contrato de depósito mercantil, la operación de crédito de depósito de dinero y, desde luego, la negligencia en que incurre al no verificar que el instrumento mediante el cual el titular de la cuenta dispone de sus recursos, contenga la firma registrada ante la institución bancaria relativa, como depositaria.
84. Todo lo cual se traduce en el descuido de la convención que se entabla entre el cuentahabiente y la entidad bancaria, en la que esta última incumple con el deber de conservar el bien depositado y que, en consecuencia, lo obliga a responder por los menoscabos, daños y perjuicios.
(...).”
En ese orden de ideas, en relación con las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para emitir dictámenes con la calidad de títulos ejecutivos, debe señalarse que el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, no restringe a la Comisión ni hace distinción alguna en cuanto al tipo de obligaciones contractuales sobre las que puede dictaminar, lo que a su vez comprende que a esta se le faculta para decidir en relación con cualquier “obligación contractual” en general.
Entonces, la identificación de la obligación incumplida debe quedar precisada en el dictamen, lo cual no necesariamente implica que se trate de una cláusula o estipulación concreta contenida en un determinado contrato formalizado por escrito, pues no todas las relaciones jurídico financieras cumplen o revisten dicho carácter formal.
En esa medida, con base en lo determinado por el Alto Tribunal, la expresión “obligaciones contractuales” adquiere una nueva dimensión, amplia, por lo que no debe entenderse referida exclusivamente a aquellas que obren literalmente en el clausulado del contrato suscrito por el usuario y la institución bancaria, como lo pretende hacer ver la quejosa, sino que deben ponderarse todas las obligaciones que dicho acuerdo acarrea, a la luz de la normatividad que los regula.
Se sostiene lo anterior, ya que en el sistema contractual, las obligaciones se encuentran constituidas tanto por las cláusulas del contrato respectivo, como por las disposiciones de la ley aplicable que las regulan, así como por las consecuencias naturales de dichos pactos, de acuerdo con el uso y la buena fe, tal como se dispone en el artículo 1796 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la legislación mercantil.
De no efectuarse la interpretación con esa amplitud, esto es, separar la relación contractual existente entre las partes del reclamo efectuado por el incumplimiento de las obligaciones pactadas de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se llegaría al extremo de hacer nugatorias las facultades conferidas por el legislador a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuya intención fue la de fortalecer los derechos de los usuarios de servicios financieros, mediante las atribuciones otorgadas a la institución gubernamental que se encarga de garantizar la eficacia en el servicio público de la banca respecto del público en general, para privilegiar la vía en la que la institución financiera puede ser demandada ante la potestad judicial cuando no acepta someterse al arbitraje para resolver la reclamación presentada ante la Comisión en su contra por el usuario.
No se soslaya que el anterior criterio jurisprudencial se refiere al dictamen emitido por la Comisión sobre la notoria falsedad o alteración de la firma contenida en un cheque y que, en la especie, se analiza lo relativo a un dictamen sobre cargos no reconocidos realizados mediante transferencias electrónicas.
Sin embargo, destaca que el precepto legal analizado por la Primera Sala en el precedente referido fue el mismo que aquí se analiza; esto es, el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y, en aquel caso, el Máximo Tribunal, al establecer que existía una obligación contractual incumplida, no se limitó al clausulado especifico del contrato respectivo, sino que hizo alusión a la obligación de la institución bancaria de la conservación del dinero depositado por los usuarios en la cuenta respectiva.
De ahí que, en conformidad con dicho precedente, se concluye que la obligación de cuidado y seguridad que debe garantizar toda institución bancaria en las operaciones que se realicen, se vincula con el contrato celebrado entre el usuario y la institución, por lo cual, cuando el banco falta a ese deber, dicha omis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33226-0fe30bc7/titulo-ejecutivo-el-dictamen-de-la-comision-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- TÍTULO EJECUTIVO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE LA NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFIC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), QUE DETERMINA LA EXISTENCIA DE TRANSFERENCIA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD (1a./J. 75/2019 (10a.))
- TÍTULO EJECUTIVO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE LA NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFIC (PC.I.C. J/39 C (10a.))
- TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE L (I.6o.C.63 C (10a.))
- TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), QUE DETERMINA LA EXISTENCIA DE TRANSFERENCIA (PR.A.C.CN. J/6 C (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis