TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), QUE DETERMINA LA EXISTENCIA DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS NO RECONOCIDAS POR LA PERSONA CUENTAHABIENTE, TIENE ESA NATURALEZA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 7/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente de veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios y, en su caso, establecer si el dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en el que se determina la existencia de operaciones bancarias no reconocidas por el cuentahabiente, puede consignar el incumplimiento de una obligación contractual y, en consecuencia, constituir título ejecutivo conforme al artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el siete de octubre de dos mil veinticinco en la Oficialía de partes del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro Sur, la titular del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la misma Ciudad, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver los juicios de amparo directos 85/2020 y 322/2021 y el adoptado por el Segundo Tribunal Colegiado, en las mismas materias y circunscripción, al resolver los recursos de queja 572/2020, 747/2022 y 64/2023, respectivamente.
4. Radicación. Por acuerdo de presidencia de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro Sur, con residencia en la Ciudad de México, radicó la contradicción de criterios con el número 88/2025, y mediante el diverso auto de cuatro de noviembre siguiente, regularizó el procedimiento a fin de precisar que los criterios contendientes que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito eran los amparos directos 572/2020, 747/2022 y 64/2023.
5. Incompetencia. Mediante la resolución aprobada en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintiséis, los Magistrados integrantes del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro Sur, con residencia en la Ciudad de México, declararon su incompetencia para conocer del asunto, debido a que involucraba criterios de tribunales colegiados que pertenecían a la Región Centro-Norte, por lo que ordenaron su remisión a este Pleno Regional.
6. Se acepta competencia. Derivado de lo anterior, el asunto fue remitido a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el que por acuerdo de presidencia de veintinueve de enero de dos mil veintiséis, aceptó la competencia declina y ordenó registrar la contradicción de criterios con el número 7/2026; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió a los tribunales contendientes para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado; y solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada en este asunto.
7. Informe de vigencia. Por acuerdos de presidencia de nueve y trece de febrero, así como de veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los Tribunales contendientes en los que informaron que sus criterios continuaban vigentes.
8. Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el auto de presidencia de veintitrés de febrero de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
9. Confirmación de turno. Mediante proveído de once de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
10. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(1) así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (ahora Órgano de Administración) que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, porque se suscita entre órganos jurisdiccionales que pertenecen al Noveno Circuito, el cual corresponde a la Región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia civil.
III. LEGITIMACIÓN
12. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la Juez en Materia Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí, y si bien no emitió alguno de los criterios contendientes, fue la responsable de tramitar los juicios mercantiles de donde derivaron los actos que fueron reclamados en los amparos directos que dieron origen a dichos criterios.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 85/2020, en sesión de ocho de octubre de dos mil veinte, por unanimidad de votos.
14. Se promueve juicio ejecutivo mercantil. Una persona física promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de una institución bancaria, en el que reclamó el pago de diversas cantidades derivadas de operaciones no reconocidas, acompañando como documento base de su acción un dictamen favorable emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
15. Trámite del juicio de origen. La demanda fue tramitada ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de San Luis Potosí, cuyo titular de dio el trámite correspondiente y a través de la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, resolvió que la parte actora acreditó su acción y, en consecuencia, condenó a la demandada al pago de cierta cantidad, así como de los intereses moratorios, los gastos y las costas generadas, considerando para ello, entre otras cosas, que el dictamen exhibido se trataba de un título ejecutivo del cual se desprendía una obligación contractual incumplida.
16. Juicio de amparo directo. Inconforme, la institución bancaria demandada, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda de amparo directo de la que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el que la admitió a trámite con el número de expediente 85/2020, y en sesión de ocho de octubre de dos mil veinte, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, negaron la protección constitucional solicitada y, en cuanto al tema de esta contradicción de criterios, resolvieron lo siguiente:
“(...)
En principio, es menester señalar que los conceptos de violación serán analizados en orden diverso al planteado por la parte quejosa y algunos de manera conjunta dada su estrecha vinculación, sin que ello genere afectación alguna a la inconforme, pues finalmente serán analizados todos los puntos de disquisición efectivamente planteados. Lo anterior, tiene sustento en el artículo 76 de la Ley de Amparo.
La parte inconforme señala como violación procesal la interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, a través de la cual se declaró infundada la excepción de improcedencia de la vía que planteó en su contestación de demanda.
Esencialmente, sostiene que el dictamen que la parte quejosa acompañó a su demanda como documento fundatorio de la acción no constituye un título ejecutivo y que, por ende, no resultaba procedente la vía ejecutiva mercantil.
La institución bancaria expone que en términos del artículo 68 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el dictamen que emita la Comisión respectiva (CONDUSEF) puede tener el carácter de título ejecutivo, únicamente, si consiga una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y liquida.
Partiendo de los anterior, la disconforme encamina sus argumentos a tratar de evidenciar que el dictamen de mérito fue emitido respecto de obligaciones no contractuales, toda vez que las mismas tienen su origen en un desconocimiento de cargos y retiros efectuados a través de una tarjeta de débito; es decir, que las obligaciones derivadas de la solicitud de cancelación de cargos son de naturaleza extracontractual, porque derivan de la ley o de normas de observancia general y no del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes.
De igual forma, el impetrante del amparo, asegura que la deuda contenida en el documento basal no puede considerarse como cierta, exigible y liquida, pues en esencia sostiene que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, no está facultada para determinar cargos impugnados por tarjetahabientes, sino que ello es facultad exclusiva de la autoridad judicial, a través de una sentencia en la que determine si los cargos impugnados por la actora son o no indebidos.
En esa medida, el disconforme insiste en que debió declararse fundada la excepción de improcedencia de la vía y, aduce, dicha violación procesal trascendió en su perjuicio al resultado del fallo, en la medida en que la vía ejecutiva le limita las excepciones que puede hacer valer, pues éstas están específicamente previstas en el artículo 1403 del Código de Comercio, además de que la tramitación de un juicio en la vía incorrecta, por sí misma, causa agravio al demandado y contraviene su garantía de seguridad jurídica.
Como ya se adelantó, los reseñados argumentos resultan infundados.
Para evidenciarlo dicha calificativa, es necesario precisar el contenido y alcance del artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que establece lo siguiente:
‘Artículo 68 Bis. Cuando las partes no se sometan al arbitraje, y siempre que del expediente se desprendan elementos que a juicio de la Comisión Nacional permitan suponer la procedencia de lo reclamado, ésta podrá emitir, previa solicitud por escrito del Usuario, un acuerdo de trámite que contenga un dictamen.
Cuando este dictamen consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la Comisión Nacional, se considerará título ejecutivo no negociable, en favor del Usuario.
La Institución Financiera podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes ante la autoridad judicial competente. La acción ejecutiva derivada del dictamen prescribirá a un año de su emisión.
Para la elaboración del dictamen, la Comisión Nacional podrá allegarse todos los elementos que juzgue necesarios.
El dictamen a que se refiere el presente artículo sólo podrá emitirse en asuntos de cuantías inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión. El dictamen sólo podrá tener el carácter de título ejecutivo, en los términos de este artículo, en asuntos por cuantías inferiores al equivalente en moneda nacional a cincuenta mil unidades de inversión, salvo que se trate de instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros y administradoras de fondos para el retiro, en los cuales el monto deberá ser inferior a cien mil unidades de inversión. En ambos supuestos se considerará la suerte principal y sus accesorios’.
Del dispositivo legal trascrito, se desprende que el legislador estableció la facultad a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que previa solicitud del usuario, emita un acuerdo que contenga un dictamen que consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, cuando las partes no se sometan a su arbitraje y, a su juicio, del expediente relativo se desprendan elementos que le permitan suponer la procedencia de lo reclamado por el usuario.
Dictamen que se considerará título ejecutivo no negociable, en favor del usuario, con total independencia de las excepciones y defensas que en su contra pueda hacer valer la institución financiera en el juicio respectivo ante la autoridad judicial competente.
Así las cosas, conforme al numeral invocado, cuando a la referida Comisión le es planteada una reclamación contra una institución financiera -como en el caso en estudio, en el que se desconocieron diversas operaciones realizadas a través de una tarjeta de débito con cargo a la cuenta del actor- está expresamente facultada por dicho precepto para realizar el estudio correspondiente; esto es, para analizar tanto la contratación respectiva como el incumplimiento de las obligaciones resultantes de ella, de acuerdo a la ley que las rija, para que el dictamen que emita al respecto se considere título ejecutivo no negociable a favor del usuario reclamante.
Se arriba a esa conclusión, de las interpretaciones literal y teológica del referido artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, pues desde la iniciativa de reforma a dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil catorce, se señaló como objetivo el fortalecimiento del alcance del dictamen técnico emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a efecto de convertirlo en título ejecutivo, como instrumento fundamental para la defensa del usuario, dotando a la referida Comisión de herramientas con las que se pretende lograr un equilibrio entre las relaciones de las entidades financieras con los usuarios de sus servicios, en beneficio primordialmente de éstos, cuando las partes no se sometieron al arbitraje, tal como se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa de ley correspondiente, ya que en la misma se señaló:
‘... En el marco de la estrategia para transformar la banca y el crédito como palanca de desarrollo de hogares y empresas, considerada en el Pacto por México, la protección a los usuarios de los servicios financieros, la promoción de una bancarización y la inclusión financiera responsable son factores que deben ser fortalecidos.
La información, el asesoramiento y la protección de los usuarios que utilizan los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras, es un eje fundamental que debe regir el desarrollo de cualquier sistema financiero; lo cual no puede darse, sino mediante la instrumentación de acciones que promuevan la competitividad de las instituciones, así como dotar de nuevas herramientas a las autoridades protectoras de los intereses de los usuarios.
En atención a lo anterior, se considera necesario adecuar el marco jurídico vigente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (‘CONDUSEF’) y reorientar su objetivo en beneficio primordialmente del usuario. En este contexto, resulta impostergable mejorar en materia de protección al usuario de servicios financieros, así como hacer efectiva la equidad en las relaciones entre éstos y las instituciones financieras, para el mejor aprovechamiento de los productos y servicios que ofrece el mercado.
En ese sentido, esta iniciativa contempla una serie de herramientas con las que se pretende lograr el equilibrio entre las relaciones de las entidades financieras con los usuarios de sus servicios. (...).
De igual forma, se fortalece el alcance del dictamen técnico, instrumento fundamental para la defensa del usuario y se prevé la posibilidad de que éste sea título ejecutivo...’.
Derivado de dicha reforma, el mencionado numeral quedó redactado de diferente forma, como se evidencia en el siguiente cuadro comparativo:
(...)
Atento a lo anterior, no es dable concluir que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se extralimitó en sus funciones al emitir un dictamen que constituye un título ejecutivo, ni mucho menos se puede considerar que se invade la esfera de competencia y jurisdicción de la autoridad judicial, como lo refiere la parte quejosa, pues se inste dicha potestad le fue reconocida en la propia ley.
Además, al dotar el legislador a la mencionada Comisión de tal facultad, le otorgó un expreso voto de confianza, en el entendido de que se trata de una institución gubernamental de buena fe, que está especializada justamente en la materia financiera, cuya competencia está particularmente referida a asuntos bancarios y de seguros, lo que garantiza un campo cierto de certeza y profesionalismo en su actuación, cuenta además con la infraestructura, organización, así como con el personal con capacidad y experiencia técnica y científica necesarias para que, a su juicio, pueda determinar en qué casos, a su parecer, puede considerarse que su dictamen puede ser un título ejecutivo en el que se establezca el incumplimiento de una obligación contractual, que tenga las características de cierta, líquida y exigible, útil para instaurar una acción ejecutiva ante la autoridad judicial competente.
Al respecto, resulta ilustrativa la tesis aislada 1a. CLXXII/2018 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 275, del tener literal siguiente:
‘COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. LA FACULTAD DE DICHO ORGANISMO PARA EMITIR UN DICTAMEN CON EL CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO NO NEGOCIABLE, A FAVOR DEL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.(...)’.
De igual manera, resulta dable invocar la tesis aislada 1a. CLXXIII/2018 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 273, que enseguida se transcribe:
‘COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY QUE REGULA DICHO ORGANISMO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.’
Concomitante con lo anterior, esto es, en relación a las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para emitir dictámenes con la calidad de títulos ejecutivos, debe señalarse que el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, no restringe a la Comisión ni hace distinción alguna en cuanto al tipo de obligaciones contractuales sobre las que puede dictaminar, lo que a su vez comprende que a ésta se le faculta para decidir en relación con cualquier ‘obligación contractual’ en general.
En esa medida, la expresión ‘obligaciones contractuales’ no debe entenderse referida exclusivamente a aquellas que obren literalmente en el clausulado del contrato suscrito por el usuario y la institución bancaria, como lo pretende hacer ver el disidente, sino que debe ponderarse todas las obligaciones que dicho acuerdo acarrea, a la luz de la normatividad que los regula.
Se sostiene lo anterior, toda vez que en nuestro sistema contractual, las obligaciones se encuentran constituidas tanto por las cláusulas del contrato respectivo, como por las disposiciones de la ley aplicable que las regulan, así como por las consecuencias naturales de dichos pactos, de acuerdo con el uso y la buena fe.
De no efectuarse la precisada interpretación, esto es, separar la relación contractual existente entre las partes, del reclamo efectuado por el incumplimiento de las obligaciones pactadas de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se llegaría al extremo de hacer nugatorias las facultades conferidas por el legislador a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuya intención fue la de fortalecer a los usuarios de servicios financieros, mediante las atribuciones otorgadas a la institución gubernamental que se encarga de garantizar la eficacia en el servicio público de la banca respecto del público en general, para privilegiar la vía en la que la institución financiera puede ser demandada ante la potestad judicial cuando no acepta someterse al arbitraje para resolver la reclamación presentada ante la Comisión en su contra por el usuario.
En esas condiciones, debe considerarse en forma vinculada tanto el contrato de apertura de una cuenta bancaria, celebrado entre las partes, así como lo previsto legalmente sobre cargos no reconocidos.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 75/2019 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 315, de rubro y texto siguientes:
‘TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN DE LA FIRMA CONTENIDA EN UN CHEQUE TIENE ESA NATURALEZA. (...)’.
No se soslaya que el anterior criterio se refiere al dictamen que emitido por la comisión de mérito sobre la notoria falsedad o alteración de la firma contenida en un cheque y que, en la especie, se analice lo relativo a un dictamen sobre cargos no reconocidos realizados mediante tarjeta bancaria; sin embargo debe destacarse que el precepto legal analizado por la superioridad en el precedente de mérito fue el mismo que aquí nos ocupa; esto es, el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y, en aquel caso, el alto tribunal, al establecer que existía una obligación contractual incumplida, no se limitó al clausulado especifico del contrato respectivo, sino que hizo alusión a la obligación de la institución bancaria de la conservación del dinero depositado por los usuarios en la cuenta respectiva.
De ahí que, siguiente el criterio de la superioridad, se concluye que la obligación de cuidado y seguridad que debe garantizar toda institución bancaria en las operaciones que se realicen, se vincula con el contrato celebrado entre el usuario y la institución, por lo cual, cuando el banco falta a ese deber, dicha omisión es susceptible conceptualizarse como una ‘obligación contractual incumplida’.
Así las cosas, una vez que se ha definido la facultad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios De Servicios Financieros, para emitir dictámenes con calidad de títulos ejecutivos, así como el alcance del término ‘obligación contractual incumplida’, este tribunal considera que, adverso a lo referido por el inconforme, en el caso particular, el documento base de la acción exhibido por la parte actora sí constituye un título ejecutivo.
Se sostiene lo anterior, pues en documento que constituye base de la acción, se consigna el dictamen en el que, a juicio de la institución, existe una obligación contractual incumplida, en virtud de que la usuaria desconoció diversas operaciones con cargo a su cuenta y, la institución financiera demandada no logró sustentar las operaciones respectivas mediante los documentos donde constara la autorización del usuario, a través de firma autógrafa o electrónica.
Esto es, en la especie, la reclamación realizada por el usuario de servicios bancarios, versó sobre el desconocimiento de haber realizado ocho disposiciones en efectivo y cinco consumos con la tarjeta de débito **********, que le otorgó la institución bancaria, ligada a la cuenta **********.
Así las cosas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con base en los elementos del expediente que tenía para resolver dicha cuestión, señaló que la institución de bancaria tenía la obligación de prestar seguridad a sus cuentahabientes en las operaciones que realizaran, en relación con lo previsto en los artículos 46, fracción VII, 77 y 100 de la Ley de Instituciones de Crédito y los numerales 2.3, 2.6, 2.8 y 3.1 de las Reglas de Tarjetas de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de 2010.
De ahí que estimó que existía una obligación contractual incumplida por institución bancaria, que derivaba del contrato suscrito por las partes, por virtud del cual se expidió el plástico con el que se realizaron las operaciones cuestionadas, toda vez que el usuario desconocía las mismas y la institución bancaria no las sustentaba con los comprobantes correspondientes.
Para mayor claridad del asunto, resulta dable insertar a continuación el dictamen respectivo:
(...)
Como se dijo, la causa de incumplimiento se refiere a la omisión de un deber de cuidado por parte de la institución financiera, aunada a la falta de prueba por parte de ésta, respecto de sus aseveraciones en sentido contrario.
Así las cosas, tomando en cuenta que tanto el contrato de apertura de una cuenta bancaria, celebrado entre las partes, como lo previsto legalmente sobre cargos no reconocidos, tienen que tomarse en cuenta de forma vinculada, en relación con la reclamación realizada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, resulta patente el dictamen emitido por la indicada comisión sí se refiere al incumplimiento de una obligación contractual y no extracontractual como lo refiere el inconforme.
Asimismo, se trata de una deuda liquida, cierta y exigible, pues en el dictamen se establece el monto a que ascienden las operaciones impugnadas, $********** (********** pesos 22/100 M.N.) cantidad que se determinó a partir de las constancias con las que contaba la autoridad para resolver el tema que le fue plantado y, en virtud de que la institución bancaria no demostró la autorización del usuario en su realización.
De ahí que, se insiste, el dictamen de mérito sí constituye un título ejecutivo y, por ende, es procedente la vía ejecutiva mercantil intentada, en términos de la fracción IX del artículo 1391 de la codificación mercantil.
No se soslaya que, en relación con el tópico analizado, la parte quejosa, entre otros criterios, invoca la tesis aislada de rubro:
‘TÍTULO EJECUTIVO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE LOS CARGOS O RETIROS EFECTUADOS A UNA TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO QUE NO RECONOZCA EL USUARIO, ATENTO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE SEGURIDAD JURÍDICA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014)’.
Si bien dicho criterio es contrario a lo expuesto en la presente ejecutoria, lo cierto es que este tribunal no se encuentra obligado por el mismo, toda vez que no constituye jurisprudencia de un órgano jerárquico superior; amen de que el mismo se emitió previo a la publicación de la jurisprudencia 1a./J. 75/2019 (10a.) que s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34192-a6b8753a/titulo-ejecutivo-el-dictamen-de-la-comision-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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