REQUERIMIENTOS A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA CONOCER LA INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE. PUEDEN IMPUGNARSE COMO PARTE DE LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, CUANDO SE DEMANDE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 216/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 216/2023, suscitada entre el Décimo y el Decimoctavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si los requerimientos formulados por la autoridad fiscal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización, para obtener información bancaria del contribuyente, pueden ser impugnados por éste al demandar la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio SAA-2aS-73/2023, el Magistrado Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Décimo y el Decimoctavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 97/2018 y 480/2019, respectivamente.
4. Declaratoria de incompetencia del Alto Tribunal. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibida la denuncia de contradicción de criterios, registrándola con el número 185/2023, y declaró que el Alto Tribunal carecía de competencia para conocer del asunto, ordenando su remisión al extinto Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
5. Se radica la contradicción de criterios. En el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, la presidencia del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, asumió la competencia fincada por la Superioridad; ordenó formar y registrar el expediente con el número 216/2023; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió a los Tribunales contendientes para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; y en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no contaba con alguna contradicción de criterios que guardara relación con el tema a dilucidar, consideró innecesario solicitar nuevamente el referido informe.
6. Vigencia de los criterios contendientes. Por acuerdos de presidencia de tres y de quince de agosto del año pasado, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los órganos contendientes en los que informaron que sus criterios continuaban vigentes.
7. Confirmación de turno. En auto de presidencia de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se confirmó el turno del asunto para la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, entonces adscrita al Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
8. Modificación de la denominación y competencia de este Pleno Regional y redistribución del asunto. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se modificó la denominación del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, por la de Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, así como su competencia.
9. Redistribución del asunto. Mediante auto de presidencia de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional y se confirmó el turno del asunto para la ponencia a cargo de la Magistrada Silvia Cerón Fernández.
10. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
II. COMPETENCIA.
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del propio Consejo, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en su texto vigente a partir de la reforma ordenada en el artículo 3 del Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados que pertenecen a un circuito correspondiente a esta región (primer circuito), la cual involucra un tema de la materia administrativa. Cuenta habida de que así también lo determinó la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés.
III. LEGITIMACIÓN.
12. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y esa Sala tuvo el carácter de autoridad responsable en los juicios de amparo de los que derivaron los criterios contendientes.
IV. CRITERIOS CONTENDIENTES.
13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A) Amparo directo 97/2018, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto en sesión de catorce de junio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos.
14. Determinación del crédito fiscal. La Administración Local de Auditoria Fiscal del Norte de la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria, determinó un crédito fiscal en contra de una persona moral, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, multas y recargos, y reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil doce.
15. Recurso de revocación. En contra de dicha resolución, la persona moral interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el diecinueve de agosto de dos mil quince, por la Administración Local Jurídica del Norte de la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria, en el sentido de confirmar la determinante del crédito fiscal.
16. Se promueve juicio de nulidad. Inconforme, la persona moral promovió juicio de nulidad, del que tocó conocer a la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que después de realizar los trámites correspondientes, solicitó el ejercicio de la facultad de atracción a la Sala Superior de ese Tribunal.
17. Se ejerce facultad de atracción y se dicta sentencia de nulidad. Por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ejerció su facultad de atracción, y el tres de octubre de dos mil diecisiete, dictó sentencia en el juicio de origen, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.
18. Amparo directo. Inconforme con esa sentencia, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la que por razón de turno tocó conocer al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que después de contar con las constancias necesarias, la admitió a trámite con el número de expediente 97/2018, y en sesión de catorce de junio de dos mil dieciocho, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, negaron la protección constitucional solicitada, y en relación con el tema de esta contradicción, determinaron lo siguiente:
“(...)
En otro aspecto, aduce que la resolutora soslayó que los requerimientos de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fueron emitidos por autoridad incompetente, siendo que debió citar el artículo 42, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación en tales requerimientos, lo que denota la ilegalidad del procedimiento y actos impugnados.
Del fallo que se analiza, se advierte que, la sala responsable indicó que en términos de lo previsto en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se constriñe exclusivamente a hacer del conocimiento del contribuyente revisado la citada información o documentación y no así de las actuaciones o requerimientos por los cuales se solicitó la misma, siendo que la juzgadora consideró que no controvierte propiamente la legalidad de la notificación del oficio en que se le dio a conocer, pues sólo indicó que no cumplen los requisitos a que contraen los artículos 134 y 137 del Código Tributario.
En ese sentido, es que este órgano colegiado considera que la quejosa no puede cuestionar la legalidad del requerimiento, pues no se trata de un acto dirigido a ella, de modo que no afecta su esfera de derechos, pues será hasta el momento en que se le dé a conocer la información obtenida conforme a tales requerimientos que estará en aptitud de inconformarse; siendo que en todos (sic) caso quien resiente los efectos del requerimiento formulado es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de ahí la ineficacia de las alegaciones vertidas en ese sentido.
(...)
En mérito de las consideraciones que anteceden y al haber sido desestimados los conceptos de violación propuestos por la quejosa, lo que se impone es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados.
(...)”
19. Se desecha recurso de revisión. Mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil dieciocho, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el amparo directo de referencia. Tal determinación fue confirmada por los Ministros integrantes de la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver el recurso de reclamación 1848/2018.(1)
B) Amparo Directo 480/2019, del índice del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto en sesión de ocho de mayo de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos.
20. Determinación del crédito fiscal. La Administración Local de Auditoría Fiscal de Cancún, con Sede en Quintana Roo, del Servicio de Administración Tributaria, determinó un crédito fiscal en contra de una persona moral, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, multas y recargos, y reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diez.
21. Recurso de revocación. En contra de dicha determinación, la persona moral interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el nueve de diciembre de dos mil trece, por la Administración Local Jurídica del Sur de la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria, en el sentido de confirmar el oficio cuestionado.
22. Se promueve juicio de nulidad. Inconforme, la persona moral promovió juicio de nulidad, del que tocó conocer a la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que después de realizar los trámites correspondientes, solicitó el ejercicio de la facultad de atracción a la Sala Superior de ese Tribunal.
23. Se ejerce facultad de atracción y se dicta sentencia de nulidad. La Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ejerció su facultad de atracción, y el seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia en el juicio de origen, en la que declaró la nulidad parcial de la resolución impugnada, así como del oficio determinante del crédito fiscal.
24. Solicitud de aclaración de sentencia. Mediante resolución de treinta de mayo de dos mil diecinueve, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declaró procedente pero infundada la aclaración de sentencia solicitada por la parte actora.
25. Amparo directo. Inconforme con la sentencia de nulidad, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la que por razón de turno tocó conocer al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que después de contar con las constancias necesarias, la admitió a trámite con el número de expediente 480/2019, y en sesión de ocho de mayo de dos mil veintitrés, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, otorgaron la protección constitucional solicitada, para efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emitiera otra bajo los lineamientos que ahí se indicaron.
26. En relación con el tema de esta contradicción, el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente:
“(...)
El concepto de violación es fundado, pero únicamente en cuanto a que fue indebida la determinación de la Sala responsable de determina que no le causa perjuicio a la quejosa que la autoridad fiscalizadora no haya fundado su competencia en el artículo 42, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, en el oficio por el cual requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos en los que se precisa más adelante.
A fin de demostrar la conclusión anunciada, es pertinente establecer que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se colma con el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, así como de las pruebas aportadas por las partes, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate.
(...)
Ahora bien, de la lectura de la demanda de nulidad se advierte que en el trigésimo octavo concepto de impugnación, en la parte que interesa, la quejosa hizo valer que la resolución ahí impugnada – contenida en el oficio número **********, de nueve de diciembre de dos mil trece, emitida por la Administración Local Jurídica del Sur del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, en el recurso de revocación **********, en la cual se confirma la resolución determinante del crédito fiscal contenida en el oficio número ********** de veintiocho de enero de dos mil trece, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Cancún del Servicio de Administración Tributaria - deriva de un acto viciado.
Lo anterior lo considera así, pues señala que el oficio ********** de veinte de octubre de dos mil once, por el cual la autoridad fiscalizadora solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de sus cuentas bancarias, transgrede el artículo 16 constitucional, resultando contrario a derecho, ya que la autoridad emisora del mismo no fundamentó debidamente su competencia para actuar, pues no citó la fracción VII, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, fracción que le otorga competencia material para recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que poseen con motivo de sus funciones. Refiere que si bien el acto por el cual la autoridad fiscalizadora solicitó diversa documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no trascendió de manera inmediata en su esfera jurídica, si lo hizo al momento de determinar presuntivamente las contribuciones omitidas en la resolución liquidadora, pues ese cálculo fue con base en la documentación proporcionada por esa vía.
Por su parte, la Sala responsable, al analizar en el considerando octavo de la sentencia reclamada, el trigésimo octavo concepto de impugnación de la demanda de nulidad, señaló que es fundado pero insuficiente el argumento de la quejosa con el cual pretende desvirtuar la legalidad del oficio ********** de veinte de octubre de dos mil once, por el cual la autoridad fiscalizadora solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de sus cuentas bancarias, al señalar que la autoridad fiscal no citó el artículo 42, fracción VII del Código Fiscal de la Federación.
Manifiesta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2ª/.J. 127/2005 de rubro: ‘VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS E INFORMES OBTENIDOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN UN PROCEDIMIENTO ANTERIOR DECLARADO INSUBSISTENTE, PUEDEN APORTARSE POR LA AUTORIDAD FISCAL EN UNO POSTERIOR, SIEMPRE QUE LOS HECHOS U OMISIONES QUE DERIVEN DE AQUÉLLOS Y ENTRAÑEN INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES FISCALES, SE HAYAN ASENTADO CIRCUNSTANCIADAMENTE EN LAS ACTAS PARCIALES RESPECTIVAS.’, en cuya ejecutoria concluyó que dada la naturaleza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ésta tiene el carácter de autoridad, por lo que la autoridad fiscalizadora debe fundar el requerimiento de información realizado a la dependencia mencionada, en la fracción VII, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.
Determinó que, en efecto, en el oficio *********** de veinte de octubre de dos mil once, la autoridad fiscal omitió citar el artículo 42, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, para requerir los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que consideró fundado el concepto de impugnación hecho valer por la quejosa, sin embargo, señaló que ello no es suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, así como de la recurrida.
Posteriormente, transcribió el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señalando que del mismo se desprende que la eficacia de las violaciones en el procedimiento está condicionada a que se cumplan dos requisitos: a) que se afecten las defensas del particular; y b) que trasciendan al sentido de la resolución impugnada.
Señaló que el oficio mencionado respecto de la cual la quejosa controvierte la fundamentación de la competencia de la autoridad fiscal, por el cual requirió información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un acto emitido por una autoridad, dirigido a otra autoridad, por lo que no puede entenderse su fundamentación y motivación de la misma forma que un acto emitido por una autoridad dirigida a un particular; sin embargo, no por ello la autoridad podría dejar de cumplir con su obligación de fundar y motivar sus actuaciones, pero de manera diversa, ya que los objetivos y finalidades que se persiguen en ambos casos, son diferentes. Continuó señalando que de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación o en las leyes fiscales, o que consten en los expedientes o documentos en poder de las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales, que cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales, éstas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días.
Que de dicho precepto legal se desprende que se refiere a la información que las autoridades fiscales obtienen de autoridades distintas que no son fiscales, como lo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Señaló que de conformidad con la información o documentación de la que se allegan las autoridades fiscales, ya sea en la visita domiciliaria o en la revisión de gabinete, podrá servir para motivar sus resoluciones; que los expedientes o documentos proporcionados por autoridades no fiscales, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán ser hechos el conocimiento de los contribuyentes revisados, y concederles un plazo de quince días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; que la información y documentación relativa a las operaciones y servicios que está en posesión de instituciones de crédito es de carácter confidencial; sin embargo, como excepción al derecho a la privacidad, dichas instituciones están obligadas a dar las notificas (sic) o información mencionadas, en los casos en que sean solicitados, entre otras, por las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Determinó que por los razonamientos expuestos, el contenido de los requerimientos mencionados no afectan la esfera jurídica del contribuyente revisado, sino lo que lo afectará, en todo caso, será la información o documentación que se obtenga en respuesta a los mismos, por lo que estima que el requerimiento de información no causa afectación al particular fiscalizado.
Además señala que la parte actora (aquí quejosa), se limita a controvertir la fundamentación del requerimiento señalado, sin precisar cuál fue la afectación que se le ocasiona o la trascendencia en la resolución impugnada, máxime que la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, corresponde a sus propias cuentas bancarias, las cuales no puede desconocer.
Ahora bien, contrario a lo aducido por la autoridad responsable, la quejosa en el trigésimo octavo concepto de impugnación de la demanda de nulidad, sí mencionó los motivos por los cuales considera que la omisión de la autoridad fiscal de fundar su competencia en el artículo 42, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación en el oficio ********** de veinte de octubre de dos mil once, pues como se mencionó, señaló que si bien el acto por el cual la autoridad fiscalizadora solicitó diversa documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no trascendió de manera inmediata en su esfera jurídica, sí lo hizo al momento de determinar presuntivamente las contribuciones omitidas en la resolución liquidadora, pues ese cálculo fue con base en la documentación proporcionada por esa vía.
En ese contexto, este Tribunal Colegiado advierte incorrecto que la responsable haya determinado que aún y cuando la autoridad fiscal no haya fundamentado su competencia en el artículo 42, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, al emitir el oficio ********** de veinte de octubre de dos mil once, por considerar que por sí mismo no afecta la esfera jurídica del contribuyente revisado, sino lo que lo afectará, en todo caso, será la información o documentación que se obtenga en respuesta a los mismos; además de que considera que la quejosa no precisó cuál fue la afectación que se le ocasiona o la trascendencia en la resolución impugnada.
Al respecto, como la misma responsable lo señala en la sentencia reclamada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 110/2005, determinó que los requerimientos formulados por las autoridades fiscales a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debe fundamentarse en la fracción VII, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, al establecer que es facultad de las autoridades fiscales recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.
En efecto, del artículo 42, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, vigente al momento de practicarse la visita domiciliaria a la quejosa, se desprende claramente que prevé la facultad de la autoridad hacendaria para requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones bancarias.
Si bien las consideraciones transcritas no resolvieron frontalmente el tema toral al que se circunscribía la contradicción de tesis 110/2005-SS8, también lo es que su inclusión y desarrollo en la referida ejecutoria, como premisas del tema de contradicción, revelan precisamente su importancia, al grado de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo especial cuidado de establecer cuál es la fracción del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en la cual encuentra fundamento el requerimiento -para recabar información- que hace la autoridad fiscal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La consideración relativa al fundamento correcto por parte del Máximo Tribunal Judicial del país pone de relieve, en consecuencia, que la autoridad debe fundamentar el requerimiento de información respectivo en la fracción VII del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, ya que de no asumir tal interpretación carecería de trascendencia que aquél Máximo Tribunal hubiera examinado y definido el fundamento correcto que faculta a la autoridad fiscal para requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de determinada información y documentación, si de cualquier modo ese fundamento no fuera exigible consignarse en el requerimiento.
De suerte que, conforme a tal criterio del Máximo Tribunal Judicial del país, si la formulación de un requerimiento de información y documentación, por parte de la autoridad fiscalizadora a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está sujeto al requisito de fundamentación previsto por el artículo 42, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, es inconcuso que el requerimiento de mérito no puede considerarse tan solo una comunicación “interna” entre autoridades, sino propiamente un acto de autoridad desplegado dentro de la substanciación de un procedimiento inherente a una visita domiciliaria, por lo cual debe reunir todos los requisitos de un acto de autoridad, entre ellos, en la debida fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad que lo emite.
Es orientativa de esta consideración el criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal plasmado en el criterio que se transcribe enseguida:
‘INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. LA ORDEN RELATIVA EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL DEBE ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, AUNQUE SE DIRIJA A UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA Y NO AL CONTRIBUYENTE.’
(...)
Así, por igualdad de razón, una solicitud de información que la autoridad hacendaria realiza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el contexto de un procedimiento de fiscalización, es un acto de autoridad que debe estar fundado y motivado.
Ello es así, pues si bien material y operativamente esa solicitud es interna, pues se dirige directamente del fisco a la citada Comisión, lo cierto es que es un acto cuyas consecuencias jurídicas inmediatas trastocan el derecho al secreto bancario del gobernado-contribuyente, pero además, la consecuencia mediata será que esa información sea considerada al emitirse el documento determinante; razón por la cual, desde luego se trata de un acto de autoridad, respecto de los cuales no hay excepción en cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación.
El indicado oficio *********** de veinte de octubre de dos mil once, cuestionado por la actora, aquí quejosa, en lo conducente, señala:
(...)
Así las cosas, es evidente que las consideraciones que empleó la autoridad responsable para desestimar el trigésimo octavo concepto de impugnación, relativas al oficio ********** de veinte de octubre de dos mil once, dirigido a la Vicepresidenta de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son ilegales porque, si bien declaró fundado dicho concepto de anulación, al reconocer que debió de haberse fundamentado en el artículo 42, fracción VII del Código Fiscal de la Federación, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, determinó que dicha circunstancia es insuficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, lo cual, como se evidenció es contrario a derecho, pues al ser un acto de autoridad que sí afecta la esfera jurídica de la quejosa, toda vez que la información que sea remitida en atención a dicho requerimiento, fue considerada al emitirse la resolución determinante del crédito fiscal a cargo de la quejosa.
Además, las consecuencias del oficio en comento también están viciadas, en este caso, la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32824-3f1b9971/requerimientos-a-la-comision-nacional-bancaria-y-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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