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Modo: Corpus Pro

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL DESFAVORABLES AL PARTICULAR, CON INDEPENDENCIA DE QUE CONTENGAN UN CRÉDITO FISCAL (ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 52/2024. · Registro digital (IUS): 32673
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-08-30
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SÉ
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.251.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 52/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS RESPECTO DEL RESOLUTIVO PRIMERO DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. MAYORÍA DE DOS VOTOS RESPECTO DEL RESOLUTIVO SEGUNDO. DISIDENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de criterios identificada al rubro, y

RESULTANDO:

Primero. Denuncia de la contradicción y radicación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio recibido vía MINTERSCJN y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se denunció la posible contradicción de criterios entre los órganos siguientes:

• Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (amparo en revisión 263/2022).

• Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (amparo en revisión 86/2021).

• Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparos en revisión 490/2022 y 175/2022).

• Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (amparo en revisión 96/2022)

• Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito (amparo en revisión 252/2021).

Segundo. Trámite de la denuncia ante el Alto Tribunal. Por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó registrar el asunto con el número de expediente 266/2023, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y, una vez agotado el procedimiento respectivo, la Segunda Sala del Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de dos mil veintitrés determinó lo siguiente:

"PRIMERO.—Esta Segunda Sala carece de competencia legal para conocer y resolver la contradicción de criterios denunciada.

SEGUNDO.—Remítase la denuncia a los Plenos Regionales en Materia Administrativa de las Regiones Centro-Sur y Centro-Norte."

Tercero. Trámite ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Una vez recibido en la oficialía de partes de este Pleno Regional el oficio proveniente de la Subsecretaría de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se remitió la denuncia de la posible contradicción de criterios aludida en el resultando anterior; en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 52/2024, la admitió a trámite y tuvo como órganos contendientes a los siguientes:

1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (amparo en revisión 86/2021).

2. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito (amparo en revisión 252/2021).

3. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (amparo en revisión 263/2022).

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en el que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:

"DETERMINAR SI DE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESULTA PROCEDENTE LA FIGURA DE LA RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE ACTOS O RESOLUCIONES QUE NO DETERMINEN CRÉDITOS FISCALES."

Cuarto. Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdos de cinco y siete de marzo de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes de los Tribunales Colegiados contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento de este Pleno Regional que los criterios en cuestión continuaban vigentes.

Quinto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que de la consulta al sistema correspondiente, no se encontró radicada alguna contradicción de criterios en ese Alto Tribunal que guardara relación con el tema a dilucidar en el presente asunto.

En esa misma fecha y toda vez que el expediente se encontraba debidamente integrado, en auto de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

Sexto. Aplazamiento. El veintitrés de abril de dos mil veinticuatro se listó el presente asunto para ser visto en sesión de dos de mayo siguiente, en la que quedó aplazado.

Séptimo. Amicus curiae. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés, se tuvieron por hechas las manifestaciones del (i) Titular de la Dirección General de Amparo Contra Leyes y (ii) la Administradora de lo Contencioso "5", adscrita a la Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 266/2023 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1o., fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materia administrativa pertenecientes a diversos circuitos comprendidos en la Región Centro-Sur y cuya especialización administrativa compete a este órgano.

SEGUNDO.—Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, toda vez que la realizaron los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes.

TERCERO.—Criterios denunciados. A continuación se transcriben, en la parte que interesa a este asunto, los criterios denunciados como contradictorios.

A. Amparo en revisión 86/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (resuelto en sesión de diecisiete de junio de dos mil veintiuno).

"(...) OCTAVO. Estudio. Los agravios planteados son fundados.

– De la lectura de la sentencia recurrida se desprende que, se determinó negar el amparo a la quejosa, con base las consideraciones que enseguida se sintetizan:

El Juez Federal abordó el estudio de la resolución contenida en el oficio ********************, de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, en la cual, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 69-B del Código Fiscal de la Federación, se desechó la reconsideración administrativa planteada por el quejoso, en contra de la diversa resolución de veintidós de marzo del mismo año, en la cual se le ubicó en la hipótesis de presunción definitiva de contribuyentes que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.

Al respecto señaló, que la materia de estudio, consistía en determinar si el desechamiento del procedimiento de reconsideración administrativa en contra de una resolución de esa naturaleza (es decir, aquella que no fija un crédito fiscal) es acorde o no, a lo establecido por el artículo 36 del Código en cita.

De forma que, al emprender el estudio de los conceptos de violación, determinó eran infundados, y para sostener lo anterior, analizó la naturaleza de la reconsideración administrativa señalada en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto, señaló que la reconsideración administrativa es una figura que permite a las autoridades fiscales revisar, a efecto de modificar o revocar, en su caso, resoluciones administrativas emitidas por un subordinado jerárquico, las cuales sean desfavorables a un particular, cuando se demuestre que contravienen disposiciones fiscales aplicables, pero únicamente cuando el contribuyente no hubiere interpuesto medio de defensa y hubiere transcurrido el plazo para su presentación, así como que no haya prescrito el crédito fiscal.

Que en lo relativo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que el artículo en cita establece un mecanismo de revisión o reconsideración administrativa, el cual la sintetiza de la siguiente manera; a) naturaleza, b) materia, c) supuesto de procedencia, d) limitaciones al supuesto de procedencia, e) consecuencias de la actualización del supuesto de procedencia. Asimismo, señaló que dicha Sala, determinó que el numeral 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación contiene un mecanismo excepcional de control de legalidad de actos administrativos de carácter oficioso por lo que no constituye un medio de impugnación como tal.

Invocó como sustento de lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 169/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO CONSTITUYE UN RECURSO ADMINISTRATIVO NI UNA INSTANCIA JURISDICCIONAL, SINO UN MECANISMO EXCEPCIONAL DE AUTOCONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.’

Por lo cual determinó que la facultad discrecional de revisión señalada en el artículo en referido, constituye un mecanismo extraordinario de control administrativo de la legalidad, a efecto que la autoridad fiscal revise las resoluciones desfavorables a un particular, cuando deriven de supuestos que se establecen en dicho artículo.

Que el Máximo Tribunal de este país ha establecido que la intención del legislador fue prever un mecanismo excepcional, el cual no se constituye como una instancia jurisdiccional, en el que los contribuyentes que no estén en posibilidad de hacer valer medios de defensa ordinarios en contra de la resolución que les sean desfavorables, puedan requerir a las autoridades fiscales la revisión de sus propias resoluciones; conforme a lo anterior hace hincapié en señalar que el recurso de reconsideración se estableció únicamente como un medio excepcional.

Agrega, que la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia, ha establecido que, aunque se trata de un medio de autocontrol en el que las autoridades fiscales gozan de un amplio margen de apreciación, las resoluciones que deriven de dichos procedimientos podrán ser combatidas a través del juicio de amparo indirecto.

Pero, sin bien es cierto lo antes señalado, también lo es que limitó el alcance de ese control constitucional a revisar cuatro aspectos: fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad; por lo que al ser la reconsideración administrativa un medio extraordinario, no se puede analizar bajo los mismos parámetros con los que analiza un medio ordinario.

Refiere que, de la exposición de motivos del Ejecutivo Federal, respecto a las razones para establecer el tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, consistió fundamentalmente en establecer un medio de defensa, el cual señala como una facultad discrecional de la autoridad fiscal, al cual puedan acudir los contribuyentes, en los casos de que no pudieran utilizar algún medio de defensa al haber perdido el derecho respectivo o hubieren transcurrido los plazos para presentarlos y sin que haya prescrito el crédito fiscal, lo anterior a fin de que le autoridad fiscal pueda modificar o revocar las resoluciones dictadas en beneficio de los contribuyentes.

Determina que los conceptos de violación son infundados, toda vez que el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, sí establece como requisito para la procedencia de la reconsideración administrativa, la existencia de una resolución fiscal que determine un crédito fiscal, respecto del cual se exige que no haya prescrito, por lo que considera que la autoridad responsable no actuó contrario a derecho.

Considera que si en el caso la parte quejosa, solicitó la reconsideración administrativa de la resolución contenida en el oficio *************************, emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco ‘2’, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en la que resolvió que la quejosa se establecía en el supuesto que prevé el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, relativa a la presunción definitiva de inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales, resulta correcto la determinación de la autoridad responsable de considerar improcedente su solicitud, pues dicha determinación no cumplía con uno de los requisitos necesarios para su procedencia, al no contener una resolución de un crédito fiscal.

Señala que no pasa desapercibido a dicho órgano jurisdiccional que la quejosa refiera que debe de adoptar la interpretación más favorable a la norma, ya que al caso considera, que lo expuesto es la única interpretación válida del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, al existir claridad en lo dispuesto en el mismo, asimismo, añade que la reconsideración administrativa no resulta ser un medio ordinario de defensa, sino un mecanismo legal que brinda la oportunidad al contribuyente de que las autoridades fiscales revisen sus propias determinaciones; sin embargo no están obligadas a resolver favorablemente a los intereses del particular, al considerar que se trata de un acto discrecional, por lo que además está obligada a evidenciar la procedencia legal de dicho mecanismo.

En ese orden, no ignora el hecho de que la parte quejosa señale que lo anterior restringa la posibilidad al ejercicio de su derecho de petición, al no recibir respuesta por parte del superior jerárquico que emitió la resolución que recurre; calificando dicho concepto de violación de infundado, en razón de que el hecho de que la autoridad fiscal deseche por improcedente la solicitud de reconsideración planteada por el quejoso no viola su derecho de petición establecido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, ya que si bien dicho derecho consiste en que todos los particulares deben obtener una respuesta por escrito a su petición, ello no implica que desechar la reconsideración administrativa afecte dicho derecho, pues tal decisión se circunscribe a la insatisfacción de los requisitos legales de procedencia de dicha solicitud.

Señala que no puede considerarse vulnerado ese derecho fundamental por el hecho de que la reconsideración administrativa se deseche (al estimar que la resolución objeto de la misma no fincó un crédito fiscal), pues aun cuando dicho procedimiento sea improcedente, ello no impide al particular a acudir a solicitar la nulidad de los actos ante la autoridad correspondiente a través de un medio de defensa ordinario.

Al respecto invocó la tesis 2a. XXVI/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PETICIÓN. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA, NO TRANSGREDE AQUEL DERECHO.’

Finalmente, consideró que la resolución dada por la autoridad responsable dentro del oficio ************* ************, resulta congruente al considerar que realizó un análisis correcto, pues tomó en cuenta los antecedentes narrados por la quejosa y fundó y motivó la determinación en la que concluyó la improcedencia de la reconsideración administrativa, bajo los dispositivos legales que estimó pertinentes; por tanto, respecto a dicho acto, concluyó negar el amparo solicitado.

– A efecto de controvertir tales consideraciones, el recurrente en su señalado como ‘único agravio’ planteó los argumentos que a continuación se sintetizan:

El Juez Federal transgredió en su perjuicio el principio de legalidad y congruencia que debió imperar en la sentencia, lo que llevó a resolver de manera infundada e inmotivada la litis constitucional.

Aduce que la negativa del Juzgador Federal se centra en considerar que la reconsideración administrativa prevista en el tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, únicamente procede contra resoluciones administrativas que tengan incorporado un crédito fiscal que no haya prescrito.

Por lo que, bajo esa óptica, consideró correcto que la autoridad responsable desechara la reconsideración administrativa, al no haberse cumplido con uno de los requisitos para su tramitación, que resulta ser que se haya determinado un crédito fiscal.

Ello, pues en razón que de la interpretación que realizó del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, el juez federal asumió que no cabía la posibilidad de admitir interpretación que favoreciera a la quejosa, pues insistió, la resolución materia de la reconsideración, debía determinar un crédito fiscal.

En ese orden, arguye, la sentencia recurrida no cumple con los extremos que requiere el artículo 74, fracción II de la Ley de Amparo, ya que omitió realizar el análisis sistemático de los argumentos planteados en sus conceptos de violación, los cuales, a su decir, evidenciaban la inconstitucionalidad del acto reclamado.

Además, alegó, que el Juez federal emitió la sentencia partiendo de premisas incorrectas, ya que tanto los hechos puestos a su consideración, así como los argumentos planteados desde su demanda de amparo, se analizaron de forma deficiente, lo cual condujo a un estudio indebido del asunto, contraviniendo así lo previsto por el artículo 76 de la Ley de Amparo.

Lo anterior lo sintetiza, al considerar que el A quo realizó una lectura indebida al artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, ya que asevera y asume como requisito esencial la existencia del crédito fiscal para la procedencia del procedimiento administrativo de reconsideración. Manifiesta, que del análisis del artículo señalado anteriormente, se advierte claramente el fundamento jurídico para accionar el procedimiento administrativo de reconsideración, en el entendido que dicho procedimiento puede ser promovido por particulares que sean afectados por resoluciones administrativas de carácter individual que les resulten no favorables, emitidas por sus subordinados jerárquicamente.

Aduce que el Juzgador perdió de vista el supuesto de procedencia primario que revisa la legalidad del acto a petición del gobernado, que en términos de artículo 36 tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación es que exista una resolución administrativa que no sea favorable a los intereses de un particular, sin menoscabo a lo anterior si ésta contiene o no una resolución determinante de crédito fiscal.

Refiere que contrario a las interpretaciones del Juez Federal, el Máximo Tribunal de este país ha determinado que la materia de la reconsideración administrativa prevista por el multicitado numeral, versa sobre resoluciones administrativas de carácter individual no favorables al particular, sin hacer distinción en el sentido de si éstas requieran necesariamente constituir créditos fiscales para que a su vez sean revisadas, tal como lo señaló el juzgador de Distrito.

Aclara que no le es inadvertido, que de los criterios invocados por el juez Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establecen como ‘operadores condicionales que restringen la procedencia de la reconsideración administrativa’, los relativos a: 1. La no interposición de medios de defensa habiendo transcurrido los plazos para su presentación y 2. La no prescripción del crédito fiscal; sin embargo, refiere, que dichos operadores únicamente cobran aplicación cuando se reúne la totalidad de circunstancias sobre las que se actualice la hipótesis legal referida.

Alude que de la lectura correcta del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, así como de la interpretación que el Máximo Tribunal del país ha realizado de él, es dable afirmar que la reconsideración administrativa no solo procede contra resoluciones en las que se fijen créditos fiscales, por el hecho de que uno de los supuestos de procedencia de dicho procedimiento sea, precisamente, que el crédito fiscal no haya prescrito, pues aduce, dicha exigencia únicamente será en el contexto de que la resolución materia de la reconsideración sea, efectivamente, una donde se determine el crédito fiscal, empero sin constituir una limitante de procedencia el que la resolución deba, necesariamente, de fincar un crédito fiscal.

En ese mismo sentido, continúa alegando, que es incorrecta la decisión del juez de Distrito al determinar que las únicas resoluciones susceptibles de ser reconsideradas son aquellas que constituyan un crédito fiscal, pues a su decir, son objeto de dicho procedimiento de revisión todas aquellas resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular, dictadas por los subordinados jerárquicos de las autoridades fiscales, y para tal efecto cita la exposición de motivos que originó la adición del tercer y cuarto párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación.

En ese contexto, arguyó, que con dichas adiciones la intención del legislador fue que el contribuyente tuviera a su alcance un mecanismo excepcional a efecto de modificar o revocar en su beneficio las resoluciones que le fueran desfavorables, emitidas por la Administración, y no limitar a su procedencia únicamente a aquellas resoluciones que determinen créditos fiscales.

Que, en todo caso, si la intención del legislador al crear la figura de la reconsideración administrativa, hubiera sido únicamente para que se revocaran créditos fiscales determinados a los contribuyentes, así lo hubiera dispuesto expresamente, por lo que aduce evidencia la interpretación desapegada a derecho del Juez Federal.

Cita los artículos 8, fracción XVI, y 11, fracción XX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en los cuales se establece la competencia tanto del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, así como de los administradores generales, para modificar o revocar resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular; de los cuales considera, no se advierten restrinjan su ámbito de competencia a los créditos fiscales.

Finalmente, alude que las normas no deben de ser interpretadas de forma aislada y literal, sino que compete al Juzgador darle un sentido armónico, a fin de procurar otorgar un mayor beneficio a la persona y garantizar el acceso a la justicia, tal como lo establecen los artículos 1o. y 17 Constitucionales.

De haberlo hecho así, afirma, el Juez federal hubiera concluido en resolver que la reconsideración administrativa planteada en el presente asunto era procedente, por lo que al no hacerlo así, violó en perjuicio del quejoso recurrente sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional, al pasar por alto el estudio de los argumentos planteados por la contribuyente a fin de evidenciar la ilegalidad del acto administrativo reclamado.

– Decisión.

Como se anticipó, los agravios sintetizados con antelación, son fundados, los cuales se analizarán en conjunto por estar estrechamente relacionados entre sí y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.

Este órgano colegiado no comparte el criterio sustentado por el juez de Distrito, en virtud que se estima, esa determinación es contraria a derecho, porque se aparta del principio pro persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a las autoridades a maximizar la interpretación de todas las normas expedidas por el legislador con la finalidad de proporcionar al gobernado la protección más amplia.

En efecto, en sus motivos de disenso el recurrente, en lo esencial, pretende demostrar que la reconsideración administrativa contenida en el tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, es procedente no solo en contra de resoluciones en las cuales se finque un crédito fiscal, sino en contra de cualquier resolución fiscal de carácter individual no favorable a los contribuyentes.

Es decir, el recurrente parte de la base de que dicho numeral no precisa qué tipo de resolución fiscal admite la reconsideración administrativa, por lo cual, estima, dicho procedimiento de revisión procede en cualquier supuesto en que exista una resolución fiscal de carácter individual no favorable al particular.

Asiste la razón al recurrente, pues contrario a lo determinado por el juez de Distrito, la reconsideración administrativa, en efecto, procede en tratándose de resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular, dictadas por los subordinados jerárquicos de las autoridades fiscales, y no únicamente contra aquellas que determinen un crédito fiscal.

Para justificar lo anterior, se tiene que el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, decía:

‘Artículo 36. (se transcribe)’.

Ahora, en la exposición de motivos de la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo Federal y que dio lugar a la reforma legal de tal precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se señaló, en lo que interesa, lo siguiente:

‘4. Medidas que otorgan seguridad jurídica a los contribuyentes.

Para otorgar seguridad jurídica plena y un trato más justo en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, se plantea incorporar medidas que promuevan un marco jurídico que limite la posibilidad de interpretaciones discrecionales a los distintos ordenamientos en materia fiscal en perjuicio de los contribuyentes y garantice medios de defensa y procedimientos que resuelvan de manera eficaz las posibles inconformidades que se presenten.

Las propuestas buscan eliminar ambigüedades en las leyes fiscales; incorporar a ley las resoluciones otorgadas y fortalecer los procedimientos y las instituciones que garantizan la seguridad jurídica del contribuyente, como el Tribunal Fiscal de la Federación.

A continuación se presentan las propuestas de reforma que se ponen a consideración de esa honorable soberanía:

En materia de resoluciones administrativas y disposiciones generales: Actualmente el Código Fiscal de la Federación establece que las instancias y peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de cuatro meses. Con objeto de agilizar y dar pronta respuesta a las promociones, se propone reducir el plazo para resolver peticiones o instancias a tres meses.

A fin de dar permanencia a las reglas de carácter general que año con año se venían emitiendo y otorgar de esta manera seguridad al contribuyente, se propone incorporar algunas de ellas, en forma definitiva, a la legislación fiscal.

Con objeto de ofrecer un marco de certidumbre a los contribuyentes, se propone establecer en el Código Fiscal de la Federación, la obligación de difundir los criterios de normatividad interna de las disposiciones fiscales.

En materia de medios de defensa del contribuyente: ... Con el propósito de otorgar un trato más justo a los contribuyentes en los casos en que notoriamente les asista la razón y ya no puedan acudir a ningún medio de defensa porque hubieran perdido el derecho a hacerlos valer, se propone establecer un procedimiento excepcional mediante el cual las autoridades fiscales estarán en posibilidad de revisar sus propias resoluciones desfavorables al particular para que, en su caso, sean modificadas o revocadas.’

Esta reforma obedeció al propósito de otorgar un trato más justo a los contribuyentes en los casos en los que notoriamente les asista la razón y ya no puedan acudir a ningún medio de defensa porque hubieran perdido el derecho a hacerlos valer, y en esa medida, el Ejecutivo Federal propuso establecer un procedim

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32673-6b0bb760/reconsideracion-administrativa-procede-contra-las-resoluciones-administrativas-definitivas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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