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Modo: Corpus Pro

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AL TRATARSE DE UN MEDIO DE DEFENSA EXTRAORDINARIO, EL PARTICULAR NO PUEDE OFRECER NINGÚN MEDIO DE PRUEBA, YA QUE LA DEMOSTRACIÓN FEHACIENTE DE LA ILEGALIDAD DEL ACTO RESPECTO DEL CUAL SE SOLICITA, SE HACE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARGUMENTOS O RAZONAMIENTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2021. · Registro digital (IUS): 29884
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-06-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEG
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, Pág. 3607.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, EN APOYO AL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 14 DE ABRIL DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

III. Competencia

6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo prescrito en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

IV. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima porque fue formulada por la Administradora Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, autoridad a quien compete la representación legal en el juicio de amparo tanto del secretario de Hacienda y Crédito Público, como del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las unidades administrativas de dicho órgano administrativo desconcentrado, de conformidad con lo previsto en los artículos 35, fracciones XXVI a XXIX, y 36, apartado D, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.(3)

8. Luego, como en los juicios de amparo de los cuales derivaron los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados Décimo y Décimo Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito, las autoridades responsables pertenecen al propio Servicio de Administración Tributaria, entonces resulta innegable que la parte denunciante cuenta con legitimación para formular la denuncia de contradicción que nos ocupa.

V. Síntesis de los criterios

9. Precisado que la presente contradicción sólo se ocupará de los criterios adoptados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el amparo en revisión 61/2019 (con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en el cuaderno auxiliar 380/2019), frente a la postura adoptada por los Tribunales Colegiados Décimo y Décimo Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 133/2016 y 20/2020, respectivamente, a continuación se sintetizan los antecedentes y consideraciones de esos asuntos.

V.1. Amparo en revisión (auxiliar) 380/2019 del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en apoyo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (toca 61/2019)

10. La autoridad fiscal del Estado de México determinó a una persona moral un crédito fiscal por concepto de impuesto al valor agregado; impuesto sobre la renta; impuesto empresarial a tasa única; actualizaciones; recargos y multas, respecto del ejercicio fiscal de dos mil trece.

11. La contribuyente afectada presentó solicitud de reconsideración administrativa respecto de la resolución determinante; ello con fundamento en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual ofreció diversas pruebas a efecto de que fueran analizadas.

12. La autoridad fiscal de aquella entidad declaró procedente pero infundada la solicitud de revisión administrativa, ante lo cual la afectada promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó dicha resolución. La demanda fue admitida(4) y, seguido el juicio, se dictó sentencia en la cual se negó el amparo solicitado.

13. La parte quejosa recurrió dicho fallo. El recurso fue admitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito(5) y en su oportunidad el asunto fue remitido al referido Tribunal Auxiliar, quien dictó sentencia(6) en la que por mayoría de votos se determinó confirmar el fallo recurrido y negar el amparo. En la parte que interesa de dicho fallo se expuso, en esencia:

• La cuestión a dilucidar consiste en determinar si conforme a la jurisprudencia 169/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al prever la figura de la reconsideración administrativa consagrada en el tercer párrafo del precepto 36 del Código Fiscal de la Federación, el legislador reconoció o no el derecho probatorio del particular y, por ende, si existe o no la obligación de la autoridad hacendaria de pronunciarse sobre el acervo convictivo aportado por el contribuyente.

• Aunque el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación hace referencia a que "se demuestre" que la resolución objeto de la reconsideración se emitió en contravención a las disposiciones aplicables, en el criterio del Juez, la reconsideración no permite ofrecer pruebas ni tampoco valorarlas; por ende, el problema a resolver es una cuestión de interpretación de esa norma.

• Conforme a un criterio gramatical semántico, complementado a partir de los diversos sistemático "A coherentia" y funcional, en sus vertientes teleológica, de autoridad, así como de reducción al absurdo, se concluyó que la única exégesis válida del concepto relativo a "demostrar" previsto en el artículo analizado, únicamente puede concretizarse en un plano argumentativo, y no así en uno de naturaleza probatoria.

• Lo anterior porque la noción gramatical semántica del concepto "demostrar", implica hacer evidente la verdad de cierta cosa, mediante (1) prueba o (2) algún razonamiento, pero al existir tal dicotomía en la norma por no precisarse la manera de probar en la reconsideración, se hace necesario acudir al argumento sistemático "A coherentia", conforme al cual el significado gramatical de la noción "demostrar", tratándose de la reconsideración administrativa solamente puede entenderse en un plano argumentativo, y no probatorio pues se trata de una "revisión" de índole administrativa que implica la discrecionalidad de la autoridad hacendaria para constatar si el acto administrativo dictado por su inferior, trasgredió una disposición fiscal de manera evidente.

• Es decir, cuando el artículo analizado utiliza el verbo "demostrar" lo hace condicionado a la reconsideración de la autoridad que únicamente puede materializarse a través de la exposición clara y contundente de argumentos que revelan que la interpretación de las disposiciones fiscales en que se sustentó la autoridad administrativa es notoriamente contraria a derecho.

•Concluir algo diferente tornaría incompatible dicha norma en el sentido de que ese medio extraordinario implica la posibilidad de la autoridad superior de "revisar" extraordinariamente si el acto fue dictado en contravención a las disposiciones fiscales, lo que, desde luego, conlleva, únicamente verificar si al momento de la emisión de la determinación correspondiente, en términos de los fundamentos y razones ahí plasmados, se transgredió la legislación en materia fiscal.

• Esto es, la "revisión" por parte de las autoridades fiscales con relación a los actos dictados por sus subordinados, tiene como elemento identificador que la potestad quien lo resolverá, no se circunscribirá a llevar a cabo una función materialmente judicial, dado que no existen dos intereses en conflicto respecto de los cuales una autoridad esté por encima para dirimir la composición de los intereses en disputa, sino que la propia entidad administrativa es parte del conflicto al haber emitido su acto unilateral imperativo que lesiona los intereses del gobernado y que, con motivo de la solicitud de éste, la mencionada potestad se limita a efectuar una "revisión, reexamen o autorreexamen", en torno a la cual, se enfatiza, el propio Poder Legislativo puntualizó, precisamente para evitar confusiones, que dicha revisión se convierte en una instancia propiamente hablando.

• Así, la demostración de la ilegalidad del acto administrativo únicamente puede circunscribirse a nivel argumentativo, porque el propio creador de la norma precisó que lo previsto en el primer párrafo del nombrado dispositivo "no constituirá instancia", lo que implica, como consideró el Juez federal, rechazar que existe una fase probatoria precedente, en tanto que ese aspecto corresponde a una instancia jurisdiccional en donde se alega y rinden elementos de convicción, por tanto, debe rechazarse la interpretación que pretende dotarle la recurrente al concepto precitado, esto es, que la demostración a que hace alusión el citado arábigo es de índole probatoria, pues de concluir de esa manera, ya no sería compatible esa porción normativa, con el fragmento que veda la posibilidad de apreciar esa figura como una instancia.

• Incluso, una intelección funcional, en sus vertientes teleológica, así como de autoridad también conduce al mismo resultado pues atendiendo a lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de revisión 387/2004, se sigue que la intención del legislador se enfocó en prever un procedimiento excepcional a través del cual los contribuyentes que ya no estuvieran en posibilidad de hacer valer alguno de los medios de defensa legales en contra de una resolución que les fue desfavorable, pudieran solicitar a las autoridades fiscales su revisión, en caso de que "notoriamente les asista razón" para modificarla o revocarla; siendo que la reconsideración no constituía una instancia, sino sólo configura un mecanismo de defensa para el contribuyente ante actos notoriamente ilegales de carácter excepcional, con el fin de ejercer un autocontrol interno de legalidad.

• Así, la reconsideración buscó instaurar un mecanismo excepcional de "autocontrol" que no constituye una instancia, ni un recurso administrativo (escenarios donde es factible aportar elementos de convicción), y que se limita al autoexamen que realiza la autoridad hacendaria, a petición del interesado, con el propósito de que analice la resolución dictada por su inferior.

• No se desconoce que los órganos de control constitucional están obligados a observar preferentemente el principio "pro-persona" que constituye propiamente una regla hermenéutica; sin embargo, el principio pro persona solamente puede aplicarse hasta que se agoten los posibles métodos de interpretación, siendo que en el caso, a partir de lo explicado, resulta claro que la norma sólo admite la interpretación ya expuesta y la propuesta no resulta viable al trastocar la naturaleza jurídica de la reconsideración.

14. De la ejecutoria en comento derivó la tesis (II Región) 1o.7 A (10a.), de título, subtítulo y contenido siguientes:(7)

"RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AL CONSTITUIR UNA REVISIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, NO AUTORIZA UN DERECHO PROBATORIO. El precepto legal referido establece que las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular, emitidas por sus subordinados jerárquicamente, en la inteligencia de que, cuando se ‘demuestre’ fehacientemente que éstas se dictaron en contravención a las disposiciones en la materia podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando éste no hubiere interpuesto medios de defensa y, además, hayan transcurrido los plazos para presentarlos, sin que, desde luego, haya prescrito el crédito fiscal; además, en su cuarto párrafo señala que dicha revisión no constituiría una instancia. Ahora, el concepto ‘demostrar’, que deriva de esa norma, es de carácter indeterminado, en tanto que, conforme a una interpretación gramatical, en su vertiente semántica, se traduce en hacer evidente la verdad de cierta cosa ‘mediante prueba o algún razonamiento’, de modo que para definir si dicha noción autoriza un derecho probatorio o que, en cambio, debe entenderse como una mera revisión de actualización extraordinaria que excluye la posibilidad para el promovente de ofrecer pruebas que no aportó durante el procedimiento fiscalizador, se surte la necesidad de complementar esa visión con los diversos métodos de interpretación, en específico, el sistemático a coherentia, así como el funcional, en sus dimensiones teleológica y de reducción al absurdo. Ello, porque a partir de ese ejercicio hermenéutico se desprende que el único significado válido que debe prevalecer, es el que atañe a que dicha demostración es sólo en un plano argumentativo, esto es, a través de la exposición clara y contundente de argumentos que revelen que la decisión correspondiente fue dictada contra derecho, mas no a nivel probatorio. Lo anterior, en la medida en que: (i) acorde con la integridad de ese precepto, se colige que dicho examen únicamente se limita a ‘revisar’ los términos en que fue dictada la resolución respectiva, a la luz de las alegaciones esgrimidas, sin que pueda acudirse a elementos convictivos ajenos a los que consideró la potestad emisora al momento de pronunciar el acto administrativo, pues de concluir en sentido contrario, se tornaría incompatible la precisión realizada por el legislador, concerniente a que la nombrada reconsideración no constituye una instancia (criterio sistemático a coherentia); (ii) conforme a la exposición de motivos de la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo Federal y que dio lugar a la adición del tercer y cuarto párrafos al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 y lo razonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 387/2004, la configuración de la reconsideración administrativa estribó en eliminar la realización de interpretaciones discrecionales de disposiciones en esa materia por parte de las autoridades jerárquicamente inferiores, lo que revela que la creación de ese medio excepcional fue para establecer un autocontrol interno de legalidad, a petición del interesado, que encuentra sus límites en los términos en que fue emitido el acto administrativo desfavorable para el particular, sin que pueda soportarse con base en elementos probatorios que inicialmente no fueron tomados en consideración (enfoque funcional teleológico); y, (iii) no podría autorizarse un derecho probatorio, porque ello significaría pasar por alto las múltiples oportunidades probatorias y plazos que conformaron el procedimiento fiscalizador de origen (interpretación funcional de reducción al absurdo); sin que sea aplicable el principio pro persona, como regla hermenéutica, para concluir que de ese numeral emerge una nueva oportunidad probatoria para el contribuyente, pues en términos de la tesis aislada 1a. CCLXIII/2018 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, esa directriz solamente puede concretizarse hasta que se agoten los métodos de interpretación aludidos y prevalezcan dos sentidos que puedan reputarse objetivamente válidos y, en la hipótesis explicada, subsiste exclusivamente el que elimina la posibilidad del promovente de presentar elementos de prueba; perspectiva que debe preferirse, pues de no hacerlo, la solución del asunto no se sustentaría propiamente con base en la interpretación de la norma, sino que ésta sería cambiada por otra."

V.2. Amparo en revisión 133/2016. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

15. En dicho asunto, la autoridad fiscal federal determinó un crédito fiscal a cargo de una persona física por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas, respecto de los ejercicios de dos mil cuatro y dos mil cinco.

16. El contribuyente solicitó la reconsideración de la resolución determinante pero el Servicio de Administración Tributaria resolvió no revocar ni modificar aquella determinación, por lo que el particular promovió amparo indirecto en contra de la resolución recaída a la referida reconsideración.

17. La demanda de amparo fue admitida(8) y, sustanciado el juicio, el Juez dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo al estimar que la autoridad responsable se apartó de los argumentos expresados por el quejoso, pues si bien analizó exhaustivamente el fundamento y motivación de la notificación por estrados de la orden de revisión fiscal, lo cierto es que la propia autoridad responsable estimó insuficiente el estudio del domicilio fiscal del quejoso ya que señaló de forma dogmática que el domicilio fiscal expresado en la orden era el correcto, en razón de estar señalado en el Registro Federal de Contribuyentes al momento de emitir la orden de revisión; sin embargo, de las constancias exhibidas por las partes (a las cuales se les dio pleno valor probatorio) se advertía que el quejoso tiene registrado otro domicilio, por lo que en la reconsideración se debió agotar el estudio y análisis de esas constancias.

18. Inconformes con dicha resolución, tanto el quejoso como la autoridad responsable interpusieron recursos de revisión de los cuales conoció el ya mencionado Tribunal Colegiado, quien dictó sentencia(9) en la cual revocó la sentencia recurrida y negó el amparo al considerar, en esencia, lo siguiente:

• Al analizar el segundo agravio de la autoridad responsable y recurrente, relativo a que en la reconsideración únicamente se pueden valorar las pruebas exhibidas ante la autoridad fiscalizadora y no así pruebas diferentes ya que no se estaría revisando la legalidad de la resolución sujeta a revisión, sino analizando elementos no aportados ante la autoridad emisora, el Tribunal Colegiado señaló que de conformidad con el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales discrecionalmente pueden revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a los particulares emitidas por sus subordinados jerárquicos; y en caso de demostrarse fehacientemente que aquéllas se emitieron en contravención a las disposiciones fiscales podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio de los contribuyentes, siempre que estos no hubieren interpuesto medios de defensa, hubieren transcurrido los plazos para presentarlos y no haya prescrito el crédito fiscal.

• Retomó lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que la reconsideración administrativa no es un recurso administrativo ni una instancia jurisdiccional, sino un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos y señaló que si bien dicho mecanismo no constituye una instancia, entendida como el recurso o juicio previsto en la ley, de naturaleza jurisdiccional, a través del cual pudiera revocarse o modificarse un acto de autoridad, y del cual conocen las autoridades administrativas o jurisdiccionales según sea el caso, también lo es que sí constituye un mecanismo de defensa para el contribuyente ante actos notoriamente ilegales de carácter excepcional.

• Luego, el tribunal precisó que la resolución recaída a la reconsideración se encuentra sujeta a los requisitos de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad exigidos por la Constitución Federal, y en esa medida su incumplimiento puede combatirse a través del juicio de amparo indirecto y agregó que la posibilidad de que la reconsideración administrativa se resuelva favorablemente para el particular radica en que se demuestre fehacientemente que las resoluciones administrativas objeto de la misma, se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales.

• Posteriormente, con apoyo en la ejecutoria de la cual derivó la tesis 1a. LV/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA.",(10) concluyó que el derecho de audiencia consiste en la oportunidad de defensa otorgada al gobernado previamente a la emisión del acto de privación, lo que implica diversos subderechos, entre ellos, los relativos a que medie un juicio ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento (emplazamiento al juicio, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, oportunidad de alegar y emitir una resolución que dirima la cuestión efectivamente planteada), garantizando adecuada y oportunamente aquel derecho de defensa, de acuerdo a leyes expedidas con anterioridad al hecho.

• A partir de lo anterior, el tribunal calificó de infundado el agravio en estudio pues consideró que la expresión "se demuestre fehacientemente" contenida en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación no constriñe al particular, ni a la autoridad, a ofrecer y a valorar, únicamente las pruebas que hubiesen sido presentadas en el procedimiento fiscalizador, sino que permite al contribuyente y a la autoridad fiscal, allegarse de los medios probatorios necesarios para determinar "fehacientemente" si las resoluciones cuestionadas fueron emitidas en contravención de las disposiciones fiscales.

• Así, la reconsideración administrativa está condicionada a la demostración fehaciente de que las resoluciones materia de la misma se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, interpretación que estimó encuentra cabida en el principio pro persona reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, pues ante la existencia de varias posibles interpretaciones del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, se opta por una que protege de manera más amplia a las personas.

• Finalmente, al estudiar los restantes agravios propuestos por la autoridad recurrente (relacionados con el acta de verificación ocular del domicilio fiscal), determinó que tales planteamientos eran fundados pues no quedó probado el aviso de cambio de domicilio fiscal, por lo cual revocó la concesión del amparo y agotó el estudio de los agravios formulados, para negar el amparo en forma definitiva.

V.3. Amparo en revisión 20/2020. Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

19. En dicho asunto, tras iniciar la revisión electrónica de obligaciones fiscales a una persona moral, el Servicio de Administración Tributaria emitió una resolución determinante de crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta y otras retenciones omitido, actualizaciones, recargos y multas respecto de junio de dos mil quince. Dicha resolución no fue impugnada mediante los medios procedentes, pero en dos mil diecinueve, la persona moral contribuyente solicitó la reconsideración de aquella resolución, a lo cual la autoridad determinó no revocar ni modificar el acto primigenio.

20. Lo anterior motivó que la persona moral contribuyente promoviera juicio de amparo indirecto, el cual fue admitido(11) y, seguida la secuela procesal correspondiente, el Juez dictó sentencia en el sentido de otorgar el amparo solicitado al estimar que la resolución reclamada carece de una debida fundamentación y motivación pues la autoridad no citó el fundamento legal que justifique la omisión de valorar la totalidad de las pruebas que aportó en el escrito de revisión administrativa.

21. Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión mientras que la parte quejosa se adhirió a aquél. El indicado Tribunal Colegiado dictó sentencia(12) en la que confirmó el otorgamiento del amparo y declaró sin materia el recurso adhesivo, sin que sea el caso de resumir las consideraciones expresadas en dicha resolución en cuanto a la interpretación del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación pues de su análisis se advierte que son toralmente idénticas a las sustentadas por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 133/2016, cuya ejecutoria ha sido previamente sintetizada.

VI. Existencia de la contradicción

22. El Pleno de este Tribunal ha establecido que, para actualizar la contradicción de tesis, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. En ese sentido es ilustrativa la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(13)

23. Del criterio precisado se obtiene que la existencia de la contradicción de criterios no depende de la identidad o semejanza de las cuestiones fácticas, pues es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que la variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo formen parte de la historia procesal del asunto de origen.

24. Es decir, si las cuestiones fácticas fueran parecidas e influyeran en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

25. Así, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron su potestad de arbitrio judicial, mediante la intelección de una norma para adoptar algún canon o método interpretativo, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos realizados por los órganos judiciales existe –al menos– un problema jurídico analizado, ya sea mediante la adopción de algún criterio o la fijación de un principio o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

26. En el caso, como se demuestra a continuación, existe la contradicción de tesis denunciada.

27. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Para evaluar si se cumple este primer requisito, se debe verificar si los tribunales contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

28. En el caso del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se estudiaron los agravios propuestos por la parte quejosa y, en lo que interesa sostuvo que la interpretación gramatical semántica, sistemática "A coherentia" y funcional, así como teleológica, de autoridad y por reducción al absurdo, del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación por cuanto toca al uso del verbo "demostrar", únicamente puede conducir a que esa acción se realice mediante argumentos expresados en el escrito correspondiente a la solicitud de reconsideración, pero no así a que sea posible ofrecer, desahogar y valorar medios probatorios de cualquier naturaleza distinta a la argumentativa; ello porque la demostración de la ilegalidad de la resolución primigenia puede hacerse tanto por medio de argumentos como por medios de convicción, siendo que estos últimos sólo pueden ser ofrecidos y valorados cuando se trata de una instancia o recurso, lo cual no sucede con la reconsideración pues se trata de un medio de autocontrol excepcional que no constituye instancia o recurso; en cambio, cuando aquel acto es combatido en un recurso (como el de revocación, previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación) o mediante una instancia (como sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa), sí es posible que la ilegalidad del acto sea demostrada a través tanto de argumentos como de medios de prueba que orienten la determinación a adoptar; ello, porque tal criterio es acorde con el sistema normativo de impugnaciones en materia fiscal y atiende a la naturaleza jurídica de la reconsideración, en términos de lo expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias.

29. Por su parte, tanto el Décimo como el Décimo Quinto, ambos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la parte conducente de sus respectivas ejecutoria

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29884-2e03c9d9/reconsideracion-administrativa-prevista-en-el-articulo-36-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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