SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE DIVERSAS REGLAS Y ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, QUE SE REFIEREN A LA CONTABILIDAD DE QUIENES DEBEN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 104/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS VIGÉSIMO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 3 DE AGOSTO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de agosto de dos mil veintidós.
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si procede conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, así como de las reglas 2.6.1.3., 2.6.1.4., 2.6.1.5. y 2.6.1.6., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, y los anexos 30, 31 y 32 de ésta, publicados el trece de enero de dos mil veintidós, concretamente sobre la contabilidad para quienes deben llevar controles volumétricos.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver, respectivamente, los recursos de queja 93/2022 y123/2022.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, el Ministro presidente registró el asunto con el número 104/2022; admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de criterios entre el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por lo que solicitó a la presidencia de esos órganos jurisdiccionales remitieran la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias materia de la denuncia, así como del pliego de agravios que les dio origen y del proveído en el que informen si el criterio denunciado se encuentra vigente.
3. De igual forma turnó el expediente para su estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán y ordenó enviarlo a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que proveyera su trámite e integración.
4. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.
5. Según certificación de dieciocho de mayo siguiente, se hizo constar el envío de las constancias correspondientes del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como la manifestación de que el criterio sustentado no ha sido modificado, ni abandonado.
6. Por acuerdo de veinte de mayo la Ministra presidenta de la Segunda Sala tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien precisó que aún sustenta el criterio denunciado; y remitió el sumario en el que se actúa a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán.
I. Competencia
7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito.
II. Legitimación
8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima.
9. En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227 de la Ley de Amparo,(2) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de contradicciones entre Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que las Ministras y los Ministros, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, el fiscal general de la República, las Magistradas y Magistrados de Tribunales Colegiados de apelación, las Juezas o los Jueces de Distrito o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios fueron sustentados, se encuentran facultados para denunciar la contradicción ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
10. Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de criterios se encuentran las partes en los asuntos que las motivaron, en el caso, la denuncia fue formulada por el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien actuó en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que fue parte en las ejecutorias que motivaron la presente contradicción. Luego, es claro que está legitimado para formular la denuncia según el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
III. Criterios denunciados
11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
12. Del recurso de queja 93/2022 del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se desprenden los siguientes antecedentes:
13. I. Naturgy Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables al Congreso de la Unión y otras autoridades, de quienes reclamó el artículo 28, primer párrafo, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado el doce de noviembre de dos mil veintiuno.
14. De igual forma combatió la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, de manera concreta las reglas 2.6.1.3., 2.6.1.4., 2.6.1.5. y 2.6.1.6., y los anexos 30, 31 y 32, publicados en dicho medio de difusión el trece de enero de dos mil veintidós.
15. II. La demanda se turnó al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuya titular la registró con el número 305/2022; así como previno a la parte quejosa para que aclarara distintos aspectos de la demanda y, desahogada ésta, la admitió a trámite el veintitrés de febrero de dos mil veintidós y ordenó abrir el incidente de suspensión, en el cual, en la misma fecha, negó la suspensión provisional.
16. III. En contra de esa resolución la quejosa interpuso recurso de queja, que fue turnado al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y, en sesión de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, declaró fundado el medio de impugnación, al tenor de los siguientes razonamientos:
"...
"Quinto. Estudio. Los argumentos que anteceden, atendiendo a la causa de pedir, son sustancialmente fundados.
"Como punto de partida, conviene precisar que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus competencias y procedimientos, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional.
"Esto, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 2/2022 (11a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 2024159:
"‘CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)].’ (se transcribe).
"En el caso concreto, la quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados consistentes en: la aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en particular, lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación; la expedición de la ‘Resolución Miscelánea Fiscal para 2022’, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, específicamente lo dispuesto en las Reglas 2.6.1.3., 2.6.1.4., 2.6.1.5. y 2.6.1.6.; y la expedición de los anexos 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintidós.
"Lo anterior para el efecto de que, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, la obligación prevista en el artículo 28, primer párrafo, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación no produzca efectos en su esfera jurídica, es decir, que no se le apliquen las obligaciones previstas en esa disposición, en las reglas 2.6.1.3., 2.6.1.4., 2.6.1.5. y 2.6.1.6. de la ‘Resolución Miscelánea Fiscal para 2022’, y en los ‘anexos 30, 31 y 32’.
"Ahora bien, parte de las disposiciones legales reclamadas, disponen:
"‘Artículo 28.’ (Se transcribe)
"‘2.6.1.3.’ (Se transcribe)
"‘2.6.1.4.’ (Se transcribe)
"‘2.6.1.5.’ (Se transcribe)
"‘2.6.1.6.’ (Se transcribe)
"Así, de manera general, conforme a dichos preceptos, tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen (incluido almacenamiento para usos propios), distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, deben contar con equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos y los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, así como contar con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate, el poder calorífico del gas natural y el octanaje en el caso de gasolina; así como que esos requerimientos deberán cumplir las características técnicas que establezca el Servicio de Administración Tributaria, a través de reglas de carácter general, en conformidad con las normas oficiales mexicanas y demás normatividad relacionada expedida por autoridades competentes.
"De igual forma, se define a los controles volumétricos de los productos como los registros de volumen, objeto de sus operaciones, incluidas sus existencias y forman parte de la contabilidad de los contribuyentes, lo (sic) cuales están obligados a asegurarse de que los equipos y programas informáticos relativos operen correctamente en todo momento y se precisa la periodicidad en que deben realizarse los reportes de información de controles volumétricos y lo que deben contener.
"Ahora bien, en el auto recurrido, el Juzgado Federal determinó negar la suspensión provisional de los actos reclamados sustancialmente por lo que sigue:
"(Se transcribe).
"Como se ve, el motivo principal para negar la suspensión, radica en que la quejosa no cumplirá con el sistema normativo que, precisamente, impugna de inconstitucional en el juicio de amparo indirecto, lo cual revela una petición de principio; es decir, se está determinando, a priori, que las normas reclamadas de inconstitucionales están ajustadas a derecho y que, por lo tanto, la quejosa debe cumplirlas, so pena de incurrir en un delito previsto en las mismas; lo cual no se estima acertado, ya que ese examen de regularidad constitucional es una cuestión de fondo que, en su caso, se estudiará en el juicio de amparo principal, pero no en el incidente de suspensión.
"Es aplicable, por igualdad procesal, la tesis aislada 1a. XLVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 2000310:
"‘AMPARO DIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PARA SU IMPUGNACIÓN, CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN CONCRETO DE LA DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE SE TILDA DE INCONSTITUCIONAL, SE ACTUALIZA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE ADUCE LA CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (Se transcribe).
"Además, previo a la entrada en vigor de las disposiciones reclamadas, existía un sistema normativo, obligatorio para la quejosa, el cual ya preveía lo relacionado con los controles volumétricos, y cuyo objetivo fundamental era el combate al mercado ilícito de los hidrocarburos o petrolíferos, como se advierte, por ejemplo, de los artículos 28, fracción I, inciso B, 42, fracción V, inciso b), 81, fracción XXV y 111 Bis del Código Fiscal de la Federación:
"‘Artículo 28.’ (Se transcribe)
"‘Artículo 42.’ (Se transcribe)
"‘Artículo 81.’ (Se transcribe)
"‘Artículo 111 Bis.’ (Se transcribe)
"En este sentido, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, se debe hacer una interpretación teleológica no literal de los artículos 128, fracción II y 129, fracción III, de la Ley de Amparo, que lleva a este Tribunal Colegiado a determinar, contrario a lo sostenido por el Juzgado de Distrito, que con la concesión de la suspensión para los efectos solicitados por la quejosa no se sigue perjuicio al interés social, no se contravienen disposiciones de orden público ni se permite la consumación o continuación de delitos o de sus efectos.
"Esto es así, pues el orden público a que se refieren los preceptos antes citados de la Ley de Amparo, consiste en todo el sistema normativo con el fin de combatir el mercado ilegal de hidrocarburos o petrolíferos aplicable con anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones impugnadas de inconstitucionales y que ya resultaba obligatorio para la quejosa en el tema de controles volumétricos; mientras que el interés social no se perjudica, puesto que se podrán seguir verificando las actividades de la quejosa en tal materia derivadas del sistema normativo referido, y en consecuencia, hasta este momento procesal, no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, ya que de ninguna forma se permitirá que la quejosa no dé cumplimiento al sistema normativo que ya le era aplicable y exigible previamente a la vigencia de las normas combatidas.
"Lo anterior es así, porque cuando se establece como causa para negar la medida cautelar que, de concederse la misma, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, debe entenderse que se refiere a los previstos antes de la entrada en vigor de las normas reclamadas y no así a los tipos penales contenidos en éstas, pues en este último caso las normas impugnadas no han sido sometidas al estudio de regularidad constitucional, lo cual haría nugatoria la finalidad para la que está prevista la medida cautelar en el juicio de amparo.
"No pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 36/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 178858, de rubro y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2004, PORQUE SE PERMITIRÍA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO.’ (se transcribe).
"Ello, en razón de que dicho criterio interpreta y aplica una disposición anterior y distinta a las reclamadas, esto es, el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil cuatro.
"Además, dicho criterio se emitió conforme a distintas situaciones fácticas a las que aquí nos ocupan, toda vez que anterior al año dos mil cuatro no se regulaba en el Código Fiscal de la Federación lo relativo a los controles volumétricos; en cambio, en la controversia que se actúa, previo a la emisión de los actos reclamados por la quejosa, sí se preveía una regulación específica sobre las obligaciones relacionadas con los controles volumétricos e, incluso, se prevén distintas sanciones de carácter penal, las cuales no son objeto de esta resolución de queja, por no formar parte de la litis.
"De igual forma, no es factible responder a priori en el incidente de suspensión los planteamientos de inconstitucionalidad formulados por la quejosa y, finalmente, porque la suspensión concedida de ninguna forma permitirá que la quejosa no dé cumplimiento al sistema normativo que ya le era aplicable y exigible previamente a la vigencia de las normas combatidas.
"En tales condiciones, lo que procede es declarar fundado este recurso.
"Asimismo, toda vez que se satisfacen los requisitos exigidos por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, sobre todo el descrito en la fracción II del último de los numerales citados, consistente en que con la concesión de la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo procedente es conceder la suspensión provisional para el efecto solicitado, esto es:
"• Para que no se apliquen a la quejosa las normas generales reclamadas en el juicio de amparo indirecto 305/2022, ni se le inicie procedimiento alguno para sancionarle por su no acatamiento; esto con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Amparo.
"No obstante lo anterior, la quejosa Naturgy Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, deberá seguir cumpliendo obligatoriamente con todo el sistema legal aplicable con anterioridad a la entrada en vigor de las normas reclamadas en esta instancia en relación con el tema de controles volumétricos, comprendiendo también las normas de carácter penal anteriores a las disposiciones impugnadas, por lo cual, las autoridades respectivas podrán verificar su actividad en los términos de esas disposiciones previas; esto con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo.
"La suspensión provisional así otorgada surte sus efectos desde luego y hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, sin que haya lugar a requerir garantía alguna, ya que no se advierte que la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, aunado a que tampoco se solicitó la medida cautelar en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal. ..." 17. Por su parte en el recurso de queja 123/2022, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se tienen como antecedentes los siguientes:
18. I. Comercial y Transporte GNC, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Congreso de la Unión y otras autoridades, respecto de los artículos 28, fracción I, apartado B; 55, fracción VII, incisos a), b), c), d), e), f), numerales 1.,2., 3.; 111 Bis, fracciones I, II, III, IV y VI, segundo párrafo, incisos a), b) y c), del Código Fiscal de la Federación, reformados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de doce de noviembre de dos mil veintiuno.
19. Asimismo, reclamó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, particularmente el capítulo 2.6. De los controles volumétricos, de los certificados y de los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos, numerales 2.6.1.1., 2.6.1.2., 2.6.1.3., 2.6.1.4., 2.6.1.5., 2.6.1.6., sección 2.6.2. De la vigilancia y verificación de controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, la regla 2.6.2.1., y los anexos 30, 31 y 32, publicados en dicho medio de difusión el trece de enero de dos mil veintidós.
20. II. La demanda se turnó al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, cuyo titular por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós la registró con el número 146/2022; y, previo desahogo del requerimiento formulado a la parte quejosa, el veinticuatro siguiente la admitió a trámite y ordenó se formara por separado el incidente de suspensión.
21. III. El propio veinticuatro de febrero de dos mil veintidós el Juez de Distrito negó la suspensión provisional.
22. IV. En contra de esa decisión la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; y, en sesión de tres de marzo de dos mil veintidós, declaró infundado el medio de impugnación, por las razones que a continuación se reproducen:
"...
"SEXTO.—Estudio.
"Son infundados los argumentos.
"Conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, es un requisito de procedencia de la suspensión el que con el otorgamiento de la medida cautelar, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Ahora bien, el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida de que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno.
"De esa manera, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público.
"También, es conveniente indicar que el orden público y el interés social no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado, pues toda norma jurídica guarda la noción de orden público en el sentido de que debe ser cumplida por el hecho de ser válida, esto es, por haberse emitido conforme a las reglas del sistema jurídico, así como por consagrar derechos de la colectividad, y de interés general, en cuanto a que existe la necesidad social de que ciertos hechos o conductas sean reguladas.
"Fuera de los casos previstos en la norma aplicable, en uso de su discrecionalidad, el juzgador debe tener presente las condiciones esenciales para el mantenimiento y desarrollo de la comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social en aras de evitar que, con la concesión de la suspensión, se causen perjuicios de igual entidad a los expresamente establecidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, privando a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o que naturalmente le corresponda, infiriéndole así un daño que de otra manera no resentiría.
"En el caso, la parte quejosa reclamó en la demanda de amparo, la discusión, aprobación, emisión, promulgación, orden de publicación y publicación del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos’ publicado el doce de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, en específico los artículos 28, fracción I, apartado B, 55, fracción VII, incisos a), b), c), d), e), f), numerales 1.,2., 3., 111 Bis, fracciones I, II, III, IV y VI, segundo párrafo incisos a), b) y c), y el único artículo transitorio del decreto reclamado del Código Fiscal de la Federación; así como la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021, específicamente lo dispuesto por el capítulo 2.6 ‘De los controles volumétricos, de los certificados y de los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos’, en sus numerales y contenido completo de los números 2.6.1.1., 2.6.1.2., 2.6.1.3., 2.6.1.4., 2.6.1.5., 2.6.1.6., 2.6.2. y 2.6.2.1., y artículos 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
"Los preceptos reclamados por la quejosa disponen:
"Código Fiscal de la Federación
"‘Artículo 28.’ (Se transcribe)
"‘Artículo 55.’ (Se transcribe)
"‘Artículo 111 Bis.’ (Se transcribe)
"Miscelánea fiscal para 2022
"‘2.6.1.1.’ (Se transcribe)
"‘2.6.1.2.’ (Se transcribe)
"‘2.6.1.3.’ (Se transcribe)
"‘2.6.1.4.’ (Se transcribe)
"‘2.6.1.5.’ (Se transcribe)
"‘2.6.1.6.’ (Se transcribe)
"En términos generales, se observa que el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, precisa la forma en que se integra la contabilidad que están obligadas a observar las personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero.
"Asimismo, prevé la obligación de dichas personas de contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, así como con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina, los registros de volumen, objeto de sus operaciones, incluyendo sus existencias, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente.
"Además, establece que los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquellos que autorice para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los cuales deberán mantenerse en operación en todo momento.
"Por su parte, el artículo 55 prevé la facultad y los casos específicos en (sic) la autoridad puede determinar de manera presuntiva la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando se trate de los contribuyentes a que se refiere el artículo 28, fracción I, apartado B, de ese código.
"Asimismo, el artículo 111 Bis del código tributario, hace referencia a las penas que se impondrán por los delitos ahí precisados, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en el diverso 28, fracción I, apartado B, de ese ordenamiento.
"Por cuanto ve a las reglas de la resolución miscelánea fiscal, se observa que desarrollan lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, ya que prevén el objeto de los controles volumétricos, quiénes son los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, las características que deberán cumplir los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos; así como lo referente al certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos.
"Bien, una vez referido el contenido de los artículos reclamados, este órgano colegiado determina que, como lo consideró el Juez de Distrito, no es procedente la concesión de la suspensión provisional en contra de los efectos y consecuencias de los preceptos reclamados.
"Lo anterior porque con su otorgamiento se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, ello en tanto que es evidente la existencia del interés general de que la autoridad fiscalizadora cuente con la información suficiente para verificar que los contribuyentes que encuadran en los supuestos de la norma, realicen sus procesos de fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento o comercialización de hidrocarburos de manera legal o apegada a la norma, lo que deberá corroborarse a partir del análisis precisamente de los datos que arrojen los sistemas que se implementan; pero, además, existe interés social para que la autoridad fije los mecanismos que permitan asegurar que la cadena de producción y comercialización de los hidrocarburos y petrolíferos permanece inalterada.
"Además,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30988-ab3b7e00/suspension-provisional-no-procede-respecto-de-los-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE OBLIGA A SU INSTALACIÓN, COMO PARTE DE SU CONTABILIDAD A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (126 (H))
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