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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA NORMAS RECLAMADAS POR SU SOLA VIGENCIA, DEBE REALIZARSE EL ESTUDIO PRELIMINAR DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, A PARTIR DE LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CUYA VIOLACIÓN SE HACE VALER Y DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA ASUNTO. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA REGLA 2.6.1.2., FRACCIÓN VI, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2024 (CONTROLES VOLUMÉTRICOS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 148/2024. · Registro digital (IUS): 32850
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1330.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 148/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 11 DE JULIO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. DISIDENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ALVAREZ ESCORZA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al once de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Ver cuadro

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Quinto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en el momento de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja 84/2024, en sesión de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro.

4. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al decidir el recurso de queja 78/2024, en sesión de veintitrés de abril de dos mil veinticuatro.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja 84/2024, y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito al fallar el recurso queja 78/2024.

7. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

8. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

9. De esta relatoría se desprende, esencialmente, lo siguiente:

Ver tabla

10. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios como se explica a continuación:

11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre los agravios enderezados en contra de la decisión de un juzgado de distrito de negar la suspensión provisional solicitada respecto de la regla 2.6.1.2., fracción VI, de la resolución miscelánea fiscal para dos mil veinticuatro, que obliga a las personas físicas o morales que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo a llevar controles volumétricos.

12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los tribunales contendientes porque ambos examinaron el agravio de la persona quejosa relativo a que le asiste la apariencia del buen derecho, derivado de que la regla 2.6.1.2., fracción VI, al señalar como contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos a las personas físicas o morales que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, establece un supuesto que no está previsto en el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, de ahí que sea contraria a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica; sin embargo, se produjo entre ellos un diferendo.

13. En efecto, uno de los tribunales declaró inoperante el argumento porque consideró que no era susceptible de análisis en la etapa de la suspensión provisional pues la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del asunto, la existencia del derecho cuestionado y la procedencia de lo solicitado por la parte quejosa y, en el caso, la inconstitucionalidad aducida requiere un estudio interpretativo del sistema normativo impugnado, lo cual es propio de la sentencia que resuelva el juicio principal.

14. Se entiende que este pronunciamiento del tribunal, en el sentido de que no era atendible la apariencia del buen derecho invocada por la parte solicitante, porque la hacía descansar en la inconstitucionalidad de la norma, cuestión que atañe al fondo del asunto, contiene el criterio implícito de que, en su opinión, no estaba demostrada la apariencia del buen derecho porque no era evidente ni manifiesta la transgresión hecha valer por la persona quejosa, por lo cual no bastaba un análisis preliminar del asunto para concluir en la existencia de ese presupuesto.

15. En cambio, el otro examinó dicho argumento a partir de la comparación entre el precepto y la regla mencionados y decidió que esta contraviene los principios señalados por la persona quejosa, por lo que se actualiza la apariencia del buen derecho, criterio que a su vez contiene implícita la consideración de que tratándose de amparo contra normas, si es posible analizar ese presupuesto.

16. Es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 93/2006,(7) cuyo rubro y texto dicen lo siguiente:

CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no solo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición.

17. Por estas razones, no cobra aplicación la diversa tesis jurisprudencial 1a./J. 21/2023,(8) de rubro: “CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. NO EXISTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES SOLO SE LIMITA A CONFIRMAR LO DETERMINADO POR EL JUEZ DE DISTRITO ANTE LA INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SIN EMITIR UN CRITERIO PROPIO”, pues el tribunal que declaró inoperante el agravio sí expresó un criterio sobre el tema debatido, según ha quedado demostrado.

18. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los tribunales contendientes, caben las preguntas siguientes: Tratándose de un juicio de amparo en el cual se plantee la inconstitucionalidad de normas ¿es posible que al decidir sobre la suspensión provisional la persona juzgadora realice un estudio de la apariencia del buen derecho a partir de la afectación de los derechos fundamentales cuya violación se hace valer? y cuando en dicho juicio la persona quejosa solicita la suspensión provisional de la regla 2.6.1.2., fracción VI, de la resolución miscelánea fiscal para dos mil veinticuatro para el efecto de que no se le considere como sujeto obligado a llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos por contar con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo ¿puede estimarse acreditada la apariencia del buen derecho a partir del argumento en el que plantea que del contraste entre dicha norma y el artículo 28, fracción, I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que aquella es contraria a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica?(9)

19. No pasa inadvertido que uno de los tribunales dijo que las consideraciones plasmadas en la tesis de jurisprudencial 2a./J. 47/2022 (10) de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE DIVERSAS REGLAS Y ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, QUE SE REFIEREN A LA CONTABILIDAD DE QUIENES DEBEN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS”, resultan orientadoras para la resolución del asunto y que puede invocarse teleológicamente el razonamiento planteado por la Segunda Sala, en un ejercicio analógico, mientras que el otro sostuvo que dicha tesis no era aplicable al considerar que la actividad comercial que aduce la moral quejosa despliega, no se contempla dentro de aquellas previstas en el artículo 28, fracción I, apartado B.

20. Sin embargo, no se aprecia un diferendo porque ambos coinciden en que la tesis en cita no es exactamente aplicable al caso que examinaron, aunado a que uno decidió que la aplicación era analógica y el otro no se pronunció al respecto.

21. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja 84/2024, y el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito al fallar el recurso de queja 78/2024.

V. Amicus curiae

22. En el oficio recibido el siete de junio de dos mil veinticuatro se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:

VI. Criterio sostenido por el Servicio de Administración Tributaria.

(...)

C. Derivado de lo anterior, esta representación considera importante precisar que el criterio que debe prevalecer es la queja 84/2024, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito determinó que no era posible advertir la inconstitucionalidad denunciada por la quejosa, pues para ello era necesario resolver la problemática planteada, lo cual requiere de un estudio interpretativo del sistema normativo impugnado, que es propio de la sentencia que resuelva la litis de fondo del juicio de amparo.

Asimismo, no debe perderse de vista que si resulta aplicable de manera análoga lo determinado en la diversa jurisprudencia, toda vez que resulta orientadora al analizar la posibilidad de conceder la medida cautelar en contra de disposiciones propias del sistema normativo que regula los controles volumétricos de hidrocarburos.

Pues en el criterio referido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, así como las diversas reglas y anexos de la resolución miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós que regulan el control de las cantidades de hidrocarburos o petrolíferos que se expenden al público en general, que se refieren a la contabilidad de quienes deben llevar controles volumétricos no solo permiten llevar una contabilidad adecuada, sino que son un mecanismo con el que se combate el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, por lo que determinó que no es procedente conceder la medida cautelar porque la sociedad está interesada en que prevalezcan los beneficios que se obtienen con esas disposiciones, que no solo son aquellos de carácter fiscal, sino también de combate a ese mercado ilícito.

(...)

D. Lo anterior, se sustenta en el hecho de que si bien la redacción de la fracción VI fue actualizada, los sujetos obligados son los mismo, es decir, contribuyentes que lleven a cabo el autoconsumo de gas natural en instalaciones fijas para dicho fin, sin perder de vista que la razón principal de su vinculación a la obligación de llevar controles volumétricos es porque participan en la cadena de valor de los hidrocarburos y petrolíferos, en este caso del gas natural y en razón de los grandes volúmenes que consumen como usuarios finales.

Que a partir de la reforma de 2018 al Código Fiscal de la Federación se dispone que los sujetos obligados a llevar controles volumétricos son aquellas personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburos o petrolíferos.

Con lo anterior, se logró que todos los contribuyentes que participan en la cadena productiva de la industria, respecto de cualquier tipo de hidrocarburos y/o petrolíferos, se encuentren obligados a llevar controles volumétricos a efecto de conocer el registro y volumen de las operaciones que realizan.

Lo anterior guarda perfecta armonía con lo considerado por el legislador a través de la exposición de motivos a la reforma en comento, en el sentido de que resulta de vital importancia que todos los contribuyentes participantes en la cadena productiva de la industria contarán con la obligación de llevar controles volumétricos, con el objetivo de combatir y mitigar el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como su fabricación, producción, transporte, almacenamiento y distribución de manera ilegal.

En otras palabras, lo que buscó el legislador al establecer las disposiciones en materia de controles volumétricos fue, entre otros fines, dar trazabilidad a toda la cadena de valor de los petrolíferos e hidrocarburos, con el objeto de erradicar el mercado ilícito de estos, cuyo fenómeno originó conductas de posición, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización fuera del marco de la ley.

Con base en lo expuesto, es inconcuso que la interpretación de las disposiciones en materia de controles volumétricos debe realizarse en avenencia con los fines perseguidos por el legislador, bajo lo cual se advirtió que cualquier persona que maneje grandes volúmenes de petrolíferos e hidrocarburos, como en este caso el gas natural, para la realización de sus actividades, cuente con la infraestructura necesaria en materia de controles volumétricos, pues como se dijo previamente, una de las finalidades de la implementación de dichos controles es la trazabilidad a toda la cadena de productiva y distribución de los petrolíferos e hidrocarburos, desde la extracción hasta su consumo final, sin limitarse únicamente a productos como las gasolinas o el diésel, o a contribuyentes que operen con los mismos.

De igual manera, de conformidad con la fracción II del artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, por almacenamiento se entiende el depósito y resguardo de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en depósitos e instalaciones confinados que pueden ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo.

En ese sentido, el "Catálogo de actividades económicas” del Anexo 6 vigente, y según lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo segundo transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, “Almacenamiento de productos petrolíferos” es todo depósito y resguardo de petrolíferos en depósitos e instalaciones confinados que pueden ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo.

Ahora bien, para efecto de lograr un mayor entendimiento respecto a lo que se debe entender por almacenamiento para usos propios, la Comisión Reguladora de Energía, mediante el acuerdo número A/056/2016, en su considerando trigésimo cuarto, estableció que "En el caso del Almacenamiento de Usos Propios, la actividad de almacenar tiene como propósito el consumo final de petrolíferos por parte del mismo Almacenista”.

De lo anterior podemos desprender que dichos sujetos realizan la actividad de almacenamiento, es decir, realizan la guarda del producto en instalaciones determinadas para dicho fin, pero el objetivo de realizar dicho almacenamiento no persigue otra finalidad que la de consumirlo, como parte de la realización de sus actividades. Así como de “Recepción de gas natural en instalaciones fijas para autoconsumo”, de conformidad con el diccionario de la Lengua Española por recepción se entiende “la acción y efecto de recibir" y por autoconsumo “consumo de bienes o recurso, principalmente agrarios, por parte de quien los produce” o en este caso por quien adquiere dichos hidrocarburos.

Por otro lado, las instalaciones son el lugar en donde se llevará a cabo la recepción del gas natural por parte de la empresa que lo vaya a utilizar, y que cumplan, entre otras disposiciones, con lo establecido en la NOM-013-SECRE-2012.

Es decir, la recepción en instalaciones fijas para su autoconsumo refiere a la actividad mediante la cual la empresa que vaya a utilizar el gas natural para sus actividades recibe una cierta cantidad de recursos o bienes (en este caso hidrocarburos o gas natural) para efectos de consumirlos en sus actividades, convirtiéndose entonces en usuario final de dicho carburo.

Ahora bien, como podemos observar ambas definiciones coinciden en que se trata de consumo de energéticos por parte de usuarios finales que por usos propios o autoconsumo utilizarán los petrolíferos o gas natural para los fines que sus actividades requieran, por lo anterior es que se les considera como participantes de la cadena productiva de la industria de hidrocarburos, y por ende, sujetos obligados a llevar controles volumétricos.

De igual manera, se debe establecer que en comparación con el robo de combustibles como la gasolina o diésel, también denominado “huachicol”, el robo de gas natural supone de estrategias más avanzadas en cuanto a tecnología en razón de que dicho hidrocarburo es transportado principalmente mediante gasoductos a alta presión, sin embargo, no es una tarea imposible de realizar, e incluso, es un problema que está afectando a México como ha reconocido en medios de comunicación la entonces titular del Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENEGAS) (...)

D.1 Asimismo, las empresas más importantes del país en la cadena de valor de gas natural reconocen el robo del energético, por ejemplo, (...) en México pierde (...) de pesos anuales por el robo a sus instalaciones de transporte, ya que al menos 8% del producto que reciben de Pemex no es entregado a sus clientes por el robo perpetrado por el crimen organizado.

Por lo anterior, se confirma que a pesar de la composición del gas natural y el medio por el cual se transporta, el gas natural puede ser extraído clandestinamente, por lo que cobran relevancia los fines perseguidos por el legislador de dar trazabilidad a toda la cadena productiva de los petrolíferos e hidrocarburos, siendo indispensable que la industria del gas natural cumpla con sus obligaciones en materia de controles volumétricos, tal como lo hace el resto de la cadena.

Asimismo, es importante establecer que derivado de las características propias de los hidrocarburos y petrolíferos, estos se ven afectados de manera significativa por cambios de presión y temperatura por lo que su volumen puede variar por cambios en dichas condiciones. Por este motivo, dentro de la industria petrolera se establecen condiciones base o de referencia para que los volúmenes puedan ser comparables y unificar criterios en transacciones comerciales, de tal suerte que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) establece en el artículo 11 de los Lineamientos Técnicos en Materia de Hidrocarburos lo siguiente: (se transcribe)

Condiciones, que coinciden con lo dispuesto en el Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, no obstante, es cierto que la temperatura base establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) difiere, ya que solicitan el dato a 20°C.

En ese sentido, debe observarse que las disposiciones en materia de controles volumétricos emitidas por el SAT regulan toda la cadena de valor de los hidrocarburos y petrolíferos, a diferencia de la CNH que regula únicamente la exploración y extracción de hidrocarburos, conocido como el Upstream y de la CRE, que regula el resto de actividades de la cadena como el transporte, almacenamiento, compresión, descompresión, licuefacción, regasificación, distribución, expendio comercialización, conocidas como el Midstream y Downstream, por lo que fue necesario unificar las condiciones de referencia para toda la cadena partiendo de la extracción del gas natural.

Por otro lado, no debe perderse de vista que existen sistemas de medición capaces de corregir el volumen medido a las condiciones que se regulan, es decir, el medidor puede arrojar el dato a la temperatura de 15.56 y a 20. Adicionalmente, en caso de no contar con las condiciones que se establecen en el Anexo 30 o con equipos capaces de realizar el cálculo, la pregunta frecuente no. 48, dentro del apartado de Preguntas Frecuentes en el minisitio de controles volumétricos, señala:

48. ¿Necesito configurar mis sistemas de medición para llevar controles volumétricos de conformidad con las condiciones de referencia establecidas en la Resolución Miscelánea Fiscal?

No es necesario, por lo que puedes realizar un algoritmo para presentar en tus reportes los volúmenes corregidos a las condiciones requeridas por la Resolución Miscelánea Fiscal. Fundamento legal: Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023".

Por todo lo anterior, es que se insiste que no debe de perderse de vista que los controles volumétricos son parte de la contabilidad de los contribuyentes, motivo por el cual la autoridad fiscal requiere que los volúmenes estén a las mismas condiciones a lo largo de la cadena de valor para determinar la trazabilidad de los hidrocarburos y petrolíferos a lo largo de dicha cadena, permitiendo ubicar sobrantes o faltantes.

Derivado de lo anterior, es evidente que al emitir el criterio 78/2024 el Cuarto Tribunal Colegiado dejó de advertir que la autoridad responsable señaló los fundamentos y motivos por los que debería de otorgarse la suspensión definitiva, como lo es el hecho de que el autoconsumo de gas natural en instalaciones fijas se vincula a la obligación de llevar controles volumétricos, porque participan en la cadena de valor de los hidrocarburos y petrolíferos, en este caso del gas natural y en razón de los grandes volúmenes que consumen como usuarios finales.

Es decir, todos los contribuyentes participantes en la cadena productiva de la industria contarán con la obligación de llevar controles volumétricos, con el objetivo de combatir y mitigar el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como su fabricación, producción, transporte, almacenamiento y distribución de manera ilegal.

Ya que conforme a la interpretación de las disposiciones en materia de controles volumétricos toda vez que fue el fin perseguido por el legislador, sin limitarse únicamente a productos como las gasolinas o el diésel, o a contribuyentes que operen con los mismos, toda vez que tal y como sucede con el contribuyente (...) en México pierde (...) de pesos anuales por el robo a sus instalaciones de transporte, ya que al menos 8% del producto que reciben de Pemex no es entregado a sus clientes por el robo perpetrado por el crimen organizado, consideraciones que no fueron tomadas al emitir la sentencia.

D.1. La concesión de la suspensión provisional transgrede lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 47/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(...)

D.2. Mediante la jurisprudencia 2a./J. 47/2022 (11a.) se analizó una situación análoga (obligación en materia de controles volumétricos) que persiste con las disposiciones legales controvertidas.

(...)

D.3. Ahora bien, en el caso en particular, contrario a lo resuelto, resulta de aplicación obligatoria la jurisprudencia 2a./J. 47/2022(11a.)

(...)

Las anteriores consideraciones y precedentes se realizan por esta representación fiscal con el objetivo de que ese H. Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, las pueda tomar en cuenta al momento de ponderar y resolver la contradicción de criterios 148/2024.

23. En diverso oficio recibido el diez de julio de dos mil veinticuatro se expusieron, esencialmente, las consideraciones siguientes sobre el tema de esta contradicción:

De conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación (CFF), las disposiciones de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) se emiten con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones previamente establecidas en el CFF de los contribuyentes.

En tales consideraciones, a fin de otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes a que se refiere el artículo 28, fracción I, apartado B, primer párrafo, del CFF, la regla 2.6.1.2., fracción VI, de la RMF vigente lo que hace es describir, en términos reales y en el contexto de cómo se Ileva a cabo, a la actividad del autoconsumo en la industria de los hidrocarburos, de tal forma que lo que el texto menciona es que el autoconsumo para usos propios no residenciales se puede llevar a cabo de las siguientes maneras:

1. Al amparo de un permiso de la Comisión Reguladora de Energía.

2. Al amparo de un permiso de importación de la Secretaría de Energía.

3. Contando con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para el autoconsumo.

Cabe recalcar que del contenido integral de la regla 2.6.1.2. se advierte que en todas sus fracciones siempre se reconoce la realización de la actividad por el hecho de contar un permiso para realizarla o por el hecho de que de facto la realiza, como una fórmula antiabuso, a fin de captar a todos los sujetos de la industria aunque no cuenten con un permiso específico para ello, ya que aunque pudiera no ser la actividad principal, de hecho sí la realizan, y dado el volumen y las características del producto, es de interés nacional conocer dichas operaciones.

Ahora bien, se afirma que la regla 2.6.1.2., fracción VI, de la RMF vigente no establece categorías nuevas de sujetos distintos a los que refiere el artículo 28, fracción I, apartado B, del CFF toda vez que:

• La modalidad de p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32850-432a3e95/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-cuando-se-solicita · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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