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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN VI DE LA REGLA 2.6.1.2 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, QUE OBLIGA A LAS PERSONAS QUE ALMACENEN PETROLÍFEROS PARA USOS PROPIOS O INSTALACIONES FIJAS PARA LA RECEPCIÓN DE GAS NATURAL PARA AUTOCONSUMO, A LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 89/2024. · Registro digital (IUS): 32849
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.856.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 89/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito (Región Centro-Sur) y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte).

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si es procedente conceder la suspensión, en un juicio de amparo, respecto de la aplicación de la Regla 2.6.1.2, en su fracción VI, de la Miscelánea Fiscal dos mil veintitrés, a las personas físicas o morales que almacenen petrolíferos para usos propios o que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, a quienes se les impone como obligación que deben contar, para su recepción, con controles volumétricos y certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito remitido a través del MINTERSCJN el veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, registrado con el número de folio electrónico 28452/2024, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito (Región Centro-Sur), con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, denunciaron la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese tribunal, al resolver la queja administrativa 86/2024 y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte), al resolver la revisión incidental administrativa 424/2023.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de uno de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto con el número 89/2024 y dar trámite a la denuncia respectiva, por lo que solicitó a las Presidencias de esos órganos jurisdiccionales, que remitieran la versión digitalizada del original o, en su caso, la copia certificada de los agravios y de las ejecutorias; o bien, la versión digital en la que consten las firmas electrónicas y del proveído en el que informen si los criterios sustentados en cada uno de los asuntos se encuentran vigentes.

3. De igual forma, se turnó el expediente para su estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán y se ordenó su envío a la Sala en la que se encuentra adscrito, a fin de que proveyera su trámite e integración.

4. Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.

5. Por acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala determinó que el expediente se encontraba debidamente integrado y remitió el sumario en el que se actúa a su Ponencia.

I. COMPETENCIA

6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los puntos Primero, Segundo, fracción V, contrario sensu, y Tercero del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados de diversas regiones en un tema específico de materia administrativa y se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(4) que regulan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de contradicciones entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a diferentes regiones.

8. En ese sentido, si la denuncia de contradicción de criterios se presentó por magistrados adscritos a uno de los tribunales contendientes, esto es, al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, es claro que se tiene por acreditada la legitimación.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

9. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, se hace referencia a los antecedentes de cada asunto y se transcriben las consideraciones esenciales de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito (Región Centro-Sur) con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, al resolver la queja administrativa 86/2024.

10. Juicio de amparo indirecto. Cervecería Modelo del Centro, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovió un juicio de amparo indirecto en contra del Congreso General de la Unión, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, de quienes reclamó la reforma a los artículos 28, fracción l, apartado B y 111 Bis del Código Fiscal de la Federación,(5) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en relación con la aplicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés y publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinticuatro, específicamente, en su fracción VI de la Regla 2.6.1.2., bajo el supuesto de recepción de gas natural en instalaciones fijas para autoconsumo.

11. El juez Primero de Distrito en Hidalgo admitió a trámite la demanda y ordenó la apertura del incidente de suspensión; y en esa misma fecha negó la suspensión provisional del acto reclamado, por considerar que de concederse se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.

12. Recurso de queja. Inconforme con la anterior determinación, la peticionaria interpuso recurso de queja respecto del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito.(6) El citado tribunal admitió y registró el recurso con el número 86/2024 y fue turnado para su resolución al Magistrado Ponente.

13. Resolución del recurso de queja. El veinte de marzo de dos mil veinticuatro el tribunal resolvió el recurso de queja como infundado, al concluir que es correcto lo resuelto por el juez al negar la suspensión provisional de los actos, dado que, de concederse la medida cautelar se violarían disposiciones de orden público e interés social, en términos de lo previsto en el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo,(7) puesto que se permitiría la posible consumación o continuación de delitos; en particular, los tipificados en el numeral 111 Bis del Código Fiscal de la Federación.(8)

14. Las consideraciones expuestas por el tribunal, en esencia son las que a continuación se exponen:

• Señaló que la peticionaria solicitó la suspensión del segundo supuesto de la fracción VI de la Regla 2.6.1.2, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro que obliga a los contribuyentes que cuentan con instalaciones fijas para la recepción del gas natural para autoconsumo, que implementen los equipos y programas informáticos de controles volumétricos de hidrocarburos, debido a que esa actividad no está prevista en el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se transgrede el principio de supremacía de ley.

• El tribunal destacó que debían considerarse los requisitos previstos por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y los diversos 128, 129, 138 y 147 de la Ley de Amparo, de los que se desprenden, por regla general, los siguientes: 1) la presunción de existencia del acto reclamado; 2) que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse; 3) que exista solicitud del agraviado, quien por lo menos debe acreditar un interés suspensional o indiciario; 4) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 5) finalmente, junto con el examen del interés social y el orden público, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para poder justificar que se decrete la medida cautelar cuando sea urgente y necesaria la paralización de los efectos del acto reclamado.

• Con esa base realizó una interpretación sistemática de los artículos 28, fracción I, apartado B y 111 Bis, ambos del Código Fiscal de la Federación y advirtió, como premisa, que se impondrá una pena de prisión a quienes no cumplan con las obligaciones impuestas en el citado numeral 28 del código tributario. Posteriormente, dijo que era acertada la conclusión del juez, para negar la suspensión de la Regla 2.6.1.2, en su fracción VI, de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro dado que, de concederse, se violarían disposiciones de orden público e interés social a que se refiere el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se permitiría la posible consumación o continuación de delitos o de sus efectos.

• Así, sostuvo que los delitos previstos en el artículo 111 Bis, en relación con el 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, en una interpretación conjunta de las Reglas Misceláneas Fiscales están relacionados con la actividad de las personas que almacenan para uso propio cualquier tipo de hidrocarburo y que deberán contar con equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos y los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento.

• Explicó que, respecto de las personas que almacenan hidrocarburos para uso propio, se agregó como supuesto a las personas físicas o morales "que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo" el cual, si bien no está expresamente previsto en el código tributario, hay que tener presente que la intención final es regular las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, con el fin de lograr su eficaz aplicación.

• Por ello, dijo que no era dable realizar una ponderación frente a la afectación al orden público y al interés social mencionados pues, el hecho de que la actividad realizada por la quejosa, implica que cuente con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo aunque no esté expresamente regulada por el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, sino únicamente en la Regla 2.6.1.2 de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, de todos modos es una obligación para los contribuyentes dado que es una disposición de observancia general.

• Al efecto, citó como apoyo de esta conclusión, la jurisprudencia 2a/J. 36/2005, de rubro "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2004, PORQUE SE PERMITIRÍA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO".

• Agregó que no compartía el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión incidental 424/2023, quien concedió la medida cautelar a una diversa empresa y que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, esa ejecutoria no le resultaba obligatoria.

• Declaró inoperante el agravio de la recurrente en el que impugnó la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 47/2022 (11a.) de rubro "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE DIVERSAS REGLAS Y ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, QUE SE REFIEREN A LA CONTABILIDAD DE QUIENES DEBEN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS", porque, con independencia de lo fundado o infundado en nada cambiaría el sentido de su determinación.

Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte) con residencia en la Ciudad de México, al resolver la revisión incidental administrativa 424/2023.

15. Juicio de amparo. La empresa Enertek, Sociedad Anónima de Capital Variable, y otras, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del Congreso de la Unión, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, consistentes en la reforma efectuada a los artículos 28, fracción I, apartado B y 111 Bis, ambos del Código Fiscal de la Federación, mediante el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno; así como las Reglas contenidas en el "Capítulo 2.6. De los controles volumétricos, de los certificados y de los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos"; a saber, los números 2.6.1.1., 2.6.1.2., 2.6.1.3., 2.6.1.4., 2.6.1.5., 2.6.1.6. y 2.6.2.1, de la "resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27", publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

16. La parte quejosa solicitó la suspensión para que no le fuera aplicada la obligación prevista en la fracción VI de la Regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés, así como el sistema normativo que regula la obligación de contar con equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos.

17. El Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés registró y admitió a trámite el expediente 983/2023 y en esa misma fecha, el juez negó la suspensión provisional solicitada. Posteriormente, una vez celebrada la audiencia incidental respectiva, el treinta de junio siguiente, negó la suspensión definitiva.

18. Inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, respecto del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien mediante auto de once de septiembre de dos mil veintitrés lo tuvo por registrado con el número R.A. 424/2023 y lo admitió a trámite.

19. Resolución del recurso de revisión. El seis de diciembre de dos mil veintitrés, el tribunal colegiado citado resolvió el incidente en el sentido de revocar la determinación del juez de Distrito y conceder la suspensión definitiva.

20. Las razones expuestas por el tribunal colegiado para arribar a esa conclusión, en esencia, son las siguientes:

• En primer orden, destacó que el juez de Distrito negó la suspensión definitiva solicitada por las quejosas para que no les fueran aplicados los términos y obligaciones previstas en la fracción VI de la Regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil veintitrés, así como el sistema normativo que regula la obligación de contar con equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos.

• Luego, sostuvo que era incorrecta la conclusión del juez al considerar que, de conceder la suspensión se contravendrían disposiciones de orden público y se generaría perjuicio al interés social. Lo anterior, en atención a que la actividad preponderante de las quejosas no está contemplada en el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación.

• Explicó, que la actividad a la que se dedican las empresas consiste en generar energía eléctrica, para lo cual cuentan con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo (no almacenamiento), y esa hipótesis no está contemplada en el artículo 28, fracción I, apartado B del código tributario, del que emana la fracción VI de la Regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil veintitrés, la cual adiciona la obligación de "contar con instalaciones fijas que reciban gas natural para usos propios", diversa a las actividades originalmente contempladas en el citado artículo 28 del código fiscal.

• En ese sentido, advirtió que el artículo 28, fracción I, apartado B del citado código, contempla que las personas físicas o morales que, de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar una contabilidad cuando fabrican, producen, procesen, transporten, almacenen (incluyendo cuando se trata de uso propio), distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburos (gas natural) deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos y los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento; sin embargo, no se advierte que en este precepto se regule de manera expresa la referencia a las personas que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, supuesto adicionado en la Regla 2.6.1.2 de la multicitada Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés.

• En ese orden de ideas, sostuvo que, atendiendo a la apariencia del buen derecho, a partir de la reforma constitucional del seis de junio de dos mil once, se privilegió la discrecionalidad de los jueces y se estableció que podían realizar un análisis ponderado entre la no afectación al interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho o peligro en la demora, fortaleciendo el rol protector de la suspensión.

• Una vez establecida esa premisa, el tribunal concluyó que no existe la afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque la actividad de las empresas recurrentes no está prevista dentro de las que contempla el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación y, en consecuencia, no se actualizaban los supuestos previstos en el artículo 111 Bis del mismo ordenamiento.

• Señaló que la obligación impuesta a las personas que contaran con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo fue adicionada con la reforma a la Regla 2.6.1.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés, lo que en apariencia del buen derecho, contraviene el principio de subordinación jerárquica, al imponer y adicionar las obligaciones previstas en el Código Fiscal de la Federación.

• Por ello, concluyó que era procedente revocar la determinación del juez de Distrito y conceder la suspensión definitiva a las quejosas para los

efectos solicitados, esto es, para que no le sean aplicados los términos y obligaciones previstas en la Regla 2.6.1.2 multicitada, así como el sistema normativo que regula la obligación de contar con equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva que analice el fondo del asunto. • Sostiene también que al no estar considerada la actividad que realiza la parte quejosa en las previstas en el artículo 28 multicitado, no resultan aplicables las jurisprudencias citadas por el juez de Distrito: 2a./J. 36/2005 de rubro "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2004, PORQUE SE PERMITIRÍA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO.",(9) ni la 2a./J. 47/2022 de rubro "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE DIVERSAS REGLAS Y ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, QUE SE REFIEREN A LA CONTABILIDAD DE QUIENES DEBEN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS".(10) IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

21. Una vez que han quedado expuestas las consideraciones de cada una de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, a continuación, se verifica la existencia o no de la divergencia de criterios.

22. La mecánica para determinar la existencia de una contradicción de criterios tiene que analizarse desde la necesidad de unificar razonamientos jurídicos, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables.

23. Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha determinado que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.

24. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de razonamientos jurídicos y el problema radica en los procesos de interpretación y no en los resultados adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes,(11) entonces como lo ha sostenido el Tribunal Pleno, es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:(12)

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y

c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con elación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

25. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho.(13)

26. En atención a lo anterior, a continuación, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.

1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo.

27. Esta Segunda Sala considera que se cumple con el primer requisito para determinar la existencia de la presente contradicción de criterios, pues los tribunales colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial para resolver las cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su conocimiento como se advierte a continuación:

A. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, al resolver la queja administrativa 86/2024.

28. Este asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) Una persona moral promovió un juicio de amparo indirecto y reclamó como normas autoaplicativas la fracción VI, de la Regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro; así como los artículos 28, fracción I, apartado B y 111 Bis, ambos del Código Fiscal de la Federación, entre otras Reglas y Anexos de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro.

b) Señaló que el acto de aplicación se materializó con la obligación de llevar los controles volumétricos y tener que presentar mensualmente los reportes de información, contratar los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos y de emisión de dictámenes que determinen el tipo de petrolífero o hidrocarburo, así como el gas natural.

c) Al respecto, indicó que en el código tributario no se contempló la actividad de contar con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, sino hasta la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal.

d) El juez de Distrito que conoció del juicio admitió la demanda y al resolver sobre la suspensión provisional, determinó negar la medida cautelar por considerar que de concederse se afectaría el interés social y se transgredirían disposiciones de orden público,(14) al actualizarse el supuesto previsto en la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque se permitiría la consumación de conductas que están tipificadas en el diverso artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación.

e) El tribunal colegiado al resolver el recurso de queja interpuesto por la quejosa en contra de la negativa de la medida cautelar solicitada declaró infundado el recurso.

29. En la parte que interesa el tribunal colegiado consideró lo siguiente:

• Estableció que no cabía la ponderación de derechos entre la afectación particular de la quejosa y al orden público e interés social, pues su actividad implica que cuente con instalaciones fijas para la recepción del gas natural para autoconsumo; y aunque no está prevista en el catálogo del artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación sino en la fracción VI, de la Regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, al tratarse esta última de una disposición general le resulta obligatoria.

• Por ello, reconoció como correcta la determinación del juez de Distrito al negar la suspensión por considerar que, de concederse, se transgreden disposiciones de orden público e interés social, en términos de lo previsto en el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, pues se permitiría la posible consumación o continuación de delitos, en específico, los previstos en el numeral 111 Bis del Código Fiscal de la Federación.

• Aclaró que en el caso resultaba aplicable la jurisprudencia 2a/J. 36/2005 de rubro "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2004, PORQUE SE PERMITIRÍA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO".

B. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el incidente 424/2023.

30. Este asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) Varias personas morales promovieron el juicio de amparo indirecto y reclamaron los artículos 28, fracción I, apartado B y 111 Bis, ambos del Código Fiscal de la Federación, con motivo del decreto publicado el doce de noviembre de dos mil veintiuno; así como las Reglas contenidas en el Capítulo 2.6. De los controles volumétricos, de los certificados y de los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos, a saber, las Reglas 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.5, 2.6.1.6 y 2.6.2.1, con motivo de la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés, publicada el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

b) Señalaron, que a través de las citadas disposiciones, se generó la obligación de llevar controles volumétricos, así como de presentar mensualmente los reportes de información, de controlar los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos y de emisión de dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo, asimismo, por la actividad que realizan contar con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para su autoconsumo.

c) El juez de Distrito que conoció del juicio admitió la demanda y al resolver sobre la suspensión provisional, determinó negar la medida cautelar.(15)

d) El tribunal colegiado al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la negativa de la medida cautelar, resolvió en el sentido de revocar la determinación del juez y en consecuencia conceder la suspensión derivada del juicio de amparo.

31. En la parte que interesa, el tribunal colegiado consideró lo siguiente:

• Concedió la medida cautelar porque es dable realizar la ponderación entre la no afectación al interés social, al orden público y el peligro en la demora. De ahí, consideró que no hay afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque la actividad de la quejosa no está ubicada dentro del listado previsto en el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación y, en consecuencia, no se actualiza el supuesto contemplado en el artículo 111 Bis del mismo código tributario.

• Consideró que la obligación impuesta en la fracción VI, de la Regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés, relativa a que las personas que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, sí contraviene el principio de subordinación jerárquica a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32849-034eeafe/suspension-en-amparo-indirecto-no-procede-respecto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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