PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. OPORTUNIDAD PARA OFRECERLAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. 6 DE JUNIO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de distinto circuito, corresponde a la materia de trabajo, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios que originaron la denuncia que nos ocupa.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo **********, en sesión de veintidós de junio de dos mil cinco, en la parte conducente, sostuvo:
"SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación. Sin embargo, este tribunal, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, suple su deficiencia, al advertir una violación en el laudo reclamado que amerita la concesión del amparo al quejoso.
"Es infundado el primer concepto de violación en el que, en esencia, el quejoso se inconforma con el desechamiento de las pruebas que ofreció. Argumenta, que es ilegal el acuerdo de nueve de julio de dos mil cuatro, en el que se desechan de plano la confesional por posiciones y la documental pública, consistente en el original del instructivo de notificación de **********, en su carácter de **********.
"Es infundado, porque los artículos 92 y 93 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, relativos al ofrecimiento y admisión de pruebas, son categóricos al establecer que el demandante debe acompañar a su escrito de demanda las pruebas de su intención y, en el caso, el actor las ofreció hasta la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, por lo que es correcto que el Tribunal de Arbitraje desechara las mismas.
"En efecto, el actor **********, presentó su demanda laboral el diecisiete de febrero de dos mil cuatro, a ella acompañó dos documentales consistentes en copias de comprobantes de pago, y su escrito de pruebas lo presentó hasta el veinte de mayo de dos mil cuatro, fecha en que se celebró la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. El Tribunal de Arbitraje, por auto de nueve de julio de dos mil cuatro, sólo admitió las dos documentales que acompañó el actor a su demanda inicial y desechó las pruebas ofrecidas en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, al considerar que se presentaron extemporáneamente. Al efecto, enfatizó:
"‘Monterrey, Nuevo León, a 9 (nueve), de julio del año 2004 (dos mil cuatro). Visto de nueva cuenta el expediente laboral **********, relativo a la reclamación laboral promovida por **********, en contra de Secretaría de Educación en el Estado. Se admiten las documentales del actor exhibidas en su escrito inicial de demanda. Con fundamento en los artículos 93, fracción V y 94 de la Ley del Servicio Civil, son extemporáneas las que enumera en su escrito presentado el 20 de mayo del año 2004 (dos mil cuatro), ya que no las señaló en su escrito inicial de demanda y sólo las ofrece después de fijada la litis que se produjo el primero de abril del presente año, al contestarse la demanda ...’
"Es correcta la decisión de la autoridad laboral, ya que la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León prevé que el actor debe acompañar a su demanda las pruebas de su intención, salvo las que no pudiera aportar directamente, caso en el cual debe señalar el lugar en que puedan obtenerse, según se advierte de los artículos 92, 93, 95 y 99, que disponen:
"‘Artículo 92.’ (lo transcribe)
"‘Artículo 93.’ (lo transcribe)
"‘Artículo 95.’ (lo transcribe)
"‘Artículo 99.’ (lo transcribe)
"Los citados artículos 92, 93, 95 y 99 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León disponen, el primero, que el procedimiento en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León se reduce a la presentación de la demanda, la respuesta que se le dé, una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos y se dictará resolución, salvo que se requiera de la práctica de alguna diligencia, la cual se llevará a cabo y, posteriormente, se dictará la resolución que corresponda; armonizado aquél con el artículo 93, que establece que la demanda debe contener, entre otros requisitos, la indicación del lugar en que puedan obtenerse las pruebas que el demandante no pudiera aportar directamente, y que éste está obligado a acompañar a su escrito inicial de demanda laboral las pruebas que estime pertinentes; con el diverso numeral 95, que prevé que el tribunal una vez que reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestar, ordenará se practiquen las diligencias que fueren necesarias, y citará a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, y a su vez con el artículo 99, señala que el Tribunal de Arbitraje apreciará las pruebas sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, resolviendo a verdad sabida y buena fe guardada.
"De la interpretación sistemática de las citadas disposiciones llevan a este órgano jurisdiccional federal a sostener que en el procedimiento que se lleva en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León, el actor está obligado a acompañar, a su escrito inicial de demanda, las pruebas de su intención, salvo aquellas que no pudiera presentar directamente, caso en el cual, debe indicar al tribunal el lugar en que puedan obtenerse las mismas.
"Por consiguiente, debe concluirse que las pruebas no deben ofrecerse hasta la audiencia de pruebas y alegatos, como lo hizo el quejoso, ya que de acuerdo al riguroso orden establecido, es evidente que el actor debe acompañar a su escrito de demanda laboral las pruebas de su intención, lo que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, al señalar que el tribunal una vez que reciba la contestación o transcurrido el plazo para ello, ordenará las prácticas necesarias y citará a las partes y a los testigos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, es decir, que previamente a que se fije fecha para la misma, el tribunal debe tener conocimiento de las pruebas ofrecidas, pues inclusive los testigos deben ser citados a la audiencia.
"Por tanto, si en el caso, el actor en lugar de acompañar a la demanda laboral las pruebas de su intención, las ofreció hasta la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, es correcto que el tribunal del conocimiento desechara las mismas, por no haberse ofrecido en el momento oportuno.
"Es infundado el primer concepto de violación en la parte que alega el quejoso que no obstante que en la audiencia precisó los objetos y finalidades que pretendía justificar con las probanzas ofrecidas, mismas que fueron objetadas por el demandado, también ofreció, entre otros medios de convicción, los siguientes: ‘... Documental privada. La cual se hace consistir en el escrito signado por el suscrito y dirigido a la Secretaría de Educación y directora de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, de fecha catorce de enero de dos mil cuatro ...’ y ‘Documental pública. Consistente en el original de la promoción, suscrito por el C. **********, en su carácter de **********, de fecha doce de enero del año en curso, el cual dirige al C. profesor y licenciado **********, en su carácter de **********. Dicha documental se encuentra exhibida por la parte demandada, dentro de los autos del presente procedimiento, por lo que atendiendo al principio de adquisición procesal, la hago mia en cuanto beneficie a los intereses que represento ...’; por lo que la autoridad vulneró sus garantías por no haber admitido las pruebas.
"Es infundado, porque el Tribunal de Arbitraje procedió correctamente al desechar las pruebas ofrecidas por el actor, ya que, como antes se dijo, las ofreció hasta la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 93, fracción V, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, debió acompañarlas a su escrito inicial de demanda laboral, salvo que no pudiera presentarlas directamente, caso en el cual el actor estaba obligado a mencionar a la autoridad el lugar en que podía obtenerlas y, en el caso, el accionante no precisó si dichas documentales no las podía presentar directamente por ser superveniente y, en su caso, dónde las podría obtener el tribunal, por lo que se considera que la autoridad procedió legalmente al desechar dichas probanzas.
"Es infundado el segundo concepto de violación en el que alega el quejoso que la autoridad del conocimiento es omisa en analizar todos y cada uno de los elementos de convicción y los alegatos relatados en el escrito de pruebas.
"Es infundado, porque la autoridad laboral no tenía obligación de estudiar las pruebas ofrecidas por el actor en la audiencia de pruebas y los alegatos, ya que, como se mencionó anteriormente, dichos medios de convicción se desecharon por no ofrecerse en el momento procesal oportuno, de ahí que no existía la obligación de analizar los mismos.
"Es infundado el segundo concepto de violación en la parte que alega el quejoso que la prueba de ratificación de documentos se ofreció en términos legales.
"Es infundado, porque de las constancias que integran los autos no se advierte que el quejoso haya ofrecido alguna prueba de ratificación, pues únicamente ofreció como pruebas las que acompañó a su escrito inicial de demanda, consistentes en unos recibos de pago y las pruebas confesional y documentales precisadas en su escrito, recibido el veinte de mayo de dos mil cuatro.
"Es infundado el segundo concepto de violación en la parte que alega el quejoso que la autoridad laboral vulneró lo dispuesto por los artículos 92 y 95 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León y 776, 777, 778 y 780 de la Ley Federal del Trabajo, al desechar las pruebas de su intención.
"Es infundado, porque la autoridad laboral no vulneró lo dispuesto por los artículos 92 y 95 de la Ley del Servicio Civil del Estado pues, como ya se dijo, procedió legalmente al desechar las pruebas ofrecidas por el actor, al no ofrecerlas en el momento procesal oportuno para ello, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 92, 93, 94 y 95 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León.
"En cuanto a los artículos 776, 777, 778 y 780 de la Ley Federal del Trabajo, no existe violación alguna porque no son aplicables supletoriamente, ya que el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León dispone que los casos no previstos en dicha ley o sus reglamentos se resolverán de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y, en el presente asunto, sí está previsto en la ley de la materia el momento en que deben ofrecerse las pruebas, por lo que si bien es cierto que los citados artículos señalan las pruebas que son admisibles en el proceso laboral a que deben referirse y que deben ofrecerse en la audiencia y acompañadas con todos los elementos necesarios para su desahogo, en el caso concreto, no son aplicables dichas disposiciones, porque la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León precisa la forma y el momento en que deben ofrecerse los medios de convicción.
"Es infundado el tercer concepto de violación en la parte que alega el quejoso que la autoridad vulnera los artículos 99 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, así como los artículos 840, 841 y 842, y demás relativos de la ley laboral, al omitir el estudio y análisis de las pruebas aportadas por él al contencioso laboral, lo que se traduce en que el laudo no se dictó a verdad sabida ni buena fe guardada.
"Es infundado, ya que si las pruebas ofrecidas por el actor no fueron admitidas en el procedimiento laboral, el tribunal del conocimiento no tenía la obligación de tomarlas en consideración y analizarlas para el dictado de su resolución, aunado a que el laudo impugnado se emitió en forma congruente con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio."
La ejecutoria antes transcrita dio origen a la tesis aislada IV.3o.T.208 L, publicada en la página 1989 del Tomo XXII, agosto de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen:
"PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. MOMENTO PROCESAL EN EL QUE DEBEN OFRECERSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 92, 93, 95 y 99 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León se concluye que el actor está obligado a acompañar a su escrito inicial de demanda las pruebas de su intención, salvo que no pudiera presentarlas directamente, caso en el cual deberá indicar al tribunal el lugar en que puedan obtenerse. Por consiguiente, las pruebas no pueden ofrecerse en la audiencia de pruebas y alegatos, si de acuerdo con lo establecido en esos preceptos, el actor debe acompañarlas a su escrito de demanda; lo que se corrobora con el citado artículo 95, que señala que el tribunal inmediatamente que reciba la contestación de la demanda o transcurrido el plazo para ello, ordenará su desahogo citando a las partes y, en su caso, a los testigos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. En tal virtud, previamente a que se fije fecha para la celebración de la indicada audiencia, el Tribunal de Arbitraje debe tener conocimiento de los medios de convicción ofrecidos, ya que los testigos que lleguen a proponerse deben ser citados con anticipación a dicha audiencia. Consecuentemente, si el actor en lugar de anexar las pruebas a su demanda laboral las ofrece hasta la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, es correcto que el tribunal las deseche por no haberlas ofrecido en el momento procesal oportuno."
El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo ********** (cuaderno auxiliar **********), en sesión de dieciséis de febrero de dos mil doce, en la parte conducente, determinó:
"SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Son fundados en un aspecto los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, mismos que se suplen en su deficiencia, en términos de lo que dispone la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, como en seguida se verá:
"A manera de preámbulo, es conveniente destacar los principales antecedentes del asunto en estudio, como sigue:
"El aquí quejoso, en la demanda laboral, reclamó del Municipio de Cerralvo, Nuevo León, la nulidad del convenio de terminación de empleo de cuatro de noviembre de dos mil nueve; la declaratoria de incapacidad parcial permanente como consecuencia de un accidente de trabajo sufrido el ocho de marzo de dos mil cinco; el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 492 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, es decir, el pago de la indemnización como consecuencia de la incapacidad parcial permanente por no haber sido inscrito en alguna institución de seguridad social; pago de la cantidad de $**********, por concepto de gastos erogados en dos operaciones de implante de prótesis de cadera; pago de gastos médicos, medicinas, hospitalarios y demás requeridos para una tercera operación de implante de prótesis de cadera; pago del concepto de aguinaldo con valor de cuatro quincenas de salario, vacaciones por dos quincenas de salario y prima vacacional correspondiente al año dos mil diez; y finalmente, el otorgamiento del derecho de atención médica, aduciendo haber ingresado a prestar sus servicios el uno de marzo de dos mil dos, con el número de nómina **********, y laborar en el puesto de **********, con una jornada de labores de las ********** a las ********** horas, de lunes a sábado, y percibiendo un salario de $********** quincenales.
"Posteriormente, mediante ocurso de veinticinco de octubre de dos mil diez, la parte demandada dio contestación a la demanda entablada en su contra (fojas nueve a doce) donde alegó, esencialmente, que el convenio cuya declaración de nulidad se reclamó, había sido suscrito apegado a derecho, y que era falso que el demandante hubiere sufrido el accidente que adujo y, por tanto, improcedentes todas las prestaciones que se reclamaron inherentes a ese accidente; asimismo, ofreció como pruebas la confesional a cargo del trabajador actor, la documental consistente en copia certificada del cheque **********; la documental consistente en copias certificadas de cuarenta y tres recibos de pago de diferentes fechas expedidos a favor del actor; documental consistente en copia certificada del convenio de cuatro de noviembre de dos mil nueve; así como la de actuaciones y presunciones en su doble aspecto, legal y humano.
"Con motivo de lo anterior, se tuvo a la parte demandada dando contestación a su demanda y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución (foja trece del expediente laboral).
"Una vez llegada la fecha fijada para la celebración de la audiencia de mérito, y en uso de la voz, la parte actora ofreció como pruebas de su intención, las que se citaron en el escrito inicial de demanda, así como las señaladas en los escritos fechados en uno y quince de diciembre de dos mil diez (fojas diecinueve, veinte, veintidós y veintitrés), esto es:
"Confesional a cargo del jefe de Obras Públicas del Municipio de Cerralvo, Nuevo León.
"Documental privada consistente en veinticinco recibos de pago de salario.
"Testimonial a cargo de ********** y **********.
"Pericial médica en materia de traumatología y ortopedia.
"Actuaciones y presuncional legal y humana.
"Confesional a cargo del presidente municipal de Cerralvo, Nuevo León.
"Confesional a cargo del titular de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo del Municipio demandado.
"Documental pública en vía de informe a cargo del director general del Hospital Metropolitano de San Nicolás de los Garza, Nuevo León (constancias que integran el expediente clínico del actor).
"Confesional a cargo del representante legal del Municipio demandado.
"Mientras que la demandada ratificó las que ofreció en su ocurso de contestación, y solicitó el desechamiento de las ofertadas por su contraparte; por lo que ante la manifestación de las partes, el tribunal responsable se reservó acordar lo conducente (foja veintiuno).
"Así, por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil once, la autoridad responsable tuvo por admitidas las documentales de la parte actora, no así las que ofreció en los citados ocursos de uno y quince de diciembre de dos mil diez, por resultar extemporáneas; mientras que por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada, tuvo por recibidas las documentales que acompañó a su escrito de contestación y fijó fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo del demandado (foja veinticuatro).
"Finalmente, el nueve de septiembre de dos mil once, el tribunal responsable dictó el laudo que constituye el acto reclamado, en el que se estimó que el actor no había probado las acciones de nulidad de convenio, y demás prestaciones reclamadas, absolviéndose, en consecuencia, al Municipio demandado de su pago.
"Una vez establecido lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso aduce, esencialmente, que el tribunal responsable conculcó en su perjuicio sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues desechó las pruebas que ofreció dada su extemporaneidad, aplicando en forma errónea el artículo 92 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, ya que de su contenido se desprende que en la audiencia de pruebas y alegatos se prevé la potestad de presentar éstas, lo cual es un derecho de las partes.
"Por otro lado, señala en una parte de su segundo concepto de violación, que la autoridad responsable actuó en contra del derecho, al declararlo confeso pese a que presentó una constancia de estar hospitalizado.
"Los anteriores motivos de disenso, a juicio de este Tribunal Colegiado, devienen esencialmente fundados y se suplen en lo necesario en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 39/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’(1)
"En ese tenor, se estima que se transgredieron las normas esenciales del procedimiento en perjuicio del peticionario de amparo, en virtud de que el tribunal responsable indebidamente desechó las pruebas que ofreció, alegando su extemporaneidad, y lo tuvo por confeso de las posiciones que formuló la parte demandada ante su inasistencia a la diligencia correspondiente, previo al dictado del laudo.
"En primer término, se abordará lo relativo a la ilegalidad del desechamiento de las pruebas ofrecidas por la parte actora.
"El procedimiento de origen se trata de una controversia derivada de las relaciones entre un Municipio del Estado de Nuevo León y uno de sus trabajadores y, por tanto, debe atenderse a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, la cual establece las reglas a partir de las cuales se seguirá el procedimiento ordinario para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Arbitraje de dicha entidad federativa.
"Así, para resolver la cuestión planteada, se estima necesario establecer un marco referencial respecto a la forma en que se encuentra regulado en dicho cuerpo normativo el procedimiento burocrático.
"Para ello, conviene transcribir el contenido del capítulo tercero del título sexto de la ley en comento, relativo al procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje, el cual a la letra dice:
"‘Artículo 92.’ (se transcribe)
"‘Artículo 93.’ (se transcribe)
"‘Artículo 94.’ (se transcribe)
"‘Artículo 95.’ (se transcribe)
"‘Artículo 96.’ (se transcribe)
"‘Artículo 97.’ (se transcribe)
"‘Artículo 98.’ (se transcribe)
"‘Artículo 99.’ (se transcribe)
"‘Artículo 100.’ (se transcribe)
"‘Artículo 101.’ (se transcribe)
"‘Artículo 102.’ (se transcribe)
"‘Artículo 103.’ (se transcribe)
"‘Artículo 104.’ (se transcribe)
"‘Artículo 105.’ (se transcribe)
"‘Artículo 106.’ (se transcribe)
"‘Artículo 107.’ (se transcribe)
"Del contenido de los artículos citados, y en la parte que interesa, se desprende lo siguiente:
"El procedimiento ordinario ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León se constriñe a la presentación de la demanda que deberá hacerse por escrito o bien verbalmente, contestación en la misma forma y una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos.
"La demanda deberá contener, entre otros requisitos, la indicación del lugar en que pueden obtenerse las pruebas que el reclamante no pudiere aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funde su demanda, así como las diligencias que con el mismo fin se solicite que sean practicadas por el tribunal.
"Asimismo, a ésta deben acompañarse las pruebas de que se disponga el demandante.
"Una vez recibida la contestación a la demanda o transcurrido el plazo para ello, el tribunal ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias, y citará a las partes y a los testigos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en la que las partes presentarán sus pruebas y alegatos, y pronunciará resolución, salvo cuando se requiera la práctica de diligencias posteriores.
"Ahora, en el caso concreto, el tribunal responsable, mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil once, desechó las pruebas ofrecidas por la parte actora, a excepción de las documentales que acompañó a su demanda, tal como puede advertirse de la siguiente transcripción:
"‘Visto de nueva cuenta el expediente número ********** (sic), relativo a la reclamación laboral promovida por el C. **********, en contra del Municipio de Cerralvo, Nuevo León. Se tienen por recibidas las documentales de la parte actora, no así las que presentara en los escritos de fecha 1o. y 15 de diciembre del 2010, por resultar extemporáneas, al no ser ofrecidas en el propio escrito de demanda como lo establece el artículo 93 de la Ley del Servicio Civil ...’
"Visto lo expuesto, la determinación del tribunal responsable se estima violatoria del derecho del quejoso a una adecuada y oportuna defensa, pues el ofrecimiento de pruebas es una prerrogativa que puede ejercerse, incluso, hasta la audiencia de pruebas y alegatos y, por tanto, no se encuentra limitada al momento en que se formula el escrito de demanda, o bien, de contestación.
"Lo anterior es así, pues de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 92, 93 y 95 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, se desprende que si bien en la fracción V del numeral 93, se impone una obligación a cargo de la parte actora, que consiste en acompañar a su demanda las pruebas de que disponga, también lo es que el diverso artículo 92 refleja una permisión relativa a que puede ofrecer sus pruebas en la audiencia respectiva.
"Sin que en el caso resulte pertinente acudir a una interpretación literal pues, atendiendo únicamente a ello, se llegaría a la conclusión de que la obligación que se impone al actor de acompañar a la demanda las pruebas de que disponga, implicaría, al mismo tiempo, una limitación a su derecho de ofrecerlas en la audiencia correspondiente, es decir, una prohibición de ofrecer en esta etapa aquellas pruebas de que disponía cuando presentó su demanda; lo que, desde luego, resulta contradictorio, porque una norma no puede permitir y prohibir al mismo tiempo una conducta.
"Además, aun cuando se atendiera únicamente a su literalidad, bajo ese criterio no puede concluirse que exista una norma que prohíba al actor ofrecer sus pruebas en la audiencia aludida, incluyendo aquellas de que disponía al momento de presentar su demanda, porque esa prohibición no está expresamente señalada en los artículos analizados, de forma que si ésa no fue la intención del legislador, no se le puede atribuir ese significado normativo.
"Una razón más para justificar por qué no existe una prohibición para ofrecer pruebas en la audiencia, incluidas aquellas de que se disponía cuando se presentó la demanda, es que ni el artículo 93, ni el 92 antes transcritos imponen a la parte actora una sanción procesal para el caso de que omita acompañar sus pruebas al escrito inicial, como sería la preclusión del derecho para ofrecerlas en un momento posterior.
"En virtud de lo anterior, puede concluirse que si la fracción V del artículo 93 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Nuevo León, en tanto dispone que a la demanda se acompañarán las pruebas de que se disponga, no contiene en sí misma una sanción para el caso de que el actor sea omiso en exhibirlas, ni tampoco implica una prohibición de ofrecerlas en la etapa de ofrecimiento de pruebas de la audiencia a que se refiere el diverso numeral 92, con mayor razón debe interpretarse en el sentido de que constituye para el actor una primera oportunidad para ofrecer pruebas en el procedimiento ordinario, derecho que puede ejercer, incluso, hasta la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos; por lo que en ese tenor, se insiste, la autoridad responsable violó el derecho a una adecuada defensa en perjuicio del actor aquí quejoso, al vedarle la posibilidad de ofrecer pruebas con posterioridad al planteamiento de su demanda, lo cual constituye una transgresión a las leyes del procedimiento que, evidentemente, afectaron tal prerrogativa.
"Para arribar a la anterior consideración, se tomaron en cuenta, por identidad de razón, los argumentos vertidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, dada la similitud del contenido de las normas contenidas en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, que fueron interpretadas en dicha ejecutoria y que regulan el procedimiento para resolver controversias ante el Tribunal de Arbitraje, con las de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León antes citadas; misma que dio origen a la jurisprudencia que a la letra dice:
"‘PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO BUROCRÁTICO ESTATAL. OPORTUNIDAD PARA OFRECERLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).’ (la transcribe)
"Finalmente, para resolver en el sentido planteado, este tribunal no soslaya que el artículo 95 de la Ley del Servicio Civil en comento dispone que el t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23698-f5921831/pruebas-en-el-procedimiento-seguido-ante-el-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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