SÉPTIMOS DÍAS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO. SI SE SUSCITA CONTROVERSIA RESPECTO DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL PAGO DE DICHAS PRESTACIONES, LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TRABAJADOR AFIRMA QUE LOS LABORÓ CORRESPONDE AL PATRÓN.
AMPARO DIRECTO 164/2012. 2 DE MAYO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DAVID ALBERTO BARREDO VILLANUEVA. SECRETARIA: JANAI KEREN VALDÉS GÓMEZ.
CONSIDERANDO:
VI. Antes de resolver lo conducente respecto a los citados conceptos de violación, para mejor comprensión del asunto conviene reseñar las constancias que integran el expediente **********, pues constituyen los antecedentes del laudo materia de examen, del que se obtienen los datos siguientes:
• **********, demandó de: **********; así como de ********** y/o quien resultara ser legítimo propietario de la fuente de trabajo, el pago de: indemnización constitucional, con motivo del despido injustificado del que adujo haber sido víctima, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso obligatorios, horas extras, séptimos días, salarios caídos o vencidos, salarios retenidos, media hora de descanso y, por último, la devolución de un contrato y dos hojas firmadas en blanco (fojas 1-4).
• Como hechos para fundar su reclamo, la actora expuso -en síntesis- que el quince de junio de dos mil nueve, inició la prestación de sus servicios a favor de las empresas demandadas, a través del contrato que firmó en blanco con **********, quien se ostentaba como gerente operativo de aquéllas, asignándosele la categoría de supervisora de asesores de ventas, con un salario diario de cuatrocientos ochenta y nueve pesos; y, un horario de labores de nueve de la mañana a siete de la tarde, de lunes a sábado; sin embargo, el trece de enero de dos mil once, aproximadamente a las nueve y media de la mañana, en el domicilio de los demandados, el gerente operativo referido, le manifestó que dejara de vender, porque ya no tenía trabajo y que se retirara, puesto que estaba despedida, motivo por el cual, se marchó del lugar (foja 3).
• Por auto de diecinueve de enero de dos mil once, la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Ciudad del Carmen, Campeche, admitió la demanda en comento, con la que formó el expediente ********** y, entre otras cosas, ordenó el emplazamiento de los demandados, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia de ley (foja 6).
• El siete de abril de dos mil once, en que se llevaría a cabo la audiencia trifásica, la Junta referida reconoció la personalidad de los profesionistas que comparecieron en representación de la parte actora y de las empresas quejosas, y suspendió el desahogo de dicha audiencia al no haber sido posible emplazar a los codemandados ********** y **********, y señaló nueva fecha y hora para su continuación (fojas 74 y 75).
• El treinta de mayo de dos mil once, se reanudó la audiencia trifásica, en la que, al no haber comparecido los demandados, se les tuvo por inconformes con cualquier arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas; mientras que el apoderado de la trabajadora ratificó su demanda y ofreció las pruebas instrumental de actuaciones y las presuncionales legales y humanas; por su parte, la autoridad responsable tuvo por desahogadas las probanzas en comento, declaró cerrada la instrucción y turnó el expediente al auxiliar jurídico para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente (fojas 76-78).
• El dos de enero de dos mil doce, se emitió el laudo que constituye la materia de examen, en el que se condenó a los demandados, con excepción de **********, al pago de: indemnización constitucional, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio, horas extras, séptimos días, medias horas, salarios retenidos y salarios vencidos, pero se les absolvió de la devolución del contrato y dos hojas, firmados en blanco y al pago de la cantidad de seis mil pesos, por concepto de descuentos quincenales (fojas 113-122).
Ahora bien, por cuestión de técnica, se abordará el estudio de los motivos de disenso en un orden diferente al propuesto, en atención a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Manifiestan las quejosas que la Junta responsable incurrió en una violación procesal, al haber revocado el acuerdo de admisión de demanda, pues en posterior actuación, la tuvo por no interpuesta respecto a los codemandados físicos ********** y **********, dado que la trabajadora no cumplió el requerimiento concerniente a proporcionar el domicilio para lograr su emplazamiento, no obstante que era la propia autoridad la obligada a solicitar los informes a las dependencias pertinentes para obtener esa información.
Dicho concepto de violación deviene inoperante.
Es así, porque la determinación adoptada por la Junta responsable en la audiencia trifásica celebrada el treinta de mayo de dos mil once, no le correspondía combatirla a las quejosas, al no tener legitimación para ello.
Ciertamente, si la legitimación procesal activa para reclamar alguna violación, es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, es decir, se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, ya sea que se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular; es inconcuso que las inconformes carecen de tal derecho para combatir la infracción procesal en cita.
Por consiguiente, como de los autos originales se advierte que la violación procesal reclamada es la decisión de la autoridad responsable de tener por no interpuesta la demanda de la actora contra los codemandados físicos ********** y **********; es evidente que es la parte obrera quien directamente sufre las consecuencias de esa consideración en su esfera jurídica, siendo por tanto, la afectada y legitimada para reclamar tal infracción en el amparo directo, y al no haberlo hecho así, debe subsistir en su beneficio o perjuicio, sin que sea posible analizarla a favor del patrón, pues aunque resultara fundada, no le generaría provecho, de ahí que sea inoperante tal planteamiento.
Por otro lado, alegan las quejosas que la autoridad responsable violó las reglas del procedimiento, al haber sido ilegal la celebración de la audiencia trifásica, de siete de abril de dos mil once, en virtud de que ésta inició en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin que previamente celebrara la fase de conciliación, y si bien se hizo constar tal error en la certificación efectuada en la audiencia de treinta de mayo de ese año, omitió notificar personalmente a sus representadas tal situación.
El citado motivo de inconformidad deviene infundado, en mérito de las siguientes razones:
Se califica de infundado, porque si bien de los autos del sumario laboral se aprecia esencialmente que el siete de abril de dos mil once la autoridad responsable hizo constar la apertura de la audiencia trifásica en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, no obstante, que de lo previsto en los artículos 875, 876 y 878 de la Ley Federal de Trabajo, se advierte que aquélla debe iniciar con el periodo de conciliación; lo cierto es que del acta que se levantó por ese motivo, puede desprenderse que ante la imposibilidad asentada por el actuario adscrito de emplazar a los codemandados físicos ********** y **********, la Junta responsable determinó no llevar a cabo la audiencia de ley, fijó nueva fecha para su desahogo, y requirió a la actora en los términos ahí asentados.
Dicha determinación, contrario a lo planteado, se hizo del conocimiento de las quejosas (en forma personal) mediante la notificación que hizo la propia autoridad responsable a las personas que comparecieron a esa audiencia; a las demandadas, hoy quejosas, a través de **********, quien acudió en su representación, como se hizo constar al inicio de esa actuación (fojas 74-75).
Luego, consta en autos que el treinta de mayo de dos mil once, a las nueve horas, la Junta responsable celebró la audiencia trifásica, sin la asistencia de las demandadas, en la que hizo constar el error en que incurrió en la actuación posterior, y enseguida, llevó a cabo cada uno de los periodos de la audiencia de derecho, haciéndolo a partir de la etapa de conciliación.
De lo que se colige, que no les asiste la razón jurídica a las empresas quejosas, puesto que, contrario a lo que esgrimen, sí fueron notificadas personalmente por conducto de la persona que compareció al proceso de origen el siete de abril de dos mil once, ostentándose su apoderado legal, de la fecha en que se llevaría a cabo la audiencia de ley, por lo que tuvieron conocimiento de ello, siendo irrelevante que al inicio de la actuación de siete de abril de dos mil once, se haya hecho constar que se iniciaba la audiencia en un orden diverso al correcto, toda vez que, como se vio, aquélla se llevó a efecto hasta el treinta de mayo del referido año, en todas sus etapas legales; de ahí que tal imprecisión no perjudicó a las quejosas.
En otro aspecto, deviene infundado lo impugnado por las quejosas en el sentido de que la autoridad responsable con independencia de que hubiere tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo, debió considerar la improcedencia del despido injustificado, puesto que al reclamar la trabajadora el pago de la primera quincena de enero de dos mil once, y a su vez manifestar que el despido ocurrió el trece del mismo mes y año, se evidenció que exigió el cobro de tres días que no laboró, demostrándose así que era inexistente el despido alegado, porque no era posible que hubiere sido despedida, y pretendiera el pago del día en que, según dijo, ocurrió tal evento y de los dos días siguientes.
Con la finalidad de sustentar lo aseverado, en principio, debe señalarse que, ante la incomparecencia de las quejosas a la audiencia trifásica, la autoridad responsable, en forma correcta, les hizo efectivos los apercibimientos decretados en el auto de radicación de la demanda, previstos en los artículos 873 y 879 de la Ley Federal de Trabajo, por lo que tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de la patronal para ofrecer pruebas.
Por tal motivo, la autoridad responsable al resolver el proceso de origen, consideró que no existió litis y que las pruebas ofrecidas por la actora le favorecían para acreditar su reclamo, porque los demandados no demostraron alguno de los supuestos previstos en el artículo 879 de la ley en comento, lo que fue correcto.
Es así, pues aun cuando es verdad que conforme a la jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA, FALTA DE CONTESTACIÓN A LA. NO IMPLICA NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO.", la autoridad laboral debe resolver tomando en cuenta lo actuado en el expediente laboral; lo cierto es que en el caso concreto, para condenar a las demandadas al pago de las prestaciones reclamadas por la operaria, la autoridad responsable no sólo tomó en cuenta la confesión ficta de aquéllas (producida por su incomparecencia al proceso de origen), que hizo prueba plena, al no existir otra en contrario que desvirtuara la presunción que obtuvo la actora (de ser ciertos los hechos plasmados en su demanda); sino también, las pruebas ofrecidas por ésta, consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.
Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 86, emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo V, parte SCJN, Materia Laboral, visible a página 62, Quinta Época, cuyos rubro y texto dicen:
"CONFESIÓN FICTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. Para que la confesión ficta de una de las partes, tenga pleno valor probatorio en materia de trabajo, es menester que no esté en contradicción con alguna otra prueba fehaciente que conste en autos, de acuerdo con el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo de 1931."
Ahora bien, el hecho que la actora haya reclamado, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad correspondiente a la primera quincena de enero de dos mil once, no desvirtúa -como erróneamente sostienen las quejosas- el despido que la trabajadora dijo, ocurrió el trece de enero de ese año; en virtud, que de la demanda, se aprecia con suma claridad, que aquél sólo constituye un error en que incurrió la trabajadora en la redacción del escrito, pues si se toma en consideración que el salario que según ésta percibía, era de cuatrocientos ochenta y nueve pesos, multiplicados por los trece días comprendidos en la primera quincena de enero, ascienden a la cantidad de $6,357.00, que es el monto reclamado por concepto de salarios retenidos, y el que condenó la autoridad responsable; lo que además se corrobora con lo expuesto en el sexto punto de los hechos narrados por la actora, en el que, entre otras cosas, señaló: "Por lo que desde este momento de igual forma se reclama el pago de la cantidad de $6,000.00 pesos por concepto de salario retenido que mi asesorada laboró y que hasta la presente fecha no le han sido pagados y que corresponden de los días 1 al 13 de enero de 2011, mismo salario que asciende a la cantidad de $6,357.00 pesos."
De ahí que sea evidente que la imprecisión en el reclamo de la prestación en comento, no desvirtuaba el despido alegado por la actora, lo que permite determinar que es infundado el planteamiento expuesto en ese sentido.
Por otra parte, aducen las peticionarias de garantías que fue incorrecto que se les condenara al pago de los séptimos días y días festivos, porque la carga de la prueba recaía a la trabajadora sin que la hubiere satisfecho, y además, existía oscuridad en su escrito reclamatorio, al no precisar las fechas que correspondían a esos días.
Previo a abordar el examen correspondiente, es oportuno destacar el contenido de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen:
"Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:
"I. Fecha de ingreso del trabajador;
"II. Antigüedad del trabajador;
"III. Faltas de asistencia del trabajador;
"IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;
"V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37 fracción I y 53 fracción III de esta ley;
"VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido;
"VII. El contrato de trabajo;
"VIII. Duración de la jornada de trabajo;
"IX. Pagos de días de descanso y obligatorios;
"X. Disfrute y pago de las vacaciones;
"XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;
"XII. Monto y pago del salario;
"XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y
"XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda."
"Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:
"I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable;
"II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios;
"III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;
"IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley; y
"V. Los demás que señalen las leyes.
"Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan."
"Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario."
De la interpretación correlacionada, literal y sistemática de los preceptos transcritos se colige que la carga de la prueba de los eventos relacionados con el desempeño de la jornada de trabajo, cuando existe controversia respecto de los mismos, incumbe al patrón, toda vez que el primero de dichos numerales lo obliga a probar la asistencia del trabajador, el contrato de trabajo, la duración de la jornada de trabajo, el pago de días de descanso y obligatorios, entre otros extremos; en tanto de conformidad con el segundo numeral, la patronal tiene el deber legal de conservar y exhibir en juicio los documentos concernientes a contratos de trabajo, listas de raya o nómina del personal, recibos de pago de salarios, controles de asistencia, comprobantes de pago, entre otros documentos. Con lo que se exenta al trabajador de la demostración de los extremos relacionados con la terminación de la relación laboral, el desempeño de la jornada de trabajo y, por tanto, de las labores en domingos y días de descanso obligatorio.
Acorde con esa premisa, es indiscutible que el reclamo atinente a las labores en séptimos días y días de descanso obligatorio, queda comprendido dentro del tópico relativo a la jornada de trabajo. Lo que a su vez, permite establecer que cuando se suscita controversia en torno de tales prestaciones, la carga de la prueba debe fincarse en la patronal, al tener la obligación legal de probar, entre otras cosas, la duración de la jornada de trabajo, y el pago de los días de descanso obligatorio, así como de exhibir en juicio los contratos de trabajo, listas de raya o nómina de personal, controles de asistencia y comprobantes de pago, entre otros, cuenta habida que es la apreciación conjunta de tales extremos y documentos, la idónea para justificar que el trabajador disfrutó de los séptimos días y descansos obligatorios durante el tiempo que se dio la relación de trabajo, o bien, que le fueron retribuidas esas prestaciones en términos de ley, por haberlas laborado.
Además, los hechos que fundan la acción cuando se demanda el pago de séptimos días y días de descanso obligatorios, implican una negación, como lo es que no se disfrutó de los séptimos días y días de descanso obligatorio, de modo que arrojar la carga de la prueba al trabajador en torno de tales eventos, implicaría un contrasentido, por virtud de que constituye un principio procesal que sólo el que afirma está obligado a probar, como también, el concerniente a que el que niega sólo debe probar cuando su negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho. Hipótesis esta última que no se actualiza cuando se demanda el pago de séptimos días y días de descanso obligatorio, en virtud de que dicho reclamo encuentra sustento en el evento relativo a que no se disfrutó de esos días.
Por tanto, cuando el patrón es omiso en justificar el pago de los días de descanso obligatorio que se hayan trabajado, no obstante de encontrarse en condiciones de probar a través de los documentos señalados en el artículo 804 de la Ley Federal de Trabajo, que el trabajador disfrutó de esos días, o bien, que se satisfizo su pago; genera la presunción legal relativa a la certeza de los hechos fundatorios de la acción, como lo establece el diverso numeral 805 de la mencionada legislación.
Sobre todo, si se toma en consideración que la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, prevé la posibilidad de que el trabajador preste sus servicios, aun en los séptimos días y días de descanso obligatorio, como lo contempla en sus artículos 73 y 75. Por tanto, cuando el actor reclama su pago, el trabajador tiene a su favor la presunción legal de que los laboró, siempre que la patronal no desvirtúe ese evento, en ejercicio de la carga probatoria que le corresponde.
Similar criterio ha sostenido este tribunal en los amparos directos **********, **********, ********** y **********, de los que derivó la tesis XXXI.23 L, publicada en la página 1589, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, materia laboral, Novena Época, que dice:
"SÉPTIMOS DÍAS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO. SI SE SUSCITA CONTROVERSIA RESPECTO DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON DICHAS PRESTACIONES, LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TRABAJADOR AFIRMA QUE LOS LABORÓ CORRESPONDE AL PATRÓN.-De la interpretación correlacionada, literal y sistemática de los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo se colige que la carga de la prueba de los eventos relacionados con el desempeño de la jornada de trabajo, cuando existe controversia respecto de los mismos, incumbe al patrón, toda vez que el primero de dichos numerales lo obliga a probar la asistencia del trabajador, el contrato de trabajo, la duración de la jornada de trabajo, el pago de días de descanso y obligatorios, entre otros extremos; en tanto que el segundo obliga a la patronal a conservar y exhibir en juicio los documentos concernientes a contratos de trabajo, listas de raya o nómina del personal, recibos de pago de salarios, controles de asistencia, comprobantes de pago, entre otros documentos. Con lo anterior se exenta al trabajador de la demostración de los extremos relacionados con el desempeño de la jornada de trabajo y, por tanto, de las labores en domingos y días de descanso obligatorio, al quedar comprendidos dentro del tópico relativo a la jornada de trabajo; lo que a su vez permite establecer que cuando se suscita controversia en torno de tales prestaciones, la carga de la prueba corresponde a la patronal, cuenta habida que es la apreciación conjunta de tales extremos y documentos la idónea para justificar que el trabajador disfrutó de los séptimos días y descansos obligatorios durante el tiempo que duró la relación de trabajo, o bien, que le fueron retribuidos en términos de ley, por haberlos laborado. Además, los hechos que fundan la acción cuando se demanda el pago de séptimos días y descansos obligatorios, implican una negación como lo es la concerniente a que no se disfrutó de los séptimos días y de descanso obligatorio, de modo que arrojar la carga de la prueba al trabajador en torno de tales eventos implicaría un contrasentido, en virtud de que constituye un principio procesal el atinente a que sólo el que afirma está obligado a probar, como también el concerniente a que el que niega, sólo debe probar cuando su negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho. Hipótesis esta última que no se actualiza cuando se demanda el pago de séptimos días y de descanso obligatorio en virtud que dicho reclamo encuentra sustento en el evento concerniente a que no se disfrutó de esos días."
Aunado a tales consideraciones, debe tenerse en cuenta que en el presente caso, las demandadas no comparecieron al proceso de origen, lo que, como se vio, generó que la presunción de ser ciertos los hechos alegados en la demanda tuvieran el carácter de confesión ficta, y al no existir prueba en contrario, hizo prueba plena para acreditar la procedencia de esa reclamación.
De esta forma, resulta infundado lo manifestado por las quejosas, en razón de que era a éstas a quienes correspondía la carga de demostrar que la tercero perjudicada no trabajó los séptimos días y días festivos, o que en su caso, les retribuyó esas prestaciones, y al no haberlo hecho así, fue correcto que la autoridad responsable las condenara a su pago; máxime que se tuvieron por fíctamente confesos los hechos que sustentaron el reclamo, dado que no impugnaron la demanda y tampoco ofrecieron prueba alguna que desvirtuara tal presunción.
Finalmente, las impetrantes de garantías aducen medularmente que resultó inverosímil la condena impuesta en el laudo reclamado, respecto al pago de horas extras pretendido por la operaria, porque:
a) Era ilógico e inhumano que trabajara diez horas diarias, por seis días a la semana por todo el tiempo de la prestación de sus servicios, pues era imposible que en el centro de trabajo siempre existiera la misma carga laboral, dado que resultaba evidente que las jornadas de trabajo eran variables y, además, que lo hiciera sin descanso.
b) Dicha prestación fue oscura e imprecisa, al no señalar la actora los días que laboró y cuánto tiempo lo hizo por cada uno; y
c) La autoridad laboral debió considerar: la naturaleza de la actividad desempeñada, ya sea física, intelectual o ambas; las condiciones personales del trabajador, como edad, sexo, estado físico, presencia o no de discapacidades físicas o mentales; y la factibilidad de satisfacción de necesidades fisiológicas del ser humano, que incumben a aspectos relativos a la necesaria actividad continua o no del trabajo, con independencia de que en el horario de labores se contemplen o no lapsos de descanso, especialmente que la trabajadora adujo no haber contado con periodos de descanso o comida dentro de su jornada de labores, siendo improbable, que en el lapso transcurrido durante la relación laboral, no hubiere reposado, ingerido sus alimentos y repuesto sus energías.
Son infundadas tales consideraciones, por lo siguiente:
En relación con el argumento resumido en el inciso a), las demandadas estuvieron obligadas a justificar que la reclamante no laboró las horas y días que mencionó en su escrito de demanda, y que sí recibió la media hora de descanso entre su jornada diaria.
Es así, pues como se analizó previamente, la carga de la prueba para acreditar las jornadas de trabajo, entre ellas, las horas extras, incumbía a las empresas demandadas, dado que, por disposición legal, eran ellas quienes debían conservar, entre otros documentos, los concernientes a los controles de asistencia y, como en el caso, no desvirtuaron la presunción de ser ciertos los hechos de la demanda, al no aportar material probatorio en el procedimiento laboral, fue correcta la condena impuesta.
Asimismo, en cuanto a lo manifestado en el inciso b), cabe decir que la prestación en comento no era oscura e imprecisa, dado que, la actora en el hecho dos de su escrito reclamatorio, sí especificó qué días laboró y cuánto tiempo lo hizo por cada uno, como a continuación se transcribe:
"2. En cuanto a la jornada de trabajo que desarrollaba mi representada; tenía asignado como día de descanso los domingos de cada semana pero sin que éste fuera pagado en términos del numeral 69 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que desde este momento se reclama el pago del séptimo día que los demandados omitieron proporcionar a la C. **********, a razón de un salario diario de $489.00 pesos diarios por todo el tiempo que existió la relación de trabajo. De lunes a sábado mi asesorada tenía asignado un horario de labores que comprendía de las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.; por lo anterior, resulta evidente que mi representada laboró en demasía y para el beneficio de los demandados un periodo de dos horas extras diarias, mismas que hacen un total de doce horas extras a la semana, por lo que desde este momento se reclama dicho pago a favor de la C. **********, las cuales nunca les fueron pagadas conforme a la ley; mismas que desarrolló de la siguiente manera, la primera de ellas de las 5:00 p.m., a las 6:00 p.m.; y la segunda comprendía de las 6:00 p.m., a las 7:00 p.m., haciendo la aclaración que de dicho pago se deberá realizar de la siguiente manera: las primeras tres horas extras de los primeros tres días de la semana, a razón de un 100% más, y las demás restantes a razón de un 200% más; sin embargo, no omito manifestar que en diversas ocasiones cuando por la naturaleza del trabajo de mi representada, ésta se veía obligada a laborar más tiempo, tuvo que hacerlo sin retribución económica alguna dada su imperiosa necesidad de trabajo; asimismo, en términos del numeral 63 de la Ley Federal del Trabajo se reclama el pago de la media hora de descanso que los demandados omitieron proporcionar a mi representada durante todo el tiempo que existió la relación laboral, misma que mi representada al haberla laborado deberá ser computada como tiempo efectivo de la jornada de trabajo."
Por tanto, como se advierte de esta reproducción, la operaria sí describió los días que trabajó horas extras y en qué horario las desempeñó; de ahí que sea infundado lo reclamado al respecto.
En lo concerniente al inciso c), es necesario precisar que la tercero perjudicada adujo que su cargo era de supervisora de ventas, en una negociación dedicada a la compra y venta de ropa, teniendo como funciones principales la de atender a clientes, e inspeccionar la labor de los vendedores, con un horario de las nueve a las diecinueve horas, de lunes a sábado, y descansando los domingos.
Sobre esa base, es verosímil que hubiere desempeñado las horas extras reclamadas, puesto que, en atención a la naturaleza del puesto que ejerció, se desprende que sus labores eran esencialmente de inspección y, por tanto, no requería de un gran desgaste físico e intelectual para llevarlas a cabo, aunado a que su jornada era de diez horas diarias, teniendo catorce horas para reponer energías, descansar, tomar sus alimentos, llevar a cabo actividades recreativas y convivir con su familia, además de que para ello contaba con el domingo como su día de descanso.
Sin pasar desapercibido, lo relativo a que no contó con su media hora de descanso o de comida para reposar durante su jornada laboral, pues a consideración de este tribunal, dada las actividades detalladas, es creíble que no era necesario que tomara ese lapso de tiempo para tales finalidades, toda vez que sí fue viable que tuviera oportunidad para comer sin interrupción de su trabajo y no sufriera un desgaste que mermara sus capacidad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23708-eaefaf24/septimos-dias-y-de-descanso-obligatorio-si-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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