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Modo: Corpus Pro

CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EL PLAZO DE 3 MESES DE ANTICIPACIÓN A QUE SE PRODUZCAN LAS VACANTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE SUS SUSTITUTOS, CONSTITUYE UN PERIODO RAZONABLE. CONSEJEROS DE LA JUDICATURA LOCALES. LA ELECCIÓN DE SUS SUSTITUTOS DEBE LLEVARSE A CABO ANTES DE QUE SE PRODUZCAN LAS VACANTES RESPECTIVAS. ÓRGANOS PÚBLICOS. LA REGULARIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO CONSTITUYE UN PRINCIPIO DE ORDEN CONSTITUCIONAL. TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE UN PODER QUE EJERCEN EL CARGO POR PLAZO DETERMINADO. SU DESIGNACIÓN ENCOMENDADA A OTROS PODERES, DEBE LLEVARSE A CABO CON LA ANTICIPACIÓN QUE PERMITA LA SUSTITUCIÓN DE AQUÉLLOS BAJO PARÁMETROS QUE SALVAGUARDEN EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DEL ÓRGANO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2011. · Registro digital (IUS): 23720
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Pág. 1261.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2011. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 30 DE MAYO DE 2012. CINCO VOTOS; JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ VOTARON CON SALVEDAD. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil doce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Órgano demandado y acto impugnado. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de agosto de dos mil once, Celso Rodríguez González, con el carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de la entidad, promovió controversia constitucional en la que señaló como órganos demandados y actos impugnados los siguientes:

"II. Demandados: El Congreso del Estado de Jalisco y la Comisión de Justicia del mismo, con domicilio en la avenida Hidalgo número 222, de la zona Centro, de la ciudad de Guadalajara. IV. Actos cuya invalidez se demanda: Los cuales se hacen consistir en lo siguiente: A) El Acuerdo Legislativo Número 1053-LIX-2011, aprobado por el referido Congreso Local, con fecha veintiséis de julio del año dos mil once, mismo que se publicó en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ hasta el dos de agosto de esa propia anualidad, y mediante el cual dicho demandado acordó lo siguiente: ‘Primero: Se aprueba la convocatoria dirigida a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, a efecto de que se presenten a esta soberanía propuesta de candidatos para la elección de consejero de entre los Jueces de carácter inamovible del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por un periodo de cuatro años contados a partir del día 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2015. Segundo: Se autoriza la publicación de la convocatoria a que se refiere el artículo primero de este acuerdo en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco» y en los periódicos de circulación local por una sola vez; en los términos que a continuación se expresan: ... Artículo tercero: Publíquese la presente convocatoria en diarios de mayor circulación en el Estado, en los estrados del Palacio del Poder Legislativo y en la página web del Congreso del Estado de Jalisco. Artículo cuarto: Se instruye a la Comisión de Justicia a que realice el procedimiento para analizar los expedientes de los candidatos que se registren y presenten la lista de elegibles, en los términos de la convocatoria.’. B) Los actos de ejecución del mencionado Acuerdo Legislativo Número 1053-LIX-2011, así como todas las consecuencias directas e inmediatas que del mismo deriven, como son: I. Las publicaciones que en distintos medios de difusión se hicieron de la correspondiente convocatoria. II. La recepción de las propuestas de candidatos, así como de los documentos de acreditación, en la Oficialía de Partes del citado Poder Legislativo. III. La remisión de las propuestas a la Comisión de Justicia de dicho poder, por parte de las fracciones parlamentarias. IV. El estudio realizado por la aludida comisión a los respectivos expedientes, así como el dictamen presentado por ésta a la Asamblea, en el que se contiene la lista de candidatos. V. La elección efectuada por dicha Asamblea el veintitrés de agosto del año dos mil once, mediante la cual se designó a Jaime Gómez como consejero Juez, así como la toma de protesta que aquélla le hizo a éste ese mismo día. VI. La inminente toma de posesión del cargo, en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por parte del nombrado Jaime Gómez, a partir del próximo primero de septiembre."

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se manifestó que no existen entidades, poderes u órganos terceros interesados y se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"VI. Antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda: Manifiesto que los hechos o abstenciones que me constan y que constituyen tales antecedentes son los que enseguida narro: Primero. El veintiocho de junio del año dos mil siete, mediante el Acuerdo Legislativo Número 166-LVIII-2007, Gabriela Guadalupe León Carrillo fue electa por el Congreso del Estado de Jalisco, por un periodo de cuatro años, como consejera Juez del Consejo de la Judicatura de dicha entidad federativa; Segundo. El veintiséis de julio del año dos mil once, el mencionado Congreso aprobó el acuerdo legislativo que por esta vía se impugna, o sea el número 1053-LIX-2011, a efecto de elegir, de entre los Jueces de carácter inamovible del aludido Consejo de la Judicatura, un nuevo consejero por un periodo de cuatro años; Tercero. El quince de agosto del año dos mil once, directamente ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que esto suscribe, con la misma representación que ahora ostento, promoví controversia constitucional contra dos diversos acuerdos legislativos, entre ellos, el acabado de referir (Número 1053-LIX-2011), que constituye materia de reclamo en la presente; Cuarto. Aquella controversia constitucional se registró bajo el número 86/2011 y se turnó para su instrucción al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien la desechó de plano por auto de diecisiete de agosto del año dos mil once, en virtud de que consideró que tal acuerdo legislativo, así como el otro que se combatió, ‘no constituyen actos definitivos’, pues ‘se refieren al inicio del procedimiento ... para la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal’, agregando, además, dicho Ministro instructor en ese auto ‘que la parte actora debe esperar a que concluya el procedimiento de que se trata, para promover controversia constitucional en contra del acto definitivo por vicios propios y, en su caso, por todas las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubiesen trascendido al resultado de la decisión, ya que será hasta entonces cuando pueda determinarse realmente una posible afectación al interés legítimo del Poder Judicial actor, en tanto los decretos impugnados no se refieren a la separación de uno de sus integrantes, sino a la elección de nuevos consejeros’; Quinto. Resulta que ya concluyó el procedimiento a que se refiere el acuerdo legislativo, cuya invalidez aquí se demanda, pues el repetido Congreso Estatal, el pasado veintitrés de agosto, eligió a Jaime Gómez como consejero Juez, tomándole la protesta de ley ese mismo día; Sexto. En mérito de lo anterior, y dado que en la actualidad no hay que esperar la realización de ningún acto procedimental al respecto, toda vez que los definitivos ya tuvieron verificativo (elección y toma de protesta), el suscrito promueve la presente controversia constitucional, a fin de que, a través de ella, sean reparadas las violaciones cometidas a diversos principios consagrados en la Carta Magna; y, Séptimo. Cabe hacer notar que el tema relativo a la afectación al interés legítimo de la parte aquí promovente, mismo al que se alude en el auto de desechamiento antes señalado, constituye una cuestión que atañe al estudio del fondo del asunto, por lo que no es dable que se analice en el auto de inicio que, en su oportunidad, emita el Ministro al que le corresponda llevar la instrucción de esta nueva instancia constitucional, de conformidad con lo establecido en los siguientes criterios: Registro No. 186794. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, página 431, tesis 1a. XLIV/2002, tesis aislada. Materia(s): Constitucional. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE AFECTACIÓN AL INTERÉS DEL ACTOR, AL CONSTITUIR UNA CUESTIÓN DE FONDO QUE NO PUEDE SER ANALIZADA AL PRESENTARSE LA DEMANDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Registro No. 173344. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 1395, tesis 1a. LXV/2007, tesis aislada. Materia: Constitucional. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DARSE OPORTUNIDAD AL ACTOR DE DEMOSTRAR EL INTERÉS LEGÍTIMO QUE LE ASISTE PARA ACUDIR A ESTA VÍA Y SÓLO DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO ANTE SU FALTA, CUANDO LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN RESULTE TAN EVIDENTE QUE SEA INNECESARIO RELACIONARLA CON EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO.’ (se transcribe)."

TERCERO. Conceptos de invalidez. El poder actor invocó como violados los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

Primero: Los actos impugnados violan los artículos 17 y 116 constitucionales, porque el Acuerdo Legislativo 1053-LIX-2011 importa una intromisión indebida y un quebrantamiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado, al dar inicio al trámite de selección del consejero Juez con una anticipación no prevista ni permitida por la normatividad aplicable.

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco es un órgano administrativo del Poder Judicial de la entidad que se encuentra resguardado por los principios rectores de la administración de justicia a nivel nacional, dadas las fundamentales tareas de administración, vigilancia y disciplina que lleva a cabo. Se invoca en este sentido la jurisprudencia identificada con el número P./J. 17/2008, intitulada: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES UNA AUTORIDAD FORMALMENTE JUDICIAL AUN CUANDO SE TRATE DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL Y EJERZA FUNCIONES DE ESA ÍNDOLE."

De los artículos 35 y 64 de la Constitución Local, que establecen como facultad del Congreso la elección de los consejeros, y de los numerales 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; 210, 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de dicha entidad, y 24 y 43 a 47 del reglamento de esta última ley, que desarrollan tal facultad del Congreso, al regular la forma y procedimiento de elección de los consejeros, deriva que éste inicia cuando se verifica la vacante, esto es, una vez que ha fenecido el término por el que el consejero ha sido designado, por lo que la facultad del Congreso para iniciar de oficio el procedimiento de selección se actualiza hasta ese momento.

Sin embargo, en el caso, el acuerdo legislativo impugnado fue aprobado el veintiséis de julio de dos mil once y publicado en el Periódico Oficial el dos de agosto siguiente, cuando aún no vencía el término para el ejercicio del cargo de la consejera Juez Gabriela Guadalupe León Carrillo -pues éste concluía el treinta y uno de agosto de dos mil once-.

Por tanto, el Congreso del Estado de Jalisco carecía de facultades para aprobar el acuerdo legislativo controvertido, al arrogarse facultades que aún no le correspondían.

El procedimiento de selección de los consejeros regulado en la legislación local constituye una garantía de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la entidad, en tanto evita arbitrariedades e imposiciones injustificadas del diverso poder que participa en tal proceso. Resulta aplicable, en este sentido, la jurisprudencia P./J. 81/2004, que lleva por rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."

Segundo: El proceso de elección del consejero Juez reviste importancia trascendental desde el punto de vista constitucional, porque se trata de la decisión llevada a cabo por un Poder Estatal con respecto a la integración de uno diverso de la propia entidad, por lo que involucra los principios de autonomía e independencia de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y su transgresión implica una afrenta al principio de división de poderes.

Por tal motivo, es necesaria la satisfacción del requisito de motivación reforzada, conforme al criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 120/2009, que lleva por rubro: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.", esto es, debe contar con una motivación necesaria y suficiente en la que se lleve a cabo un balance cuidadoso previo entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto y los fines que pretende alcanzar, lo que implica el cumplimiento de dos requisitos, a saber: a) la existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en que lo hizo; y, b) la justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate.

El hecho de que el procedimiento de selección del consejero se haya iniciado anticipadamente trae como consecuencia que no se actualicen los requisitos establecidos jurisprudencialmente por el Pleno del Más Alto Tribunal para los actos que deben contar con una motivación reforzada, lo que trae por consecuencia la infracción a la independencia y autonomía judicial y la realización de un acto arbitrario en detrimento del poder actor.

Se invoca la jurisprudencia P./J. 98/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Tercero: El acuerdo legislativo presenta un vicio que vulnera los principios constitucionales que han sido invocados, porque se redujo el término de nueve días para la presentación de propuestas y documentos fijado inicialmente a tan sólo cinco días.

En efecto, en el texto de la convocatoria, concretamente, en la base tercera, intitulada "Del lugar y fecha en que puedan recibirse las propuestas y los documentos que acrediten que el candidato reúne los requisitos para ocupar el cargo. Los mencionados documentos no serán devueltos a los interesados", fracción I, se precisa que las propuestas y documentos de acreditación se dirigirán al Congreso del Estado de Jalisco, en atención a la Comisión de Justicia del miércoles veintisiete de julio de dos mil once hasta el lunes ocho de agosto del mismo año, dentro del horario que se señala, con excepción de los días sábado y domingo.

Por tanto, el término para que los candidatos presentaran los documentos idóneos correría del veintisiete de julio al ocho de agosto de dos mil once.

Sin embargo, el acuerdo legislativo aprobado el veintiséis de julio de dos mil once se publicó en el Periódico Oficial hasta el dos de agosto del mismo año, es decir, seis días después de que comenzó a correr el plazo fatal para la presentación de propuestas y documentos.

La disminución del plazo relativo reduce la posibilidad de una participación equitativa, justa y generalizada, y hace nugatorio el derecho de la ciudadanía de apersonarse al trámite de selección. Esto es, el actuar arbitrario e ilegal del Congreso provoca una integración deficiente del Poder Judicial Local, porque la participación de aspirantes se encuentra viciada de origen e indebida y excesivamente reducida.

Cuarto: El Congreso del Estado transgredió el artículo 116 constitucional, al no tomar en cuenta la atribución del presidente del Consejo de la Judicatura de informar al Congreso del Estado las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Judicatura que deban ser cubiertas mediante los respectivos nombramientos, establecida en el artículo 151, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues se arrogó la atribución de elegir al consejero Juez de manera anticipada, sin que el presidente del consejo hubiere informado la existencia de vacante, porque ésta no existía.

La convocatoria para la elección de nuevo consejero tiene como condición que el funcionario judicial cumpla el periodo de ejercicio del cargo y que el presidente del Consejo de la Judicatura comunique la vacante en el órgano administrativo.

El objetivo que se busca con el respeto del término de duración del encargo es el de salvaguardar la tarea que desarrollan y no vulnerar su intimidad en el desempeño de sus funciones, a fin de que realicen su labor bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia postulados en el artículo 64 de la Constitución Local.

En tales términos, se vulnera el principio de división de poderes y la autonomía del Poder Judicial Local, resultando ilustrativa la jurisprudencia P./J. 80/2004, intitulada: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN DE ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."

CUARTO. Turno y admisión. Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que correspondió el número 92/2011, así como turnarlo al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Mediante proveído de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, no así a su Comisión de Justicia, al tratarse de un órgano interno o subordinado del propio poder, al que ordenó emplazar, y ordenó dar vista a la procuradora general de la República.

QUINTO. Contestación del Poder Legislativo. Por oficio depositado en la Oficina de Correos de Guadalajara, Jalisco, el trece de octubre de dos mil once, los diputados presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en representación del Poder Legislativo de la entidad, dieron contestación a la demanda, la que se tuvo por contestada mediante acuerdo de veinticinco del mismo mes y año. En la contestación referida se manifestó, esencialmente, lo siguiente:

• Es improcedente la controversia, de conformidad con el artículo 19, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el Acuerdo Legislativo LIX-1053-2011 ha sido impugnado por el Poder Judicial actor en la diversa controversia constitucional 86/2011, sin que obste para ello que se haya desechado de plano la controversia relativa, porque el acuerdo controvertido aún no era un acto definitivo, ya que ello no desvirtúa la actualización de la causal relativa, al haberse promovido una diversa controversia constitucional contra el mismo acuerdo legislativo.

• Se surten las causas de improcedencia establecidas en el artículo 19, fracciones V y VIII, esta última en relación con el numeral 1o. de la ley reglamentaria de la materia.

• En cuanto al primer concepto de invalidez, es falso que se hubiere incurrido en violación al principio de división de poderes o que al momento de expedirse el acuerdo legislativo impugnado el Congreso no fuere competente, pues éste fue emitido en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 35, fracción IX y 64 de la Constitución y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco, señalándose en sus consideraciones jurídicas la fundamentación y motivación correspondientes y sujetándose al procedimiento relativo, en el que se acató la única condición previa para iniciarlo, consistente en la expedición de la convocatoria dirigida a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, y respetándose el periodo del integrante del Consejo de la Judicatura, pues la designación del nuevo consejero Juez sería con efectos a partir del primero de septiembre de dos mil once.

Lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco no puede estar por encima de la ley que reglamenta, por lo que aun en el supuesto sin conceder de que éste fuera aplicable al caso -lo que no es así, pues no se está ante una ausencia definitiva, sino ante la terminación de nombramientos- no puede contrariar las normas constitucionales y legales. El poder actor interpreta de manera incorrecta el precepto reglamentario que invoca, pues éste no puede suspender la facultad que en todo momento tiene el Congreso para elegir a los consejeros. Se afirma que, además, el reglamento expedido por el Poder Judicial del Estado no puede vincular a otro poder.

Debe partirse de que el Congreso expidió la convocatoria dirigida a la sociedad, con excepción de los partidos políticos, mediante acuerdo legislativo, no para cubrir una ausencia definitiva, sino para designar un nuevo consejero ante la terminación del periodo de la consejera Gabriela Guadalupe León Carrillo.

Se invoca la jurisprudencia que lleva por rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."

• Es inoperante y carece de sustento el segundo concepto de invalidez, en el que se aduce que no se cumplió con el requisito de motivación reforzada, pues la elección del consejero Juez se encuentra debidamente fundada y motivada, cumpliéndose con la única condicionante previa a la elección, consistente en la expedición de la convocatoria, señalándose las circunstancias particulares que motivan el proceder del Congreso en la exposición de motivos del acuerdo, consistente en la terminación del periodo de la consejera Juez, a partir del treinta y uno de agosto de dos mil once, así como los fundamentos legales de la designación y que son los artículos 35, fracción IX, y 64 de la Constitución Local y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad.

La designación del consejero no altera la integración del Consejo de la Judicatura, pues tendría efectos una vez vencido el periodo de nombramiento de la consejera Gabriela Guadalupe León Carrillo.

- Por lo que se refiere a los conceptos de invalidez tercero y cuarto, se reitera que el Congreso cumplió con la única condicionante que tenía de expedir la convocatoria a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, y que no estaba supeditado a recibir la comunicación prevista en el artículo 151, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al resultar éste inaplicable.

La convocatoria se dio a conocer por diversos medios a la sociedad en general, además de que el acuerdo legislativo surtió sus efectos legales desde el veintiséis de julio de dos mil once, sin requerirse su publicación en el Periódico Oficial del Estado para la recepción de propuestas.

SEXTO. Ampliación de demanda. Por oficio depositado en la oficina de correos de Guadalajara, Jalisco, el cuatro de noviembre de dos mil once, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el ocho del mismo mes y año, Celso Rodríguez González, con el carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de la entidad, amplió la demanda de controversia constitucional, a efecto de formular un nuevo concepto de violación contra la sesión ordinaria del Congreso Local celebrada el veintitrés de agosto de dos mil once, en la que se eligió entre los diversos candidatos a Jaime Gómez como consejero Juez, en virtud de haber tenido conocimiento del acta relativa a dicha sesión hasta el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil once, dictado en el recurso de reclamación 61/2011-CA, derivado del incidente de suspensión de la diversa controversia constitucional 87/2011 -promovida también por el Poder Judicial del Estado de Jalisco-, en el que se ordenó agregar al expediente de esa reclamación las pruebas documentales ofrecidas por el Congreso del Estado, entre las que se encuentra el acta referida.

SÉPTIMO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil once, se admitió a trámite la ampliación de demanda hecha valer, sin perjuicio de lo que pudiere decidirse al momento de dictar sentencia, teniéndose como autoridad demandada en dicha ampliación al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, ordenándose emplazarlo para que produjera su contestación, así como dar vista a la procuradora general de la República.

Por oficio depositado en la oficina de correos de Guadalajara, Jalisco, el quince de diciembre de dos mil once, los diputados presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en representación del poder demandado, dieron contestación a la ampliación de demanda, la que se tuvo por contestada por acuerdo de tres de enero de dos mil doce.

Mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil doce, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

OCTAVO. Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora general de la República, mediante oficio recibido en este Alto Tribunal el catorce de mayo de dos mil doce, emitió opinión en los términos que a continuación se sintetizan:

1) Se actualiza la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustanciar y resolver el juicio de controversia constitucional.

2) El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco acreditó su personalidad y cuenta con facultades para representar al Poder Judicial de la entidad, por lo que debe tenerse por acreditada la legitimación procesal activa.

3) La controversia fue promovida oportunamente, pues el acuerdo legislativo impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el dos de agosto de dos mil once, por lo que el plazo para promover la controversia corrió del tres de agosto al trece de septiembre de dos mil once, y la demanda fue depositada en la oficina de correos el veinticinco de agosto de ese año.

También la ampliación de demanda fue presentada oportunamente, porque se trata de hechos supervenientes, por lo que debe tramitarse conforme a lo previsto para la demanda original, esto es, aplica lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, en cuanto al plazo de treinta días, el cual corrió del tres de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil once, y la ampliación se presentó el cuatro de noviembre.

4) No se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, porque la diversa controversia constitucional 86/2011 fue desechada.

5) Tampoco se actualiza la causa de improcedencia por falta de expresión de conceptos de invalidez en la ampliación de demanda, pues no existe duda sobre la causa de pedir y los motivos que la originaron, máxime que, de conformidad con los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, deben examinarse los planteamientos de las partes en su conjunto y suplirse, en su caso, la deficiencia de la queja.

6) El Congreso del Estado de Jalisco no invadió la competencia del Poder Judicial de la entidad, en virtud de que dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, máxime que de la convocatoria se advierte que no fue emitida a efecto de corregir una ausencia definitiva, sino ante la conclusión del periodo de la consejera Juez, y que el nombramiento del consejero Juez a elegir sería a partir del primero de septiembre de dos mil once, una vez que terminara el ejercicio de la consejera Juez en funciones. Por lo tanto, no existe la violación a los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales que se invocan, y procede declarar la validez constitucional de los actos impugnados.

NOVENO. Audiencia. La audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos tuvo verificativo en la fecha señalada para tal efecto, quince de mayo de dos mil doce, en la que se tuvo por presentada la opinión de la procuradora general de la República, así como sus alegatos, se admitieron las pruebas documentales aportadas y se puso el expediente en estado de resolución.

Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil doce, el presidente de este Alto Tribunal ordenó remitir el expediente a la Segunda Sala, cuyo presidente, mediante proveído de veintidós del mismo mes y año, acordó que la Sala se avocara al conocimiento del asunto y remitir los autos al Ministro instructor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, reformado mediante diverso Acuerdo General Plenario Número 3/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, en virtud de que se plantea un conflicto entre dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de actos y no de disposiciones generales.

SEGUNDO. Oportunidad. La demanda de controversia constitucional fue presentada dentro del término legal.

En la controversia constitucional se señalan como actos impugnados el Acuerdo Legislativo 1053-LIX-2011, aprobado por el Congreso Local con fecha veintiséis de julio de dos mil once y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el dos de agosto de ese año, mediante el cual se aprueba la convocatoria dirigida a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, a efecto de que se presenten propuestas de candidatos para la elección de consejero de entre los Jueces de carácter inamovible del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por un periodo de cuatro años contados a parti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23720-6ae585df/consejeros-de-la-judicatura-del-estado-de-jalisco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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