CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EL PLAZO DE 3 MESES DE ANTICIPACIÓN A QUE SE PRODUZCAN LAS VACANTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE SUS SUSTITUTOS, CONSTITUYE UN PERIODO RAZONABLE. CONSEJEROS DE LA JUDICATURA LOCALES. LA ELECCIÓN DE SUS SUSTITUTOS DEBE LLEVARSE A CABO ANTES DE QUE SE PRODUZCAN LAS VACANTES RESPECTIVAS. ÓRGANOS PÚBLICOS. LA REGULARIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO CONSTITUYE UN PRINCIPIO DE ORDEN CONSTITUCIONAL. TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE UN PODER QUE EJERCEN EL CARGO POR PLAZO DETERMINADO. SU DESIGNACIÓN ENCOMENDADA A OTROS PODERES, DEBE LLEVARSE A CABO CON LA ANTICIPACIÓN QUE PERMITA LA SUSTITUCIÓN DE AQUÉLLOS BAJO PARÁMETROS QUE SALVAGUARDEN EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DEL ÓRGANO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2011. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 30 DE MAYO DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS; JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS VOTÓ CON SALVEDAD. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil doce.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Órgano demandado y acto impugnado. Por oficio depositado en la oficina de correos de Guadalajara, Jalisco, el seis de septiembre de dos mil once y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve del mismo mes y año, Celso Rodríguez González con el carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de la entidad, promovió controversia constitucional en la que señaló como órganos demandados y actos impugnados los siguientes:
"II. Demandados: El Congreso del Estado de Jalisco y la Comisión de Justicia del mismo, con domicilio en la avenida Hidalgo, número 222, de la zona centro, de la ciudad de Guadalajara. ... . IV. Actos cuya invalidez se demanda: Los cuales se hacen consistir en lo siguiente: A) El Acuerdo Legislativo Número 1054-LIX-2011, aprobado por el referido Congreso Local con fecha veintiséis de julio del año dos mil once, mismo que se publicó en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ hasta el cuatro de agosto de esa propia anualidad, y mediante el cual dicho demandado acordó lo siguiente: ‘Primero: Se aprueba la convocatoria dirigida a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, a efecto de que se presenten a esta soberanía propuesta de candidatos para la elección de tres consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por un periodo de cuatro años contados a partir del día 31 de mayo de 2012 y hasta el 30 de mayo de 2016, para quien ocupe las vacantes de los ciudadanos Miguel Gutiérrez Barba y Luis Enrique Villanueva Gómez; así como por un periodo de cuatro años contados a partir del 16 de octubre de 2012 y hasta el 15 de octubre de 2016, para quien ocupe la vacante de la C. María Cristina Castillo Gutiérrez. Segundo: Se autoriza la publicación de la convocatoria a que se refiere el artículo primero de este acuerdo en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco» y en los periódicos de circulación local por una sola vez; en los términos que a continuación se expresan: ... . Tercero: Publíquese la presente convocatoria en diarios de mayor circulación en el Estado, en los Estrados del Palacio del Poder Legislativo y en la página web del Congreso del Estado de Jalisco. Cuarto: Se instruye a la Comisión de Justicia a que realice el procedimiento para analizar los expedientes de los candidatos que se registren y presenten la lista de elegibles, en los términos de la convocatoria.’. B) Los actos de ejecución del mencionado Acuerdo Legislativo Número 1054-LIX-2011, así como todas las consecuencias directas e inmediatas que del mismo deriven, como son: I. Las publicaciones que en distintos medios de difusión se hicieron de la correspondiente convocatoria. II. La recepción de las propuestas de candidatos, así como de los documentos de acreditación, en la oficialía de partes del citado Poder Legislativo. III. La remisión de las propuestas a la Comisión de Justicia de dicho poder por parte de las fracciones parlamentarias. IV. El estudio realizado por la aludida comisión a los respectivos expedientes, así como el dictamen presentado por ésta a la Asamblea, en el que se contiene la lista de candidatos. V. La elección efectuada por dicha Asamblea el veintitrés de agosto del año dos mil once, mediante la cual se designó como consejeros ciudadanos a Arturo Feuchter Díaz, Alfonso Partida Caballero y Mario Pizano Ramos, así como la toma de protesta que aquélla les hizo a éstos ese mismo día. VI. La inminente toma de posesión del cargo por parte de los antes nombrados en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por lo que ve a Arturo Feuchter Díaz y Alfonso Partida Caballero, a partir del treinta y uno de mayo del año dos mil doce, y respecto a Mario Pizano Ramos, a partir del dieciséis de octubre de esa misma anualidad."
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se manifestó que no existen entidades, poderes u órganos terceros interesados y se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"VI. Antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda: Manifiesto que los hechos o abstenciones que me constan y que constituyen tales antecedentes son los que enseguida narro: Primero. El treinta de mayo del año dos mil seis, mediante los Acuerdos Legislativos Números 1512-LVIII-2006 y 1515-LVIII-2006, Miguel Gutiérrez Barba y Luis Enrique Villanueva Gómez fueron electos por el Congreso del Estado de Jalisco, por un periodo de seis años, como consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de dicha entidad federativa. Segundo. El mencionado Congreso Estatal, el día quince de octubre del año dos mil ocho, por medio del Acuerdo Legislativo Número 660-LVIII-2008 y por un periodo de cuatro años, eligió a María Cristina Castillo Gutiérrez como consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura de referencia. Tercero. El veintiséis de julio del año dos mil once, el repetido Congreso aprobó el Acuerdo Legislativo que por esta vía se impugna, o sea el número 1054-LIX-2011, a efecto de elegir de manera anticipada, en sustitución de los acabados de referir y por un periodo de cuatro años, a tres nuevos consejeros ciudadanos del aludido Consejo de la Judicatura. Cuarto. El quince de agosto del año dos mil once, directamente ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que esto suscribe, con la misma representación que ahora ostento, promoví controversia constitucional contra dos diversos acuerdos legislativos, entre ellos el que constituye materia de reclamo en la presente, esto es, el Número 1054-LIX-2011. Quinto. Aquella controversia constitucional se registró bajo el número 86/2011 y se turnó para su instrucción al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien la desechó de plano por auto de diecisiete de agosto del año dos mil once, en virtud de que consideró que tal acuerdo legislativo, así como el otro que se combatió ‘no constituyen actos definitivos’, pues ‘se refieren al inicio del procedimiento ... para la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura estatal’, agregando además dicho Ministro instructor en ese auto ‘que la parte actora debe esperar a que concluya el procedimiento de que se trata, para promover controversia constitucional en contra del acto definitivo por vicios propios y, en su caso, por todas las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubiesen trascendido al resultado de la decisión, ya que será hasta entonces cuando pueda determinarse realmente una posible afectación al interés legítimo del Poder Judicial actor, en tanto los decretos impugnados no se refieren a la separación de uno de sus integrantes, sino a la elección de nuevos consejeros’. Sexto. Resulta que ya concluyó el procedimiento a que se refiere el acuerdo legislativo cuya invalidez aquí se demanda, pues el repetido Congreso Estatal, el pasado veintitrés de agosto, eligió como consejeros ciudadanos a Arturo Feuchter Díaz, Alfonso Partida Caballero y Mario Pizano Ramos, tomándoles la protesta de ley ese mismo día. Séptimo. En mérito de lo anterior, y dado que en la actualidad no hay que esperar la realización de ningún acto procedimental al respecto, toda vez que los definitivos ya tuvieron verificativo (elección y toma de protesta), el suscrito promueve la presente controversia constitucional, a fin de que a través de ella sean reparadas las violaciones cometidas a diversos principios consagrados en la Carta Magna. Octavo. Cabe hacer notar que el tema relativo a la afectación al interés legítimo de la parte aquí promovente, mismo al que se alude en el auto de desechamiento antes señalado, constituye una cuestión que atañe al estudio del fondo del asunto, por lo que no es dable que se analice en el auto de inicio que en su oportunidad emita el Ministro al que le corresponda llevar la instrucción de esta nueva instancia constitucional, de conformidad con lo establecido en los siguientes criterios: Registro No. 186794, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, junio de 2002, página 431, tesis 1a. XLIV/2002, tesis aislada, Materia: Constitucional. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE AFECTACIÓN AL INTERÉS DEL ACTOR, AL CONSTITUIR UNA CUESTIÓN DE FONDO QUE NO PUEDE SER ANALIZADA AL PRESENTARSE LA DEMANDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Registro No. 173344. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, febrero de 2007, página 1395, tesis 1a. LXV/2007, tesis aislada. Materia: Constitucional. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DARSE OPORTUNIDAD AL ACTOR DE DEMOSTRAR EL INTERÉS LEGÍTIMO QUE LE ASISTE PARA ACUDIR A ESTA VÍA Y SÓLO DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO ANTE SU FALTA, CUANDO LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN RESULTE TAN EVIDENTE QUE SEA INNECESARIO RELACIONARLA CON EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO.’ (se transcribe)."
TERCERO. Conceptos de invalidez. El poder actor invocó como violados los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:
Primero: Los actos impugnados violan los artículos 17 y 116 constitucionales porque el Acuerdo Legislativo 1054-LIX-2011 importa una intromisión indebida y un quebrantamiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado al dar inicio al trámite de selección de los consejeros ciudadanos con una anticipación no prevista ni permitida por la normatividad aplicable.
El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco es un órgano administrativo del Poder Judicial de la entidad que se encuentra resguardado por los principios rectores de la administración de justicia a nivel nacional dadas las fundamentales tareas de administración, vigilancia y disciplina que lleva a cabo. Se invoca en este sentido la jurisprudencia identificada con el número P./J. 17/2008, intitulada: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES UNA AUTORIDAD FORMALMENTE JUDICIAL AUN CUANDO SE TRATE DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL Y EJERZA FUNCIONES DE ESA ÍNDOLE."
De los artículos 35 y 64 de la Constitución Local, que establecen como facultad del Congreso la elección de los consejeros, y de los numerales 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 210, 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de dicha entidad, 24 y 43 a 47 del reglamento de esta última ley, que desarrollan tal facultad del Congreso al regular la forma y procedimiento de elección de los consejeros, deriva que éste inicia cuando se verifica la vacante, esto es, una vez que ha fenecido el término por el que el consejero o consejeros han sido designados, por lo que la facultad del Congreso para iniciar de oficio el procedimiento de selección se actualiza hasta ese momento.
Sin embargo, en el caso el acuerdo legislativo impugnado fue aprobado el veintiséis de julio de dos mil once y publicado en el Periódico Oficial el cuatro de agosto siguiente, cuando aún no vencían los términos para el ejercicio del cargo de los consejeros -pues éstos concluían el treinta de mayo de dos mil doce respecto de los consejeros Miguel Gutiérrez Barba y Luis Enrique Villanueva Gómez y el quince de octubre de dos mil doce en relación a la consejera María Cristina Castillo Gómez-.
Por tanto, el Congreso del Estado de Jalisco carecía de facultades para aprobar el acuerdo legislativo controvertido, al arrogarse facultades que aún no le correspondían.
El procedimiento de selección de los consejeros regulado en la legislación local constituye una garantía de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la entidad, en tanto evita arbitrariedades e imposiciones injustificadas del diverso poder que participa en tal proceso. Resulta aplicable en este sentido la jurisprudencia P./J. 81/2004, que lleva por rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."
Segundo: El proceso de elección de consejeros reviste importancia trascendental desde el punto de vista constitucional al involucrar los principios de autonomía e independencia de los Poderes Judiciales de las entidades federativas e implicar su transgresión frente al principio de división de poderes.
Por tal motivo, es necesaria la satisfacción del requisito de motivación reforzada, conforme al criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 120/2009, que lleva por rubro: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.", esto es, debe contar con una motivación necesaria y suficiente en la que se lleve a cabo un balance cuidadoso previo entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto y los fines que pretende alcanzar, lo que implica el cumplimiento de dos requisitos, a saber: a) la existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en que lo hizo; y, b) la justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate.
El hecho de que el procedimiento de selección de los consejeros se haya iniciado anticipadamente trae como consecuencia que no se actualice el primero de los requisitos aludidos relativo a la existencia de los antecedentes fácticos suficientes para considerar justificable el obrar legislativo.
De la misma forma, no se da el segundo de los requisitos aludidos porque no existe una justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, pues la prematura convocatoria para la elección se pretendió justificar en el punto V de la exposición de motivos del acuerdo legislativo en el hecho de que el año dos mil doce "coincide con el proceso electoral en que se renovarán, tanto Poderes Federales, Estatales y Municipales, lo que influye directamente en las relaciones institucionales y altera de forma drástica los procesos que de forma ordinaria deben desarrollarse en los trabajos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que se considera adecuado, realizar el proceso respectivo con anticipación, de tal forma que se realicen las designaciones de funcionarios que por ley le corresponde al Poder Legislativo, dejando pendiente únicamente la toma de protesta de los cargos correspondientes", razonamiento que es absurdo y claramente insuficiente para convalidar la premura en el inicio del procedimiento, puesto que los esquemas electorales en el país aseguran precisamente la continuidad en la funcionalidad política y democrática de los distintos entes de gobierno.
Además, del marco normativo del proceso de elección de consejeros derivan las siguientes conclusiones:
- El Constituyente del Estado de Jalisco decidió que dichos servidores públicos fueran elegidos, previa convocatoria, por el Congreso de la entidad, es decir, que fuera la voluntad popular depositada en sus representantes quienes decidieran los que ocuparían el encargo.
- El inicio del procedimiento de elección se verificará al momento en que exista una vacante en el órgano administrativo.
La concatenación de las dos conclusiones precedentes permite deducir que lo que pretende el marco normativo es que sea la voluntad popular imperante al momento de verificarse la vacante la que decida quién será el próximo consejero, por lo que resulta claro que los actos impugnados tergiversan el ideal que el andamiaje jurídico tiende a salvaguardar y que lo que en realidad está haciendo el poder demandado es perpetuar su voluntad hacia el porvenir, constriñendo la integración futura del Poder Judicial jalisciense a su voluntad presente.
Así, queda evidenciado que el poder demandado se arroga una facultad excesiva y de alcances extralimitados, supeditando al Poder Judicial Local a sus determinaciones arbitrarias en cuanto a su integración, provocando con ello la violación a los principios contenidos en la Constitución Federal.
Se invoca la jurisprudencia P./J. 98/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Tercero: El acuerdo legislativo presenta un vicio que vulnera los principios constitucionales que han sido invocados, porque se redujo el término de nueve días para la presentación de propuestas y documentos fijado inicialmente a tan sólo tres días.
En efecto, en el texto de la convocatoria, concretamente, en la base tercera, intitulada "Del lugar y fecha en que puedan recibirse las propuestas y los documentos que acrediten que el candidato reúne los requisitos para ocupar el cargo. Los mencionados documentos no serán devueltos a los interesados", fracción I, se precisa que las propuestas y documentos de acreditación se dirigirán al Congreso del Estado de Jalisco en atención a la Comisión de Justicia del miércoles veintisiete de julio de dos mil once hasta el lunes ocho de agosto del mismo año, dentro del horario que se señala, con excepción de los días sábado y domingo.
Por tanto, el término para que los candidatos presentaran los documentos idóneos correría del veintisiete de julio al ocho de agosto de dos mil once.
Sin embargo, el acuerdo legislativo aprobado el veintiséis de julio de dos mil once se publicó en el Periódico Oficial hasta el cuatro de agosto del mismo año, es decir, ocho días después de que comenzó a correr el plazo fatal para la presentación de propuestas y documentos.
La disminución del plazo relativo reduce la posibilidad de una participación equitativa, justa y generalizada y hace nugatorio el derecho de la ciudadanía de apersonarse al trámite de selección. Esto es, el actuar arbitrario e ilegal del Congreso provoca una integración deficiente del Poder Judicial Local porque la participación de aspirantes se encuentra viciada de origen e indebida y excesivamente reducida.
Cuarto: El Congreso del Estado transgredió el artículo 116 constitucional al no tomar en cuenta la atribución del presidente del Consejo de la Judicatura de informar al Congreso del Estado las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Judicatura que deban ser cubiertas mediante los respectivos nombramientos, establecida en el artículo 151, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues se arrogó la atribución de elegir a tres consejeros de manera anticipada sin que el presidente del consejo hubiere informado la existencia de vacantes porque éstas no existían.
La convocatoria para la elección de nuevos consejeros tiene como presupuestos que lo comunique el presidente del Consejo de la Judicatura y que se cumpla el periodo por el cual los consejeros fueron designados en su encargo.
El objetivo que se busca con el respeto del término de duración del encargo es el de salvaguardar la tarea que desarrollan y no vulnerar su intimidad en el desempeño de sus funciones a fin de que realicen su labor bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia postulados en el artículo 64 de la Constitución Local.
En tales términos, se vulnera el principio de división de poderes y la autonomía del Poder Judicial Local, resultando ilustrativa la jurisprudencia P./J. 80/2004, intitulada: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN DE ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."
CUARTO. Turno y admisión. Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil once, el presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que correspondió el número 97/2011, así como turnarlo al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Mediante proveído de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, no así a su Comisión de Justicia al tratarse de un órgano interno o subordinado del propio poder, al que ordenó emplazar; y ordenó dar vista a la procuradora general de la República.
QUINTO. Ampliación de demanda. Por oficio depositado en la Oficina de Correos de Guadalajara, Jalisco, el cuatro de noviembre de dos mil once, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el ocho del mismo mes y año, Celso Rodríguez González con el carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de la entidad, amplió la demanda de controversia constitucional a efecto de formular un nuevo concepto de violación contra la sesión ordinaria del Congreso Local celebrada el veintitrés de agosto de dos mil once en la que se eligieron entre los diversos candidatos a Arturo Feuchter Díaz, Alfonso Partida Caballero y Mario Pizano Ramos como consejeros ciudadanos, en virtud de haber tenido conocimiento del acta relativa a dicha sesión hasta el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil once dictado en el recurso de reclamación 61/2011-CA, derivado del incidente de suspensión de la diversa controversia constitucional 87/2011 -promovida también por el Poder Judicial del Estado de Jalisco-, en el que se ordenó agregar al expediente de esa reclamación las pruebas documentales ofrecidas por el Congreso del Estado, entre las que se encuentra el acta referida.
SEXTO. Contestación del Poder Legislativo. Por oficio depositado en la Oficina de Correos de Guadalajara, Jalisco, el tres de noviembre de dos mil once, los diputados presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en representación del Poder Legislativo de la entidad, dieron contestación a la demanda manifestando, esencialmente, lo siguiente:
- Es improcedente la controversia de conformidad con el artículo 19, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el Acuerdo Legislativo LIX-1054-11 ha sido impugnado por el Poder Judicial actor en la diversa controversia constitucional 86/2011, sin que obste para ello que se haya desechado de plano la controversia relativa porque el acuerdo controvertido aún no era un acto definitivo, ya que se actualiza la causal de improcedencia al haberse promovido una diversa controversia constitucional contra el mismo acuerdo legislativo.
- Se surte la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el numeral 1o. de la ley reglamentaria de la materia por falta de interés legítimo del actor en razón de la naturaleza de los actos impugnados, esto es, porque la elección de consejeros realizada por el Congreso del Estado es una facultad exclusiva y soberana al no requerir para su validez del aval, aprobación o ratificación de persona u organismo alguno, habiéndose cumplido con el único requisito establecido en el artículo 64 de la Constitución Local consistente en la aprobación por las dos terceras partes de los diputados presentes, como se demuestra con el acta de la sesión del Pleno, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil once. Se invocan las tesis de la Segunda Sala y del Pleno, intituladas: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." y "CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO."
- En cuanto al primer concepto de invalidez, es falso que se hubiere incurrido en violación al principio de división de poderes o que al momento de expedirse el acuerdo legislativo impugnado el Congreso no fuere competente, pues éste fue emitido en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 35, fracción IX y 64 de la Constitución y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco, señalándose en sus consideraciones jurídicas la fundamentación y motivación correspondientes y sujetándose al procedimiento relativo, en el que se acató la única condición previa para iniciarlo, consistente en la expedición de la convocatoria dirigida a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos. Si bien el procedimiento se inició cuando se encontraban vigentes los nombramientos de los consejeros, se respetó la integración del Consejo de la Judicatura al señalarse expresamente que la designación surtiría efectos a partir del vencimiento de los periodos de designación.
Lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco no puede estar por encima de la ley que reglamenta, por lo que aun en el supuesto sin conceder de que éste fuera aplicable al caso -lo que no es así, pues no se está ante una ausencia definitiva, sino ante la terminación de nombramientos- no puede contrariar las normas constitucionales y legales. El Poder actor interpreta de manera incorrecta el precepto reglamentario que invoca, pues éste no puede suspender la facultad que en todo momento tiene el Congreso para elegir a los consejeros.
Se invoca la jurisprudencia P./J. 50/2000 que lleva por rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES."
- Es inoperante y carece de sustento el segundo concepto de invalidez en el que se aduce que no se cumplió con el requisito de motivación reforzada, pues el acuerdo legislativo impugnado justificó debidamente la expedición de la convocatoria en su parte considerativa, señalando las circunstancias particulares que motivaban el proceder del Congreso y los fundamentos legales para ello. Así, la designación de nuevos consejeros estuvo precedida de una motivación debida y cumplió a cabalidad los artículos 35, fracción IX, y 64 de la Constitución Local y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, sin alterarse la integración del Consejo de la Judicatura, pues las designaciones tendrían efectos una vez vencido el periodo de nombramiento de los consejeros.
- Por lo que se refiere a los conceptos de invalidez tercero y cuarto, se reitera que el Congreso cumplió con la única condicionante que tenía de expedir la convocatoria a la sociedad en general con excepción de los partidos políticos y que no estaba supeditado a recibir la comunicación prevista en el artículo 151, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado al resultar éste inaplicable.
La convocatoria se dio a conocer por diversos medios a la sociedad en general, además de que el acuerdo legislativo surtió sus efectos legales desde el veintiséis de julio de dos mil once, sin requerirse su publicación en el Periódico Oficial del Estado para la recepción de propuestas.
SÉPTIMO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil once, se tuvo al Congreso del Estado dando contestación a la demanda; se admitió a trámite la ampliación de demanda hecha valer, sin perjuicio de lo que pudiere decidirse al momento de dictar sentencia, teniéndose como autoridad demandada en dicha ampliación al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, ordenándose emplazarlo para que produjera su contestación; así como dar vista a la procuradora general de la República.
Por oficio depositado en la oficina de correos de Guadalajara, Jalisco, el doce de enero de dos mil doce, los diputados presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en representación del poder demandado, dieron contestación a la ampliación de demanda.
Mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil doce, se tuvo a los integrantes de la mesa directiva, con la personalidad que ostentan, dando contestación a la ampliación de demanda y se señaló fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
OCTAVO. Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora general de la República, mediante oficio recibido en este Alto Tribunal el dos de marzo de dos mil doce, emitió opinión en los términos que a continuación se sintetizan:
1) Se actualiza la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustanciar y resolver el juicio de controversia constitucional.
2) El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco acreditó su personalidad y cuenta con facultades para representar al Poder Judicial de la entidad, por lo que debe tenerse por acreditada la legitimación procesal activa.
3) La controversia fue promovida oportunamente, pues el acuerdo legislativo impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el cuatro de agosto de dos mil once, por lo que el plazo para promover la controversia corrió del cinco de agosto a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23719-9cbb9aa4/consejeros-de-la-judicatura-del-estado-de-jalisco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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