CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE LIMITAN A EMITIR JUICIOS DE VALOR DE TIPO MORAL EN RELACIÓN CON LA LEY O ACTO RECLAMADO.
AMPARO DIRECTO 763/2011. 3 DE FEBRERO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES. SECRETARIO: RICARDO SURO ESTEVES.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Previo a examinar los conceptos de violación expuestos por las quejosas, este Tribunal Colegiado de Circuito atenderá el escrito presentado el doce de agosto de dos mil once, por la tercero perjudicada **********; cuenta habida que en el mismo, argumentan la improcedencia del juicio de garantías; cuestión ésta que es de orden público y estudio preponderante, en términos del último párrafo del artículo 73 de la ley de la materia, así como de la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del siguiente tenor:
"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."
Bien, en el escrito de que se trata, la tercero perjudicada refiere en un primer término, que la presentación de la demanda de amparo fue extemporánea, debido a que la sentencia reclamada, fue notificada personalmente a las quejosas el quince de junio de dos mil once y la demanda se presentó el siete de julio siguiente.
No asiste la razón a la tercero perjudicada.
Así es, el análisis de los autos del toca de apelación 162/2011, del índice de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, de donde proviene la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil once, que constituye el acto reclamado y a los que se les otorga plena eficacia probatoria, por tratarse de documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 2o., de esta última legislación, permite llegar al conocimiento de que dicho fallo fue notificado a las ahora quejosas, por cédula, el dieciséis de junio de dos mil once, previo citatorio dejado el día anterior en el domicilio procesal, en poder de **********, quien dijo ser "colaborador", notificación que surtió sus efectos el mismo día, y al resultar inhábiles, por ser sábados y domingos, los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, así como el dos y tres de julio de dos mil once; el término previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, inició el diecisiete de junio y feneció el siete de julio siguiente, en tanto que el escrito de demanda se presentó el día de su vencimiento; de ahí que adverso a lo argüido por la tercero perjudicada, su presentación no es extemporánea.
En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de dos mil cuatro, página 191, que dispone:
"NOTIFICACIÓN POR CÉDULA. SURTE EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De los artículos 112, 112 bis, 118 y 127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, así como de los diversos numerales contenidos en su título segundo, capítulos quinto y sexto, se advierte que el legislador previó dos reglas en relación con el inicio de los términos judiciales, a saber: a) La general, en la que empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se efectúa el emplazamiento o notificación (artículo 127 del citado código), por lo que las notificaciones surten efectos el mismo día en que se practican; y b) La especial, consistente en dos excepciones a la regla general, pues de conformidad con el artículo 118 del código mencionado, las notificaciones por Boletín Judicial o en lista de acuerdos, donde no exista aquél, surten efectos a las doce horas del día siguiente al en que se efectúen. En ese tenor, se concluye que la notificación por cédula surte efectos el mismo día en que se practica y, por ende, los términos judiciales relativos empiezan a computarse a partir del día siguiente, conforme a la regla general prevista en el referido artículo 127, pues al caso no es factible aplicar, por analogía, la regla especial para las notificaciones por Boletín Judicial, ya que no existe similitud entre ambas vías de comunicación procesal. Lo anterior es así, porque la notificación por cédula proporciona una certeza semejante a la notificación personal, en tanto implica que un servidor público adscrito al juzgado de que se trate comparezca en dos ocasiones al domicilio del interesado, y al no encontrarlo le deje un documento en poder de sus parientes o empleados, o de quien se encuentre en el lugar, que contenga todos los datos necesarios para que se entere debidamente del contenido de la resolución judicial respectiva, datos que proporcionan eficacia en la comunicación procesal. Por el contrario, tratándose de la notificación por Boletín Judicial, no se realizan los pasos necesarios para que el juzgador se asegure que la resolución se comunicó eficazmente al interesado, pues corresponde a éste la carga de revisar periódicamente dicho documento a fin de advertir la existencia de resoluciones que tengan relación con su persona que pretenda comunicársele; de manera que debe comparecer ante el juzgado de que se trate para enterarse del contenido de la resolución, lo que demuestra que este método de comunicación procesal no otorga una certeza jurídica, por ello el legislador dispuso un momento distinto para que surta efectos. Además, en caso de que se estimara que las notificaciones por cédula y por Boletín Judicial son análogas, de cualquier manera no se podría concluir que la primera de ellas surte efectos a las doce horas del día siguiente, en términos de la regla especial prevista para la notificación por el mencionado boletín, pues al constituir ésta una excepción a la general, no puede aplicarse analógicamente a un caso distinto, por similar que sea, ya que el artículo 14 del Código Civil para la propia entidad federativa, reconoce un principio general de derecho, consistente en que las leyes de excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes."
Por otro lado, refiere la tercero perjudicada, que es improcedente el juicio de amparo, debido a que las quejosas se sustentan en hechos que no probaron, ni en primera, ni en segunda instancia, además de que considera que la demanda de garantías es oscura e incoherente.
También debe desestimarse esa alegación, habida cuenta que en el evento de que le llegare a asistir la razón a la tercero perjudicada, en cuanto a las cuestiones a las que alude, la consecuencia será que se declaren infundados los conceptos de violación o inoperantes, según el caso, empero para llegar a esa eventual conclusión, es imprescindible el estudio de la controversia en cuanto al fondo de la litis constitucional y, en cuanto a lo planteado en los conceptos de violación, lo que no es dable emprender a través de las consideraciones en que se apoya un sobreseimiento, cuyo efecto es dejar las cosas tal como se encontraban antes de presentarse la demanda.
Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Tomo XV, enero de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."
Así las cosas, al no surtirse las causas de improcedencia que aduce las tercero perjudicadas, procede examinar a continuación los conceptos de violación expresados contra la resolución que constituye el acto reclamado.
SÉPTIMO. Los conceptos de violación hechos valer por las quejosas, devienen inoperantes.
En principio, conviene realizar una breve reseña histórica de los antecedentes que informan el acto reclamado, consistente en la sentencia definitiva dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el treinta y uno de mayo de dos mil once, en los autos del toca de apelación 162/2011, la que se obtiene de los autos del juicio de origen y del referido toca, a los que se les otorga plena eficacia probatoria, por tratarse de documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 2o. de esta última legislación.
Así, se llega al conocimiento, en lo que ahora interesa, de lo siguiente:
En escrito de trece de enero de dos mil diez **********, por su propio derecho, demandó en la vía civil sumaria, a **********, reclamándoles las siguientes prestaciones:
"Conceptos: a) Por la terminación del contrato de arrendamiento que se celebró en esta ciudad, la suscrita en calidad de arrendadora y las ahora demandadas Sra. ********** en su calidad de arrendataria, y la Sra. ********** en calidad de fiadora de la primera, solicitando se les puedan embargar bienes de su propiedad para garantizar lo adeudado. El contrato en el que se funda la acción intentada en contra de las demandadas se celebró el día 1o. primero de enero del año 2009, y debía de fenecer precisamente el día 1o. primero de enero del año 2013, contrato de arrendamiento respecto de la finca marcada con el número **********, en la zona metropolitana de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, se demanda por la causal de falta de pago de rentas, así como por subarrendar parte del inmueble materia del contrato, contraviniendo así las cláusulas: segunda y séptima del contrato de arrendamiento en la que se funda la acción intentada en contra de las demandadas, dando motivo a su inmediata rescisión. b) Se les demanda por el pago de las rentas vencidas y no pagadas a partir del mes de diciembre del año 2009, a razón de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, estipulada en la cláusula segunda del fundatorio de la acción, haciendo un total hasta este mes de enero del año 2010 de $50,000.00 cincuenta mil pesos, más aquellas mensualidades que se sigan venciendo hasta la entrega material, física y jurídica. c) Por el pago de los intereses moratorios a razón de 10 diez por ciento mensual desde el mes de diciembre del 2009, interés pactado en la cláusula segunda del contrato fundatorio de arrendamiento celebrado entre los contratantes, desde el momento en que se constituyeron en mora, hasta el pago total de las prestaciones reclamadas. d) Por el pago de los gastos Judiciales y extrajudiciales que se estipulan en la cláusula décima tercera del contrato de arrendamiento que sirve de fundatorio de la acción ejercitada en contra de las demandadas. e) Por el pago de los servicios de agua, gas, teléfono, electricidad, independientemente del pago de la renta convenida, en caso de no demostrar que se encuentran cubiertos los servicios anteriormente descritos, se me otorgue autorización judicial para solicitar la suspensión o corte para que no siga generando los servicios adeudos (sic), lo anterior como se estipuló en la cláusula octava del referido contrato. f) Por la entrega del inmueble en el estado en que lo recibió, para lo cual deberá estar perfectamente pintado, limpio, completo y sin daños como se pactó en la referida cláusula sexta del fundatorio de la acción."
De dicha demanda correspondió conocer al Juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, bajo expediente 41/2010, el que la admitió en proveído de veintiuno de enero de dos mil diez, en el que entre otras cuestiones, ordenó requerir a la parte demandada, por la acreditación de estar al corriente en el pago de rentas y precisó que, en caso contrario, se le embargaran bienes de su propiedad, suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas y, también ordenó que se le emplazara, para que dentro del término de cinco días diera contestación a la demanda, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tendría por presuntivamente confesa de los hechos de la misma y el juicio se seguiría en su rebeldía (folio 4 del juicio natural).
Previas diligencias de emplazamiento, en sendos escritos de quince y dieciséis de febrero de dos mil diez, las demandadas **********, respectivamente, ocurrieron a contestar la demanda en su contra (folios del 13 al 18 y de la 19 a la 28) y así les tuvo el Juez natural en auto de veinticinco de febrero de dos mil diez (foja 29).
Sustanciado que fue el juicio de origen, el Juez de primer grado dictó sentencia definitiva el veintisiete de octubre de dos mil diez, en la que concluyó con las proposiciones siguientes:
"Proposiciones: Primera. La competencia, vía y personalidad queda acreditada en autos. Segunda. La actora acredita la acción intentada, entre tanto, las demandadas no acreditaron sus excepciones y defensas, en consecuencia: Tercera. Se declara la terminación por rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre **********, en su carácter de arrendadora **********, en su calidad de arrendataria y **********, en su calidad de fiadora, respecto de la finca marcada con el número **********, por la falta de pago de rentas, por tanto: Cuarta. Se condena a las demandadas a la desocupación y entrega del inmueble arrendado a favor de la parte actora. Quinta. Se condena a las demandadas al pago de las rentas vencidas y no pagadas a partir del mes de diciembre del año 2009 dos mil nueve, y hasta la total desocupación y entrega del inmueble arrendado a razón de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, conforme a la cláusula segunda del contrato fundatorio de la acción. Sexta. Se condena a las demandadas al pago de los intereses moratorios a razón del 10% diez por ciento mensual, sobre las rentas vencidas y no pagadas. Séptima. Se condena a las demandadas del pago de los servicios de agua potable, gas, teléfono y energía eléctrica que devengue el inmueble materia de la presente litis, desde el momento en que se pactó el contrato de arrendamiento y hasta su total desocupación y entrega. Octava. Se condena a las demandadas a la entrega del inmueble arrendado en la forma y términos establecidos en la cláusula sexta del contrato fundatorio de la acción."
Inconformes con esa resolución, las demandadas interpusieron en su contra recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, bajo el toca 162/2011, la que en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil once, que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías, modificó el fallo apelado, únicamente por lo que ve a la proposición séptima, la que resolvió que debía quedar como sigue:
"Séptima. Se absuelve a las demandadas al pago de contribuciones servicios respecto del inmueble materia de la litis, en virtud de no haberse demostrado por la parte actora, adeudo alguno pendiente de cubrir, en función de la carga probatoria que le corresponde."
Las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada, son las siguientes:
En un primer orden, calificó de fundado el agravio en el que las apelantes se dolieron de la condena impuesta por el pago de servicios de teléfono y gas, debido a que, dijo la Sala, corresponde al actor el demostrar los adeudos que dice se tienen con respecto al pago de impuestos y servicios, por lo que se deben exhibir los documentos o formatos de pago pendientes ante la omisión del cumplimiento de tal obligación por parte del arrendador sin que, en el caso, se haya hecho, por lo que estableció que no se puede condenar al pago de esos servicios, por no haberse demostrado su adeudo, además de que, abundó, la arrendataria se obligó al pago "del impuesto (sic) de agua, energía eléctrica y cuotas vecinales, sin que al efecto se haya establecido de forma expresa el pago por servicios de gas y servicio telefónico", de modo que, al parecer del tribunal de alzada responsable, al no ser materia de convención, no puede ser susceptible de condena.
Luego, desestimó el argumento de las apelantes en torno al incumplimiento de la actora en cuanto al uso del inmueble arrendado, por virtud de la demolición que se constató mediante los peritajes emitidos en autos, al estimar que tales alegaciones eran inoperantes, con base en que si bien es cierto que el artículo 1995 del Código Civil para el Estado de Jalisco, establece expresamente las obligaciones del arrendador, entre ellas, el conservar el bien arrendado en el mismo estado durante la vigencia del arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones que no se deban a negligencia o mal uso del arrendamiento, también lo es que conforme al material probatorio aportado a la causa por las demandadas, no existen elementos objetivos que permitan determinar si la variación del inmueble al que aluden como principal causa en sus motivos de agravio, para dejar de cubrir las pensiones rentísticas, fueron realizadas con dolo o motu proprio sin el consentimiento del arrendatario por la actora pues, dijo la Sala, existen diversas situaciones que impiden afirmar tal variación del bien por parte del arrendador, pues del desahogo de la prueba de inspección judicial, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil diez, la demandada permitió el acceso al personal del juzgado, para constatar las condiciones físicas de la finca, y que de la audiencia de pruebas, la misma parte admitió expresamente detentar el bien y reveló que la demolición practicada es alrededor del inmueble, lo que se corrobora con la confesión realizada en la contestación de demanda por parte de **********, quien espontáneamente confesó que esa demolición se realizó en un inmueble contiguo.
De ahí que, a parecer de la Sala, aun cuando en los dictámenes periciales, los peritos afirman no estar en condiciones de dar a conocer el estado material que guarda el bien en la actualidad, lo cierto es que ello no revela si la demolición fue realizada bajo orden expresa del arrendador o en su caso, por quien confesó aún detentar la posesión del bien, que en este caso es la parte demandada, dado que fue bajo el poder de dominio de ésta, que se han venido a realizar las variaciones en la finca contigua, sin que se haya aportado prueba que demuestre negligencia en contra de la actora para refutarle que la variación afecte directamente al inmueble arrendado y aún poseído por las demandadas; por lo que existe un incumplimiento en el interés de probar sus excepciones por éstas.
Agregó el ad quem que la causa por medio de la cual se solicitó la rescisión de la vigencia del contrato, se basa en el incumplimiento en el pago de las pensiones rentísticas, a partir de diciembre de dos mil nueve, siendo obligación de la demandada el demostrar su cumplimiento, sin que lo haya hecho.
De manera que al parecer del tribunal de apelación, la ley expresamente prevé que ante el incumplimiento de alguna de las partes en un contrato de locación, éste podrá rescindirse y que como en el caso interesa, se previene como causal para ello, la variación de la forma del bien, daños graves, variación en el objeto o incumplimiento en el pago de las rentas, lo que otorga la facultad a los contratantes para que cada uno reclame judicialmente el incumplimiento del otro, sin que lo haya hecho la parte arrendataria, con base en las irregularidades en el contrato y los múltiples desperfectos que refieren que acontecieron desde el primer mes de vigencia del arrendamiento sino que, por el contrario, se aceptó y reconoció una disminución en el pago de las pensiones.
Y, por ello, el tribunal de alzada concluyó con que si la parte demandada confesó aún detentar la posesión del inmueble y con posterioridad se demostró la variación al inmueble, es lógico concluir que la misma no puede ser reprochable a la actora, pues en el momento idóneo, la arrendataria pudo "desplegar los mecanismos legales ex profeso ante la inminente perturbación de su posesión", sin que lo haya hecho y sin que exista incumplimiento de su obligación atinente al pago de las pensiones rentísticas que corrían a su cargo durante la vigencia, cuya existencia y validez reconocieron los contendientes; de ahí que, dijo el ad quem, inevitablemente se tenga que condenar a la rescisión del contrato de arrendamiento al no haber demostrado el arrendatario el pago o cumplimiento, ni diversa situación que puede ser responsabilidad del arrendador en cuanto a no permitir el uso del bien en los términos y condiciones establecidas en el contrato.
Luego, estableció la Sala que la narrativa de hechos efectuada por las apelantes, es reiterativa de lo que se plasmó en su escrito de contestación, siendo insuficientes para variar la resolución impugnada pues, dijo el tribunal de segundo grado, las apelantes se limitan a realizar aseveraciones sobre la variación y malas condiciones del bien, sin haber demostrado que las mismas fueron responsabilidad del arrendador, por lo que se convierten en afirmaciones dogmáticas y sin fundamento legal, pues no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, al no atacar los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta.
Pues bien, como se dijo con antelación, en su demanda de amparo las quejosas vierten sus alegaciones, tanto en el capítulo de antecedentes, como en el denominado "Conceptos de violación"; sin embargo, como se anticipó, las mismas devienen inoperantes.
En efecto, primeramente, las quejosas hacen una transcripción casi literal de diversos antecedentes, mismos que expusieron, tanto en su escrito de contestación de demanda, como en su recurso de apelación, relativos a la fecha y condiciones en que se celebró el contrato fundatorio de la acción; a supuestos incumplimientos por parte de la arrendadora y desperfectos del inmueble materia de locación; a que se les indicó que debían desocupar la heredad y; a que la arrendadora se negó a llegar a un acuerdo.
Luego, reseñan que ante el Juez natural, expusieron que fueron despojadas del inmueble arrendado y al efecto transcriben el escrito correlativo (mismo que según se advierte de autos, fue presentado el cuatro de noviembre de dos mil diez -la sentencia de primer grado se dictó el veintisiete de octubre de ese año-), sin que, alegan, dicha autoridad lo hubiere hecho del conocimiento del Ministerio Público, ni lo haya tomado en cuenta en su sentencia, por lo que dicen que ésta es indebida, al condenarles al pago de rentas sobre un inmueble respecto del que fueron despojadas "muchos meses antes", lo que se repitió en la alzada, debido a que, aseguran "no hemos tenido la suerte de contar con abogados competentes".
Por otro lado, también en el capítulo de antecedentes, las quejosas arguyen que en la apelación "tampoco nuestros abogados fueron competentes para expresar los agravios", empero, dicen, la Sala, conforme al artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, debió revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento por lo que, al no haberlo hecho, violó en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, pues para conocer la verdad, el Juez puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, o de cualquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral, siendo que, desde su punto de vista, las pruebas ofrecidas no fueron valoradas "como lo previene la ley", dejándoles en estado de indefensión.
De manera posterior, las quejosas transcriben una denuncia de hechos que dicen hicieron ante el Ministerio Público.
Y, finalmente, ya en el capítulo de conceptos de violación, las pretensoras del amparo, alegan que la Sala se abstiene de analizar y resolver "varios de los agravios esgrimidos" y hace una "incorrecta selección de los principios generales de derecho", no obstante que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le impone la obligación de que las sentencias deben ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta, debe fundarse en los principios generales del derecho y al no acatar tal ordenamiento, la responsable les dejó en estado de indefensión.
Agregan que de las actuaciones y de sus agravios expresados, se advierte que se violaron las reglas esenciales del procedimiento, siendo que la Sala responsable tenía que estudiar oficiosamente tal circunstancia así como todas y cada una de las pruebas ofrecidas y desahogadas, sin embargo, dicen, la Sala no les concedió valor probatorio alguno "no obstante haber sido expresados como agravios".
Pues bien, devienen en primer término inoperantes las alegaciones que vierte el inconforme, dirigidas a impugnar la sentencia definitiva de primer grado, dictada por el Juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en los autos del juicio natural, el veintisiete de octubre de dos mil diez, habida cuenta que en este procedimiento constitucional no debe resolverse si ese fallo de primera instancia estuvo bien o mal dictado, sino si las consideraciones y fundamentos de la resolución de segundo grado, resultan o no violatorios de garantías; luego entonces, el análisis de tales alegaciones, por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito, necesariamente implicaría el estudio de esa primigenia sentencia, que quedó sustituida por la pronunciada por el tribunal de alzada y que ahora constituye el acto reclamado y que, por tanto, no forma parte de la litis constitucional; de ahí su inoperancia.
En apoyo de lo anterior, se citan las jurisprudencias emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicadas, la primera, en la página 655 del Tomo XXI, junio de dos mil cinco y, la segunda, en la página 121 del Tomo III, de enero de mil novecientos noventa y seis, ambas, relativas a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, respectivamente establecen:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio."
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia."
Por otro lado, es inoperante la alegación en torno a que la Sala responsable debió mandar reponer el procedimiento, conforme al artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que establece:
"Artículo 444. Si el tribunal de alzada, a través de los agravios expresados, advierte que se violaron las reglas esenciales del procedimiento en el juicio donde emane la resolución apelada, o que el Juez de primer grado incurrió en alguna omisión que pudiere dejar sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, siempre que no se trate de actos consentidos, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes interesada que tenga derecho a intervenir en el juicio o procedimiento, por no estar practicado el emplazamiento o llamamiento correspondiente conforme a esta ley."
En efecto, lo inoperante de esa alegación, obedece a que es del todo genérica e imprecisa, habida cuenta que las quejosas de manera alguna ponen en evidencia en qué consistieron las violaciones a las reglas esenciales del procedimiento o en qué omisión u omisiones incurrió el Juez de primer grado, sino que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23736-4e739452/conceptos-de-violacion-inoperantes-lo-son-aquellos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON LOS QUE SE SUSTENTAN EN SITUACIONES, CONSTANCIAS O PRUEBAS INEXISTENTES EN LOS AUTOS DE LOS QUE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO. (AMPARO DIRECTO)
- TÍTULOS DE CRÉDITO. LA UTILIZACIÓN DE ABREVIATURAS AL ASENTAR LOS DATOS RESPECTIVOS, CUMPLE CON EL REQUISITO DE LITERALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS (AMPARO DIRECTO)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES EN AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE SE EXPRESAN EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA DE SEGUNDA INSTANCI (AMPARO DIRECTO)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVO (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE LIMITAN A EMITIR JUICIOS DE VALOR DE TIPO MORAL EN RELACIÓN CON LA LEY O ACTO RECLAMADO. (III.2o.C. J/31 (9a.))
- AGRAVIOS INOPERANTES EN EL AMPARO EN REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO SE RECLAMÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y LA PROTECCIÓN DE LA JUST (IV.2o.A.29 K (10a.))
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE EN AMPARO DIRECTO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI EL ACTO RECL (II.2o.A.45 A)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- (477)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis