CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD.
AMPARO DIRECTO 255/2015. 22 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HUGO ALEJANDRO BERMÚDEZ MANRIQUE. SECRETARIO: JESÚS ALEJANDRO JIMÉNEZ ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
NOVENO.-Estudio del concepto de violación. Es en parte infundado y en otra inoperante, el único concepto de violación.
En él expresa sustancialmente que, en el caso, la resolución administrativa impugnada nace del ejercicio de una facultad discrecional, por lo que el tribunal no puede ordenar que la autoridad demandada dicte otra resolución en la que resuelva de nueva cuenta sobre dicha petición, ya que ello contrariaría el fin perseguido por la ley, al atribuir en esos casos al tribunal fiscal plena jurisdicción, en tanto que cuenta con elementos jurídicos indispensables para emitir un pronunciamiento completo, por lo que debe fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos. Todo lo cual lo sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 67/2008.
Añade que, por ello, no se vigiló que se respetara el principio pro persona, consagrado en el artículo 1o. constitucional.
Pues bien, es cierto que de conformidad con la interpretación realizada por el Máximo Tribunal del País en la referida jurisprudencia 2a./J. 67/2008, atendiendo a que se trata de una facultad reglada, porque tratándose de una discrecional se arribaría a diversa conclusión, cuando se declare la ilegalidad de la resolución que niega la devolución de cantidades solicitadas por pago de lo indebido o saldo a favor, con base en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, decretándose su nulidad en términos de la fracción III del numeral 239 de la propia codificación (de similar contenido a los vigentes artículos 51, fracción IV y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), el tribunal no puede ordenar a la autoridad demandada que dicte otra resolución que resuelva sobre dicha petición, sino que, atendiendo a que la ley le otorga plena jurisdicción y con el fin de tutelar el derecho subjetivo del accionante, está obligado a conocer y decidir en toda su extensión la reparación del derecho subjetivo lesionado.
Sin embargo, también es verdad que la propia jurisprudencia explicó que tal pronunciamiento sería aplicable, salvo que el órgano jurisdiccional no contara con elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo, relativo al derecho subjetivo lesionado porque, en ese caso, debe ordenar a la autoridad administrativa que resuelva al respecto.
El aludido criterio es del rubro y texto siguientes:
"NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).-Cuando el indicado Tribunal declara ilegal la resolución impugnada que niega, por improcedente, la devolución de cantidades solicitadas por pago de lo indebido o saldo a favor, con base en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ello implica, en principio, que el Tribunal realizó el examen de fondo de la controversia planteada, por tanto, la nulidad que decrete de dicha resolución en términos de la fracción III del artículo 239 del mismo ordenamiento legal, lo obliga a establecer, además, si el contribuyente tiene derecho o no a la devolución solicitada y, en su caso, a decidir lo que corresponda, pero no puede ordenar que la autoridad demandada dicte otra resolución en la que resuelva de nueva cuenta sobre dicha petición, porque ello contrariaría el fin perseguido por la ley al atribuir en esos casos al Tribunal plena jurisdicción, que tiene como finalidad tutelar el derecho subjetivo del accionante, por lo que está obligado a conocer y decidir en toda su extensión la reparación de ese derecho subjetivo lesionado por el acto impugnado, por ello su alcance no sólo es el de anular el acto, sino también el de fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos; lo anterior, salvo que el órgano jurisdiccional no cuente con los elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo relativo al derecho subjetivo lesionado, pues de actualizarse ese supuesto de excepción debe ordenar que la autoridad demandada resuelva al respecto. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución administrativa impugnada proviene del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, dado que si el Tribunal declara la nulidad de la resolución en términos de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación no puede, válidamente, obligar a la demandada a que dicte nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si debe obrar o abstenerse y para determinar cuándo y cómo debe obrar, sin que el Tribunal pueda sustituir a la demandada en la apreciación de las circunstancias y de la oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, además de que ello perjudicaría al contribuyente en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a actuar cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo; pero tampoco puede, válidamente, impedir que la autoridad administrativa pronuncie nueva resolución, pues con ello le estaría coartando su poder de elección."(15) (lo resaltado es nuestro).
Ahora bien, en la especie, la Segunda Sala Regional estimó que no se acreditó la existencia del requerimiento y su notificación antes de que feneciera el plazo para formularlo, y fue en virtud de que no se atendió tal requerimiento en que se sustentó la autoridad para negar la solicitud, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada, de conformidad con el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Indicó también que:
"...Además, debe señalarse que esta juzgadora se encuentra impedida para entrar al estudio de fondo del presente asunto, al no contarse en el presente juicio contencioso administrativo con los elementos suficientes que permitan determinar si existe algún otro impedimento para que resulte procedente o no la devolución solicitada por la accionante y poder relacionar que dichos pagos que exhibe corresponden, efectivamente, al pago que realizó como garantía del interés fiscal, en relación con el crédito impugnado en un diverso juicio, con lo cual el enjuiciante pretende acreditar dicho derecho subjetivo..." (lo resaltado es nuestro).
Como se observa, el motivo por el que la Sala se abstuvo de analizar de fondo el derecho subjetivo a la devolución que reclamaba la actora, fue precisamente porque no contaba con los elementos necesarios para pronunciarse y, en ese orden, se ubicó en el supuesto de excepción del que habla la referida jurisprudencia 2a./J. 67/2008 (independientemente de que no se trate de la misma fracción en que se encuadró la nulidad respecto de la analizada en la jurisprudencia, porque lo relevante son las razones jurídicas), en cuanto a que estimó la responsable que no contaba con los elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo, encontrándose obligada, en ese supuesto, a ordenar que sea la autoridad demandada quien resuelva al respecto.
Sin que el quejoso haya realizado planteamiento alguno en torno a esta ausencia de elementos jurídicos necesarios, por lo que no existe motivo para estimarlo de otra manera.
Así las cosas, es que no le asiste razón al quejoso en cuanto a que debe realizarse un pronunciamiento de fondo respecto de su derecho a la devolución, en términos del tantas veces referido criterio, habida cuenta que, como se advirtió, la Sala expuso los motivos por los que se abstenía de tal estudio, y éstos son, precisamente, los que se refieren al supuesto de excepción del que habla la jurisprudencia 2a./J. 67/2008, en que el tribunal debe abstenerse de referirse al derecho subjetivo del accionante y ordenar que sea la autoridad demandada quien se pronuncie. De ahí la parte infundada de su motivo de disenso.
Por otra parte, en cuanto a su afirmación de que la Sala no vigiló que se respetara el principio "pro homine", es inoperante, porque esa expresión ambigua, en la que no se precisa si alguna norma en específico o la sentencia resultan inválidas, ni cuál derecho humano estaría en discusión, imposibilita técnicamente a este Tribunal Colegiado a verificar que se haya efectuado o realizar el aludido control, porque como lo ha reiterado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis.
Lo anterior, pues aunque la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de dos mil once, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona y, asimismo, dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución, aplicables a los procedimientos de que conocen; mientras que, por otro lado, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos, con independencia de su fuente y, tratándose del control que deba ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental que se está viendo restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional.
Así se advierte de las tesis que ahora se transcriben:
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto."(16)
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las ‘normas aplicadas en el procedimiento’ respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados."(17)
"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función."(18)
"PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento."(19)
Con ello se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en el mismo, gozan de la presunción de ser acordes con el texto constitucional, aun en lo relativo al respeto de los derechos humanos y las restricciones que constitucionalmente operen en dicha materia.
Consecuentemente, si en su demanda de amparo el quejoso se limita a afirmar que no se respetó el principio pro homine, pero no cumple con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de dicha solicitud, la estimación de que ese aserto es inoperante prevalece, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, dado que no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos, precisamente, en la Ley de Amparo, y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio de la quejosa, o que en seguimiento al principio pro persona deba llegarse a una conclusión distinta; además, en el entendido de que, en todo caso, la omisión de la responsable de aplicar tal principio o ejercer el control referido no constituye en sí misma una violación, pues en todo caso, el justiciable estaba en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante este órgano jurisdiccional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, lo que, como se ha dicho, no acontece.
Sirve de apoyo a dicha consideración, la tesis emitida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de título, subtítulo y texto siguientes:
" Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que deba ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho."(20)
Por consiguiente, al ser infundado e inoperante el único concepto de violación, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de la sentencia de diecisiete de abril de dos mil quince, emitida por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio contencioso **********, por los motivos y fundamentos establecidos en el último considerando de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados Presidente José Carlos Rodríguez Navarro, Hugo Alejandro Bermúdez Manrique y José Elías Gallegos Benítez, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 73, fracción I, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. De igual manera, con fundamento en los artículos 68, fracción VI y párrafo último, de dicha ley, y 56, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se suprimen los datos personales y sensibles de las partes considerados no indispensables para la comprensión de este documento.
________________
15. Registro digital: 169851. Jurisprudencia. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, abril de 2008, página 593. Tesis 2a./J. 67/2008.
16. Tesis aislada 1a. LXVII/2014 (10a.). Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 639 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas». Registro digital: 2005622.
17. Jurisprudencia 2a./J. 123/2014 (10a.). Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 859 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas». Registro digital: 2008034.
18. Jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.). Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 772 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas». Registro digital: 2006485.
19. Tesis aislada 1a. CCCXXVII/2014 (10a.). Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 613 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas». Registro digital: 2007561.
20. Tesis aislada IV.2o.A.83 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo II, abril de 2015, página 1697 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas». Registro digital: 2008824.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26014-2d5d8d25/conceptos-de-violacion-inoperantes-en-el-amparo-directo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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