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Modo: Corpus Pro

VÍA MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA EL PAGO DEL ADEUDO DERIVADO DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE COMERCIO, NO OBSTANTE QUE HAYA SIDO DOCUMENTADO A TRAVÉS DE FACTURAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 345/2012. · Registro digital (IUS): 23785
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Pág. 1538.

AMPARO DIRECTO 345/2012. 23 DE MAYO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GILBERTO CHÁVEZ PRIEGO. SECRETARIO: RAFAEL GARCÍA MORALES.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los argumentos que hace valer la quejosa en los conceptos de violación que identifica como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, son infundados e inoperantes, de conformidad con el siguiente razonamiento.

Es infundado en una parte e inoperante en otra, lo aducido por la quejosa en el concepto de violación que identifica como primero, en donde expresa que la resolución reclamada carece de motivación y fundamento, porque acreditó con documentos suficientes que la vía elegida es la correcta.

Es infundado lo que expresa respecto a que la sentencia reclamada carece de fundamentación y motivación; lo anterior, toda vez que de la lectura de dicho fallo, se advierte que el Juez responsable, por una parte, invocó los artículos legales que consideró aplicables, a saber, entre otros, 4o., 75 y 76 del Código de Comercio y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y por otra parte, expuso los razonamientos que sustentaron las conclusiones a que arribó en el fallo, señalando sustancialmente que la vía elegida no era la idónea, porque la prestación del servicio de vigilancia no era un acto de comercio y que, asimismo, no se actualizaba la competencia de los juzgados federales, por lo que el juzgado responsable era incompetente.

Por tanto, no se actualiza la violación formal que aduce la quejosa, referente a una omisión total de fundamentación y motivación en la sentencia reclamada.

Asimismo, es inoperante lo que expresa la quejosa, respecto a que acreditó con documentos suficientes que la vía elegida es la correcta; lo anterior, porque la quejosa es omisa en precisar cuáles serían los documentos a que se refiere, ni las razones por las que con dichos documentos se demostraría la procedencia de la vía elegida.

En este sentido, se trata de una simple afirmación por parte de la quejosa, que por no estar sustentada en razonamiento lógico-jurídico alguno, carece de los requisitos mínimos para que este tribunal proceda a su análisis.

Por otra parte, son infundados en una parte e inoperantes en otra, los argumentos que aduce la quejosa en los conceptos de violación que identifica como segundo y quinto.

En primer término, es infundado lo que hace valer la quejosa, respecto a que la acción ejercida no fue la interpretación o cumplimiento del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes, sino la falta de pago de las facturas base de la acción, y que el contrato se anexó para acreditar la relación causal entre las partes, por lo que el Juez responsable considera erróneamente que la vía no es idónea basándose en una relación civil como el cumplimiento del contrato.

Contrariamente a lo que expresa la quejosa, en la sentencia reclamada no se consideró que la acción ejercida fuese la de cumplimiento de contrato, pues el Juez responsable expresamente consideró que la acción principal la constituía el pago de la cantidad correspondiente al monto de una factura, pero que no obstante lo anterior, no debía perderse de vista que dicho documento había derivado de la relación contractual entablada entre las partes contendientes, la cual se había originado con motivo del contrato de prestación de servicios de vigilancia; razonamiento este último sobre el cual, la quejosa es omisa en expresar argumento alguno.

Por ende, lo argumentado respecto a que el Juez responsable concluyó la improcedencia de la vía basado en una relación civil como es el cumplimiento del contrato, es inoperante, porque parte de una apreciación incorrecta por parte de la quejosa, dado que no fueron éstos los términos en que se apoyó la conclusión a que se arribó en la sentencia reclamada.

Por otro lado, es inoperante lo que expresa la quejosa, respecto a que del artículo 75, fracción XXV, del Código de Comercio en relación con la concertación jurídica celebrada entre los contendientes, se debe concluir que dada la naturaleza de éstos, corresponde conocer de la demanda planteada al juzgador federal, siendo que el contrato celebrado entre las partes no contiene dato o elemento alguno que evidencie que la naturaleza del asunto es civil, porque como se advierte de las documentales y de las prestaciones reclamadas, lo demandado tiene un tratamiento mercantil.

Lo anterior es inoperante, en primer término, porque la quejosa se limita a señalar que dada la naturaleza de éstos (se entiende, de los contendientes), corresponde conocer de la demanda al juzgador federal; sin embargo, es omisa en precisar cuál sería la naturaleza a que se refiere y por qué razón específica es que ello implicaría que se actualizara la competencia del Juez Federal, máxime que la quejosa inicia citando el artículo 75 del Código de Comercio, el cual fue invocado en el fallo reclamado para sustentar la improcedencia de la vía, pero posteriormente la quejosa se refiere a la competencia del Juez, cuestión que es totalmente diversa.

De igual manera, es inoperante lo que expresa la quejosa, respecto a que el contrato celebrado entre las partes no contiene dato o elemento alguno que evidencie que la naturaleza del asunto es civil, porque como se advierte de las documentales y de las prestaciones reclamadas, lo demandado tiene un tratamiento mercantil; lo anterior, porque la quejosa se limita a negar que el asunto sea de naturaleza civil, pero se trata de un argumento sin ningún sustento que por su vaguedad carece de los requisitos mínimos para su estudio, lo que igualmente sucede con la afirmación de la quejosa, respecto a que de las documentales y de las prestaciones se advierte que lo demandado tiene tratamiento mercantil, dado que la quejosa omite precisar las razones por las que debe concluirse lo anterior.

También es inoperante lo que expresa la quejosa, respecto a que de la factura y de las pruebas instrumental y presuncional, se advierte que las partes se sometieron a la jurisdicción de los tribunales del Distrito Federal, como también se aprecia del contrato respectivo, por lo que el Juez competente es el ubicado en esta ciudad.

Lo anterior es inoperante, porque no tiene relación alguna con lo resuelto en la sentencia reclamada, en donde se concluyó la incompetencia del Juez responsable por una cuestión de fuero, no de territorio, al resolverse que no se actualizaba la competencia de los órganos jurisdiccionales federales; razón por la cual, los argumentos en cita se ocupan de cuestiones que están fuera de la litis.

También resulta inoperante lo que expresa la quejosa, respecto a que cuando una controversia del orden civil se suscite sobre aplicación de leyes federales, serán competentes los tribunales de la Federación, pero cuando la Federación no sea parte, habrá competencia concurrente, quedando a elección del actor que conozcan del asunto los tribunales de la Federación o los de las entidades federativas, por lo que si en el caso se eligió someter la controversia a los juzgados federales, debe surtirse dicha competencia por tratarse de un asunto en que se afectan sólo intereses particulares.

Lo anterior es inoperante, porque dichos argumentos no atacan los razonamientos que sobre el particular expuso el Juez responsable, quien consideró que la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil estaba prevista en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyos supuestos no se actualizaban en el caso, pues la controversia no se había suscitado sobre aplicación o cumplimiento de leyes federales o tratados internacionales, ni se discutía sobre un bien de propiedad nacional, ni era una controversia entre entidades federativas o entre miembros del cuerpo diplomático o consular, ni tampoco versaba sobre jurisdicción voluntaria en materia federal, sin que pudiera considerarse que se afectaran intereses de la Federación.

Por tanto, concluyó el Juez responsable, al no tratarse de un asunto federal por versar sobre el pago de una cantidad de dinero derivada de servicios de vigilancia conforme al contrato celebrado entre las partes, el asunto no encuadraba en las hipótesis previstas en el artículo 53 anteriormente citado, razón por la cual, la actora carecía de facultades para elegir la jurisdicción federal, pues el conocimiento y resolución del juicio correspondían al Juez del orden común.

De tal suerte, si la quejosa se limita a afirmar que en el caso se actualiza la competencia en favor de los tribunales del orden federal y que se trata de un caso de competencia concurrente, pero sin combatir las anteriores consideraciones, es claro que los argumentos que nos ocupan resultan inoperantes.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, que expresa lo siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

También apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia I.6o.C. J/21, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XII, agosto de 2000, en la página 1051, que expresa lo siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo."

Por otra parte, son infundados los argumentos que hace valer la quejosa en los conceptos de violación que identifica como tercero, cuarto, sexto y séptimo.

De conformidad con el artículo 1049 del Código de Comercio, los juicios mercantiles tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que deriven de actos de comercio. Así, para determinar si una controversia debe ser tramitada en vía ordinaria u oral mercantil, es necesario analizar si realmente queda sustentada en un acto de comercio, para lo cual, debe acudirse al contenido del artículo 75 del mismo ordenamiento, que establece aquellos supuestos que la ley reputa como actos de comercio. De esta forma, un determinado acto jurídico será de comercio sólo si se subsume en cualquiera de sus primeras veinticuatro fracciones, o tiene una naturaleza análoga a cualquiera de ellas, independientemente de que en ese acto hubiese intervenido un comerciante. Por lo tanto, la vía mercantil resulta improcedente en aquellos casos en que la controversia consiste en el pago del adeudo derivado de un contrato a virtud del cual una corporación policíaca se obligó a prestar servicios de seguridad y vigilancia a un particular, al no subsumirse dicho acuerdo de voluntades en ninguna de las primeras veinticuatro fracciones del precepto aludido, ni tener naturaleza análoga a cualquiera de ellas, por lo cual no puede constituir un acto de comercio no obstante que el actor acompañe a su demanda diversas facturas expedidas con motivo de ese adeudo, pues tales documentos, por no tener origen en una relación contractual de naturaleza mercantil, tampoco adquieren dicha calidad comercial, sino que únicamente podrían constituir un elemento de prueba sobre el importe reclamado, pero no modifican o confieren una naturaleza jurídica distinta a la relación contractual de donde provienen, ni constituyen títulos de crédito en términos de la propia legislación mercantil.

Ciertamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., 3o., fracciones I, IV y VII, y 15, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la ********** es una dependencia de la administración pública centralizada de esta ciudad. El marco normativo de la **********, previsto en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, es el siguiente:

"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"...

"VIII. Cuerpos de seguridad pública: a las corporaciones a que se refieren las fracciones VI y VII de este artículo."

"Artículo 5o. La policía del Distrito Federal estará integrada por:

"...

"II. La policía complementaria, que estará integrada por la policía auxiliar, la bancaria e industrial y las demás que determine el reglamento correspondiente."

"Artículo 6o. La policía complementaria desempeñará sus funciones bajo el mando y dirección de la secretaría.

"Los ingresos que se generen por los servicios prestados por la policía complementaria, deberán enterarse en la Tesorería del Departamento."

En su texto vigente a la fecha en que se prestaron los servicios de seguridad y vigilancia (dos mil tres, según lo que expresó la propia quejosa en su demanda inicial) el Código Financiero del Distrito Federal definía a los productos y disponía cómo debían pagarse, en los siguientes términos:

"Artículo 27. Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el Distrito Federal en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado."

"Artículo 268. Los productos por los servicios que preste el Distrito Federal, se cubrirán ante las oficinas autorizadas. La secretaría autorizará los precios y tarifas relacionados con los productos, cuando esta facultad no se confiera expresamente por disposición jurídica a otra autoridad, y emitirá las reglas de carácter general para el control de los ingresos por este concepto, mismas que se publicarán a más tardar el día veinte de enero de cada año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal."

De conformidad con los preceptos transcritos, la ********** forma parte, como complementaria, de la **********, y ésta a su vez es integrante de la **********, dependencia de la administración pública centralizada de esta ciudad; y si bien es cierto que en funciones de derecho privado celebra contratos por virtud de los cuales presta sus servicios a la persona física o jurídica interesada a cambio de una remuneración económica, también lo es que ello no implica que su actividad pueda considerarse de comercio, en primer lugar, porque la ley no lo reputa como tal.

Al respecto debe tenerse presente que al resolver la contradicción de tesis 76/96, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un criterio objetivo que debe seguirse para determinar cuándo se está ante un acto de comercio. Al efecto, se citan, en lo conducente, las partes de la resolución respectiva:

"... De conformidad con el artículo 1049 del Código de Comercio, son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que se deriven de actos comerciales.

"El citado precepto, a la letra, dice:

"‘Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que conforme a los artículos 4o., 75 y 76 se deriven de actos comerciales.’

"En tal virtud, para determinar si una controversia ... puede ser ventilada y decidida en un juicio mercantil, es necesario previamente determinar si, conforme a los artículos 4o., 75 y 76 del Código de Comercio ... es un acto de comercio.

"Los preceptos antes citados, disponen lo siguiente:

"‘Artículo 4o. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ello a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general, todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas.’

"‘Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:

"‘I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados;

"‘II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial;

"‘III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles;

"‘IV. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio;

"‘V. Las empresas de abastecimientos y suministros;

"‘VI. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados;

"‘VII. Las empresas de fábricas y manufacturas;

"‘VIII. Las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo;

"'IX. Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas;

"‘X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales y establecimientos de ventas en pública almoneda;

"‘XI. Las empresas de espectáculos públicos;

"‘XII. Las operaciones de comisión mercantil;

"‘XIII. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles;

"‘XIV. Las operaciones de bancos;

"‘XV. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior;

"‘XVI. Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas;

"‘XVII. Los depósitos por causa de comercio;

"‘XVIII. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos;

"‘XIX. Los cheques, letras de cambio o remesa de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas;

"‘XX. Los valores u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio;

"‘XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil;

"‘XXII. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio;

"‘XXIII. La enajenación que el propietario o el cultivador haga de los productos de su finca o de su cultivo;

"‘XXIV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.

"‘En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial.’

"‘Artículo 76. No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o los de su familia, hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueran consecuencia natural de la práctica de su oficio.’

"Del análisis de los preceptos antes transcritos se advierte que, para efectos de dilucidar si ... puede ser un acto de comercio, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 75 y no a los artículos 4o. y 76, todos del Código de Comercio.

"En efecto, no es atendible en definitiva el artículo 4o. porque para que, aun accidentalmente, una persona quede sujeta a las leyes mercantiles es necesario que realice una operación de comercio y, en consecuencia, para saber si realizó una operación de comercio, habrá que atender al artículo 75 que es el que señala los actos que la ley reputa de comercio. Por otra parte, tampoco es atendible el artículo 76, pues éste se refiere a supuestos diferentes y muy específicos.

"Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Comercio ... no es un acto de comercio, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos en él contemplados.

"... No pasa inadvertido para esta Primera Sala lo preceptuado en la fracción XXIV del propio artículo 75 del Código de Comercio, según la cual también se reputan actos de comercio ‘cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.’

"...

"Es importante dejar anotado que, contrariamente a lo considerado por los Tribunales Colegiados cuyas tesis están en contradicción, lo que se debe tomar en consideración para determinar si el contrato ... es un acto de comercio, no es el carácter de comerciante de uno o ambos contratantes, ni el destino que se le dé ... sino el contrato ... en sí mismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Comercio.

"Por tanto, dado que ... no es un acto de comercio, el hecho de que uno o ambos contratantes sean comerciantes no lo convierte en acto de comercio, como tampoco el hecho de que se le destine a una actividad mercantil.

"Así las cosas, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1049 del Código de Comercio, son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir una controversia derivada de un acto de comercio, dado que ... no es un acto de comercio, es inconcuso que para dirimir una controversia derivada de un arrendamiento de inmuebles no es procedente la vía mercantil." (supuesto del que versó la contradicción).

En los términos del criterio transcrito, en el cual se apoya la sentencia reclamada, lo que debe tomarse en consideración para determinar si un contrato es un acto de comercio, no es el carácter de comerciante de uno o ambos contratantes, ni el destino que se le dé al bien objeto del contrato, sino el acto jurídico en sí mismo, acorde con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Comercio.

En el caso, el contrato de prestación de servicios, y más específicamente de servicios de seguridad y vigilancia, no es de los que en forma enumerativa prevé el artículo 75 del Código de Comercio, como así lo consideró de manera correcta el Juez responsable.

En cuanto al lucro como parámetro invocado por la quejosa para sustentar que se está ante un acto de comercio, es de señalarse lo siguiente.

La definición del acto mercantil no es sencilla. La jurisprudencia, la doctrina y la ley marcan diversas pautas, que pueden agruparse en los siguientes criterios:

a) El lucro.

b) La especulación (reiteración).

c) La calidad de quienes suscriben el acto (comerciantes).

d) La naturaleza del acto.

Estos fundamentos interactúan entre sí, en ocasiones complementándose para identificar plenamente el acto de comercio, pero en determinadas circunstancias, llegan a excluirse.

Así, cuando en un acto concurren el lucro, la especulación, la calidad de comerciante y la naturaleza mercantil de la operación, no habría duda sobre el hecho de que se está en presencia de un acto de comercio.

Ocurre sin embargo, que en ocasiones a pesar de concurrir el lucro, la especulación y la calidad comercial de los contratantes, no se actualiza la naturaleza del acto de comercio, por ejemplo, cuando dos comerciantes celebran una operación del orden civil, como lo es el arrendamiento.

Otras veces, sucede que aunque no se obtenga un lucro, ni haya reiteración o especulación, ni posean la calidad de comerciantes quienes suscriben el acto, basta la naturaleza misma de la operación para que se repute mercantil, como así sucede en la suscripción de títulos de crédito.

De manera que, sistematizándose estos criterios, pueden obtenerse fundamentos generales para la identificación del acto de comercio, siempre sujetos a ciertos casos de excepción que el propio juzgador debe detectar.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que: "la idea de lucro es lo que caracteriza los actos mercantiles".

Al respecto, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define al lucro como: "aquella ganancia o provecho que se saca de algo".

En este sentido, del examen del acto del cual deriva la controversia, se deduce que no es posible estimar que el contrato que dio origen a la prestación cuyo pago se reclamó, tenga la calidad de acto mercantil, porque carece del fin de lucro que caracteriza a ese tipo de actos, toda vez que aquél está dirigido a coadyuvar en el cumplimiento de las funciones de seguridad propias de la institución que presta el servicio, al cubrir una necesidad de seguridad al particular que lo solicite.

Si bien es cierto que con motivo de lo anterior, se obtiene una contraprestación económica, también lo es que la finalidad de dicha actividad no es lucrar, sino proporcionar un servicio privado de vigilancia, cuya contraprestación se encontraba regulada como producto objeto de recaudación fiscal en beneficio del Gobierno del Distrito Federal, produciendo ingresos al erario público que se destinan regularmente al gasto social, lo cual resulta incompatible con los conceptos de especulación y acumulación de riqueza propios de los actos mercantiles.

Consecuentemente, al ser la ganancia obtenida por dicho acto de prestación de servicios de vigilancia, una contraprestación derivada de un servicio otorgado por la **********, en sus funciones de derecho privado (producto), misma que debía enterarse al Gobierno del Distrito Federal y que sería administrada por las autoridades fiscales del Distrito Federal, de acuerdo con las normas legales, es claro que el fin perseguido no era lucrar a través de tal contraprestación, sino que dichos ingresos eran estimados como parte de los ingresos del erario público del Distrito Federal y destinados a ser aplicados a través de la cuenta pública, en beneficio social, siendo por tanto irrelevante que tales ingresos sean adicionales a los que le son asignados mediante el presupuesto.

Todo lo anterior conlleva que su naturaleza se distinga esencialmente de los actos mercantiles.

De ello se concluye que el contrato de prestación de servicios de vigilancia, pactado por la actora ********** con el demandado, y que dio origen a la acción deducida en el juicio natural, no tiene naturaleza de un acto mercantil y, por ende, tampoco puede servir de sustento de la vía ordinaria intentada.

No obsta a lo anterior, la circunstancia de que la policía auxiliar aduzca que sus servicios no los proporciona a toda la ciudadanía en general, sino sólo a las personas físicas o jurídicas con las que contrata; lo anterior, porque ello no constituye ningún criterio de distinción de los actos de comercio.

Asimismo, la tesis que invoca la quejosa en relación a este tema, cuyo rubro expresa: "ACTOS O ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE NATURALEZA COMERCIAL. SU CONCEPTO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS.", es inaplicable, en primer término, porque en ella se sustenta un acto jurídico que sí está previsto en el artículo 75 del Código de Comercio como un acto de comercio y, en segundo lugar, dado que se trata de un razonamiento aplicable a actos de naturaleza fiscal, lo cual no es el caso que nos ocupa.

Por otra parte, contrariamente a lo aducido por la quejosa, no se actualiza el supuesto del artículo 1050 del Código de Comercio, en cuanto a que: "Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles."

Lo anterior, porque acorde con las consideraciones expuestas, no se está ante un acto de comercio, siendo irrelevante que el demandado sea una persona física, porque ello no implica que todos sus actos sean mercantiles y que, por esta razón, el contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia sea un acto mercantil para el demandado y un acto de naturaleza civil para la actora.

Lo anterior tiene apoyo en la resolución de contradicción de tesis invocada, concretamente en la parte conducente en la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el hecho de que uno o ambos contratantes sean comerciantes no convierte al acto en uno de comercio, como tampoco el hecho de que se le destine a una actividad mercantil.

Por otra parte, es infundado lo que expresa la quejosa, respecto a que la relación jurídica entre las partes no encuadra en el artículo 76 del Código de Comercio y que, por el contrario, dicha relación jurídica está contemplada en el diverso artículo 75 del citado ordenamiento.

Lo anterior es infundado, porque el hecho de que el acto en cuestión no se encuentre regulado dentro de las excepciones que consigna el artículo 76 del Código de Comercio, no implica que el mismo necesariamente sea un acto de comercio, pues como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio transcrito con anterioridad, no debe tomarse en cuenta lo relativo al artículo 76 que nos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23785-f4d5f61c/via-mercantil-resulta-improcedente-cuando-se-reclama-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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