POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL. LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON LOS PARTICULARES EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DERIVADAS DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO, SON EXIGIBLES A TRAVÉS DE LA VÍA ORDINARIA CIVIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 243/2012. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226 de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
11. No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización y no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
12. En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución del actual tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
13. Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no finalice el plazo previsto en el artículo décimo primero transitorio de la Ley de Amparo para la emisión de los acuerdos generales que integren los Plenos de Circuito y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los mismos, este Tribunal Constitucional debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de casos como el que ahora se analiza.
SEGUNDO. Legitimación para denunciar la contradicción
14. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227 de la Ley de Amparo, en tanto que fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de ahí que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden tales preceptos normativos.
TERCERO. Criterios contendientes
15. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se analizarán los antecedentes y consideraciones que se sustentan en las once ejecutorias que fueron remitidas por los Tribunales Colegiados a esta Suprema Corte.(1) Para ello, se hará referencia en primer lugar al asunto del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano denunciante, y posteriormente al resto de los amparos en razón ascendente del número de expediente y órgano decisorio.
I. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
16. El Quinto Tribunal Colegiado resolvió el amparo directo 272/2012, cuya materia consistió en el análisis del acuerdo de la Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal por el cual se puso fin al juicio ordinario mercantil **********.
17. En este caso, el apoderado legal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal demandó en la vía ordinaria mercantil a **********, entre otras prestaciones, el pago de cierta cantidad de dinero amparada en una factura-pagaré que derivó de los servicios de seguridad y vigilancia que le había proporcionado.
18. La Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal conoció del asunto, lo registró bajo el expediente ********** y, mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil doce, desechó la demanda declarándose legalmente incompetente para conocer del juicio en razón de fuero. Lo anterior, entre otras razones, porque la parte actora demandó el incumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales de seguridad y vigilancia, sin tomar en cuenta que la acción procesal correspondiente para ello se encuentra regulada en el Código Civil para el Distrito Federal y, por ende, corresponde la vía ordinaria civil del orden local.
19. En contra de dicha determinación, la parte actora interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido y posteriormente calificado como infundado. Inconforme, la Policía Auxiliar del Distrito Federal promovió amparo directo. Una vez agotados los trámites legales, el diez de mayo de dos mil doce, el referido Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó conceder el amparo solicitado y, en lo que aquí interesa, sostuvo lo siguiente:
a) A diferencia de lo resuelto por la Jueza Civil, la demanda inicial no se basó propiamente en el contrato de prestación de servicios profesionales de vigilancia, sino en realidad la entonces actora demandó el pago de la cantidad de **********, amparada por la factura-pagaré que se había exhibido como base de su acción, del interés legal y de los gastos y costas correspondientes.
b) La factura-pagaré no fue objetada por la demandada; sin embargo, la Jueza responsable no lo advirtió, aunque de cualquier manera analizó si el pagaré cubría o no los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a pesar de que no era necesario dadas las condiciones de la demanda y la naturaleza de la acción intentada. A su juicio, los elementos constitutivos de un título de crédito es un tema de fondo que, al igual que la abstracción o autonomía de un pagaré con el contrato, deben ser materia de excepciones y no de razones para desechar la demanda.
c) Para el Colegiado, con el análisis de los documentos aportados en la demanda, se estaba en aptitud de ponderar su viabilidad mercantil y el consecuente análisis de su tramitación en alguna de las vías mercantiles, agregando que con ello se podría "delimitar la posible controversia en la que entonces, dada la naturaleza de la vía y acción intentada, atribuida a la causa origen de los títulos de crédito, sí se podrían analizar los temas a los que ilegalmente se anticipó la juzgadora responsable, todo lo cual, evidentemente conlleva a la jurisdicción concurrente en materia mercantil ... en donde se faculta a los litigantes a presentar sus demandas ante el juzgado de fuero federal o local, a su elección, cuando se trata de asuntos en los que, como en la especie sucede, se aplica una ley federal, esto es, el Código de Comercio".
d) En consecuencia, se concedió el amparo a la quejosa para que la Jueza responsable dejara sin efectos la sentencia combatida y en su lugar dictara otra en la que, conforme a sus atribuciones, resolviera los agravios sometidos a su potestad, en el entendido de que el documento base de la acción lo es la factura-pagaré exhibida por la actora.
II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
20. Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado resolvió el amparo directo 240/2012, promovido por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a través de su representante legal, en contra de un acuerdo de la Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, por el cual se desechó la demanda del juicio ordinario mercantil **********.
21. En este asunto, el apoderado legal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal demandó en la vía ordinaria mercantil a **********, entre otras prestaciones, el pago de cierta cantidad de dinero consignada en una factura-pagaré no pagada, correspondiente a un contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia.
22. La Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal conoció del asunto, lo registró bajo el expediente ********** y, mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil doce, desechó la demanda declarándose legalmente incompetente para conocer del juicio en razón de fuero, por las mismas razones detalladas anteriormente.
23. En desacuerdo con dicha determinación, la parte actora promovió amparo directo. Agotados los trámites legales, el veintiséis de abril de dos mil doce, el citado Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió negar el amparo solicitado y, en lo que aquí interesa, sostuvo los siguientes razonamientos:
a) Los conceptos de violación resultaron infundados, toda vez que contrario a lo que alega la parte quejosa, fue acertado que la autoridad responsable considerara que las prestaciones que se demandaron no son mercantiles. En principio, porque la base de la acción es el contrato; es decir, las obligaciones incumplidas derivan de un contrato.
b) Si bien es cierto que se exhibió un formato de pagaré al calce del documento base de la acción, también lo es que es la base de la acción y el mismo no se llenó ni se firmó, por lo que no puede tener efecto de título de crédito.
c) Las facturas son documentos privados que detallan la calidad, cantidad y precio de los productos o servicios, sin que su emisión sea exclusiva de los comerciantes y cuyo contenido refleja un simple acuerdo de voluntades entre las partes, por lo que no todas las facturas son actos de comercio.
d) En ese sentido, la prestación de servicios de seguridad y vigilancia por parte de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal no es un acto de comercio. La seguridad pública tiene como finalidad mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y los bienes de éstas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, colaborar con la investigación y persecución de delitos y auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. Así, la Policía Auxiliar actúa como complemento de la Policía Preventiva y, por tanto, actúa en coordinación con ésta, por lo que no hace funciones de comerciante ni ejecuta actos de comercio.
e) La prestación de servicios de seguridad y vigilancia por parte de la Policía Auxiliar del Distrito Federal tampoco se puede estimar como un acto de prestación de servicios de seguridad de naturaleza privada, de conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
f) Del contrato base de la acción de origen se advierte que la beneficiaria de la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia es una sociedad anónima de capital variable, lo cual es un indicio de su naturaleza mercantil; sin embargo, no se aprecia que la actividad mercantil preponderante de esa sociedad sea la de contratar servicios de seguridad y vigilancia o que esos servicios sean determinantes en el tráfico comercial de los productos o servicios que presta la misma, tanto es así que en el contrato de prestación de servicios se estableció que tal sociedad se dedica a la distribución de solventes.
g) En consecuencia, el derecho derivado de dicha prestación de servicios de seguridad no puede ser materia de un juicio mercantil al no tener la característica absoluta o condicionada de mercantil, en atención a que quien la realizó no es un comerciante y si bien existe un indicio de que el beneficiario del servicio es una sociedad mercantil, también lo es que nunca se acreditó que dicha empresa se dedicara a la contratación de servicios de seguridad y vigilancia o que la misma fuera determinante para su actividad comercial.
24. Por otro lado, el mismo Primer Tribunal Colegiado también conoció del amparo directo 247/2012, promovido por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a través de su apoderado legal, en contra de un acuerdo de la Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en virtud del cual se desechó la demanda del juicio oral mercantil **********.
25. En este caso, se demandó en la vía oral mercantil a ********** y a **********, entre otras prestaciones, el pago de cierta cantidad de dinero consignada en un cheque. La Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal conoció del asunto, lo registró bajo el expediente ********** y, mediante acuerdo de veintinueve de febrero de dos mil doce, desechó la demanda por falta de legitimación del promovente, al considerar que no existía identidad entre la parte actora (Policía Auxiliar del Distrito Federal) y aquella que tenía el derecho consignado en el título de crédito (Gobierno del Distrito Federal).
26. Inconforme, la Policía Auxiliar del Distrito Federal promovió amparo directo. Una vez agotados los trámites legales correspondientes, el veintiséis de abril de dos mil doce, el mencionado Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió negar el amparo solicitado y, en lo que aquí interesa, sostuvo que:
a) La Jueza de Distrito responsable, al proveer lo conducente en relación con la demanda que presentó la Policía Auxiliar del Distrito Federal determinó que la acción de pago que se demandaba en la vía oral mercantil estaba fundada en un cheque que había expedido a favor del Gobierno del Distrito Federal y que no había sido transferido a la accionante a través de algún endoso u otro medio de transmisión; lo cual era indispensable para que pudiera ejercer el derecho consignado en el documento.
b) Al no existir identidad de la parte actora con aquella que tiene el derecho consignado en el título de crédito, la primera carecía de facultades para promover el juicio por falta de legitimación.
III. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
27. El Segundo Tribunal Colegiado conoció del amparo directo 254/2012, promovido por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a través de su apoderado legal, en contra de un acuerdo de la Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal por el cual se desechó la demanda del juicio ordinario mercantil **********, toda vez que la parte actora no acreditó la legitimación con la que compareció al juicio.
28. El órgano colegiado, mediante resolución de nueve de abril de dos mil doce, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo directo, con base en las siguientes consideraciones:
a) Carecía de competencia legal para conocer de la demanda, en virtud de que el acto reclamado consistió en el auto de dos de marzo de dos mil doce, emitido por la Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el juicio ordinario mercantil ********** promovido por conducto del apoderado legal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, por el que se desechó la demanda natural al no acreditarse la legitimación con la que compareció al juicio en relación con el documento exhibido como base de la acción.
b) En contra de la resolución del Juez de Distrito procedía interponer el recurso de revocación, conforme lo establecido por el artículo 1334 del Código de Comercio.
IV. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
29. El Cuarto Tribunal Colegiado resolvió el amparo directo 230/2012, promovido por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a través de su apoderado legal, en contra de un acuerdo de la Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en virtud del cual se desechó la demanda del juicio oral mercantil **********.
30. En este caso, el representante de la Policía Auxiliar del Distrito Federal demandó en la vía oral mercantil a **********, entre otras prestaciones, el pago de cierta cantidad de dinero consignada en diversas facturas-pagarés y con motivo de la prestación de servicios de seguridad y vigilancia.
31. La Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal conoció del asunto, lo registró bajo el expediente ********** y, mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil doce, desechó la demanda declarándose legalmente incompetente para conocer del juicio en razón de fuero. Lo anterior, entre otras razones, porque la parte actora demandó el incumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales de seguridad y vigilancia, sin tomar en cuenta que la acción procesal correspondiente para ello se encuentra regulada en el Código Civil para el Distrito Federal y, por ende, corresponde la vía ordinaria civil del orden local.
32. Inconforme, la parte actora promovió amparo directo. Agotados los trámites legales, el doce de abril de dos mil doce, el citado Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió negar el amparo solicitado y, en lo que aquí interesa, sostuvo los argumentos que siguen:
a) Fue correcto que la Jueza de Distrito haya considerado que la acción ejercida fue la de cumplimiento de contrato, dado que el pago se reclamó en virtud de que entre las partes se celebró un contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia.
b) Las facturas-pagarés exhibidas por la parte actora en el juicio natural no constituyen un título de crédito, al carecer de los requisitos previstos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dado que para estar en presencia de un pagaré, no basta la existencia de la referida leyenda, sino que debe coexistir la firma de quien se obliga incondicionalmente al pago en los términos que en el propio escrito se expresan, lo cual no aconteció en el caso de los documentos presentados por la Policía Auxiliar del Distrito Federal.
c) La Policía Auxiliar forma parte complementaria de la Policía del Distrito Federal y ésta a su vez es integrante de la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia de la administración pública centralizada del Distrito Federal. Si bien puede llevar a cabo funciones de derecho privado, como la celebración de contratos en virtud de los cuales presta sus servicios de seguridad y vigilancia a personas físicas o jurídicas, ello no implica que su actividad pueda considerarse de comercio: en primer lugar, porque la referida actividad no puede estimarse lucrativa y, en segundo lugar, debido a que la ley no lo reputa como acto de comercio.
d) En principio, no es acto de comercio, pues no se prevé expresamente en el artículo 75 del Código de Comercio; además, tampoco encuadra en la fracción IV de tal artículo ("La ley reputa actos de comercio: ... Los actos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio"), toda vez que no es el Estado Mexicano el que contrató con la empresa demandada, sino la Policía Auxiliar. Al contrario, consiste en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con una sociedad mercantil en virtud de un contrato en el cual la Policía Auxiliar actuó en un plano de igualdad (desprovisto de poder público).
e) Tampoco se actualiza el supuesto normativo previsto en el artículo 1050 del Código de Comercio, conforme al cual si para una de las partes que intervienen en un acto éste es de naturaleza comercial, y para la otra es de características civiles, la controversia se deberá llevar de acuerdo a las leyes mercantiles. Lo anterior, toda vez que si bien la persona demandada es una sociedad mercantil, en el caso concreto, como se evidenció, no se actualiza un acto de comercio para ninguna de las partes.
V. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
33. El Sexto Tribunal Colegiado resolvió el amparo directo 246/2012, cuya principal materia consistió en el análisis de un acuerdo de la Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, por el cual se desechó la demanda del juicio oral mercantil **********.
34. En este caso, el apoderado legal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal demandó en la vía oral mercantil a **********, entre otras prestaciones, el pago de cierta cantidad de dinero amparada en diversas facturas-pagarés que derivaron de la prestación de servicios de seguridad y vigilancia.
35. La Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal conoció del asunto, lo registró bajo el expediente ********** y, mediante acuerdo de veintinueve de febrero de dos mil doce, desechó la demanda declarándose legalmente incompetente para conocer del juicio en razón de fuero. Lo anterior, como consecuencia de las mismas razones antes apuntadas; es decir, porque la parte actora demandó el incumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales de seguridad y vigilancia, sin tomar en cuenta que la acción procesal correspondiente para ello se encuentra regulada en el Código Civil para el Distrito Federal y, por ende, corresponde la vía ordinaria civil del orden local.
36. En desacuerdo, la parte actora promovió amparo directo. Una vez agotados los trámites legales, el veinticinco de abril de dos mil doce, el citado Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió negar el amparo solicitado y, en lo que aquí interesa, sostuvo que:
a) La actora pretendió instar un juicio oral mercantil y no una acción cambiaria en la vía ejecutiva, en la que hubiere buscado hacer efectivos derechos consignados en títulos de crédito; además de que los documentos aportados como base de su acción no reunían los requisitos para ser considerados como títulos de crédito.
b) Tales documentos consisten en facturas elaboradas en formato oficial, con logotipos y membretes del Gobierno del Distrito Federal que señalan como usuario a la empresa demandada, especificándose la descripción del servicio y el importe del mismo. Si bien dichas facturas tienen insertas la leyenda de "pagaré", no se observan otros elementos del título de crédito como la persona que se obliga ni la firma de quien lo haya suscrito.
c) El contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia celebrado entre la empresa demandada y la Policía Auxiliar no constituye un acto de comercio para ninguna de las dos partes.
d) En principio, la prestación del servicio de seguridad y vigilancia carece de la característica de mercantil en atención a que el ente que lo realizó no es un comerciante. Aunque existe un indicio de que la beneficiaria del servicio es una sociedad mercantil, lo cierto es que no se acreditó que dicha empresa se dedique a la contratación de servicios de seguridad y vigilancia o que la misma fuera determinante para su actividad comercial.
e) Por otro lado, la Policía Auxiliar del Distrito Federal no es un comerciante ni la prestación de seguridad y vigilancia se puede considerar como un acto de prestación de servicios de naturaleza netamente privada.
f) El artículo 6o. de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública dispone que la policía es una institución armada, disciplinada y jerarquizada de naturaleza civil, garante de los derechos y de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en el desempeño de sus funciones y cuyos integrantes están sujetos al régimen que la ley dispone.
g) Con base en lo anterior, entre las atribuciones que la ley reconoce a las Direcciones Generales de la Policía Bancaria e Industrial y a la Policía Auxiliar están las de celebrar los contratos de prestación del servicio con personas físicas o morales y determinar el costo de los servicios que presten. Los ingresos que se generen por los servicios prestados por esa clase de policía no se estiman como ganancias comerciales y deberán enterarse a la Tesorería del Departamento, ya que el artículo 12 del Código Fiscal del Distrito Federal establece que son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el Distrito Federal en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado.
h) Así, la Policía Auxiliar es un órgano integrante de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene como tarea la prestación de servicios de seguridad, vigilancia, guarda y custodia de personas y bienes, lo que puede realizar tanto a favor de otras entidades públicas como de particulares (personas físicas y morales), todo ello mediante la celebración de contratos con ese objeto y la fijación de una contraprestación en dinero que se considerará como producto.
i) En ese sentido, esa clase de contratos de prestación de servicios de seguridad y vigilancia, pese a que se celebran por una entidad pública, "en realidad incumben a las funciones de derecho privado de ésta, pues con ellos se establecen relaciones jurídicas de coordinación entre los contratantes, en igualdad de circunstancias, como si se tratara de dos particulares, lo que extrae a esa clase de contratación del ámbito del derecho público, particularmente del administrativo, y la coloca en el del derecho civil".
j) En suma, la prestación del servicio de seguridad y vigilancia por parte de la Policía Auxiliar no tiene la característica de mercantil sino civil, en atención a que quien la realizó no es un comerciante ni se puede reputar como un acto de comercio: primero, porque no se encuentra contemplado expresa o implícitamente en el artículo 75 del Código de Comercio y, segundo, toda vez que dicha prestación carece de naturaleza enteramente privada, ya que forma parte de las potestades públicas de una entidad dependiente de la administración pública (cuya ocupación ordinaria no es el comercio, sino el complementar a la policía preventiva en su actividad de seguridad pública) y la actividad no tiene como finalidad el lucro, especulación comercial o ganancia.
VI. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
37. El Séptimo Tribunal Colegiado resolvió el amparo directo 242/2012, promovido por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a través de su apoderado legal, en contra de un acuerdo de la Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal por el cual se desechó la demanda del juicio oral mercantil **********.
38. En este caso, el apoderado legal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal demandó en la vía oral mercantil a **********, entre otras prestaciones, el pago de cierta cantidad de dinero consignada en siete facturas-pagaré que derivaron del otorgamiento de servicios de seguridad y vigilancia.
39. La Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal conoció del asunto, lo registró bajo el expediente ********** y, mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil doce, desechó la demanda declarándose legalmente incompetente para conocer del juicio en razón de fuero. Las razones fueron exactamente las mismas que en los casos anteriores.
40. Inconforme, la parte actora promovió amparo directo. Finalizados los trámites legales, el cuatro de mayo de dos mil doce, el citado Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió negar el amparo solicitado y, en lo que aquí interesa, sostuvo lo siguiente:
a) La retribución económica por la prestación de sus servicios de seguridad y vigilancia no tiene la característica de la especulación comercial, ya que no implica directamente una actividad lucrativa o ganancia para la Policía Auxiliar. Conforme al segundo párrafo del artículo 6o. de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, los ingresos obtenidos por los servicios prestados deben enterarse a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal y será ésta en último caso quien de acuerdo al artículo 310 del Código Fiscal podría destinar dichos productos para la Policía Auxiliar.
b) Al no existir especulación comercial, no es posible considerar la prestación de servicios de seguridad y vigilancia como acto de comercio, atento a lo dispuesto en las fracciones I y IV del artículo 75 del Código de Comercio y, por ende, no resulta aplicable al caso lo dispuesto en el diverso precepto 1049 del mismo ordenamiento, en el sentido de que son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar o decidir controversias que en atención a los artículos 4o., 75 y 76 del mismo código se deriven de los actos comerciales.
c) El hecho de que la acción se haya basado en ciertas facturas-pagarés, no acredita por sí sola que la vía idónea sea la mercantil, pues aun cuando pudiera ser cierto que las facturas son propias de actos de comercio y corresponden a títulos de crédito, no puede pasarse inadvertido que en las citadas facturas-pagarés lo único que se documentó fueron los servicios de seguridad y vigilancia proporcionados a la empresa demandada.
d) En esa tónica, dado que el contrato de prestación de servicios se encuentra regulado en el Código Civil para el Distrito Federal, en su título décimo, capítulo II, en los artículos 2606 al 2615, pero no en el Código de Comercio ni en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el reclamo por incumplimiento de pago se debe ejercer en la vía civil ordinaria.
e) Así, a pesar de que la expedición de facturas-pagarés,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24695-a5049d40/policia-auxiliar-del-distrito-federal-las-obligaciones-adquiridas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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