Corpus
Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. LA DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y SU REMISIÓN A OTRA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA NI UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2012. · Registro digital (IUS): 23838
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINA
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, Pág. 1126.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA. 23 DE MAYO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE CHIGO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden agrario, materia de la exclusiva competencia de la propia Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.

TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima disímbolos.

Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el dos de marzo de dos mil once el juicio de amparo directo **********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"CUARTO. Previo al pronunciamiento respectivo, este Tribunal Colegiado considera conveniente dilucidar la procedencia del presente juicio de amparo directo, promovido por la parte quejosa en contra de la resolución de tres de agosto de dos mil diez pronunciada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 37, con residencia en la ciudad de Puebla, en el expediente agrario número ********** y sus acumulados, en la cual el Tribunal Agrario oficiosamente determinó su incompetencia para conocer del mencionado juicio agrario, declinándola a favor de un tribunal civil del orden común, como se desprende de los resolutivos de la resolución reclamada, que enseguida se transcriben: ‘PRIMERO. No se aprueba el convenio celebrado el treinta de marzo del dos mil nueve, entre la C. **********, representante legal de los actores y los órganos de representación del ejido de **********, Municipio de Calpan, Estado de Puebla, parte demandada, respecto de las superficies que cada uno de los actores tiene en posesión y que se ubican dentro de la colonia **********, mismas que ya fueron expropiadas por decreto presidencial del ocho de febrero de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once del mismo mes y año; lo anterior de conformidad con lo vertido en la parte considerativa del presente fallo. SEGUNDO. En virtud de que la superficie materia del convenio fue expropiada mediante decreto presidencial de fecha once de febrero de mil novecientos noventa y tres, este tribunal no es competente para conocer del presente asunto, ya que las tierras salieron del régimen ejidal; por lo que debe remitirse al honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para que lo turne al Juzgado de lo Civil correspondiente para su conocimiento y resolución. TERCERO. Notifíquese personalmente a las partes del presente fallo, entregándoles copia certificada de la presente sentencia; así como a la representante del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. CUARTO. Una vez que cause estado la presente sentencia; háganse las anotaciones del estilo en el libro de gobierno; y, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.’ (fojas 1398 y 1399). Ahora bien, de los antecedentes del juicio agrario ********** y sus acumulados, se desprende que la parte actora demandó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 37, las siguientes: ‘Pretensiones: A) La nulidad del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, celebrada el día 31 treinta y uno de julio de 1997 mil novecientos noventa y siete, en el poblado de San Andrés Calpan, Municipio de su mismo nombre, esto por cuanto hace única y exclusivamente a la aprobación del polígono correspondiente a las áreas de uso común del poblado en comento efectuada por parte de la asamblea de ejidatarios población a la cual pertenezco, toda vez que al ser medida dentro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), no se tomó en consideración en la misma, que la superficie que detento y tengo en posesión corresponde a un área de asentamiento humano. B) La delimitación correcta de la superficie que corresponde a las tierras de uso común del ejido de **********. De de (sic) la que se tendrá que segregar el área de asentamiento humano que de hecho existe, esto en virtud de que por razones que desconozco la misma fue medida en forma equivocada dentro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), tal y como lo acreditaré en el momento procesal oportuno. C) Como consecuencia de las pretensiones anteriores, seguido que sea el procedimiento legal en la presente causa, se determine, ordenar al delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, la inscripción de los productos cartográficos relativos a la modificación del polígono de tierras de uso común, así como el reconocimiento de la zona de asentamiento humano, y la correspondiente expedición del título de propiedad que me corresponde respecto del solar que tengo en posesión, mismos que contendrán las normas técnicas que rige dicha institución’ (foja 1). Seguido el trámite correspondiente, con fecha tres de agosto de dos mil diez, el Tribunal Unitario Agrario responsable emitió resolución (fojas 1370 a 1399), la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, con los resolutivos anteriormente transcritos. De lo antes relacionado se observa que, el Tribunal Unitario Agrario de manera oficiosa determinó su incompetencia para conocer del juicio agrario y acumulados, al considerar que las tierras en conflicto salieron del régimen ejidal; por lo que ordenó se remitieran los autos del juicio al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que los turne al Juzgado Civil que corresponda para su resolución. Ahora bien, para determinar la procedencia del juicio de amparo en la vía directa o indirecta debe necesariamente atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese tenor, cuando se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior; y de no actualizarse ninguno de estos supuestos, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Por su parte, la competencia para conocer de un juicio de amparo directo se encuentra establecida en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal y 158 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: (se transcriben). A su vez, los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: (se transcriben). De la interpretación de las disposiciones transcritas, se observan los supuestos en que los Tribunales Colegiados son competentes para conocer en la vía directa de los juicios de amparo que se dan cuando los actos reclamados consistan en: 1) una sentencia definitiva o 2) en una resolución que ponga fin al juicio. Así por sentencia definitiva debe entenderse para los efectos del amparo directo, aquella que decide el juicio en lo principal, respecto de la cual no procede recurso ordinario en su contra, y por resolución que pone fin al juicio, aquella que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido y respecto de la cual las leyes comunes tampoco conceden recurso ordinario alguno. Ahora bien, la declaración de incompetencia del tribunal responsable del juicio agrario de origen y que remite los autos a la autoridad jurisdiccional local que estima competente, es una resolución que pone fin al juicio, sin decidirlo en lo principal, pues en ese estado procesal es condición sine qua non que ya no pueda continuarse el juicio ante el Tribunal Agrario, en virtud de que dicha determinación implica, sin prejuzgar sobre la procedencia o aceptación de la competencia de la tramitación o no del juicio en el orden común, una desvinculación por parte del Tribunal Unitario Agrario en cuanto a la aplicación de las disposiciones legales respectivas, en consecuencia, es procedente el juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción V, constitucional y 44, 46, y 158 de la Ley de Amparo. En efecto, la resolución dictada por el tribunal responsable, constituye un acto que pone fin al juicio, porque a partir de su emisión el juicio agrario para todos los efectos legales concluyó, pues incluso el Tribunal Unitario Agrario, en el punto resolutivo cuarto de la resolución reclamada, ordenó que en su momento se archive el ‘asunto como total y definitivamente concluido’, es decir, con tal determinación impide en forma absoluta la prosecución del juicio agrario de origen y sus acumulados, la cual no admite recurso ordinario alguno que pueda modificarla o revocarla, tampoco decide el juicio en lo principal y da por concluida la jurisdicción del Tribunal Agrario; en consecuencia, en su contra sí resulta procedente el amparo en la vía directa. No es óbice a lo anterior, el hecho de que en la especie el tribunal civil del orden común no se haya podido pronunciar respecto de la competencia declinada a su favor, en tanto que los autos se encuentran aquí retenidos, pues para todos los efectos legales ha concluido el juicio agrario de conformidad con la resolución reclamada, consecuentemente, en aras de la garantía de la impartición de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional, corresponde a este Tribunal Colegiado de Circuito entrar al estudio de fondo del juicio de amparo, al encuadrar la resolución reclamada en la hipótesis legal prevista en el artículo 158 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, por igualdad de razón y en lo conducente, la jurisprudencia 30 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 120, Tomo XXX, septiembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA FUNDADA POR ESTIMAR QUE EL COMPETENTE ES UN JUEZ EXTRANJERO PONE FIN AL JUICIO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). Una vez que ha quedado justificada la procedencia del presente amparo directo, corresponde analizar el fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer son fundados, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo establecido en los artículos 76 Bis, fracción III, y 227 de la Ley de Amparo. ..."

De esa ejecutoria derivó la tesis que a continuación se identifica y transcribe:

"Registro: 162361

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXIII, abril de 2011

"Materia: común

"Tesis: VI.1o.A.316 A

"Página: 1316

"INCOMPETENCIA DECLINADA POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO EN FAVOR DE UN TRIBUNAL CIVIL DEL ORDEN COMÚN EN FORMA OFICIOSA. ES UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONE FIN AL JUICIO AGRARIO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. La declaración de incompetencia del juicio de origen por parte del Tribunal Unitario Agrario, en forma oficiosa, y que ordena remitir los autos a la jurisdicción local civil, es una resolución que pone fin al juicio, sin decidirlo en lo principal, pues en ese estado procesal es condición sine qua non que ya no pueda continuarse el juicio ante el citado tribunal, en virtud de que dicha determinación implica, sin prejuzgar sobre la procedencia o aceptación de la competencia de la tramitación o no del juicio en el orden común, una desvinculación por parte del Tribunal Unitario Agrario en cuanto a la aplicación de las disposiciones legales respectivas. Ello es así, porque a partir de la declaración de incompetencia, el juicio agrario para todos los efectos legales concluye, pues incluso se ordena el archivo del asunto en definitiva, lo que impide en forma absoluta su prosecución, determinación que no admite recurso ordinario alguno que pueda modificarla o revocarla, tampoco decide el juicio en lo principal y da por concluida la jurisdicción del Tribunal Agrario; en consecuencia, en su contra es procedente el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo."

Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el doce de enero de dos mil doce los juicios de amparo directo ********** y ********** (expedientes auxiliares ********** y **********, respectivamente), sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

Amparo directo **********

"ÚNICO. No se transcriben las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada, ni los conceptos de violación expuestos por el quejoso, toda vez que este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de este juicio de amparo directo, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III y V, incisos a) y c), respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por las razones que enseguida se precisan. Los artículos citados prescriben literalmente lo siguiente: (se transcriben). De la lectura de los artículos transcritos, se desprende que compete a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer del juicio de amparo directo, promovido contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, y respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados. Por su parte, el propio artículo 46 de la ley de la materia, también transcrito, define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resoluciones que ponen fin al juicio al citar que: sentencia definitiva es aquella que decide el juicio en lo principal y resolución que pone fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Además, tomando en consideración que para la procedencia del juicio de amparo directo, debe agotarse el principio de definitividad; esto es, agotar el recurso ordinario de defensa que pueda modificar o revocar la sentencia o resolución reclamada, previo a la promoción del juicio de amparo; en materia civil, como es el caso, el artículo en cita, establece que la sentencia definitiva puede ser la dictada en primera instancia, cuando los interesados renuncien a los recursos ordinarios procedentes, según lo permita la ley. De lo expuesto podemos concluir que la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, son las dos formas que de conformidad con la ley de la materia concluyen el proceso. Ahora bien, si en el juicio que nos ocupa el acto reclamado lo constituye la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil once, dictada por el Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito, con sede en Heroica Caborca, Sonora, con motivo del recurso de apelación que interpuso el actor del juicio civil, en contra de la sentencia del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Altar, Sonora, en la que dicho juzgador consideró, que por razón de materia era legalmente incompetente para conocer del asunto sometido a su consideración, debe decirse, de acuerdo con los preceptos analizados, que no es competencia de este tribunal, ya que no estamos en presencia de una sentencia definitiva, ni de una resolución que pone fin al juicio, porque la resolución apelada en la sentencia que se reclama, no decidió el juicio en lo principal, ni lo concluyó sin resolver el fondo (fojas 221 a 235 del toca de apelación; y fojas 841 a 846 del juicio de origen). En efecto, se considera que no estamos en presencia de una sentencia definitiva, porque en la sentencia apelada el juzgador de primer grado, omitió analizar el fondo del asunto, en relación con la acción interpuesta por la actora del juicio, denominada ‘interdicto de retener y recuperar la posesión’, toda vez que consideró, partiendo de las pruebas aportadas por las partes en el juicio civil, que el bien inmueble objeto de la controversia es presumiblemente un terreno de la nación y, en consecuencia, de conocimiento de los tribunales agrarios, razón por la que, como antes se dijo, declaró su legal incompetencia para conocer del asunto. Ahora, se estima que la declaración de incompetencia no puso fin al juicio, en la medida que no impide en forma definitiva a la parte actora la continuación de éste, pues la instancia abierta con la presentación de la demanda no queda definitivamente cerrada, ya que el Tribunal Agrario Distrito Veintiocho con sede en Hermosillo, Sonora (según precisó el Tribunal Superior al confirmar la sentencia apelada), respecto del cual se declinó la competencia, seguirá conociendo del asunto, esto es, de la pretensión formulada por el actor del juicio civil. Aquí es necesario precisar, que además de la declaración de incompetencia, en la sentencia apelada el Juez de primera instancia revocó las medidas provisionales decretadas en el juicio civil y condenó a la actora al pago de los gastos y costas; sin embargo, dicha actuación no modifica el criterio de esta ejecutoria, pues de acuerdo con lo que se vio, en la sentencia apelada del Juez primigenio no analizó la acción interdictal promovida por la actora del juicio civil, ni dio por concluida de manera definitiva la instancia; elementos necesarios para considerar a la sentencia reclamada como definitiva y, por ende, de competencia legal de este Tribunal Colegiado Auxiliar. En consecuencia, si la sentencia reclamada de diecisiete de agosto de dos mil once, sólo confirma la sentencia del Juez de primera instancia por la que dicho juzgador declaró su legal incompetencia para conocer del asunto, no constituye una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, sino un acto dictado dentro del juicio, cuyo conocimiento corresponde a un Juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política Federal que establece: ‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.’ y el diverso 114, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo que define lo siguiente: ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido’. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: ‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.’. (se transcribe). En mérito de lo anterior, este órgano colegiado auxiliar es legalmente incompetente para conocer de este juicio, razón por la que, se ordena remitir la demanda y sus anexos al Juzgado de Distrito en turno del Estado de Sonora, con residencia en Nogales; juzgado que ejerce jurisdicción territorial en el Distrito Judicial donde reside la autoridad responsable. No se desatiende que la competencia versa entre dos autoridades de distinto fuero y materia, lo que implica que la controversia pudiera resolverse con base en legislaciones sustantivas disímbolas; sin embargo, ello no es motivo para estimar que la resolución reclamada puso fin a (sic) juicio, pues de acuerdo con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, dicho aspecto sólo se actualiza cuando el procedimiento queda paralizado, lo que no sucede en la especie, pues éste habrá de continuar su tramitación ante el tribunal agrario respectivo. Tampoco, que por auto de treinta y uno de octubre de dos mil once, el presidente del Tribunal Colegiado auxiliado hubiese admitido la demanda de amparo, habida cuenta que en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que hace a los asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, su presidente sólo tiene atribuciones para dictar los acuerdos de trámite, mientras que al Tribunal en Pleno, corresponde decidir sobre la procedencia y fondo de los mismos, de modo que, el auto de presidencia que admite una demanda de amparo, es un acuerdo de mero trámite que no causa estado y, por ende, el Tribunal Pleno puede analizar nuevamente si es o no legalmente competente para resolver la controversia de garantías que se somete a su jurisdicción, y en caso de advertir que no lo es, así declararlo para remitir la demanda junto con sus anexos, a la autoridad competente. Ahora, no pasa desapercibido que **********, en su carácter de quejoso formuló alegatos y exhibió diversos documentos; sin embargo, dado el sentido de la presente ejecutoria, esto es, de la declaración de incompetencia legal para conocer del asunto, no es posible pronunciarse respecto de su contenido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se ..."

Amparo directo **********

"ÚNICO. No se transcriben las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada, ni los conceptos de violación expuestos por el quejoso, toda vez que este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de este juicio de amparo directo, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III y V, incisos a) y c), respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por las razones que enseguida se precisan. Los artículos citados prescriben literalmente lo siguiente: (se transcriben). De la lectura de los artículos transcritos, se desprende que compete a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer del juicio de amparo directo, promovido contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, y respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados. Por su parte, el propio artículo 46 de la ley de la materia, también transcrito, define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resoluciones que ponen fin al juicio al citar que: sentencia definitiva es aquella que decide el juicio en lo principal y resolución que pone fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Además, tomando en consideración que para la procedencia del juicio de amparo directo, debe agotarse el principio de definitividad; esto es, agotar el recurso ordinario de defensa que pueda modificar o revocar la sentencia o resolución reclamada, previo a la promoción del juicio de amparo; en materia civil, como es el caso, el artículo en cita, establece que la sentencia definitiva puede ser la dictada en primera instancia, cuando los interesados renuncien a los recursos ordinarios procedentes, según lo permita la ley. De lo expuesto podemos concluir que la sentencia definitiva y la resolución que ponen fin al juicio, son las dos formas que de conformidad con la ley de la materia concluyen el proceso. Ahora bien, si en el juicio que nos ocupa el acto reclamado lo constituye la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil once, dictada por el Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito, con sede en Heroica Caborca, Sonora, con motivo del recurso de apelación que interpuso el hoy quejoso, en contra de la sentencia del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Altar, Sonora, en la que dicho juzgador consideró, que por razón de materia era legalmente incompetente para conocer del asunto sometido a su consideración, debe decirse, de acuerdo con los preceptos analizados, que no es competencia de este tribunal, ya que no estamos en presencia de una sentencia definitiva, ni de una resolución que pone fin al juicio, porque la resolución apelada en la sentencia que se reclama, no decidió el juicio en lo principal, ni lo concluyó sin resolver el fondo (fojas 221 a 235 del toca de apelación; y fojas 841 a 846 del juicio de origen). En efecto, se considera que no estamos en presencia de una sentencia definitiva, porque en la sentencia apelada el juzgador de primer grado, omitió analizar el fondo del asunto, en relación con la acción interpuesta por la actora del juicio, denominada ‘interdicto de retener y recuperar la posesión’, toda vez que consideró, partiendo de las pruebas aportadas por las partes en el juicio civil, que el bien inmueble objeto de la controversia es presumiblemente un terreno de la nación y, en consecuencia, de conocimiento de los tribunales agrarios, razón por la que, como antes se dijo, declaró su legal incompetencia para conocer del asunto. Ahora, se estima que la declaración de incompetencia no puso fin al juicio, en la medida que no impide en forma definitiva a la parte actora la continuación de éste, pues la instancia abierta con la presentación de la demanda no queda definitivamente cerrada, ya que el Tribunal Agrario Distrito Veintiocho con sede en Hermosillo, Sonora (según precisó el Tribunal Superior al confirmar la sentencia apelada), respecto del cual se declinó la competencia, seguirá conociendo del asunto, esto es, de la pretensión formulada por el actor del juicio civil. Aquí es necesario precisar, que además de la declaración de incompetencia, en la sentencia apelada el Juez primigenio revocó las medidas provisionales decretadas en el juicio civil y condenó a la actora al pago de los gastos y costas; sin embargo, dicha actuación no modifica el criterio de esta ejecutoria, pues de acuerdo con lo que se vio, en la sentencia apelada del Juez primigenio no analizó la acción interdictal promovida por la actora del juicio civil, ni dio por concluida de manera definitiva la instancia; elementos necesarios para considerar a la sentencia reclamada como definitiva y, por ende, de competencia legal de este Tribunal Colegiado Auxiliar. En consecuencia, si la sentencia reclamada de diecisiete de agosto de dos mil once, sólo confirma la sentencia del Juez de primera instancia por la que dicho juzgador declaró su legal incompetencia para conocer del asunto, no constituye una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, sino un acto dictado dentro del juicio, cuyo conocimiento corresponde a un Juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política Federal que establece: ‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.’ y el diverso 114, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23838-9992582f/tribunal-unitario-agrario-la-determinacion-de-incompetencia-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.