CONTRATOS DE SUMINISTRO DE AGUA TRATADA CELEBRADOS ENTRE UN PARTICULAR Y UN ENTE DEL ESTADO. TIENEN NATURALEZA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 135/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIO: MARTÍN ALEJANDRO AMAYA ALCÁNTARA.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día veintidós de enero de dos mil veintiséis, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
ANTECEDENTES:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. El apoderado legal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila; quien tiene la calidad de parte tercera interesada en el amparo directo civil 138/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre dicho tribunal colegiado y los siguientes órganos jurisdiccionales:
Ver órganos jurisdiccionales 1
2. El tema de la posible contradicción, conforme a la denuncia presentada, consiste en dilucidar la “NATURALEZA DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE AGUA TRATADA, DETERMINAR SI CORRESPONDE A LA MATERIA ADMINISTRATIVA O MERCANTIL”.
3. SEGUNDO. Incompetencia de la Suprema Corte. De esa denuncia correspondió conocer a la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se radicó con el número de expediente 71/2025.
4. En el auto admisorio, la Presidenta del Alto Tribunal declaró que era improcedente la contradicción suscitada entre la Segunda Sala y, la Primera Sala. Ello conforme a su posición orgánica válidamente no puede darse una contradicción de criterios en términos del artículo 225 de la Ley de Amparo y desechó por notoriamente improcedente dicho asunto respecto de los órganos referidos.
5. En otro orden de ideas admitió a trámite la posible contradicción de criterios suscitada entre:
Ver órganos jurisdiccionales 2
6. Posteriormente mediante sentencia emitida el seis de agosto de dos mil veinticinco, declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de criterios ya que se trata de un diferendo de posturas suscitado entre tribunales colegiados de circuito respecto de los cuales la Región Centro-Norte y Centro-Sur ejercen competencia y jurisdicción por lo que a las mismas les corresponde conocer y resolver.
7. Por lo que, en lo que aquí interesa, señaló que al Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México le corresponde conocer respecto de lo siguientes criterios:
Ver criterios
8. Lo anterior es así, puesto que los Tribunales referidos anteriormente, pertenecen a la jurisdicción del Pleno Regional Centro-Norte, como lo establece el artículo 7 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regional, en los que prevé cuales son los circuitos que comprende la Región Centro-Norte.
9. Una vez establecida la competencia para conocer sobre la denuncia, la Segunda Sala se pronunció respecto de la contradicción de criterios 3/2016 emitida por el extinto Pleno del Trigésimo Circuito, la Segunda Sala señaló que sí tiene competencia para emitir pronunciamiento sobre este único criterio, sin embargo la declaró improcedente.
10. Pues en dicha instancia, una vez establecida la competencia a los Plenos Regionales Centro-Norte y Centro-Sur para resolver de la denuncia de las contradicciones de criterios ya mencionados, la referida Sala únicamente tuvo como criterio contendiente la ejecutoria dictada por el extinto Pleno, entonces, no existen las condiciones necesarias para integrar una auténtica contradicción de criterios.
11. TERCERO. Remisión de la denuncia. En ese sentido, ordenó remitir al Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la denuncia de contradicción de criterios respecto de los que se delegó su competencia.
12. CUARTO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de veintiséis de agosto de dos mil veinticinco se radicó el expediente, el cual se registró como contradicción de criterios 135/2025; asimismo, se determinó que este Pleno Regional se avocaría al conocimiento del asunto, por lo que hace a los siguientes criterios contendientes:
Ver contendientes
13. En esa misma actuación, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
14. De igual forma, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema a dilucidar; asimismo, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia del entonces magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
15. QUINTO. Informes. Por autos de veintinueve de agosto, dos y tres de septiembre, todos de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los informes solicitados por parte de los tribunales colegiados contendientes, en el sentido de que los criterios sustentados en los asuntos denunciados en contradicción, continúan vigentes, al no haber emitido alguno en contrario.
16. SEXTO. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio remitido por dicha Dirección General, en el que hizo del conocimiento que en el máximo tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática del presente asunto.
17. SÉPTIMO. Nueva integración. Por auto de presidencia de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio DGCSV/No. 007/2025 publicado por el Órgano de Adscripción Judicial, denominado “Adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como demás movimientos que se indican para la integración de los órganos jurisdiccionales federales”, del que se advierte que fueron designadas para integrar este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, las Magistradas Mónica Saloma Palacios, Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de esta anualidad.
18. OCTAVO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de siete de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual a la magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(1)
19. NOVENO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
CONSIDERANDO:
20. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo, décimo primero(2) y 107, fracción XIII,(3) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(6) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales(7) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(8) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Segundo, Octavo y Vigésimo Quinto Circuitos, todos comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno jurisdiccional al tratarse de materia administrativa. Así como el Acuerdo QUINTO del Acuerdo General 2/2025, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco.
21. Lo anterior resulta así, en razón de que el presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Segundo del Vigésimo Quinto Circuito, Segundo en Materias Penal y Administrativa; y, Segundo en Materias Civil y de Trabajo, ambos del Octavo Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.
22. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue realizada por el apoderado legal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila; quien tiene la calidad de tercera interesada en el amparo directo 138/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)
23. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
A. Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo civil 138/2020.
24. Antecedentes. Juicio ordinario mercantil. Una persona física, en la vía ordinaria mercantil, ejerció la acción interdictal para recuperar la posesión de servidumbre legal de acueducto, en contra del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Coahuila de Zaragoza (Simas), reclamando las siguientes prestaciones:
“(...)
a) Por la restitución en la posesión del derecho real constituido sobre la servidumbre legal de acueducto, establecida conforme a los dos contratos de suministros de aguas tratadas base de la acción, de fecha 15 de febrero de 2007, para el abastecimiento de 198 litros por segundo, de forma permanente, continua e ininterrumpida durante los 365 días del año, a favor del suscrito actor.
b) Por la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la desposesión o despojo efectuado por la demandada (sic), a costa de esta última como responsable de ello.
c) Por el pago de la indemnización, que se cuantificará en ejecución de sentencia, con motivo de los daños y perjuicios ocasionados por la demandada (sic), derivados de la indebida privación de la servidumbre legal de acueducto de la que se reclama su restitución, incluyendo en ello la instalación de medidor de fluido de agua tratada conducida por la servidumbre legal de acueducto establecida a favor del suscrito actor, esto conforme a los dos contratos de suministro base de la acción y por disposición expresa de los artículos 29 bis 6 de la Ley de Aguas Nacionales y 936 del Código Civil Federal.
d) Por la constitución y obtención de garantía para responsabilizar sobre la futura abstención de privar o despojar del derecho real consistente en la servidumbre legal de acueducto materia de la demanda, exhibiendo el plano de obra hidráulica debidamente autorizado por la Comisión Nacional del Agua que establezca definitivamente la servidumbre y con ello la instalación del respectivo medidor volumétrico para verificar el cumplimiento del suministro de líquido que ha de desplazarse por el acueducto.
e) Por la aplicación de medidas de aseguramiento para la restitución inmediata y urgente de la servidumbre legal de acueducto motivo de la demanda, mediante la inyección del suministro de agua tratada por el tubo conductor de la servidumbre, activando el flujo con el volumen regular de agua y su correspondiente rebombeo desde el cárcamo hasta el centro de captación del suscrito.
f) Por el requerimiento judicial directo al Gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila (sic), para conminarlo a no reincidir en la realización de cualquier tipo de acto privativo o despojante de la servidumbre legal de acueducto que se le reclama, bajo el apercibimiento de multa o arresto en caso de repetir nuevamente el despojo.
g) Por el pago de los gastos y costas que se generen con motivo de esta instancia. (...)”
25. Documentos base de la acción. Como hecho para instar su acción, el demandante manifestó que el quince de febrero de dos mil siete celebró dos contratos de suministro de aguas tratadas con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, en su carácter de organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando formalizados mediante escrituras públicas; inscritas ante el Registro Público de Derechos del Agua, en los cuales, se le impone una carga por un volumen de noventa litros por segundo y ciento ocho litros por segundo, respectivamente en cada contrato, constituyendo así derechos para recibir, captar, almacenar y usar aguas tratadas en actividades agrícolas en favor del actor, conducida a través de servidumbre legal de acueducto por medio de tubería subterránea de sesenta pulgadas, desde la planta tratadora de aguas residuales que tiene instalada la demandada, pasando por diverso cárcamo y rebombeada nuevamente hasta el centro de acopio establecido por el suscrito actor.
26. Radicación. De ese asunto le correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, quien el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la registró bajo el juicio ordinario mercantil expediente número ********, y la admitió a trámite.
27. Sentencia. Seguido el procedimiento en todas sus etapas procesales, el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el a quo, dictó sentencia en la que declaró improcedente la vía ordinaria mercantil, al considerar que la naturaleza de la pretensión era administrativa.
28. Recurso de apelación. En contra de dicha determinación, las partes interpusieron recurso de apelación, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito, con residencia en Torreón Coahuila, registrado con el número *******, quien el treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictó la sentencia que confirmó la resolución recurrida.
29. Juicio de amparo directo. Inconforme con esa resolución, el actor del juicio ordinario mercantil, promovió demanda de amparo directo, la cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, y mediante acuerdo de presidencia de cinco de marzo de dos mil veinte, lo registró con el número 138/2020, y lo admitió a trámite.
30. Sentencia. Posteriormente, el seis de mayo de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, concedió el amparo y protección de justicia federal, con base en las siguientes consideraciones:
“SÉPTIMO. Decisión judicial. De inicio, cabe precisar que la sentencia de segunda instancia tildada de inconstitucional se analizará a la luz de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, sin que en el caso pueda suplirse la deficiencia de la queja por tratarse de un asunto de naturaleza civil donde rige el principio de estricto derecho, en términos de la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veintidós, Tomo CXXXII, Cuarta Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
SE TRANSCRIBE
El quejoso señala como concepto de violación que el Magistrado responsable en la sentencia que constituye el acto reclamado toma como partida la integridad contractual y no el principio de prueba posesoria de los contratos de suministro contenidos en las escrituras ciento quince y ciento dieciséis, desviando el sentido de las normas reguladoras de los interdictos, pues considera que las acciones de esa naturaleza constituyen protección de derechos posesorios y no propiamente de responsabilidad contractual.
Manifiesta que el razonamiento vertido por el Magistrado responsable no atiende lo establecido legalmente para la naturaleza de la acción interdictal, llegando a una conclusión diversa de la contemplada en la norma, vulnerando lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues aduce que la base probatoria para la acción interdictal son medios que establezcan la posesión y su privación; que el objeto del juicio y su sentencia es recuperar la posesión de la servidumbre, y no controvertir los contratos de los cuales emana, pues lo que motivó la demanda fueron las obras hidráulicas del demandado que dañaron el tubo sobre el cual se desempeña la servidumbre legal de acueducto, a efecto de restablecerla, y no controvertir las cláusulas de los contratos de suministro, como lo hace ver el Magistrado responsable en su sentencia de apelación.
Refiere que lo anterior es así, ya que el Magistrado responsable hace un análisis y estudio de los contratos de suministro contenidos en las escrituras públicas ciento quince y ciento dieciséis, tomándolos en su integridad bajo sometimiento de su cláusulado y no como principio de prueba demostrativa de la posesión de la servidumbre legal de acueducto, con desapego a lo establecido por los artículos 75, fracción V, y 78 del Código de Comercio.
Es infundado lo expuesto por el impetrante, ya que el Magistrado responsable señaló con precisión que la acción que se ejerció en el juicio de origen fue la interdictal para recuperar la posesión de servidumbre legal de acueducto, y que con el objeto de atender dicha acción el Juez de Distrito analizó el contenido y naturaleza de los contratos de suministro comprendidos en las escrituras ciento quince y ciento dieciséis, ya que la referida acción se basa en lo pactado en ellos.
Determinación que a criterio de este Tribunal Colegiado es correcta, pues en atención a la naturaleza de la acción que se intentó, resulta necesario analizar el contenido de los contratos de suministro de aguas tratadas, pues en ellos es en donde se establecieron los derechos cuya restitución se solicita, de ahí que el estudio que se realizó respecto los contratos de suministro, no fue en el sentido de que se hayan controvertido las cláusulas de los mismos, como lo hace ver el impetrante, sino en atención a la acción interdictal que se intentó, ya que no pueden desvincularse de su estudio.
Por otra parte, argumenta el quejoso que el contrato de suministro es originalmente de naturaleza mercantil, ya que los contratantes participan en un plano de igualdad debido a que el ente paramunicipal (tercero interesado) se desenvuelve en un marco jurídico flexible, bajo principios de derecho privado al tener personalidad jurídica y patrimonio propio, contando con una mínima regulación que le permite estar alejado del sector público y con mayor cercanía al sector privado en sus relaciones jurídicas.
Que tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra- subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación, ello ya que en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro, tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión son propiamente privados.
Finalmente, arguye que el carácter de ente descentralizado de la administración municipal que asumió el tercero interesado dentro de los contratos de suministro, no lo caracteriza en un papel de autoridad, pues solo se actualiza cuando se ejerce soberanía estatal con imperio al sobrevenir del ejercicio de facultades económico coactivas, elemento que no es la causa del juicio ni fundamento de la acción interdictal.
Es fundado el concepto de violación expuesto, atendiendo a la causa de pedir, así como suficiente para conceder al quejoso la tutela constitucional que solicita, en atención a lo siguiente.
Para demostrar lo anterior, es necesario reiterar que en la sentencia reclamada, el Magistrado responsable determinó que:
Los contratos de suministro de aguas tratadas no se realizaron en un plano de igualdad contractual conforme lo establecido por los artículos 75, fracción V, y 78 del Código de Comercio, ya que de las escrituras ciento quince y ciento dieciséis, relativas a la protocolización de los contratos de suministro de aguas tratadas no se obtiene que ello haya sido así, pues se asentó que el demandado es un “...Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio ...”, por lo que no puede coincidirse en que dicha parte participara en los acuerdos de voluntades en un plano de igualdad.
Que del contenido de las escrituras no se obtiene que a los contratos se les otorgara el carácter de comerciales, pues si bien se pactó un monto respecto del suministro de aguas residuales, ello no implica que el mismo tenga fines de especulación comercial.
Que en la prestación identificada como inciso c) de la demanda, se solicitó la instalación de un medidor de fluido de agua tratada conducida por la servidumbre legal de acueducto, conforme a los dos contratos de suministro base de la acción, y por disposición expresa de los artículos 29 bis 6 de la Ley de Aguas Nacionales y 936 del Código Civil Federal.
Que el legislador dispuso que la autoridad del agua, tiene facultades para imponer servidumbres sobre bienes de propiedad pública o privada, y que para ello deberá observar el Código Civil Federal y las disposiciones legales administrativas; esto es, al regular la figura de la servidumbre, le reconoció el carácter de autoridad a quien la establece y determinó cuáles son las legislaciones que deben atenderse y entre ellas no se encuentra la mercantil.
Que la controversia tiene naturaleza administrativa porque versa sobre dos contratos de suministro de aguas tratadas, celebrado entre el actor y el demandado, este último en su carácter de órgano público descentralizado, que presta un servicio público y de utilidad social, de manera que la relación con el suministrado es de supra a subordinación y por lo mismo, el acuerdo se rige por las normas del ámbito administrativo.
Como sustento de su argumento citó la tesis de rubro: “ÓRGANOS DEL ESTADO. AL REALIZAR EL ESTUDIO OFICIOSO SOBRE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y LA LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES EN UN JUICIO, EL JUZGADOR DEBE DEFINIR SI AQUÉLLOS ACTÚAN CON EL CARÁCTER DE PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO.”.
Que si bien el artículo 75 fracción V, del Código de Comercio, contempla como actos de comercio, los realizados por las empresas de abastecimientos y suministros, el mismo se refiere a aquellas diversas de las que prestan un servicio como parte de su función en el área gubernamental enfocada a satisfacer las necesidades de la población, brindando un servicio a cargo del Estado.
En apoyo a su determinación citó las tesis de rubros:
SE TRANSCRIBE
Que no se trata del suministro de agua potable, sino de una servidumbre para recibir aguas tratadas, y por lo mismo no podría considerarse que la intervención de la autoridad del agua, se traduzca como un acto de coordinación voluntaria a fin de considerar que los contratos se firmaron en un plano de igualdad.
Los contratos de suministro de aguas tratadas que allegó el actor, aquí quejoso, para acreditar su acción interdictal para recuperar la posesión de servidumbre legal de acueducto, son del tenor siguiente:
SE DIGITALIZAN IMÁGENES
De lo anterior se advierte que el quejoso **** **** ********* ****** (usuario suministrado) y el organismo público descentralizado Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila (Simas- Torreón), celebraron contratos de suministro de aguas tratadas, en los que en su cláusula primera estipularon que el objeto del contrato era el suministro de aguas tratadas en forma permanente, continua e ininterrumpida durante los trescientos sesenta y cinco días de los años de su vigencia, que corresponden a los caudales 90 y 108 del usuario suministrado; mientras que en la cláusula cuarta de cada uno se estableció que el actor, aquí quejoso, se obligaba a pagar por el suministro de aguas tratadas la cantidad de treinta centavos por metro cúbico, mediante pagos vencidos efectuados en forma mensual, que el pago se determinaba tomando un cuenta el volumen suministrado durante el mes calendario, y que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, le notificaría al usuario suministrado mediante recibos o facturas que serían expedidos los primero diez días de cada mes calendario, los cuales se le entregarían en su domicilio.
Ahora bien, la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, reúso y disposición de aguas tratadas, está a cargo de los municipios de una entidad federativa, que a través de los sistemas municipales (en el caso Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza), en su carácter de organismos públicos descentralizados de la administración pública municipal, prestan el servicio de suministro de agua a los particulares asentados en cada municipio, en los términos de los convenios y contratos que para tal efecto se celebren.
En el entendido de que el contrato que celebra el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, con los particulares, a fin de proporcionar el servicio de agua, es un contrato de suministro, es decir, un acuerdo de voluntades celebrado entre la administración pública y el particular.
Y si bien es verdad que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, es un organismo público descentralizado, también lo es que el suministro de aguas tratadas se pacta a través de un contrato, que implica la estipulación de obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, lo que supone que, desde un punto de vista material, se recurra a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y usuario a esos efectos.
En el caso, el contrato de suministro de aguas tratadas debe ser entendido como un sistema de comercialización y distribución donde a una persona física se le proporciona a cambio de una contraprestación, el suministro de agua, de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas por el proveedor.
En ese sentido, el contrato que celebra Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, con las personas físicas o morales constituye un contrato de suministro, donde el prestador del servicio y los usuarios adquieren derechos y obligaciones recíprocas, bajo condiciones que fija el proveedor; obligaciones que consisten, centralmente, por parte del sistema municip
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33899-462d110a/contratos-de-suministro-de-agua-tratada-celebrados-entre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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