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COMPETENCIA CONCURRENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104 CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA CUANDO SE DEMANDA A UNA SOCIEDAD MERCANTIL LA RESCISIÓN DEL CONTRATO SOCIAL QUE SE CONSTITUYÓ CON LA APORTACIÓN DE TIERRAS DE USO COMÚN DE UN EJIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2013. · Registro digital (IUS): 24719
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2013-12-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Pág. 580.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO. 8 DE MAYO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE CHIGO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción IV, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados del mismo circuito en un tema en el que se involucra un asunto de naturaleza agraria, que corresponde a la materia administrativa de su especialidad.

No pasa inadvertido que de acuerdo con lo previsto en la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que, en tanto no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de otorgar certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticinco, con sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí, que fue parte en los conflictos competenciales ********** y ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado del referido circuito, respectivamente.

TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima disímbolos.

Así, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el veinte de diciembre de dos mil doce el conflicto competencial **********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"TERCERO. En el caso, debe declararse que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, es la autoridad legalmente competente para seguir conociendo del juicio promovido por el actor **********. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 125/99, ha señalado que para determinar cuál es la autoridad legalmente competente, por razón de materia, para conocer de un juicio, que se relaciona con el derecho a poseer un predio ejidal, se debe atender a ciertas cuestiones como a la calidad de las prestaciones que se reclaman; a la naturaleza del bien inmueble materia del litigio; a los antecedentes de la demanda y a las diversas pruebas que existan en autos. La jurisprudencia en cuestión es la siguiente: ‘COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CONOCER DE LAS ACCIONES QUE SE EJERCITEN SOBRE LA POSESIÓN DE PREDIOS PRESUNTAMENTE EJIDALES.’ (se transcribe). Como se ve, en este criterio jurisprudencial se concluye en que los tribunales agrarios son competentes para conocer de un juicio en que se ejerciten acciones, aparentemente de derecho privado, pero relacionadas con la posesión de bienes presuntamente ejidales, con base en dos premisas, que son: a) que una de las partes es un sujeto de derecho agrario y, b) que la acción recae sobre un presunto predio ejidal. En la especie, es evidente que se actualizan esos dos supuestos, es decir, que el actor, ********** es sujeto de derechos agrarios, pues es ejidatario del **********, de este Municipio, lo cual quedó acreditado en autos con la copia certificada de su certificado de derechos agrarios, número ********** (foja 17); así también, con la misma documental, que ampara el 1.17% de la superficie de tierras de uso común, se demuestra la naturaleza del predio, cuya restitución pretende el actor. Ello es congruente con los planteamientos contenidos en el escrito de demanda inicial, como bien lo destacó el Juez Primero de Distrito en el Estado, de los que se advierte que ********** demandó a la sociedad mercantil ********** y otros, por las siguientes prestaciones: A) Por la rescisión del contrato de aportación de derechos ejidales a razón del 1.17% de derechos sobre las tierras de uso común del **********, respecto del predio ejidal referido en el décimo punto de la asamblea general de ejidatarios celebrada en fecha 11 de diciembre de 1994. B) La delimitación material y jurídica de 7-25-49.71 hectáreas de tierras ejidales, a razón del 1.17% de derechos sobre las tierras de uso común del **********, dentro del predio ejidal referido en el décimo punto de la asamblea general de ejidatarios celebrada en fecha 11 de diciembre de 1994. C) La restitución material y jurídica de una superficie aproximada de 7-25-49.71 hectáreas de tierras ejidales a razón de 1.17% de derechos sobre las tierras de uso común del **********, respecto del predio ejidal referido en el décimo punto de la asamblea general de ejidatarios celebrada en fecha 11 de diciembre de 1994; y, D) Por el pago de daños y perjuicios que me han sido causados con motivo del uso y disfrute de la superficie de 7-25-49.71 hectáreas de tierras ejidales a razón del 1.17% de derechos sobre tierras de uso común del **********, respecto del predio ejidal referido en el décimo punto de la asamblea general de ejidatarios celebrada en fecha 11 de diciembre de 1994. Además, en los apartados primero y tercero del capítulo de hechos de la demanda en cuestión, el actor expuso lo siguiente: ‘Primero. El suscrito soy ejidatario reconocido del núcleo agrario **********, condición que acredito en forma plena con la copia debidamente certificada de la constancia que al efecto me ha sido expedida por la delegación estatal del Registro Agrario Nacional, precisando que mi derecho y, por tanto, mi interés jurídico para promover este juicio se origina del fallecimiento de mi extinto padre el C. **********. ... Tercero. En fecha 11 de diciembre de 1994 se verificó en el **********, una asamblea general de ejidatarios, en la que entre otras cosas se acordó: Décimo punto. Posteriormente, teniendo a la vista el plano del ejido, se procedió a señalar y delimitar la superficie de tierras de uso común que se desean aportar a la sociedad **********, el comisariado ejidal procedió a identificar sobre el plano los puntos que la asamblea señaló como vértices de la superficie de tierra de uso común a aportar, de acuerdo al anexo técnico en el que se consigna que la superficie total del predio es de 620-08-30.43 hectáreas de las cuales 596-79-99.26 hectáreas corresponden a tierras de uso común y 23-28-31.17 hectáreas, de infraestructura y la descripción del polígono de esta superficie, así como el plano correspondiente. El presidente del comisariado ejidal sometió a consideración de la asamblea el señalamiento y delimitación de la superficie de tierras de uso común a aportar, el cual se aprueba con 77 votos a favor que representan el 99% de votos, 1 voto en contrario, que representa el 1% de votos. ... Décimo segundo. Punto A. A continuación el presidente de la asamblea que si tomando en consideración la opinión de la Procuraduría Agraria, el plano de tierra de uso común y el plano de delimitación de la superficie de tierras de uso común a aportar a la sociedad **********, en los términos de los artículos 23, fracción IX y 75 de la Ley Agraria, por lo que sometió a votación la aprobación de la aportación de las tierras de uso común, emitiéndose la siguientes a favor por 77 votos que representan el 99% de votos y 1 voto en contra. Finalmente, y en los términos del artículo 75, fracción III, de la Ley Agraria, el presidente preguntó a la asamblea si la aportación de tierras se efectúa por los ejidatarios individualmente considerados, de acuerdo al porcentaje que les corresponden, según sus derechos sobre las tierras de uso común aportadas o por el núcleo de población, para lo cual se sometió la primera propuesta que los ejidatarios participen de manera individual en la sociedad, aprobándose por 77 votos a favor que representan 99% de votos y 1 voto en contra.’. De lo anterior se desprenden, como se dijo, dos aspectos, estos son, que el actor en el juicio de origen tiene el carácter de ejidatario y que la superficie cuya restitución se pretende, al excluirse de la aportación a la sociedad mercantil **********, pertenece al ejido **********, de este Municipio de San Luis Potosí, por lo cual, en opinión de este Primer Tribunal Colegiado, la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor del tribunal agrario, sin que para ello sea óbice que la acción de rescisión que ejerce **********, en principio, pueda ser considerada de derecho privado, pues no es la acción la que define la competencia para conocer del juicio de origen, sino otras cuestiones. A mayor abundamiento, este tribunal estima conveniente transcribir parte de la ejecutoria de la que surgió la jurisprudencia por reiteración, antes citada, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente de competencia 481/98, entre el Juez Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Yautepec, Morelos, y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho en Cuernavaca, Morelos, ahora Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Nueve, en Cuautla, Morelos, en la que se explican claramente los conceptos de los que se ha venido tratando, para establecer cuál es el órgano jurisdiccional que (sic) conocer del juicio de origen. ‘Para determinar qué tribunal es el competente para conocer de un asunto en particular, se debe prescindir, por completo, del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al de competencias, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en pugna. Al actuar de este modo, es decir, prescindiendo del análisis de la relación jurídica entre el actor y demandado, se logra que la resolución que se dicte en el conflicto competencial, traiga como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para determinar la naturaleza de la resolución jurídica sustancial entre las partes del juicio natural y si encontrara que ésta corresponde a la materia de su especialidad, podrá entrar a estudiar el fondo del litigio; en caso contrario, deberá dictar la resolución que en derecho corresponda. Desde luego que no siempre es fácil establecer la naturaleza de la acción, sobre todo cuando se involucran actos, hechos, circunstancias o derechos que se regulan por diferentes ramas de la ciencia jurídica o por diversas codificaciones, como ocurre con las cuestiones patrimoniales de los campesinos, que si bien encuentran una amplia reglamentación en la Ley Agraria, que es de carácter especial, también pueden quedar comprendidas en el campo del derecho civil, que es de carácter general, como se colige de la lectura del artículo 69 de la Ley Agraria, que dice: «La propiedad de los solares se acreditará con el documento señalado en el artículo anterior y los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común. Para estos efectos los títulos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente.». En esos casos complejos, para establecer la naturaleza de la acción se debe atender preponderantemente, como ya se dijo, a la calidad de las prestaciones que se reclaman; a la naturaleza del bien inmueble materia del litigio; a los antecedentes de la demanda y a las diversas pruebas que existan en autos, pues generalmente éstas arrojan los datos necesarios para resolver el conflicto competencial. Así, por ejemplo, la sola mención de que se demanda la reivindicación de un inmueble para dar lugar a pensar que se ejercita una acción civil, porque tradicionalmente la acción real señalada es de esa clase; pero si además se toman en cuenta otros elementos de juicio, como son el hecho de que exista una demanda respecto al mismo bien inmueble, en el que la parte demandada es un núcleo de población ejidal, que el bien raíz controvertido lo constituye un terreno que puede estar incluido en una superficie dotada a un núcleo ejidal y, además, se aportan diversas pruebas documentales expedidas por autoridades agrarias; entonces, se debe concluir que la acción no es de carácter civil, sino que es agraria, y que de ella debe conocer un tribunal agrario. En el caso que nos ocupa, como quedó asentado en la narrativa de antecedentes de esta ejecutoria, el argumento toral en que se apoyó el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, para sostiene (sic) que el presente asunto es de su competencia, consistió en que en el fondo existe una cuestión agraria que puede tener repercusiones agrarias en los derechos de la comunidad ejidal a la que pertenece el predio materia de la litis, ya que el mismo se encuentra dentro del núcleo agrario de ********** y en consecuencia que es dicho órgano de la Federación el competente, por razón de la materia, para conocer del asunto que nos ocupa, de conformidad con la Ley Agraria. Es conveniente conocer el contenido de los artículos 163 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que expresamente establecen esta competencia, por lo que a continuación se transcriben: (se transcriben). La regla general contenida en este último precepto, nos lleva a concluir que la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios se vincula necesariamente con los bienes ejidales o comunales, es decir, tratándose de controversias o cuestiones en las que estén involucrados bienes de propiedad ejidal o comunal, o derechos de ejidatarios o comuneros, sin importar, inclusive, el carácter de la persona o ente contra el que se origine la controversia, es decir, no se toma en cuenta si una de las personas es particular, comunero o ejidatarios, sino su ámbito se extiende a la protección de la materia agraria. Por tanto, ese principio debe tenerse para resolver el presente conflicto competencial. Ahora bien, con el objeto de verificar la certeza de las razones esgrimidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, en el que se declara competente, es necesario acudir a las constancias que integran el expediente agrario del cual se desprende lo siguiente: ********** acudió ante la instancia común a demandar de **********, ********** y ********** todos de apellidos **********, la reivindicación del terreno rústico ubicado en las inmediaciones del **********, una superficie aproximada de 200 a 250 metros cuadrados, así como el pago de una pensión rentista, de los frutos, accesiones, daños y perjuicios ocasionados con motivo de la posesión de los demandados. Acompañando como documento fundatorio de su acción el primer testimonio de la escritura número 235, volumen V, de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y dos, expedido por el licenciado **********, notario público Número Cuatro de Cuautla, Morelos. Los demandados, al contestar la demanda, de modo esencial señalaron que es cierto que poseen el predio que se les reclama, pero que de ningún modo invadieron o desposeyeron del mismo a la actora, ya que son poseedores de buena fe y ocupan dicho predio desde hace más de veinticinco años, utilizándolo para casa habitación y para el desarrollo del comercio, amparados en la cesión de derechos que sobre dicho predio se realizó ante las autoridades ejidales competentes, y por la constancia expedida por el Registro Agrario Nacional, con la que se acreditó que dicho predio se encuentra dentro del núcleo agrario de **********, por tanto, no es propiedad particular, pues está incluido dentro del plano definitivo del **********. Ciertamente, a foja 22 de las copias certificadas de lo actuado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, dieciocho, en el expediente agrario **********, obra una copia de la constancia expedida por el Registro Agrario Nacional, en la que sustancialmente se lee: «**********, presente. En respuesta a su solicitud No. 1018 de fecha 26/febrero/98, sobre el predio denominado sin nombre, ubicado en la colonia **********; y con las siguientes características: ********** con ********** 46.48 mts. con ********** y ********** 33.02 mts. con ********** 33.53 mts. con **********. Para determinar si éste se encuentra comprendido dentro de la poligonal de algún núcleo agrario. Que una vez hecha la revisión y análisis de los documentos proporcionados por usted, y de la que obra en el protocolo de este organismo, me permito informarle lo siguiente: El predio se encuentra dentro del **********.». El Tribunal Unitario Agrario determinó que en razón de esta constancia, conforme a los antecedentes narrados por los promoventes y a las demás documentales exhibidas, se demostraba que el predio materia de la litis es un terreno de naturaleza ejidal y, por tanto, sujeto a las disposiciones de la Ley Agraria en vigor y a la competencia de los tribunales de esta materia. De esto se obtiene que si bien es cierto que la naturaleza de la acción ejercitada en el juicio ordinario es civil, pues el actor reclama la reivindicación de una superficie aproximada de 200 a 250 metros cuadrados, también lo es que de las prestaciones reclamadas y de los hechos descritos en la demanda, así como de las pruebas ya relacionadas, se advierte que la ocupación, por parte de los demandados, del terreno objeto del presente juicio, involucra cuestiones relacionadas con la materia agraria, ya que existen elementos suficientes para estimar que el bien inmueble cuya restitución se reclama, puede estar incluido dentro de los bienes que, en régimen de propiedad comunal, tiene en su poder el poblado de **********.’. No es obstáculo a lo anterior, lo argumentado por la titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, en el sentido de que las tierras de uso común de que se trata, dejaron de pertenecer al régimen ejidal, cuando fueron aportadas por el citado ejido a la sociedad mercantil **********; ello es así, porque precisamente la pretensión del actor es que la fracción sobre la que él tiene el 1.17% de derechos, sea segregada del contrato de aportación, que se delimite y se le restituya, todo ello, atendiendo al carácter propio del régimen agrario de tierras de uso común en el ejido citado. Luego entonces, es evidente que el reconocimiento de los derechos agrarios del actor y su restitución, de hecho y de derecho, así como el reconocimiento implícito de que se trata de tierras ejidales de uso común, no puede, lógicamente, ser determinado por autoridad distinta a la agraria. Tampoco puede sostenerse la competencia del Juez de Distrito, en el hecho de que así lo hubieran convenido las partes del contrato de aportación de derechos ejidales, en algunas de sus cláusulas, pues la competencia de los órganos jurisdiccionales, en cuanto a la materia, es una cuestión que atañe al orden público, que no puede ser convenida arbitrariamente por aquéllas. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia 59/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE LA, POR EL HECHO DE QUE EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE RENUNCIE AL FUERO COMÚN.’ (se transcribe). En cuanto a que el procurador agrario forma (sic) de los demandados, debe decirse que ello no condiciona en modo alguno la competencia de los juzgados del Poder Judicial de la Federación, para conocer del juicio de origen, toda vez que, como se señala en la ejecutoria parcialmente transcrita, la determinación de la competencia es ajena a la calidad de las partes. Atento a lo anterior, debe concluirse, como se dijo, que la autoridad para conocer del juicio de origen, en el que ********** ejerció la acción de rescisión de un contrato de asociación, mediante la aportación de una superficie de tierras de uso común, del **********, se surte a favor del Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, con residencia en esta ciudad capital, por lo que procede remitir el expediente respectivo y sus anexos, para que se avoque al conocimiento de la demanda agraria de que se trata. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 94, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y punto quinto, fracción II, del Acuerdo «Número» 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve siguiente, es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. Se declara legalmente competente al Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, con residencia en esta ciudad, conocer de la demanda promovida por **********. SEGUNDO. Con testimonio de esta resolución remítase al Tribunal Unitario Agrario Distrito 25 el expediente respectivo y sus anexos, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda, respecto a la demanda mencionada. ..."

Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el ocho de enero de dos mil trece, el conflicto competencial **********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"CUARTO. Para comprender mejor el asunto se destacan a continuación las razones medulares que tuvieron los órganos jurisdiccionales contendientes al declarar su incompetencia legal para conocer del asunto que aquí nos ocupa. El Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito considera que no es competente para conocer del juicio promovido por **********, porque atendiendo a la finalidad del concepto jurídico de la prestación principal que reclama, relativa a la rescisión del acta constitutiva de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, que conlleva la disolución de la relación jurídica existente entre el actor y la persona moral demandada, en virtud del incumplimiento de obligaciones contractuales, a saber, la falta de información de la situación de la empresa, el pago de dividendos y la inconclusa conformación del área urbano ejidal de 50-00-00-00 hectáreas de superficie, resulta evidente que el presente asunto deja de ser regulado por el derecho agrario, para ajustarse a la legislación del derecho privado, por tratarse de un conflicto entre dos particulares, en el que se dirime no la tenencia de la tierra ejidal, sino la actividad de la sociedad mercantil mencionada, misma que, en lo sustancial, se regula por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, el tribunal agrario destaca que dentro del acta constitutiva en cita se prevé en diversas cláusulas las consecuencias y la forma de actuar por los incumplimientos alegados por el actor, de donde se desprende que no existe parte alguna en ese contrato controvertido, en el que se establezca competencia a este tribunal agrario, mientras que de su redacción sí se desprende la legal competencia de los tribunales en materia de derecho privado. Por su parte, el Juez Tercero de Distrito en el Estado determinó no aceptar la competencia declinada por el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, porque en su concepto no corresponde a la materia mercantil el trámite del asunto planteado, pues basta analizar las prestaciones y sus causas para advertir que su origen se encuentra en la asamblea general de ejidatarios del **********, celebrada el once de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Aduce que la pretensión esencial del actor radica en rescindir el contrato que señala con la finalidad de que el predio que aportó a la sociedad demandada se le restituya y, con ello, se revierta su calidad jurídica a la agraria o ejidal que originalmente tenía. Así -dice-, el conocimiento de lo anterior es de naturaleza agraria, pues aunque se apoya en la rescisión de un contrato de derecho privado, el origen de tal contrato deriva del carácter ejidal del predio que fue aportado por el accionante, y su finalidad igualmente recae dentro del ámbito de la materia agraria, pues la restitución del predio implicará también que recobre su calidad ejidal que tenía. Señala que lo anterior se confirma con la pretensión accesoria que, en particular, reclama el accionante al **********, a través de su comisariado ejidal, consistente en la inscripción en el libro de actas del ejido de que aquél conserva la titularidad y el dominio de los derechos ejidatarios sobre la superficie que precisa, pues de acuerdo con el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es competencia del tribunal declinante la solución de conflictos entre ejidatarios y los órganos de representación del núcleo de población, lo cual se corrobora con la reclamación de la expedición del título parcelario respecto de la superficie de 7-25-49.71, hectáreas, cuya identidad menciona el actor. Además -añade-, éste demanda del procurador agrario que se establezca que ha incurrido en la omisión de determinadas obligaciones que le impone la Ley Agraria, cuestión que, igualmente, corresponde dirimir al tribunal agrario, en términos de la fracción IX de la legislación antes referida. Y, finalmente, -agrega el Juez de Distrito-, la competencia se surte a favor del órgano jurisdiccional agrario, de conformidad con las fracciones VI y VIII del precepto legal aludido, que establecen que los tribunales agrarios conocerán de las controversias que se les planteen en relación con las tierras ubicadas dentro de su jurisdicción. Sin que sea obstáculo a lo anterior, según el Juez de Distrito, que el actor apoye su acción rescisoria en un contrato celebrado por el ejido demandado, de carácter privado, denominado de aportación de derechos ejidales, ya que la competencia a favor del tribunal agrario se determina por la naturaleza de los bienes aportados y no por el tipo de contrato celebrado. De lo expuesto se evidencia que sí existe conflicto competencial entre el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito y el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, toda vez que, de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y potestad, cada uno niega tramitar la demanda promovida por **********. Al caso, cobra aplicación la tesis jurisprudencial número 30/2003, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.’ (se transcribe). QUINTO. Conforme al planteamiento propuesto por los organismos contendientes, este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito considera que la competencia para conocer de la demanda promovida por **********, en contra de **********, y del **********, perteneciente al Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, corresponde al Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, atento a las consideraciones que enseguida se precisan: El artículo 1o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece: ‘Artículo 1o. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional.’. Por su parte, los diversos preceptos 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, literalmente disponen: ‘Artículo 48. Los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente capítulo.’. ‘Artículo 53. Los Jueces de Distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se suscite sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. ...’. De los numerales antes transcritos se desprende que el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito tiene a su cargo la administración de justicia en materia agraria. Y que por su parte, al Juez Tercero de Distrito en el Estado se le encomienda la administración de justicia, entre otras, de las controversias del orden civil suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Ahora bien, una vez que se han precisado las funciones de los órganos jurisdiccionales contendientes, cabe agregar que, por regla general, en nuestro sistema jurídico la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrati

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24719-65bfccd4/competencia-concurrente-prevista-en-el-articulo-104-constitucional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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