ORDEN DE APREHENSION. REQUISITOS PARA SU EMISION.
AMPARO EN REVISION 165/94. JOSEFA LOPEZ GONZALEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son fundados, los agravios transcritos.
Ciertamente, en oposición a lo considerado por el a quo, los elementos de cargo relacionados en la sentencia recurrida no satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, atento a los siguientes razonamientos.
De las constancias probatorias remitidas con el informe justificado y de las aportadas por la quejosa recurrente, se advierte que los medios convictivos relacionados por el Juez Primero de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado en la orden de captura reclamada, retomados por el Juez Quinto de Distrito en la resolución que se revisa, no cumplen con el último de los requisitos exigidos por la norma suprema para el dictado de este tipo de determinaciones, consistente en la existencia de datos probatorios que acrediten los elementos del delito imputado y la probable responsabilidad de la acusada.
En efecto, respecto al ilícito previsto en el artículo 249 del Código Penal del Estado, debe decirse que se da en la especie la imposibilidad jurídica de estimar configurado el hecho antisocial atribuido a la quejosa, en razón de que la supuesta falsedad se hace derivar de la declaración ministerial rendida por Josefa López González ante el agente investigador del Ministerio Público Número Dos del Tercer Distrito Judicial del Estado (fojas 86 a 88 del cuaderno de amparo); tal informativa se recabó por motivo de la querella presentada por José Salazar Hinojosa sobre la presunta comisión de hechos conceptuados como delictuosos perpetrados por la solicitante de amparo.
En ese contexto y dado el carácter de acusada que le asiste a la recurrente, aun cuando se negara crédito a la versión inicial expuesta ante el órgano de investigación, calificándose de falaz, ni así se integraría el tipo imputado, en cuanto las prerrogativas contenidas en el artículo 20 de la Constitución Federal en favor de los individuos inodados en causas del orden penal, inclusive en la fase de averiguación previa, específicamente la fracción II de dicho precepto, excluye a los acusados de incurrir en el indicado delito, puesto que de pretender sancionar alguna declaración falsa del indiciado, contravendría los principios elementales de defensa contenidos en la norma constitucional en cita.
Es aplicable la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1802 del Tomo LXXXI de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACUSADOS, FALSEDAD DE LAS DECLARACIONES PRODUCIDAS POR LOS.-La Primera Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que el delito de informes falsos dados a una autoridad no puede ser imputado, cuando la falsedad la comete el inculpado o procesado, con objeto de eludir la responsabilidad criminal que se le atribuye, fundando dicho criterio en la fracción II del artículo 20 constitucional, que establece que ningún acusado puede ser compelido a declarar en su contra, y, por tanto, se iría en contra de esta garantía constitucional, si se sancionara a los inculpados que al declarar, se produjeran con falsedad.".
En lo atinente al diverso delito de fraude previsto en el artículo 385 del Código Penal del Estado, cabe decir que los datos conjuntados en la averiguación previa son también insuficientes para colmar los elementos constitutivos del tipo, en virtud de que la conducta desplegada por la reclamante, de ninguna forma lleva implícita la actitud engañosa con propósitos de lucro, que equivocadamente conceptuaron el Juez de Distrito y la autoridad responsable.
Ciertamente, de los medios convictivos reseñados en la resolución que se revisa, transcritos en parte en el considerando primero de esta sentencia, no se desprende la actitud dolosa malintencionada reprochable a la amparista en la orden de aprehensión impugnada, en cuanto el elemento esencial del delito en comento (engaño) y su concomitante efecto (alcanzar un lucro indebido), están ausentes en la narrativa de los hechos expuestos en la querella. En dicho ocurso el supuesto ofendido dijo que el dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos, adquirió por compraventa celebrada con la quejosa la finca número 120 de la Calzada de los Pilares, Fraccionamiento de los Pilares, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León; que dicho inmueble lo adquirió la vendedora de parte de José Carmen Vallejo Guapo y Bertha Campos de Vallejo; que en la fecha de la celebración el bien tenía dos gravámenes, uno por doscientos diecisiete millones ochocientos mil antiguos pesos a favor de Pedro Vela Verástegui y Jorge A. Vela Treviño, y otro por ciento cincuenta y siete millones trescientos mil antiguos pesos a favor de Héctor Javier de León Martínez; que para desinteresar a los acreedores el querellante les cubrió sus créditos subrogándose en los derechos de éstos; que en la cláusula tercera del contrato privado de compraventa se acordó otorgar a la vendedora un plazo hasta el primero de marzo de mil novecientos noventa y tres para que restituyera el precio de la venta, de trescientos cincuenta millones cien mil antiguos pesos y quedara sin efecto la misma; que para asegurarse del cumplimiento de esta cláusula el querellante recibió un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio de parte de la querellada ante la fe del licenciado Javier García Garza suplente de la Notaría Pública Número 89 de esta ciudad. Transcurrido el plazo la recurrente vendedora solicitó una prórroga hasta el veinte de mayo siguiente, el cual, una vez cumplido, el comprador José Salazar Hinojosa a través de notario público interpeló a Josefa López González sobre la entrega del inmueble; que la acusada aconsejada por sus abogados desconoció la firma que estampó en el contrato de compraventa, negó la celebración de dicho contrato aduciendo que los documentos los firmó en blanco y se negó también a la entrega de la finca, agregando que al momento de otorgarle el poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, la quejosa sabía que carecía de facultades para hacerlo, y no obstante ello, llevó adelante la compraventa para defraudarlo y alcanzar un lucro indebido.
En apoyo de dicha querella se agregaron a la averiguación las documentales consistentes en dos contratos de reconocimiento de adeudo, un contrato privado de compraventa, el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y otros; asimismo, se recabaron las informativas del licenciado Javier García Garza, Raquel Bravo de Moreno, Martha Yolanda López de Flores, Pedro Vela Verástegui, Jorge A. Vela Treviño, Héctor Javier de León Martínez, José Trinidad Robles Sánchez, Santiago de Hoyos Aguilar y Hernán Mora.
Ahora bien, se dice que la conducta desplegada por la quejosa no integra la figura del delito de fraude, en cuanto el Juez responsable y el Juez de amparo parten de una premisa falsa al aseverar que la solicitante de amparo obró malintencionadamente para obtener un lucro indebido al ofrecer a Salazar Hinojosa en venta un inmueble que no pertenecía a su acervo patrimonial, siendo que en el propio contrato privado de compraventa datado el dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos, la querellada, hoy quejosa, lo celebró como apoderada especial para actos de administración y de dominio de los anteriores propietarios José Carmen Vallejo Guapo y Bertha Campos de Vallejo, según se observa en el mencionado documento visible a fojas 73 a 76 del cuaderno de amparo; poder y facultades que el querellante podía hacer efectivo (actos de dominio) y ello destruye el elemento engaño; respecto de la existencia de los gravámenes, tal circunstancia era conocida del adquirente tal y como se asienta en el punto II de las declaraciones de dicho documento, tan es así que en el escrito de querella el supuesto ofendido expresamente manifestó que él liquidó los créditos a los acreedores hipotecarios; y, por último, la circunstancia de que la acusada niegue la celebración del multicitado contrato así como rehuse la entrega del inmueble, no implica en sí la conducta engañosa que como elemento sine qua non debe darse para la integración del fraude, pues de llegar a acreditarse fehacientemente la existencia y validez del contrato traslativo de dominio y la negativa a la entrega de la cosa, tales hechos no trascienden a la materia penal ya que no llevan consigo ningún quebranto patrimonial habida cuenta que el comprador tiene expedito el derecho para ejercitar acciones de carácter civil para obtener la entrega del inmueble.
En las relacionadas circunstancias, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y en su lugar conceder la protección constitucional solicitada.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Queda firme el sobreseimiento respecto de la autoridad precisada en el considerando tercero de esta sentencia, por falta de impugnación.
SEGUNDO.-Se revoca la sentencia materia de la revisión.
TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Josefa López González contra el acto que reclamó del Juez Primero Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado y agente del Ministerio Público de su adscripción, precisado en el resultando único de la presente ejecutoria.
Notifíquese.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los C.C. Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito licenciados Juan Miguel García Salazar, Ramiro Barajas Plasencia y Enrique Cerdán Lira, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2391-44881902/orden-de-aprehension-requisitos-para-su-emision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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