INTEGRACION DE LA FORMA DE VALORACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 261 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
AMPARO EN REVISION 116/95. JUAN FRANCISCO GONZALEZ MORALES.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Son infundados los agravios que hace valer el recurrente.
En efecto, luego de analizar la sentencia emitida por el Juez de amparo, así como la resolución que constituye el acto reclamado, este Tribunal Colegiado considera que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto cuando negó al quejoso JUAN FRANCISCO GONZALEZ MORALES, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, atento a que, como bien lo consideró en el fallo recurrido, la Sala responsable procedió con estricto apego a derecho, al decretar la formal prisión del amparista, por su probable participación en el delito de CORRUPCION DE MENORES, a que se refiere el artículo 201 del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que según expuso en el fallo impugnado, la autoridad judicial responsable realizó una legal valoración de las constancias existentes en los autos de la causa 103/94, del índice del Juzgado Décimo Séptimo Penal del Distrito Federal, cumpliendo así con las exigencias que para el dictado de una resolución de esa naturaleza, establecen los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el texto de dicha resolución aparecen los argumentos de tipo lógico y jurídico, en cuya virtud resolvió en la forma que se conoce, citando los preceptos, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva, para ajustarla al marco constitucional, sin que tal proceder por parte de la Duodécima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, conculque garantías en agravio del directo quejoso; luego, la sentencia que sobre el particular pronunció el Juez de Distrito, en forma alguna causa agravios al ahora inconforme.
Ciertamente, la Sala revisora decretó formal prisión al amparista, por considerar que la conducta por él desplegada facilitó la corrupción del menor Jorge Alejandro Santiago Córdova, de trece años, ya que conforme a las constancias que integran la causa de la que deriva el acto reclamado, por el mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, el ahora quejoso, conociendo plenamente las prácticas sexuales de Arturo Mayén López, alias "El Beta", llevó al domicilio de éste al citado menor, diciéndole que Arturo le daría dinero a cambio de que dejara que "le chupara el pene", por lo que como no tenía dinero dicho menor, acudió con Arturo, para que éste realizara en su persona la práctica sexual que le había comentado, conducta que se verificó reiteradamente y en las fechas que relató el menor ofendido; de ahí que la formal prisión dictada contra el amparista, no viole garantías en su perjuicio.
Fue correcta la apreciación del Juez de Distrito, al estimar que la Sala obró con apego a la ley, al conferir eficacia demostrativa al dicho del menor Jorge Alejandro Santiago Córdova, atento a que, como bien dejó establecido el a quo, la imputación que éste hizo contra la persona del quejoso, cobra singular relevancia, pues es bien sabido que en esta clase de delitos, generalmente no es posible contar con la presencia de testigos, por ser de realización oculta, de tal suerte que de existir una persona que se percatara de los hechos, bien pudiera impedir su consumación o bien el agente desistir de su propósito, por lo que el dicho del ofendido reviste fuerza convictiva, sobre todo si se encuentra robustecido con otros elementos de convicción, como son las declaraciones de sus padres Abel Santiago Díaz y Rosa Córdova Cruz, quienes denunciaron el hecho ante la autoridad investigadora, relatando el primero en ellos que por voz de la directora del plantel donde estudia su menor hijo, la señora María Patricia Mercedes Sánchez, se enteró que a la hora del recreo su hijo gastaba mucho dinero, por lo que preguntó a sus compañeros, quienes dijeron que Jorge les había dicho que era muy fácil ganar dinero y que podía llevarlos con la persona que se los daría, a cambio de hacer el sexo oral, teniendo conocimiento de que la persona que le daba dinero a su hijo, responde al nombre de Arturo (a) "El Beta"; que la persona que llevó a su hijo con dicho sujeto, es JUAN FRANCISCO GONZALEZ MORALES, quien vive en la misma unidad. Por otra parte, se cuenta con la declaración del ahora quejoso, quien efectivamente, como aseveró la Sala, se ubica en circunstancias de modo, tiempo y lugar del delito, pues admitió conocer a Arturo Mayén (a) "El Beta", como al menor ofendido e incluso señaló que le platicó a éste, que "El Beta", le daba dinero por hacerle mandados; asimismo, existe el acta de nacimiento de Jorge Alejandro Santiago Córdova, de la que dio fe el representante social, en la que consta que nació en el año de mil novecientos ochenta, ocurriendo los hechos en mil novecientos noventa y tres, lo cual acredita la calidad específica en el sujeto pasivo que la ley requiere; luego, según puede apreciarse de ese cuadro probatorio, cabe concluir que la Sala revisora obró conforme a derecho cuando tuvo por comprobados los elementos del tipo penal en el delito de CORRUPCION DE MENORES, a que se refiere el artículo 201 del Código Penal para el Distrito Federal, así como la probable responsabilidad del ahora quejoso, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción II, del mismo ordenamiento punitivo, por lo que, bajo ese aspecto, no se le causan las violaciones que aduce.
Por otra parte, carece de razón el inconforme cuando asegura que el Juez de Distrito omitió entrar al estudio de fondo del acto reclamado, limitándose a estudiar los elementos que integran el auto constitucional; toda vez que como se advierte de la sentencia impugnada, el Juez Federal dio cabal cumplimiento a las disposiciones que sobre el particular establecen los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, apreciando la resolución reclamada, tal como está demostrada ante la autoridad responsable, analizando si en ella se satisficieron los requisitos que para su dictado señala el artículo 19 de la Ley Suprema, esto es, si se acreditaron los elementos del tipo en el delito que se le atribuye, así como la probable responsabilidad del agraviado en su comisión; presupuestos que como ya se dijo, se justificaron debidamente con las pruebas a que se hizo mención y si bien es cierto que a los padres del menor ofendido no les constan los hechos de manera directa, ello no es óbice para desestimarlos, como pretende el inconforme dado que la integración de los elementos ya referidos, surgió con base al principio de valoración a que se refiere el numeral 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es decir, mediante la conjunción de indicios ciertos y probados, que partiendo de la verdad conocida, llevaron a la Sala revisora a determinar, por una parte, la existencia de un evento típico, y por otra, a presumir fundadamente la participación del ahora quejoso, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MORALES, ya que según consta en autos, el padre del menor ofendido fue informado por la directora del centro escolar al que asiste, que éste gastaba mucho dinero durante el recreo, afirmación que cobra relevancia al adminicularse con la declaración del ofendido, Jorge Alejandro Santiago Córdova, respecto a que el aquí impetrante lo llevó con una persona que le daría dinero a cambio de que se dejara "chupar el pene"; siendo un hecho probado en autos que el quejoso conocía a ambos y además, que admitió haberle dicho a Jorge Alejandro que el señor Arturo Mayén (a) "El Beta", le daba dinero por hacerle mandados; pero con independencia de ello, como bien apuntó el a quo, para dictar un auto de formal prisión no se requiere de pruebas completamente claras que demuestren la responsabilidad del inculpado, pues conforme al artículo 19 constitucional, se precisa solamente que estén acreditados, como en el caso a estudio, los elementos del tipo y que existan datos que hagan probable la responsabilidad de su autor, requisitos que como ya se dijo, quedaron justificados en autos y por tanto, la resolución reclamada no es violatoria de garantías.
Finalmente, resulta infundado el argumento del defensor del quejoso, respecto a que en el examen médico practicado al ofendido, no se apreció ninguna alteración física, cuenta habida que en ninguna de las constancias que informan la causa, aparece que con la conducta que sobre el ofendido realizó Arturo Mayén, se le haya ocasionado algún daño físico, pues debe recordarse que le daba dinero a cambio de que se dejara "chupar el pene", pero además si bien es cierto que en una ocasión trató de penetrarlo por vía anal, esto no fue posible debido a que no tuvo erección; en consecuencia, deviene inatendible el alegato que hace valer el representante del quejoso y por cuanto hace al peritaje en psicología (sic) en forma incorrecta sostiene el recurrente que no arroja ningún elemento de prueba inherente a la existencia y resultado material del delito (sic); en atención a que en el reporte psicológico suscrito por la especialista, Yolanda Nava Santoyo, se estableció que el menor ofendido presentaba miedo, angustia y culpabilidad, con temor hacia (el presunto) y con cierta culpa por no decírselo a sus padres; estado anímico que sin duda resulta lógico y compatible con los hechos en que se vio involucrado y por ello, contra los argumentos del revisionista, dicho reporte sí representa un indicio más que al concatenarse con el restante material de cargo, da consistencia jurídica a la imputación que sobre el quejoso hizo el menor ofendido, por cuyo motivo deberá confirmarse la sentencia que se impugna y por ende, negar la protección de la Justicia Federal al peticionario de garantías, sin que sea obstáculo para ello el argumento de su defensor, consistente en que las declaraciones de los padres del menor fueron inducidas, toda vez que según se advierte de autos, éstos solamente relataron lo que les fue informado por conducto de la directora de la escuela a que asiste el ofendido y por tal razón, es lógico y natural que su conocimiento provenga de una diversa fuente de información; sin embargo, según quedó anotado en el cuerpo de este fallo, tal circunstancia no demerita el valor probatorio que les asiste.
En resumen, siendo infundados los agravios expuestos por el inconforme y no advirtiéndose ninguna deficiencia que suplir a favor del directo quejoso, procede confirmar la sentencia impugnada.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1o., fracción I, 76, 77, 78, 83, 86, 90, 184 y demás relativos de la Ley de Amparo; 44, fracción III y 45, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se
RESUELVE:
PRIMERO.- SE CONFIRMA la sentencia sujeta a revisión; en consecuencia,
SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A JUAN FRANCISCO GONZALEZ MORALES, contra los actos que reclamó su defensor particular, de los Magistrados integrantes de la Duodécima Sala de Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Séptimo Penal, ambos del Distrito Federal, que se puntualizaron en la parte final del resultando primero de este fallo.
NOTIFIQUESE; remítase testimonio de esta ejecutoria al Juez Undécimo de Distrito en Materia Penal, en el Distrito Federal, devolviéndole los autos del juicio de amparo 1166/94, que envió para la substanciación del recurso; solicítese acuse de recibo; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente, Bruno Jaimes Nava, Fernando Hernández Reyes y Alfonso Manuel Patiño Vallejo, siendo ponente el último de los mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3505-9bb20455/integracion-de-la-forma-de-valoracion-a-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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