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BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL DISPONER QUE SU ENAJENACIÓN SE EFECTUARÁ CON BASE EN EL PROCEDIMIENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD Y EN EL REGLAMENTO RESPECTIVO, RESPETA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, QUE PREVÉ DIVERSOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN PARA QUE UNA PERSONA NO PIERDA LA RESIDENCIA EN UN MUNICIPIO DETERMINADO, AUN CUANDO SE TRASLADE A RESIDIR A OTRO LUGAR, CONSTITUYE UNA BASE GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y, POR ENDE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, QUE PREVÉ EL PERIODO DE DURACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS FORMALIDADES PARA SU INSTALACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN, CONSTITUYE UNA BASE GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y, POR ENDE, NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 30, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, AL REQUERIR UNA MAYORÍA ABSOLUTA PARA LA APROBACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES, CONSTITUYE UNA BASE GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y, POR ENDE, NO VULNERA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE INFORMAR EN SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTITUYE UNA BASE GENERAL DE ÉSTA Y, POR ENDE, RESPETA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, AL PREVER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LOS SÍNDICOS, CONSTITUYE UNA BASE GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y, POR ENDE, RESPETA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, AL PREVER LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN CONFERIDAS A LOS SÍNDICOS Y LAS LIMITACIONES PARA SU EJERCICIO, CONSTITUYE UNA BASE GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y, POR ENDE, RESPETA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, AL PERMITIR A LA LEGISLATURA DEL ESTADO INHABILITAR POR CAUSA GRAVE A ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, ES ACORDE CON EL MARCO CONSTITUCIONAL QUE RIGE LA MATERIA MUNICIPAL Y LAS FACULTADES QUE EL CONSTITUYENTE FEDERAL OTORGA A LOS ESTADOS PARA REGULAR LO CONCERNIENTE A LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos; votaron en contra José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia) MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 41, FRACCIONES VI Y VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, AL PREVER LOS CASOS EN QUE LA LEGISLATURA DEL ESTADO PODRÁ EMITIR LA DECLARATORIA DE SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO LE INFORME CUANDO AQUÉLLOS SE ACTUALICEN, RESPETA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, AL OTORGAR A LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL LA FACULTAD DE VALIDAR LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE DICHA ENTIDAD, AL DISPONER QUE LOS MUNICIPIOS PROCURARÁN ADQUIRIR PREDIOS CIRCUNDANTES A SUS CENTROS DE POBLACIÓN PARA INTEGRAR EL ÁREA DE RESERVA URBANA, SIN PERJUICIO DE PODER SOLICITAR LA EXPROPIACIÓN DE DICHOS PREDIOS, CONSTITUYE UNA BASE GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y, POR ENDE, NO INVADE LA ESFERA MUNICIPAL. (Razones apr

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2009. · Registro digital (IUS): 23919
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIOS DE QUERÉTARO, CORREGIDORA Y EL MARQUÉS, TODOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Pág. 89.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2009. MUNICIPIOS DE QUERÉTARO, CORREGIDORA Y EL MARQUÉS, TODOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 16 DE ABRIL DE 2012. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de abril de dos mil doce.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Dolores Andrade Cruz, María de los Ángeles Pratz Güitrado y Francisco Gonzalo Trejo Martínez, en su carácter de síndicos municipales de los Ayuntamientos de Querétaro, Corregidora y El Marqués, respectivamente, promovieron controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

Autoridades demandadas:

a) Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

c) Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro.

d) Director del Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Estado "La Sombra de Arteaga".

Actos reclamados:

La aprobación, sanción, promulgación, expedición, publicación y vigencia del Decreto de la LV Legislatura del Estado de Querétaro, que contiene la Ley por la que se Reforma la Denominación, así como Diversas Disposiciones de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, publicada en el Diario Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" en fecha veinte de marzo de dos mil nueve, y en lo particular los considerandos 7 y 9; artículos 11, 14,15, 19, 21, 22, 24, 30, último párrafo; artículo 31, fracción XI, señalando para esta fracción la repetición del acto reclamado, toda vez que en la resolución de la controversia constitucional número 25/2001, notificada en fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco, se acreditó fehacientemente la nulidad relativa de la misma; artículos 20, 33, 34, 41, 66, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 97, fracción I, 105, 108, 109, 112, 116, 127, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 156, 157, 160, 161, 163, 165, 166 y los artículos segundo, sexto y séptimo transitorios.

SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte actora señaló como precepto constitucional violado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Antecedentes. En el escrito de demanda fueron narrados los siguientes antecedentes del caso (fojas 3 a 5):

"1. El día seis de febrero de dos mil nueve se aprobó por la LV Legislatura del Estado de Querétaro el decreto que contiene la Ley por la que se reforma la denominación, así como, diversas disposiciones de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, enviándose al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su sanción, promulgación y publicación, hecho del cual tuvimos conocimiento hasta la publicación de la misma en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, en los términos y fechas que se señalan en el punto siguiente.

"2. El día veinte de marzo de dos mil nueve, se publicó en el Periódico Oficial ‘La Sombra de Arteaga’, el decreto de la LV Legislatura del Estado de Querétaro, que contiene la Ley por la que se Reforma la Denominación, así como, Diversas Disposiciones de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro.

"3. Es el caso que los artículos impugnados de dicha ley violan en su espíritu y contenido al artículo 115 de la Constitución Federal vigente, violando la autonomía municipal de nuestras representadas, asimismo, la facultad reglamentaria de los Municipios que representamos, por lo que venimos a exponer los conceptos de invalidez correspondientes, conforme al siguiente capítulo.

"4. La repetición del acto reclamado consistente en que el artículo 31, fracción XI, estaba afectado por nulidad relativa, ya que con fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco, se notificó la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en autos de la controversia constitucional 25/2001, resolvió invalidez y nulidad relativa de esta fracción, y toda vez que la legislatura con un nuevo acto de autoridad, sobre el mismo asunto, pretende continuar afectando la esfera de competencia municipal, violando ya una disposición que fuera resuelta en autos de la controversia ya descrita.

"5. La prerrogativa que la LV Legislatura describe en la Ley por la que se Reforma la Denominación, así como, Diversas Disposiciones de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro materia de la presente controversia, en específico en sus artículos 15, 19, 20, 21, 22, para tener la posibilidad de generar a través de figuras jurídicas como la fusión o creación de nuevos Municipios una facultad discrecional del Congreso del Estado, para alterar los territorios municipales o generar nuevos a conveniencia, dejándole sólo como medio de defensa a los Municipios una simple opinión, violenta el espíritu del artículo 115 de la Constitución Federal, al incluir figuras jurídicas como fusión y afectación de los territorios municipales para crear uno nuevo, cuando el texto de la Constitución Federal sólo prevé la posibilidad de que ‘Las Legislaturas Locales, en situaciones graves, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. No así para determinar el destino del territorio que cada Municipio tiene, o en su caso para fusionarlo, con ello, el exceso del legislador es claro, ya que se pretende no sólo establecer normas generales para la organización municipal sino que además decide de manera directa sobre el derecho real de cada Municipio."

CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora en su único concepto de invalidez adujo distintos argumentos tendentes a demostrar la violación al artículo 115 constitucional, mismos que solicitó fueran reproducidos para demostrar la inconstitucionalidad de cada uno de los preceptos que impugna. La mecánica que utilizó fue transcribir cada considerando de la exposición de motivos y artículo reclamados y, a continuación, insertó la frase que dice: "El presente artículo viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones." (fojas 5 a 43 del expediente principal)

Los argumentos son los siguientes:

1. La ley estatal en materia municipal que prevé la fracción II del artículo 115 constitucional, se trata de una ley de objeto limitado objeto limitado, es decir, su contenido no debe rebasar los incisos a) al e), establecidos en dicha fracción, para así propiciar el robustecimiento de la actividad reglamentaria municipal.

2. El exceso del legislador local, en relación con el principio anterior, genera su inconstitucionalidad, particularmente si invade la reglamentación municipal conforme al decreto del nuevo segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 y el espíritu del mismo, más aún cuando desde sus considerandos plantea la violación a las disposiciones reglamentarias.

En dichos considerandos se observa que, es intención del legislador federal disminuir las facultades reglamentarias de los Municipios, ya que a su parecer la intención de esta iniciativa tiene por efecto que el gobierno del Estado pueda intervenir en las decisiones municipales, dejando entrever con estas disposiciones su parcialidad hacia el Estado por una parte y, por otra parte, la intención de desaparecer bajo el pretexto de establecer las bases generales de la administración pública municipal, la autonomía municipal para favorecer a uno de los poderes del Estado y, con ello invadir esferas de competencia.

3. Es competencia municipal expedir reglamentos:

- Que organicen la administración pública municipal.

- Que regulen el funcionamiento interno del Ayuntamiento.

- Que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos en su competencia.

- Aseguren la participación ciudadana y vecinal.

En esta inteligencia, es inconstitucional la ley que invade tales materias, en perjuicio de la autonomía del Ayuntamiento para autorregularlas.

4. La ley debe prever las bases de la administración pública y de procedimiento administrativo, no así la organización específica de los Ayuntamientos para favorecer a un poder del Estado, que en este caso sería el Congreso.

5. Queda reservado para el ámbito reglamentario todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Ayuntamiento, así como la participación ciudadana.

6. En materia de mayorías calificadas del Ayuntamiento, éstas sólo son posibles de establecerse en la ley, tratándose de disposición de bienes inmuebles o actos jurídicos que obliguen al Ayuntamiento más allá de su periodo de gobierno.

Es indebido imponer a los Ayuntamientos la toma de decisiones a partir de mayoría calificada fuera de estos temas (inmobiliarios y actos jurídicos que comprometan a los Ayuntamientos más allá de su periodo constitucional). Asimismo, en esta materia, no es válido que las legislaturas actúen como resolutoras, en lugar de los Ayuntamientos.

Los anteriores principios no se surten sólo de la lectura del decreto en cita, sino que se sostienen en los propios considerandos y motivos del dictamen de la reforma al artículo 115 constitucional.

La ley aprobada parte de un error de origen, al señalar que el objeto de la ley será establecer las bases generales para la organización del ámbito municipal de gobierno conforme a lo señalado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución del Estado de Querétaro, dejando claro que precisamente el tema de la organización y funcionamiento interno de los Ayuntamientos es materia de la facultad reglamentaria municipal. Lo anterior no es un simple juego de palabras, ya que la ley aprobada a partir de tan erróneo objeto, deriva en que muchos artículos como los que se impugnan violentan la autonomía municipal para auto organizarse y para determinar su régimen y funcionamiento interno, pues la citada ley intenta componer prácticamente toda la organización administrativa, generando en sus transitorios un organigrama que mete en camisa de fuerza al Ayuntamiento, y lo obliga a expedir reglamentos, en donde será el Congreso del Estado, quien decidirá su organización interna, las facultades del presidente municipal, regidores, síndicos; asimismo, la facultad discrecional de la Legislatura Local para fusionar o generar un detrimento en el derecho real de los Municipios, sin que exista facultad directa alguna de la legislatura, violentando con ello los principios de legalidad y seguridad jurídica, que establecen la obligación a la autoridad de hacer sólo aquello que la ley le permita, y violentando con ello el artículo 115 de la Constitución Federal, al incluir en la Ley por la que se Reforma la Denominación, así como Diversas Disposiciones de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, facultades discrecionales para la Legislatura Local de alterar, a través de nuevas figuras jurídicas los derechos reales y jurídicos de los Ayuntamientos del Estado de Querétaro, sin que exista un criterio lógico jurídico para afectar el territorio municipal y ser la propia legislatura un cuarto poder del Estado, ya no sólo para emitir normas jurídicas, sino para tomar decisiones en el ámbito municipal.

Bajo esta perspectiva lo único admisible de la ley son los artículos que realmente se refieren a generalidades de la administración pública y a los incisos del a) al e) de la fracción II del artículo 115 constitucional vigente.

Si bien el ámbito de la Legislatura Estatal no desaparece, sí se acota favoreciendo el ensanchamiento y robustecimiento de la capacidad autonormativa, autonomía de los Ayuntamientos, dada su naturaleza colegiada. A mayor abundamiento, debe decirse que la reforma genera un concepto novedoso de facultad reglamentaria autónoma. Pero que desde el punto de vista del legislador, esto debe tender a desaparecer, al centralizar en las decisiones de la legislatura todos los actos de autoridad que estime le resulten válidos, y además realiza una exceso de autoridad al delimitar en sus transitorios la obligatoriedad para que los Municipios desaparezcan su reglamentación, cuando contravengan alguna disposición de esta nueva ley.

La ley en sus artículos impugnados invade los principios, tanto de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio; asimismo, la facultad reglamentaria municipal, ya que por una parte va más allá de lo que limitativamente le permite la Constitución a los Congresos Estatales en esta materia y a la vez, materialmente invade temas como el de la organización y funcionamiento interno del Ayuntamiento al máximo detalle, no obstante ser materias que el Constituyente Permanente reservó para la función reglamentaria municipal.

La Legislatura Local pretende en sus transitorios violentar la autonomía municipal y modificar su estructura reglamentaria, ya que dispone la obligación de los Ayuntamientos de ajustar su marco normativo a las disposiciones de esta nueva ley, y pretende dejar sin efecto alguno en su transitorio sexto, los límites territoriales de los Municipios, pues a pesar de estar ratificados por la legislatura, supone la creación de una nueva ley expedida por la misma legislatura, ya que al señalar "hasta en tanto se crea la ley de la materia", deja en estado de indefensión a los Ayuntamientos, pues para el caso de emitir esta nueva ley, si no está acorde a los convenios de límites, éstos quedarán sin efecto alguno. De ahí que la legislatura, con esta ley, pretende no sólo normar, como lo establece el artículo 115 constitucional, sino además, sustituir a los Ayuntamientos y dictar las nuevas normas sobre las que los Ayuntamientos se organizarán, siempre y cuando, sean acordes a lo que la legislatura propone, siendo esto, un exceso de sus funciones; pues se propone como un poder sustituto y deja de lado la facultad de los Ayuntamientos denominada autonomía, violentando con ello los principios de seguridad jurídica y de legalidad, al dictar un transitorio tan ambiguo, que su texto señale una permanencia transitoria de un convenio, para límites territoriales, dejando su vigencia a merced de la expedición de una nueva ley.

Propone esta nueva ley, además, figuras jurídicas que no se encuentran dentro del texto del artículo 115 de la Constitución Federal, como la creación de Municipios nuevos, y la fusión de Municipios, donde en sus artículos 15, 19, 20, 21 y 22, va más allá de las facultades que tiene para establecer las bases generales de la administración pública municipal, se autonombra como un poder supremo por encima de las autonomías municipales, capaz de desaparecer o crear nuevos Municipios y disponer de sus territorios a voluntad.

QUINTO. Trámite. Mediante proveído de presidencia de veintitrés de abril de dos mil nueve (foja 160 del expediente principal) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 40/2009 y se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, quien por diverso auto del día veinticuatro de abril de dos mil nueve, tuvo por presentados a los síndicos promoventes y como representante común a la del Municipio de Querétaro, asimismo, admitió a trámite la controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y secretario de Gobierno, todos del Estado de Querétaro, a quienes ordenó emplazar para que contestaran la demanda (fojas 163 a 165 del expediente principal).

SEXTO. Contestación de la demanda por el gobernador y secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno del Estado de Querétaro contestó la demanda en representación del gobernador constitucional de dicha entidad federativa (fojas 355 a 362) y en su propio nombre (fojas 367 a 374); en los escritos correspondientes expresó los mismos argumentos que aquí se sintetizan:

Es mi deseo señalar que la parte actora se limita a transcribir el texto del artículo 115 constitucional, y no vierte argumentos suficientes tendientes a demostrar que la ley que impugna efectivamente contraviene el artículo 115 de la Constitución Federal; sin embargo, no pasa desapercibido que en términos del artículo 40 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política, procede suplir la deficiencia de la demanda.

La parte actora vierte nueve argumentos, mismos que a continuación se analizan:

1. Contrario a lo que señala la parte actora respecto al objeto limitado de las leyes municipales previstas en la fracción II del artículo 115 constitucional, incisos: a) al e); la Constitución Federal otorga a las Legislaturas de los Estados dos atribuciones en materia municipal: la primera consistente en emitir bases generales necesarias para conferir una homogeneidad básica al gobierno municipal, que establezca los lineamientos esenciales de los cuales no puede apartarse en el ejercicio de sus competencias constitucionales y, la segunda, relativa a la emisión de disposiciones de detalle sobre esa misma materia, aplicables solamente en los Municipios que no cuenten con reglamentación pormenorizada propia.

2. Referente al segundo argumento, contrario a lo que refiere la parte actora, interpretar el considerando como una intención del legislador es absurdo, además de que las intenciones no causan agravios, asimismo, las leyes se interpretan literalmente, no en base a intenciones, finalmente los considerandos se deben interpretar de forma conjunta no de manera aislada como lo pretende la actora, además no son normas de carácter general.

3. La parte actora, enumera cuáles son los reglamentos que el Municipio tiene competencia para expedir, no obstante hay que precisar que la Constitución Federal se refiere a facultades mas no a competencia.

El Municipio tiene facultades para reglamentar; sin embargo, dichas facultades están subordinadas a la emisión de las bases generales que emitan las Legislaturas Estatales, y la emisión de bases generales no puede considerarse como una invasión de materias, toda vez que es facultad expresa del legislador estatal emitir las bases generales sobre las materias que refiere.

4. Es cierto que la ley debe prever las bases de la administración y procedimiento administrativo, dicha premisa está establecida en la Constitución Federal, asimismo, no se entiende qué quiso decir la parte actora cuando se refiere a la organización específica; sin embargo, si lo que pretende decir es que el legislador local invadió la facultad reglamentaria de los Municipios al diseñar una estructura u organización básica para ellos, resulta ser un argumento absurdo alejado de la realidad jurídica, ya que es precisamente esa estructura básica lo que denota que el legislador local está cumpliendo con el mandato constitucional al establecer esa estructura como base general y contribuir con ello al establecimiento de un marco normativo homogéneo en los Municipios de la entidad.

5. Lo dicho por la parte actora no es un argumento lógico jurídico, sino una transcripción de lo que dispone la Ley Suprema; sin embargo, la parte actora omite mencionar que previo a que existan dichos reglamentos deben de existir leyes emitidas por las Legislaturas de los Estados, es decir, el Municipio reglamentará las leyes municipales que expidan las legislaturas, asimismo, los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal, tienen una mayor extensión normativa a diferencia del reglamento tradicional, que debe encontrar su medida en la ley misma, esa mayor extensión normativa debe entenderse como el espacio auténtico o distintivo que caracteriza a cada Municipio de los demás, por tal motivo, este tipo de reglamentos sólo debe respetar dos aspectos: a) las bases generales emitidas por las Legislaturas Estatales y b) su ámbito de competencia.

Cuando el legislador estatal emite las bases generales, respetando el precepto constitucional, como en el caso que nos ocupa, contribuye a robustecer esa facultad reglamentaria del Municipio, asimismo las bases generales emitidas por la Legislatura del Estado de Querétaro no entorpecen el desarrollo municipal, por el contrario, son el caudal normativo indispensable que asegura el funcionamiento óptimo del Municipio.

6. Tratándose de mayorías calificadas del Ayuntamiento, sólo son posibles de establecerse en la ley, tratándose de disposiciones sobre bienes inmuebles o actos jurídicos que obliguen al Ayuntamiento más allá de su periodo de gobierno.

El artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, define como mayoría absoluta aquella que implique más de la mitad de los integrantes del cuerpo colegiado, y en el caso que nos ocupa, suponiendo que la parte actora se esté refiriendo al penúltimo párrafo de las reformas del artículo 30 de la citada ley, no viola la Constitución Federal, debido a que se respeta la fracción II, inciso b), del artículo 115, ya que el legislador no impuso una mayoría calificada como la parte actora lo argumenta, sino una mayoría absoluta que anteriormente se definió, por tanto, se afirma que esta disposición es una base general.

7. La función de los artículos transitorios en una ley permite que la etapa de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo de leyes, y el que lo deroga, reforma y adiciona, sea de tal naturaleza que no paralice el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado, y no dé lugar en momento alguno a la anarquía; a través de los transitorios se garantiza la seguridad jurídica y legalidad de los actos jurídicos.

Los artículos transitorios de las reformas a la ley impugnada, no refieren en lo absoluto lo que cita la parte actora, ahora bien, si la parte actora se refiere a los transitorios segundo y séptimo, de ninguna manera se entiende que la Legislatura Estatal esté obligando al Municipio actor a emitir reglamentos, toda vez que la finalidad de los artículos transitorios es la de evitar la contradicción o antagonismo entre las instituciones jurídicas.

8. La parte actora impugna el transitorio sexto, ya que al señalar que hasta en tanto se crea la ley de la materia, deja en estado de indefensión a los Ayuntamientos, pues para el caso de emitir esta nueva ley, si no está acorde a los convenios de límites, éstos quedarán sin efecto alguno.

La Constitución Local obliga a que los límites territoriales del Municipio se concentren en una ley, situación que en este momento no acontece; sin embargo, la ley de la materia que refiere la parte actora aún no se promulga, por consecuencia lógica, se desconoce los alcances que tendrá dicha ley, por tanto, no puede causar agravio a la parte actora una ley que aún no nace a la vida jurídica.

9. El artículo 115 de la Constitución Federal establece las bases sobre las que se gobierna, regula y administra el Municipio, es decir, que lo que está establecido en dicho precepto constitucional es lo que tiene permitido hacer el Municipio, y no se establece en ningún apartado que éste tenga facultades para crear o fusionar Municipios, por consecuencia lógica o por exclusión dicha facultad queda reservada a los Estados, por tanto, las nuevas figuras jurídicas, como lo manifiesta indebidamente la parte actora no tendrían porqué establecerse en el artículo 115 de la Constitución Federal, toda vez que la fusión o creación de Municipios tiene que ver con la extensión y límites territoriales del Estado, entendiéndose al Municipio como base de la división territorial; y en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, son facultades que tiene reservadas el Estado.

El artículo 17, fracciones VII y VIII, de la Constitución Local señala la facultad expresa del Estado de, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender o declarar la desaparición de algún Ayuntamiento y revocar el mandato de algunos de sus miembros, suspenderlos o inhabilitarlos por alguna de las causas que la ley señale, así como crear nuevos Municipios dentro de los límites ya existentes.

Si la parte actora está inconforme con las facultades que le fueron conferidas a la Legislatura del Estado en las fracciones VII y VIII de la Constitución del Estado, pudo haberlas impugnado a través de los medios legales existentes, toda vez que con fecha treinta y uno de marzo de dos mil ocho, se publicaron diversas reformas a la Constitución del Estado de Querétaro, y al no haberlas impugnado consintió el artículo 17 de la Constitución del Estado.

SÉPTIMO. Contestación de la demanda por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo del Estado de Querétaro, al contestar la demanda (fojas 381 a 403) expuso:

Parte importante de la presente contestación radica en el hecho de demostrar que los Municipios demandantes han incumplido con su obligación constitucional de emitir precisamente aquellas disposiciones de carácter general que les permitan organizar y regular las materias y procedimientos de su competencia.

Este Poder Legislativo es respetuoso de las disposiciones constitucionales y de la autonomía de los Municipios; sin embargo no puede adoptar una actitud pasiva en espera de que los Municipios del Estado (y no sólo los involucrados para efectos de la sentencia de la controversia constitucional 25/2001) emitan sus propias disposiciones a través de reglamentos, bandos, circulares o bajo cualquier instrumento que la misma Constitución les señala. Es responsabilidad entonces de este Poder Legislativo legislar en suplencia de aquellos Municipios que no cuentan con reglamentación alguna.

Es importante resaltar el "manejo" que pretenden hacer los demandantes del marco normativo en el Estado de Querétaro, considerando lo siguiente:

1. En nuestro Estado de Querétaro existen diversas leyes que en razón de su contenido o materia son de aplicación de distintas autoridades, por supuesto incluyendo a los Municipios y no solamente les es aplicable la ley que ahora se impugna.

2. La Ley para la Administración Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro (Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro), contiene disposiciones relacionadas con materias como la electoral, del procedimiento administrativo, de medio ambiente, del manejo de recursos y transparencia, entre otras. Disposiciones que le son aplicables a los Municipios demandantes, primero por ser leyes vigentes, segundo porque la legislatura tiene facultades y competencia para emitirlas y, tercero, porque los Municipios en los casos en que deben reglamentar no lo han hecho.

El Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que culminara con las reformas al artículo 115 constitucional en el año de 1999, señala responsabilidades a las Legislaturas de los Estados; sin embargo, implícitamente también se les determina un amplio grado de responsabilidad a los Ayuntamientos al reconocerles como facultad, la reglamentación que en su ámbito de competencia les permita desarrollarse, organizarse y sobre todo, funcionar conforme a las características del Municipio que representan.

Esta Legislatura del Estado de Querétaro reconoce la capacidad de los Ayuntamientos de expedir sus propias disposiciones; sin embargo, no puede permitir la existencia de lagunas jurídicas en espera de que eso pase. Es así que las disposiciones, a falta de dichos reglamentos y normas esenciales se consideran por este Poder Legislativo como de aplicación temporal, siempre que estén apegados a la legalidad y a la competencia que a los Ayuntamientos corresponde.

La responsabilidad para emitir reglamentos y disposiciones relativas compete a los Ayuntamientos; sin embargo, y no obstante ser de su conocimiento los criterios que esa Suprema Corte de Justicia ha establecido al respecto, simplemente se encuentran en una consciente inactividad reglamentaria.

De la lectura de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprecia que el Constituyente determinó facultades específicas a los Poderes Legislativos de los Estados para emitir leyes y disposiciones, mismas que denomina "leyes en materia municipal", es decir, aquellas que le son imperativas a los Municipios de un Estado, independientemente de las condiciones y características especiales de cada uno, ya sea por su desarrollo, localización y recursos asignados, entre otros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de dictar sentencia dentro de la controversia constitucional 25/2001 (en la que existe coincidencia de las partes involucradas, pero que de ninguna manera se corresponde a una repetición del acto o ley impugnada), refiere criterios específicos para la expedición de las leyes en materia municipal:

1. Las Legislaturas Estatales expedirán las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Supliendo con ello la falta de reglamentos básicos y esenciales de los Municipios, será de aplicación temporal en tanto el Municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos.

La ley aprobada por este órgano legislativo cumple cabalmente, al expedir una norma que es la base y sustento del ejercicio de muchas de las acciones de gobierno y desarrollo normal de sus actividades.

2. Dichas leyes (leyes estatales en materia municipal) se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homogéneo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23919-b9360493/bienes-muebles-e-inmuebles-del-municipio-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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