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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INEXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO LA MODIFICACIÓN IMPUGNADA NO IMPLICA UN CAMBIO SUSTANCIAL (ARTÍCULOS 156, PÁRRAFO CUARTO, 242 Y 184 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). III. ASENTAMIENTOS HUMANOS. CONVENIOS ENTRE EL PODER EJECUTIVO LOCAL Y LOS MUNICIPIOS CON EL OBJETO DE QUE AQUÉL EJERZA ATRIBUCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO (ARTÍCULOS 14, 17, FRACCIÓN IV Y 163 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). IV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EN MATERIA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, DERIVADAS DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE AQUÉL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 11, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). V. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA EMITIR UN DICTAMEN TÉCNICO DE LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, UBICACIÓN DE VIALIDADES Y EQUIPAMIENTO URBANO, DERIVADAS DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE AQUÉL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 156, PÁRRAFO OCTAVO Y FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VI. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA AUTORIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO, DERIVADAS DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE AQUÉL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 185 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA EMITIR UN DICTAMEN DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO, DERIVADAS DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE AQUÉL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA OTORGAR LA AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO, DERIVADAS DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE AQUÉL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). IX. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD ESTATAL PARA CONOCER DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS EN CONTRA DE LAS INDICACIONES TÉCNICAS DE LOS SUPERVISORES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, DERIVADAS DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO LOCAL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). X. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD ESTATAL PARA CONOCER DE LAS VIOLACIONES AL PROYECTO AUTORIZADO DEL FRACCIONAMIENTO POR PARTE DEL DESARROLLADOR, DERIVADAS DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO LOCAL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XI. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA ADOPTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIOS, DERIVADAS DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE AQUÉL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 211 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA AUTORIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIOS, DERIVADAS DE UN CONVENIO ENTRE AQUÉL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA MODIFICAR EL USO DE SUELO DE UN PREDIO O DE UNA EDIFICACIÓN, DERIVADAS DE UN CONVENIO ENTRE EL PODER EJECUTIVO LOCAL Y UN MUNICIPIO (ARTÍCULO 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XIV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. FACULTAD DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA DETERMINAR PROVISIONES, USOS, RESERVAS Y DESTINOS DE ÁREAS Y PREDIOS, UTILIZACIÓN DEL SUELO, CONSIDERANDO LOS RANGOS DE DENSIDAD DE POBLACIÓN, LA TEMPORALIDAD Y LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SUELO SIEMPRE Y CUANDO MEDIE UN CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y EL MUNICIPIO (ARTÍCULO 1, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA PLANEAR Y ORDENAR PROVISIONES, USOS, DESTINOS Y RESERVAS DE LOS ELEMENTOS DEL TERRITORIO Y DE SU DESARROLLO INTEGRAL (ARTÍCULO 8 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XVI. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EN MATERIA DE ACCIONES PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN DE LOS TERRENOS (ARTÍCULO 9, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XVII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA INSCRIBIR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y LAS RESOLUCIONES QUE SE EMITAN, PREVIA OPINIÓN TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL PROGRAMA RESPECTIVO (ARTÍCULO 9, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO URBANO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 65/2012. · Registro digital (IUS): 28203
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-11-23
Promovente: MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, ESTADO DE QUERÉTARO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Pág. 374.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 65/2012. MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, ESTADO DE QUERÉTARO. 9 DE JUNIO DE 2016. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA, LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA Y CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de junio de dos mil dieciséis, en el que emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 65/2012, promovida por el Municipio de Tequisquiapan del Estado de Querétaro, por conducto del síndico municipal del citado Municipio, Daniel González Pérez,(1) en la que demandó la invalidez de diversos artículos del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial Estatal de treinta y uno de mayo de dos mil doce, señalando como autoridades demandadas:

a) Poder Legislativo;

b) Poder Ejecutivo;

c) Secretario de Gobierno;

d) Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;

e) Director del Periódico Oficial; y,

f) Director del Registro Público y del Comercio, todas autoridades del Estado de Querétaro.

I. Antecedentes

1. Los antecedentes narrados en la demanda, en síntesis, consisten en señalar que el síndico es quien representa al Municipio actor, la fecha de publicación del Código Urbano impugnado y que fue abrogado el Código Urbano de seis de agosto de mil novecientos noventa y dos.

2. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, en síntesis, son los siguientes:

3. Primer concepto. Violación a los artículos 1o., 14, 16, 40, 41, 43, 44, 49, 115, fracciones I y V, incisos a), d) y f), así como el 124 y 133 de la Constitución Federal. Adicionalmente señala violación a los artículos 9o. y 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

4. Impugnación de los artículos 1, fracción II, 8, 9, 11, 12, 13, fracciones II y XVIII, 14, 16, 33, 40, 41, fracción I, 42, 64, 65, último párrafo, 90, 109, 113, 156, cuarto párrafo y fracción I, 163, 185, 188, 192, 194, 195, 211, 243, 326 y considerando 10 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

5. El Municipio tiene la exclusividad respecto de los planes o programas y usos de suelo sin que se advierta alguna excepción a la misma. En esta tesitura el Código Urbano del Estado de Querétaro al subrogar competencias al Poder Ejecutivo del Estado que le son exclusivas al Municipio transgrede los artículos 1o., 14, 16, 40, 41, 43, 44, 49, 115, fracciones I y V, incisos a), d) y f) así como el 124 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 9 y 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

6. Los artículos impugnados son inconstitucionales ya que de su lectura se advierte la invasión de la esfera municipal. El artículo 1o., fracción II, le atribuye al Poder Ejecutivo del Estado el ejercicio para determinar provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios, utilización del suelo, rangos de densidad de población, temporalidad y coeficientes de ocupación, cuando exclusivamente le corresponde al Municipio.

7. El artículo 8o. es inconstitucional porque atribuye facultades al Poder Ejecutivo para planear y ordenar provisiones, usos, destinos y reservas de los elementos del territorio y del desarrollo, mismas que son exclusivas del Municipio puesto que es el único facultado para realizar, elaborar y vigilar los planes o programas de desarrollo urbano y es en estos instrumentos donde se estipula precisamente las provisiones, usos, destinos, etcétera.

8. El artículo 9o., fracciones IV y X, es inconstitucional porque se faculta al Poder Ejecutivo para dictar y tomar las medidas necesarias para evitar la especulación de terrenos cuando esto corresponde a la autoridad municipal determinarlo.

9. En segundo lugar porque se le atribuye la facultad de inscribir "los programas" (plural) de desarrollo urbano en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y todas aquellas resoluciones que se emitan de conformidad con el Código Urbano que, por su naturaleza lo ameriten. Esto quiere decir que se incluyen los programas de desarrollo urbano municipales, desplazando de esta obligación y facultad al Municipio, como si se tratase de un "visto bueno" por parte del Poder Ejecutivo, cuando esto resulta ser una obligación municipal exclusiva.

10. En tercer lugar, porque se le atribuye al Registro Público de la Propiedad y del Comercio solicitar una "opinión técnica" a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas sobre la congruencia del programa a inscribir, exceptuando al Programa Estatal de Desarrollo Urbano, es decir, supedita el Programa Municipal de Desarrollo Urbano al estatal siendo que deben ser congruentes entre sí y no el municipal del estatal, pone en un plano superior a este último programa.

11. El artículo 11, fracción II, impugnado transgrede la esfera jurídica del Municipio puesto que atribuye al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras Públicas la aprobación y autorización de desarrollos inmobiliarios cuando esta facultad corresponde constitucionalmente al Municipio.

12. El artículo 12 es inconstitucional porque le atribuye la facultad a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo de llevar los trámites administrativos referentes a los desarrollos inmobiliarios previo convenio con el Municipio cuando no existe disposición constitucional ni legal que faculte el traslado de competencias exclusivas del Municipio.

13. El artículo 13, fracciones II y XVIII, debido a que en primer término supedita el control y vigilancia de la utilización del uso del suelo a los "programas de desarrollo urbano debidamente aprobados". Es decir, al utilizar el plural de programa se entiende entonces que se refiere también –además del municipal al estatal–, cuando no debe existir ninguna condicionante para el control y vigilancia de los usos de suelo, excepto por el propio Municipio en su plan respectivo.

14. En segundo lugar, condiciona el otorgar la aprobación del uso de suelo para la ubicación y construcción de las instalaciones de los servicios públicos al Programa Estatal de Desarrollo Urbano, cuando nuevamente no debe existir sujeción alguna donde la Constitución Federal y la ley de asentamientos establecen las atribuciones del Municipio sin condicionantes para su desplegamiento.

15. El artículo 16, fracciones III y IV, es inconstitucional ya que primeramente condiciona el establecimiento de usos y destinos de los inmuebles que se encuentran en territorio municipal conforme a los programas sectoriales de desarrollo urbano. Hay una intromisión en las decisiones municipales. Además, también condiciona el otorgamiento de licencias de construcción y permisos correspondientes para la ejecución de obras y uso de edificaciones y predios "previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso" ¿Cuáles requisitos establecidos? ¿Los estipulados en los programas sectoriales o estatales?, resulta una intromisión ya que los requisitos los establece el propio Municipio en el ámbito de su competencia.

16. El artículo 33, fracción II, inciso b), puntos 1 y 2, e inciso c), puntos 1 y 2, de igual forma es inconstitucional porque habilita al Programa Estatal de Desarrollo Urbano para: a) determinar espacios y criterios para la fundación de los centros de población; b) determinar los criterios y lineamientos generales para la conservación, mejoramientos, consolidación y crecimiento de los centros de población; y, c) clasificar las aptitudes del suelo considerando la distribución general de la población, las actividades económicas y condicionantes físicas. Es decir, los criterios que estipula el programa son en suma importantes, salvo que le corresponden exclusivamente al Municipio y no al Estado.

17. El artículo 40 es inconstitucional porque subordina los programas municipales de desarrollo urbano, centros de población y parciales de desarrollo a los programas estatales y federales, invadiendo la esfera de competencia del Municipio porque en lugar de utilizar el enunciado "de conformidad", debería aplicarse el "en congruencia", para efecto de armonizar los planes de diferentes competencias pero sin vulnerar competencia y ni subordinar uno del otro.

18. El artículo 41, fracción I, es inconstitucional puesto que se refiere en la fracción primera que los programas municipales deberán contener vinculación con el contexto del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, violentando la esfera competencial porque no debe depender el instrumento municipal del estatal sino únicamente ser congruente con él.

19. El artículo 42, fracción I, transgrede la esfera jurídica municipal al imponer una carga de contenido "razones por las cuales el programa se integra a los fines u objetivos de los distintos instrumentos de planeación urbana que conforman el Sistema Estatal de Planeación Urbana" que no le corresponde al Municipio, sólo le corresponde tener congruencia.

20. El artículo 64 es inconstitucional por facultar al Ejecutivo para fundar un centro de población a través de una iniciativa enviada a la Legislatura, sin que exista la atribución constitucional y legal para hacerlo, ya que le corresponde al Municipio.

21. El artículo 65, párrafo último, limita la atribución exclusiva del Municipio al impedir otorgar autorizaciones de uso de suelo o construcción ni transmisiones de propiedad en tanto no se aprueben el decreto y programa de desarrollo urbano correspondiente. Las autoridades demandadas no pueden limitar esta atribución municipal ni condicionarla, porque no les corresponde a ellas decidir cuándo y cómo deben suspenderse las atribuciones municipales.

22. El artículo 90, fracción II, invade la competencia municipal porque faculta al Poder Ejecutivo a formular esquemas específicos de utilización del suelo para barrios, colonias, fraccionamientos o nuevos desarrollos habitacionales, atribución estrictamente municipal.

23. El artículo 109 invade esferas competenciales porque somete el programa municipal al Programa Estatal de Vivienda cuando simplemente debe ser congruente.

24. El artículo 113 violenta la Constitución Federal porque faculta al Registro Público de la Propiedad y Comercio para rechazar programas de desarrollo urbano (se incluye el municipal del cual se alega como concepto de invalidez), cuando no esté vinculado con otros programas de desarrollo urbano inscritos de superior jerarquía. En este caso existen dos violaciones, la primera estriba en que la vinculación a otros planes no debe obligarse al Municipio porque exclusivamente le corresponde –al programa municipal– ser congruente más vincularse con demás (sic). La segunda es que plasma una jerarquía en los programas cuando estos deben ser congruente nada más y respetarse, en virtud de sus competencias.

25. El artículo 156, cuarto párrafo y fracción I, son inconstitucionales ya que se faculta al Poder Ejecutivo para emitir el dictamen técnico de licencia de ejecución de obras de urbanización de desarrollos inmobiliarios, ubicación de vialidades y equipamiento urbano sin que esta atribución le corresponda, pues la propia Constitución Federal y la Ley General de Asentamientos Humanos no estipulan tal derecho ni tampoco su delegación. Ambos ordenamientos son precisos en la distribución de mandos en su jurisdicción, de tal suerte que el simple hecho de estipular una facultad que contraviene la Constitución y la correlativa ley general debe tildarse como inconstitucional el artículo impugnado.

26. El artículo 185 violenta la Constitución Federal porque otorga al Poder Ejecutivo Local (en correlación con el 184) la autorización y permisos para la construcción de fraccionamientos. Atribuciones que son únicas del Municipio y que no pueden ser delegadas bajo ninguna figura jurídica salvo que la Constitución lo disponga expresamente como ocurre en tratándose de servicios municipales.

27. El artículo 188 es violatorio porque faculta al Ejecutivo del Estado emitir la autorización de dictámenes de uso de suelo, vulnerando la esfera competencial del Municipio. El hecho de que el articulado faculte a la autoridad estatal resulta violatorio de la Constitución Federal porque constitucional y legalmente no le corresponde dictaminar los usos de suelo, ya que esta facultad está reservada al Municipio.

28. El artículo 192 es violatorio porque faculta al Poder Ejecutivo para el otorgamiento de autorizaciones para ejecutar obras de urbanización de un fraccionamiento, invadiendo la esfera jurídica del Municipio ya que no puede ejercer atribuciones que ningún ordenamiento le confiere al Estado, máxime si éstas se encuentran reservadas expresamente al Municipio.

29. El artículo 194 es violatorio porque atribuye al Ejecutivo del Estado conocer de los recursos que interpongan los desarrolladores, en virtud de alguna observación técnica hecha por un supervisor, cuando la materia observada es de competencia municipal y no inmiscuye al Estado, porque la Constitución Federal y la Ley General de Asentamientos Humanos así lo disponen.

30. El artículo 195 es inconstitucional porque faculta al Ejecutivo del Estado para conocer mediante el supervisor de las violaciones del proyecto autorizado del fraccionamiento por parte del desarrollador.

31. El artículo 211 porque debido a que faculta al Estado para adoptar medidas administrativas que faciliten y estimulen la construcción de condominios, cuando las atribuciones administrativas resultan ser exclusivas del Municipio, transgrediendo la esfera jurídica de este último.

32. El artículo 243 en relación con el 242 porque se faculta al Ejecutivo del Estado la autorización de construcción de condominios cuando es de exclusiva competencia municipal.

33. El artículo 326 es violatorio porque faculta al Ejecutivo del Estado a dictaminar sobre la autorización y modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, inmiscuyéndose el Estado en competencia meramente municipal tratando de "respetar" la atribución constitucional del Municipio con un convenio como si se tratase de particulares modificando actos inter partes y obviando por supuesto el orden e interés público, así como la propia Constitución Federal.

34. Por lo que derivado de lo anterior, se invade la esfera del Municipio y menoscaba su libertad, pues la Constitución Federal y la Ley General de Asentamientos Humanos delimitan las atribuciones entre los Estados y Municipios sin que exista facultad expresa para trasladar las competencias a través de un convenio, pues la Constitución no puede ser alterada bajo convenios entre órganos y poderes, no puede darse el tratamiento a la Constitución como si se tratara de un acuerdo de voluntades entre particulares.

35. Cita en apoyo a sus argumentaciones de manera análoga las tesis P./J. 124/2007 y P./J. 81/98 de rubros: "MATERIA ELECTORAL. LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y EL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN NO PUEDEN COMPRENDER ATRIBUCIONES PROPIAS DE ÉSTE." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS."

36. Segundo concepto. El Código Urbano del Estado de Querétaro contraviene el artículo 115, fracción III, tercer párrafo, de la Constitución Federal, los artículos 8, fracción IX y 9, fracción VIII, de la Ley General de Asentamientos Humanos pues distinto a lo previsto por el Constituyente y legislador ordinario amplía de facto las atribuciones de la entidad federativa para estar en aptitud de subrogar convencionalmente cualquier atribución de los Municipios.

37. Impugnación de los artículos 11, fracción II, 12, 14, 17, fracción IV, 156, fracción I, 163, 184, 185, 192, 194, 195, 242 y 243 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

38. Existe una intromisión del Estado de Querétaro a las facultades entregadas por el Constituyente y por el legislador ordinario a los Municipios. Ello es así, porque dentro del ordenamiento impugnado –artículos 11, fracción II, 12, 14, 17, fracción IV, 156, fracción I, 163, 184, 185, 192, 195, 242 y 243– la Legislatura del Estado se permitió implementar la posibilidad de establecer y celebrar convenios entre la entidad federativa y sus Municipios y que tendrán por único objeto que los segundos subroguen al primero facultades venidas directamente del artículo 115, fracción V, incisos d) y f), de la Constitución Federal como también previstas por la Ley General de Asentamientos Humanos dentro de los artículos 8, fracción IX y 9, fracción VII.

39. La invasión a la esfera municipal se presenta cada que el Estado es facultado a autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, así como a otorgar licencias y permisos para construcción en territorio municipal. El pago de derechos es un requisito sine qua non para el otorgamiento de licencias y permisos para construir o fraccionar.

40. No es constitucionalmente viable la delegación de facultades de los Municipios, puesto que lo permitido por la Constitución Federal y por su Ley General de Asentamientos Humanos se reduce a servicios públicos también enunciados como funciones. El exceso de la Legislatura del Estado bien puede colocarse en dar el mismo tratamiento a servicios municipales conocidos también como funciones, que a las facultades del Municipio que son indelegables. Por lo que la Legislatura del Estado es incompetente para establecer la delegación impugnada del Código Urbano Estatal.

41. Lo publicado no significa una subrogación imperativa de sus atribuciones; sin embargo, en próximas fechas será coaccionado por el gobierno de la entidad para suscribir los convenios que desde ahora impugna. Ya sea que se valgan del condicionamiento de recursos, de asistencias, de la exclusión o suspensión de programas sociales o cualquier otra que impacte a la ciudadanía o gobernabilidad del Municipio.

42. Tercer concepto. Violación a los artículos 14, 16 y 115, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal.

43. Impugnación de los artículos 16, fracción IX y 28, fracciones V y VI, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

44. La interpretación sistemática de los artículos 16, fracción IX y 28, fracciones V y VI, del código impugnado violan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal pues se afecta la seguridad y certeza jurídicas, en función de que el uso de la palabra "respectivo" arroja ambigüedad acerca del programa de desarrollo urbano que regirá los parámetros para la expedición de licencias de construcción, situación que al sujetar la valoración y estudio del Municipio actor a cualquier programa de desarrollo urbano distinto al autorizado por sí mismo es inconstitucional. No es dable tener por constitucional un Programa Estatal de Desarrollo Urbano que arroga para el Gobierno del Estado la autorización, control y vigilancia del suelo al extremo de fijarla en un documento que resulte taxativo para los Municipios, pues conculcaría la fracción V del inciso d) del artículo 115 de la Constitución Federal por apropiarse de facultades de los Municipios y ejercerlas en supra a subordinación hacía los mismos.

45. Cuarto concepto. Violación a los artículos 27, tercer párrafo y 115, primer párrafo, fracciones II, inciso d), III, segundo párrafo y V, de la Constitución Federal.

46. Impugnación de los artículos 9, fracciones IV y X, y 113 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

47. Estos artículos impugnados invaden esferas competenciales concedidas en forma exclusiva a los Municipios del país, al tiempo que limitan la autonomía municipal reconocida por la Constitución, al supeditar el ejercicio de facultades propias de los Municipios a la aprobación de autoridades de la entidad federativa.

48. El contraste entre los artículos impugnados con los artículos 27 y 115 de la Constitución Federal en conjunto con la Ley General de Asentamientos Humanos resultan contrarios al sistema previsto por la Constitución Federal.

49. El artículo 9, fracción IV, impugnado establece a favor del Estado facultades para "Dictar y tomar las medidas necesarias para evitar la especulación de los terrenos", propias del Municipio por disposición expresa del inciso d), fracción V, del artículo 115 constitucional que establece "Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales".

50. Asimismo, el artículo 9, fracción X, del código impugnado resulta contrario al sistema constitucional, pues establece a favor del Estado facultades para "Inscribir los programas de desarrollo urbano en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y todas aquellas resoluciones que emitan de conformidad con este ordenamiento, que por su naturaleza así lo ameriten", supeditando dicho registro a la emisión de una opinión técnica por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, lo que implica una violación clara y directa a la disposición constitucional que establece que las Legislaturas Estatales deberán respetar las bases contenidas en el artículo 115 y atender a la autonomía municipal.

51. Por su parte, el artículo 113 impugnado resulta contrario al sistema constitucional, pues establece un sistema de jerarquías en base al cual discrimina las facultades otorgadas al Municipio por el Constituyente Permanente, al establecer que el registro público "podrá rechazar la inscripción de los programas de desarrollo urbano cuando a otros programas de desarrollo urbano inscritos de superior jerarquía, pudiendo al efecto, solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado emita la opinión técnica correspondiente", lo que además implica una subordinación de las facultades otorgadas al Municipio por la Constitución contraria a la autonomía de este orden de gobierno.

52. Los preceptos impugnados al establecer competencias a favor del Poder Ejecutivo Estatal invaden el sistema de facultades concurrentes previsto por la Constitución Federal y por la Ley General de Asentamientos Humanos, además de que introducen el concepto de "jerarquías" entre las normas estatales y las municipales otorgando sin sustento mayor jerarquía a las primeras, violentando con ello el principio de la autonomía municipal, previsto en el artículo 115 de la Constitución Federal y pasando por alto que entre dichas normas no puede existir una "jerarquización" que supedite su aplicación, pues éstas se refieren a ámbitos de aplicación que no deben colisionar entre sí.

53. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 1o., 14, 16, 40, 41, 43, 44, 49, 115, fracciones I y V, incisos a) y d), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adicionalmente se mencionan los artículos 9 y 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

II. Trámite de la controversia constitucional

54. Radicación y admisión. La demanda de controversia se depositó en la Oficina del Servicio Postal Mexicano del Estado el doce de julio de dos mil doce y por acuerdo de diecinueve siguiente la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia correspondiente al primer periodo ordenó formar y registrar el expediente al que le correspondió el número 65/2012, y admitir a trámite la controversia(2) y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como a los secretarios de Gobierno y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la entidad, respecto del refrendo de las normas impugnadas, por tanto, se les requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda.

55. En auto de primero de agosto de dos mil doce(3) el presidente de este Alto Tribunal ordenó turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz de conformidad con la certificación que al efecto se expidió, en la que se hace constar que el turno se hizo por conexidad ya que la presente controversia se encontraba relacionada con las diversas controversias constitucionales 50/2012 y 60/2012 en las que se impugnaron diversos preceptos del Código Urbano del Estado de Querétaro respecto de los temas relacionados con las atribuciones municipales en materia de uso de suelo y propiedad inmobiliaria.(4)

56. En sesión privada del Tribunal Pleno de trece de agosto de dos mil doce, se determinó la formación de la Comisión número 61, integrada por los secretarios de estudio y cuenta Raúl Manuel Mejía Garza, Lourdes Margarita García Galicia y Claudia Mendoza Polanco, adscritos a las ponencias de los Ministros Cossío Díaz, Ortiz Mayagoitia (actualmente Pérez Dayán) y Luna Ramos, respectivamente, así como que fuera el Tribunal Pleno quien resolviera las controversias constitucionales 50/2012, 60/2012, 65/2012, 66/2012 y 67/2012.

57. Contestaciones de demanda.

58. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el secretario de Gobierno actuando por sí y en representación del Ejecutivo Local, y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos del Estado de Querétaro, señalaron coincidentemente, en síntesis, que:

59. El Código Urbano del Estado de Querétaro fue sancionado, promulgado, expedido, publicado y refrendado de conformidad con lo establecido por los artículos 22, fracción I, de la Constitución Local, 21, fracciones V y IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que se sostiene la constitucionalidad de los actos impugnados.

60. Así como que el código impugnado se aprobó de acuerdo al principio de legalidad, con base en la facultad conferida en los artículos 17, fracciones II y XVII, y 19 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, por lo que se niega su inconstitucionalidad.

61. Respuesta al primer concepto de invalidez. El Municipio actor parte de una interpretación limitada y restrictiva de las disposiciones constitucionales, así como de una percepción inadecuada e incompleta de los preceptos del Código Urbano, pues las facultades que le brinda al Municipio la fracción V del artículo 115 constitucional no son de su exclusividad, ya que están sujetas a las disposiciones de las leyes estatales y federales, además de que los convenios que se contemplan en dicho cuerpo normativo parten del sistema de coordinación de atribuciones que operan en materia de asentamientos humanos.

62. Contrario a lo que afirma el Municipio actor la celebración de los convenios no implica una delegación de facultades a favor del Estado, pues no parte de una relación de supra-subordinación donde un superior transmite a su inferior determinadas facultades, sino que más bien impera una relación de supra ordinación donde ambos entes se conducen en un plano de igualdad.

63. A diferencia de las relaciones de supra subordinación donde un ente superior ejerce una facultad de mando o imperio, tal y como sucede entre las autoridades con los gobernados, en las relaciones de supra ordinación opera una igualdad jerárquica donde ambos sujetos se colocan en la misma situación de imperio o soberanía, mismas que sólo se distinguen de las relaciones de coordinación, en lo que toca a los sujetos que son materia de ellas, pues unas se refieren a los entes públicos del Estado (supra ordinación) y otras se dirigen a los particulares (coordinación) siendo que en esencia ambas se encaminan a establecer vínculos de acuerdos entre iguales para la consecución de fines específicos.

64. De tal manera que de coordinarse adecuada la postura del Municipio actor equivaldría a afirmar que el Municipio está jerárquicamente por encima del Estado y que existe entre éstos una relación de supra subordinación donde un ente superior (Municipio) delega al inferior (Estado) determinadas facultades, cuestión que es inverosímil, pues entre ambos órdenes de gobierno no impera una relación jerárquica sino una posición igualitaria.

65. El Estado no sustituye totalmente al Municipio en el cumplimiento de sus obligaciones, ni pierde con ello la titularidad de sus facultades sino que el primero se erige como un ente de apoyo que hace posible el ejercicio de las mismas, las que son conservadas como facultades originarias del Municipio. En este sentido, mediante los convenios el Municipio no delega ni subroga al Estado sus facultades, sino que éste constituye un vehículo alterno por el que las ejerce, pues a fin de cuentas queda a su arbitrio solicitar dicho apoyo a las autoridades estatales o ejercerlas por sí mismo.

66. Por ello, a través de dichos convenios no sólo se pueden asumir por parte del Estado las funciones o servicios mencionados en la fracción III del artículo 115 constitucional, sino que también cualquier otra que sea necesaria para el adecuado ejercicio del Municipio, incluyendo aquellas enmarcadas en la fracción V de dicho precepto, pues debe tenerse en cuenta que para la administración de la zonificación, el control del uso del suelo, la expedición de licencias o la formulación de programas de ordenamiento territorial en ocasiones es necesario contar con elementos tecnológicos, científicos, humanos y finalidades que van más allá de la capacidad operativa, por lo que resultaría incongruente considerar que el Estado no puede prestar su ayuda al Municipio en tales aspectos, pues ello sólo perjudicaría el bienestar de la sociedad.

67. Asimismo, no debe perderse de vista que las atribuciones referidas en la fracción V del artículo 115 constitucional implican intrínsecamente la prestación de un servicio público, pues la expedición de una licencia, permiso o autorización relacionada con cualquiera de las materias mencionadas en dicho precepto conlleva el pago de derechos a cargo del particular como contraprestación al servicio prestado, tal y como se desprende en lo particular de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, en relación con el artículo 26 del Código Fiscal del Estado de Querétaro. Por esta razón el Constituyente Permanente determinó que la facultad de asumir dichas funciones y servicios quedará al libre albedrío del Ayuntamiento, pues

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28203-b47426a8/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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