DEUDA PÚBLICA. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO AL REMITIR A LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XI Y 22, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, NO IMPLICA QUE EL GOBERNADOR DE LA ENTIDAD TENGA INJERENCIA EN LA AUTORIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA QUE PUEDAN SOLICITAR Y EJERCER LOS MUNICIPIOS (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos. Los señores Ministros Aguilar Morales y Ortiz Mayagoitia votaron en contra). DEUDA PÚBLICA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL OBJETO DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO CONSISTA EN ESTABLECER LAS BASES PARA LA CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, EN EL CASO, DE LOS MUNICIPIOS, Y NO LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENER COMO FUNDAMENTO EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN VIII, CONSTITUCIONAL (Razones aprobadas por unanimidad de once votos). DEUDA PÚBLICA. LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO ESTABLECE LAS BASES GENERALES APLICABLES EN DICHA MATERIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Razones aprobadas por mayoría de diez votos. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra). DEUDA PÚBLICA. LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NO IMPLICA QUE EL LEGISLADOR LOCAL TENGA LA FACULTAD DE MANEJAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS (Razones aprobadas por unanimidad de once votos). DEUDA PÚBLICA. LOS ARTÍCULOS PRIMERO A CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE CONTIENEN EL ESQUEMA DE TRANSICIÓN ENTRE LA LEY ANTERIOR Y AQUÉLLA, NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, NI LA AUTONOMÍA MUNICIPAL (Razones aprobadas por unanimidad de once votos).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2009. MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, ESTADO DE QUERÉTARO. 2 DE JUNIO DE 2011. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: GUSTAVO RUIZ PADILLA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de junio de dos mil once.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el trece de mayo de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Gonzalo Trejo Martínez, quien se ostentó como síndico del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Estado de Querétaro, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que demandó la invalidez de la norma general que más adelante se precisa, emitida por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1. La Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro.
2. El Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro.
3. El secretario de Gobierno del Estado de Querétaro.
4. El director del Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga", órgano de difusión del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Norma general impugnada:
La Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" el veinte de marzo de dos mil nueve, en lo particular, los considerandos cuarto y noveno, los artículos 1, último párrafo, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16 y los transitorios tercero y cuarto.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:
1. El trece de noviembre de dos mil ocho, la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro aprobó el Decreto que contiene la Ley de Deuda Pública del Estado, enviándose al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para su sanción, promulgación y publicación, hecho del cual se tuvo conocimiento hasta la publicación de la misma en el Periódico Oficial.
2. El veinte de marzo de dos mil nueve se publicó en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga", el decreto de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro, que contiene la Ley de Deuda Pública del Estado.
3. Los preceptos que se combaten violan el espíritu y contenido de los artículos 115 y 117 de la Constitución Federal, toda vez que vulneran la autonomía y la facultad reglamentaria conferidas a los Municipios.
De la lectura de los preceptos constitucionales antes citados se desprende que si bien es cierto que las Legislaturas Locales tienen facultades para emitir leyes que, de manera general, determinen los ingresos que percibirán los Municipios, el Congreso del Estado va más allá de lo que la Constitución Federal establece, pues, en modo alguno, le otorga una facultad discrecional para manejar, en forma unilateral, las haciendas municipales, a grado tal que, bajo el supuesto de revisar y fiscalizar las cuentas públicas, los Municipios dependan de la legislatura para poder administrar su hacienda.
En efecto, la Ley de Deuda Pública del Estado establece la obligación de los Municipios de solicitar autorización a la legislatura, limitando, incluso, su facultad para celebrar actos jurídicos que tengan como finalidad lograr mejores condiciones de ingresos obtenidos por deuda pública.
En este sentido, el Texto Constitucional es claro cuando, tratándose de contratación de empréstitos o de deuda pública, establece bases generales, conforme a los siguientes criterios:
a) Cuando se destinen a inversiones públicas productivas, incluso, los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas.
b) Conforme a las bases que en ley establezcan las legislaturas.
c) Por los conceptos y hasta por los montos que las legislaturas fijen anualmente en los respectivos presupuestos.
d) El Ejecutivo informará de su ejercicio al rendir la cuenta pública.
Como se comprobará, el Congreso del Estado se excede en su facultad de establecer las bases generales para contraer deuda, sometiendo a los Municipios a la discrecionalidad del Ejecutivo y Legislativo Estatales, en el manejo de sus recursos, quienes, de acuerdo con la Ley de Deuda Pública, serán los encargados de autorizar su presupuesto.
Lo anterior, pese a la existencia del principio de libre hacienda, que se consagra en el artículo 115 constitucional, así como de la obligación de establecer reglas generales para determinar los montos que se fijarán anualmente, conforme al artículo 117 de la Norma Fundamental.
TERCERO. El único concepto de invalidez que hace valer el promovente es, en síntesis, el siguiente:
La Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro es violatoria de los artículos 115 y 117 de la Constitución Federal, por las siguientes razones:
La reforma de mil novecientos noventa y nueve, al artículo 115 de la Constitución Federal, creó la figura de las leyes estatales en materia municipal con el propósito de delimitar su alcance y contenido para ampliar las atribuciones municipales y fortalecer los conceptos de personalidad jurídica y patrimonio propios.
Los debates al interior del Congreso de la Unión se concentraron en el fortalecimiento de los Municipios, como personas de derecho público que tenían a su cargo actividades prioritarias, como la prestación de servicios públicos que, sin embargo, poco podían hacer ante el poderío de los Estados que, en forma discrecional, distribuían el presupuesto, relegando a las comunidades asentadas en la demarcación territorial de cada Municipio.
Por tanto, fue intención del Constituyente Permanente acotar los contenidos de las leyes municipales expedidas por los Congresos Locales, para fortalecer la autonomía y hacienda municipales.
Contrario a lo que se establece en el artículo 115 de la Constitución Federal, la Legislatura Estatal se promueve como autoridad intermedia y autoridad única en el manejo de los recursos municipales, pues no sólo legisla, sino gobierna de manera discrecional a los Municipios, al establecer los criterios bajo los cuales autorizará empréstitos, sin señalar las bases generales y los procedimientos que por disposición del artículo 117 constitucional debe contemplar.
En cambio, lo que sí hace es autonombrarse como órgano regulador o, en su defecto, al Estado, como si los Municipios no tuvieran personalidad jurídica y patrimonio propio.
Los alcances de las Legislaturas Estatales, a este respecto, han sido descritos en la tesis de rubro: "LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. DEBEN DETERMINAR LAS NORMAS QUE CONSTITUYEN BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA."
De la lectura del artículo 115 de la Constitución Federal se desprenden los principios de autonomía municipal, libertad hacendaria y transparencia, así como la obligación para los Estados de contar con un órgano legislativo responsable que fije las reglas generales para que pueda funcionar cada entidad municipal, sin mayores alcances que los permitidos por la propia ley, que no recurra a la discrecionalidad para ser quien determine, de manera unilateral, los Municipios cuya cuenta pública aprobará o reprobará.
De este modo, la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro presenta los siguientes vicios de inconstitucionalidad:
1. Al prever que la Legislatura Local será órgano de decisión en el manejo de la hacienda municipal, vulnera la autonomía de los Municipios.
2. No establece las bases generales en materia de deuda pública que se señalan en el artículo 117 de la Constitución Federal, sino que se limita a otorgar facultades al Estado y, en específico, a la legislatura, sin que los Municipios puedan siquiera opinar.
3. El exceso en que incurre el legislador local violenta el principio de libertad en el manejo de la hacienda municipal que se establece en el artículo 115, fracción IV, constitucional.
Del considerando noveno del decreto que contiene la Ley de Deuda Pública del Estado se desprende claramente la intención de la legislatura de disminuir las facultades hacendarias de los Municipios pues, según señala, la iniciativa tiene por objeto que el Gobierno del Estado pueda intervenir en las decisiones municipales, con lo cual deja entrever el propósito de desaparecer, bajo el pretexto de establecer las bases generales de la administración pública municipal, la autonomía de los Municipios, para favorecer a uno de los Poderes del Estado y, con ello, invadir esferas de competencia.
4. Si bien es cierto que la Legislatura Local se encuentra facultada para expedir normas de observancia general y para revisar y fiscalizar las cuentas públicas municipales, incurre en un exceso al autonombrarse "manejadora de los recursos públicos" y al encargar al Poder Ejecutivo del Estado la aplicación de la ley, dejando de lado el principio de libertad hacendaria establecido en favor de los Municipios.
5. La ley debe prever las bases generales de la administración pública y del procedimiento administrativo, no así la organización específica de los Ayuntamientos para favorecer a uno de los Poderes del Estado, en este caso, al Congreso Local.
6. La Ley de Deuda Pública Estatal parte de un error de origen, al omitir señalar que su objeto será establecer las bases generales para la organización municipal en materia de deuda pública, conforme a lo establecido en los artículos 115 y 117 de la Constitución Federal y dejar en claro que el tema de la organización y funcionamiento interno de los Ayuntamientos forma parte de la facultad hacendaria municipal.
Lo anterior trae como consecuencia que muchos de los artículos de esta ley violenten la autonomía municipal para organizarse y determinar su régimen y funcionamiento interno, así como para adquirir deuda para el cumplimiento de sus objetivos, pues tales preceptos pretenden reconstruir, prácticamente, toda la organización administrativa, proponiendo, incluso, un organigrama que impide funcionar al Ayuntamiento y obligándolo a solicitar permiso al Legislativo o, en su defecto, al Ejecutivo, para poder ejercer su autonomía y libertad hacendaria.
La facultad discrecional de la Legislatura Local se extiende a tal grado que en el artículo 16 de la ley impugnada se otorgan atribuciones en materia de deuda pública, sin dar a los Municipios oportunidad de, cuando menos, opinar, violentando con ello los principios de legalidad y seguridad jurídica, que obligan a la autoridad a realizar sólo aquello que la ley le permite.
En efecto, en la Ley de Deuda Pública del Estado, el Congreso se dota a sí mismo de facultades discrecionales para alterar, mediante nuevas figuras jurídicas, derechos de los Municipios, sin que exista un criterio razonable que autorice a afectar la autonomía y hacienda municipales.
Bajo esta perspectiva, los preceptos legales que resultan constitucionales son únicamente aquellos que abordan generalidades de la administración pública municipal y aquellos que refieren a los incisos a) a e) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal.
Por otro lado, el exceso en que incurre el órgano legislativo local queda demostrado igualmente en los transitorios de la Ley de Deuda Pública Estatal que establecen la obligación de los Municipios de ajustarse a las disposiciones que en ella se prevén, fincando responsabilidades administrativas a los funcionarios que hubiesen elaborado un esquema de financiamiento en materia de deuda pública, contrario a dicha normatividad, generando con ello una retroactividad en perjuicio del ámbito municipal, lo cual deja entrever el propósito de la Legislatura Local de pretender obtener, a través de esta ley, un poder ilimitado bajo figuras discrecionales que se contraponen a lo que establece el artículo 117 constitucional.
7. La Legislatura Local pretende violentar la autonomía municipal y generar responsabilidades administrativas, al disponer la obligación de los Ayuntamientos de ajustar su marco normativo a las disposiciones de la Ley de Deuda Pública del Estado, con lo cual intenta dejar sin efectos lo pactado mediante diversos convenios o contratos celebrados con anterioridad a dicha ley.
Con lo anterior, la legislatura pretende no sólo normar, sino sustituir a los Ayuntamientos y dictar las normas sobre las que deberán organizarse, constituyendo esto un exceso en el ejercicio de sus atribuciones que vulnera la autonomía municipal y los principios de legalidad y seguridad jurídica.
8. No es que los Municipios del Estado de Querétaro se resistan a ser fiscalizados; sin embargo, encuentran en la Ley de Deuda Pública Estatal una serie de violaciones a sus atribuciones, pues dicha ley transgrede lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Federal, al no establecer el procedimiento mediante el cual se cumplirá con los principios que en ella se consagran.
En concreto, resultan inconstitucionales los considerandos cuarto y noveno, los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, y los transitorios tercero y cuarto del decreto que contiene la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro.
Ningún poder estatal o municipal puede estar por encima de la Constitución, cuyas disposiciones tienen por objeto, en este caso, una descentralización administrativa que permita no sólo un contacto más cercano con los ciudadanos, sino un desarrollo de los Municipios y una posibilidad de transparencia, al impedir que sea un solo poder el que tenga el control absoluto y generar gobiernos en los que la responsabilidad sea compartida.
Apoyan lo anterior las consideraciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso en relación con la naturaleza del Municipio, en las sentencias dictadas en las controversias constitucionales 14/2001 y 25/2001, en el sentido de que se trata de un poder público, con funciones no sólo de prestación de servicios, sino otras típicas de carácter ejecutivo e, incluso, legislativo, al reglamentar su proceder y, con ello, generar transparencia.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violados son los artículos 115 y 117.
QUINTO. Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 42/2009 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de dieciocho de mayo siguiente, la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, en suplencia del Ministro instructor, admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo y al secretario de Gobierno, todos del Estado de Querétaro -no así al director del Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Estado, "La Sombra de Arteaga", por tratarse de un órgano subordinado del Poder Ejecutivo Estatal-, a los que ordenó emplazar a efecto de que formularan su contestación, y mandó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó devolver el expediente al Ministro instructor Sergio A. Valls Hernández para que continuara con el trámite correspondiente, dado que ese día se reincorporó a sus actividades.
SÉPTIMO. En su oficio de contestación a la demanda, el Poder Legislativo del Estado de Querétaro manifestó, esencialmente, lo siguiente:
De la simple lectura de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ingresos municipales derivados de la contratación de deuda pública no forman parte de los bienes que gozan del atributo de libre administración hacendaria municipal, por no encontrarse en dicho catálogo; luego entonces, por simple lógica, la actora no puede de modo alguno argumentar que la disposición legal de la cual cuestiona su constitucionalidad es inválida a la luz de esa prerrogativa municipal.
Más aún, el objeto de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro por ningún motivo en su contenido contempla importes o destino de los recursos que se lleguen a obtener derivados de la contratación de deuda, sino que se limita, en cumplimiento del segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de nuestra Carta Magna, a establecer las bases sobre las cuales habrá de llevarse a cabo el procedimiento para la contratación de deuda, tanto de los entes estatales como municipales, siendo, por lo tanto, inconsistente el argumento de la actora al señalar que se le está vulnerando su facultad de libre administración tributaria.
La Ley de Deuda Pública no contraviene las prerrogativas municipales de autonomía y libre administración hacendaria, toda vez que la misma sólo previene las bases para la contratación de deuda sin establecer requisitos, procedimientos o destino de los recursos que se obtengan de los empréstitos, razón por la cual es evidente la indebida interpretación que de la misma pretende hacer la actora.
Además, resulta que independientemente de la conceptualización de los elementos que integran la hacienda pública municipal, las formas y métodos deben ser determinados por las Legislaturas de los Estados, ya que su función legislativa y de fiscalización las faculta para ello.
En un análisis específico de la norma que ahora se tilda de inconstitucional, la Legislatura del Estado, a través de los considerandos, establece la naturaleza y necesidad de actualizar el marco jurídico local y los motivos que lo llevan a emitir una nueva disposición en materia de deuda pública.
Ahora bien, debe plantearse la validez de los considerandos 4o. y 9o. de la citada ley, en virtud de que la actora no desarrolla propiamente concepto de invalidez alguno por cada una de las disposiciones de las cuales solicita su análisis constitucional, es decir, si bien es cierto que la actora manifiesta que considera que son inconstitucionales esos preceptos, no explica en lo particular porqué llega a esa conclusión en relación con cada precepto que impugna.
La Constitución Política del Estado de Querétaro, en congruencia con las disposiciones supremas de la Carta Magna, establece que la hacienda pública del Estado y la respectiva de los Municipios se constituye por los bienes de su patrimonio y los ingresos que se determinen conforme a las leyes a su favor.
Además, en apego a una obligación que la propia Constitución Local determina en su artículo 14 y, específicamente, en su penúltimo párrafo, es que se crea la Ley de Deuda Pública en el Estado de Querétaro, pues fija la obligación de crear una ley que establezca las bases para la contratación de empréstitos, esto a colación con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117 del Pacto Federal.
Por otro lado, del último párrafo del artículo 1 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro no se desprende violación alguna de las disposiciones constitucionales referidas en los artículos 115 y 117 del Pacto Federal, pues se refiere a parte del objeto de la misma ley y, en particular, a los mecanismos para la afectación de participaciones federales a que tengan derecho, es decir, la determinación de mecanismos no implica en sí la violación de facultades constitucionales y mucho menos constituye el Poder Legislativo del Estado en un poder supremo, tal como lo alude en sus consideraciones el Municipio demandante.
El impugnado artículo 4o. de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro estipula la competencia de la Legislatura del Estado en materia de deuda pública.
En contradicción a los escasos argumentos del demandante, es que debe leerse y entenderse que dichas facultades corresponden al Poder Legislativo cuando se trate de la contratación y administración de deuda pública, no así al manejo específico de la deuda o a la utilización de los recursos que de participaciones federales le corresponda (libre administración de la hacienda).
El artículo 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro establece la competencia del Poder Ejecutivo del Estado en materia de deuda pública, pudiéndose advertir del contenido de dicho precepto que no es imperativo ni implica ninguna responsabilidad, obligación, invasión de competencias o perjuicio al Municipio demandante, en virtud de que la facultad concedida al Poder Ejecutivo del Estado es relativa únicamente a la presentación (entrega o conducto) hacia el Poder Legislativo también estatal, mas no a su determinación o autorización específica.
El artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro determina la competencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado en materia de deuda pública, apreciándose que tales facultades son congruentes y apegadas a derecho.
De las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y X del artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, no se identifican disposiciones que pudieran resultar aplicables al Municipio demandante, pues resultan en facultades y obligaciones que corresponden al Poder Ejecutivo Estatal y que realiza técnicamente a través de una dependencia especializada y encargada de los asuntos concernientes a las finanzas del Poder Ejecutivo.
En la fracción IX del artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro se establece una facultad de la Secretaría de Planeación y Finanzas que consiste en emitir una opinión cuando se trate de empréstitos que pretendan contratar los Municipios y sus entidades.
Esta fracción resulta clave para asegurar el respeto que este Poder Legislativo y el propio Ejecutivo del Estado tienen hacia las facultades constitucionales de los Municipios, pues no se constituyen como una figura de control de los ingresos y manejo de la hacienda pública, sino como un ente de asesoría y apoyo que, atendiendo al correcto manejo de los recursos públicos y su erario, emite una simple opinión que puede o no ser atendida por los Municipios en uso de sus facultades.
Además, las facultades de la Secretaría de Planeación y Finanzas señaladas en el artículo 6 que se analiza, sólo se entienden dentro del ámbito del Gobierno del Estado, de tal manera que la única facultad que tiene dicha dependencia estatal en materia de deuda pública municipal (de acuerdo con el numeral en comento) es la prevista en la fracción IX del mismo y que consiste en "emitir una opinión", atendiendo a la experiencia y conocimientos especializados de la Secretaría de Planeación y Finanzas que sin duda alguna proporcionará asesoría a los Municipios para que contraten deuda pública en las mejores condiciones y siempre en cumplimiento de los lineamientos que marca la Constitución Federal, a efecto de lograr de forma efectiva inversión pública productiva para el Municipio, para su apoyo y auxilio, pero que en ningún momento esa opinión sea requisito indispensable para que la legislatura emita la autorización solicitada por el Municipio, como claramente se desprende de lo establecido en el artículo 4 de la misma ley.
El artículo 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, relativo a la contratación, garantías y avales, establece el concepto de inversión pública productiva.
Resulta claro que el contenido del artículo 7 está relacionado con el 8 de la misma ley, sin embargo, el primero de ellos no fue impugnado por el Municipio demandante, por lo que éste deberá conservar su literalidad en los términos que ha sido aprobado. Aunado a que del análisis del artículo 8 no se encuentra violación a disposición alguna, toda vez que al establecer el concepto de inversión pública productiva, el legislador se ajusta a lo preceptuado en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Federal, ya que por seguridad jurídica en el cuerpo de la ley se establece qué conceptos se entenderán como inversión pública productiva y no se deja al capricho de los que pretenden contratar créditos de esa naturaleza el decidir cuándo es inversión de esa clase.
Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, relativo a la contratación, garantías y avales, establece diversos criterios para la constitución de deudores solidarios.
Al respecto, los Municipios podrán constituirse como aval o deudor solidario y hacerlo en su respectivo ámbito de competencia, únicamente en tratándose de la contratación de empréstitos. Es clara una división de procesos y facultades de las disposiciones que son imperativas a los Municipios y las que son consideradas para las demás entidades que pueden acceder a dichos empréstitos, por lo que de ninguna manera puede presumirse una sumisión o invasión de facultades hacia los Municipios, ni de parte de esta legislatura ni de parte del Poder Ejecutivo Estatal.
El artículo 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, relativo al Registro Estatal de Deuda Pública, establece (de manera enunciativa mas no limitativa) cuáles serán los datos que deberán constar en sus registros, sin que pueda apreciarse ningún menoscabo, agravio o violación a la autonomía constitucional de los Municipios y, sin en cambio, constituye un instrumento necesario para la transparencia en la rendición de cuentas de las entidades involucradas.
El artículo 14 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, relativo al Registro Estatal de Deuda Pública y estrechamente vinculado con el artículo 13 de la misma ley, establece de manera general los documentos que deberán acompañar las entidades obligadas a remitir información para el enriquecimiento y actualización del registro mencionado. Al respecto, resulta evidente la falta de argumentos del demandante, al no hacer mención de cuál es el perjuicio concreto que le causa dicho precepto.
El artículo 16 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro define específicamente el concepto de "reestructuración de deuda pública", procurando de esta manera el legislador involucrar e incluir los diversos instrumentos que son utilizados precisamente para "replantear" un esquema de pagos y de compromisos adquiridos previamente por las entidades a que se refiere la mencionada ley, por lo que resultaría inverosímil, falto de técnica jurídica y congruencia que la legislatura no abundara sobre el asunto. Lo anterior, de ninguna manera resulta una violación a las facultades de los Municipios, sino todo lo contrario, enriquece los alcances que debe tener una reestructuración en los deberes y obligaciones que conlleva contraer deuda pública.
Ahora bien, el artículo tercero transitorio de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro establece que no pueden existir disposiciones de la misma o de menor jerarquía que pudieran contravenir las disposiciones de la ley aprobada, pudiéndose, en un principio, tratársele a tal precepto como una disposición inquisitiva (como pretende hacerlo ver el demandante), sin embargo, no se trata de un manifiesto de nulidad hacia las normas vigentes, en el entendido de que del estudio que este Poder Legislativo ha emprendido, no hay normas vigentes que se relacionen con disposiciones de deuda pública que la ley en comento señala, es decir, no puede argumentar el Municipio demandante violación a su escaso marco normativo, en virtud de que carece totalmente del mismo.
Por su parte, el artículo cuarto transitorio de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro establece que la deuda pública contratada con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley se regirá con las disposiciones que se encontraban vigentes al momento de su contratación y que, además, los contratos o convenios que se hubieren suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la misma ley deberán cumplir con lo previsto en el capítulo cuarto del ordenamiento legal de mérito.
Al respecto, no es claro el argumento que invoca el demandante y no demuestra el supuesto perjuicio que le ocasiona, pues al contrario, el legislador considera que un tema tan importante no debe quedar sujeto a una simple interpretación, sino que debe ser específico y establecer las condiciones que deberán prevalecer no solamente para la contratación de deuda futura, sino la que ya se ha contratado y que actualmente afecta a las diversas entidades obligadas.
Finalmente, es dable afirmar que (i) la Legislatura del Estado de Querétaro es competente y tiene atribuciones para cumplir con la encomienda que le señala la Constitución Federal y local, bajo los procedimientos que al efecto refiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, por lo que la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro cumple con los requisitos de legalidad y validez que la legislación exige y (ii) de las consideraciones anteriormente expuestas se desprende que más que argumentos sólidos y contundentes que permitan cuestionar la legalidad y constitucionalidad de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, se trata de una serie de argumentos erráticos y oscuros con los que se pretende crear una estela de confusión y falta de transparencia en la ejecución del ejercicio de las finanzas públicas y, específicamente, cuando se trata de deuda pública, por lo que los mismos deberán desecharse.
OCTAVO. En sus diversos oficios de contestación a la demanda, el gobernador y secretario de Gobierno, ambos del Estado de Querétaro, manifestaron, esencialmente, lo siguiente:
La parte actora se limita a transcribir el texto del artículo 115 constitucional y no vierte argumentos suficientes tendientes a demostrar que la ley que impugna efectivamente contraviene dicho precepto, sin embargo, no pasa desapercibido que en términos del artículo 40 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede suplir la deficiencia de la demanda.
Es indudable que el actor confunde la potestad tributaria con la competencia tributaria, siendo pertinente señalar que la ley impugnada se encuentra dentro del ámbito de la primera, debido a que el objet
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23264-5b3e97ea/deuda-publica-el-articulo-1o-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- HACIENDA MUNICIPAL. LA MOTIVACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTATAL PARA APARTARSE O MODIFICAR LA PROPUESTA INICIAL DE LEY DE INGRESOS DE UN MUNICIPIO PUEDE SUSTENTARSE DENTRO DEL PROCEDIM (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, AUN CUANDO EN LA DEMANDA HAGA CONSTAR QUE V (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL DISPONER QUE SU ENAJENACIÓN SE EFECTUARÁ CON BASE EN EL PROCEDIMIE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REFRENDO DE LOS DECRETOS POR LOS QUE EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO PROMULGA LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO LOCAL. COMPETE EXCLUSIVAMENTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO DE L (X.1o.(XI Región) J/1 (10a.))
- REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. CORRESPONDE, TANTO AL SECRETARIO DE GOBIERNO, COMO AL DEL RAMO CORRESPONDIENTE. (VII.1o.(IV Región) J/2 (10a.))
- DECRETOS PROMULGATORIOS DE LEYES APROBADAS POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO. PARA SU VALIDEZ Y EFICACIA JURÍDICA BASTA CON EL REFRENDO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO D (XXII.1o.45 A)
- DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE JUNIO DE 2009. AL NO HABER (XXII.P.A.11 A (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis