EMPLAZAMIENTO. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ (ARTICULO 743 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).
AMPARO EN REVISION 101/94. LAZARO DIAZ LORENZO Y OTROS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados los agravios transcritos.
Aduce el recurrente que el Juez de Distrito concedió el amparo a los quejosos argumentando que el actuario no asentó en el acta el nombre de los propietarios del centro de trabajo demandado y que por esa razón no se emplazaron legalmente a juicio, aplicando incorrectamente el artículo 740 de la Ley Federal del Trabajo y pasando por alto que no se demandó a dichas personas y que éstas pretenden eludir su responsabilidad puesto que no niegan que la persona que recibió la notificación labore para ellos y entonces es un hecho consentido que tiene como consecuencia la legalidad del emplazamiento.
Las constancias del juicio de amparo 1664/93 ponen de manifiesto que Ana Elizabeth Félix Chapman de Cantú y Homero Cantú Ochoa, reclamaron todo lo actuado en el juicio laboral 5193/i/5/93, ventilado ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, argumentado sustancialmente que no habían sido legalmente emplazados al referido juicio, violándose en su perjuicio garantías individuales.
En la sentencia recurrida el Juez de Distrito estimó ilegal la diligencia de fecha doce de junio de mil novecientos noventa y tres, porque el notificador adscrito a la Junta responsable se constituyó en el centro de trabajo demandado ubicado en calle Los Barragán sin número, acera norte, colonia Villa Chipinque, en Garza García, Nuevo León y dirigió la cita de espera al representante legal de la obra, sin cerciorarse que ahí era el lugar donde prestaron sus servicios los actores ni quién era el propietario o responsable de la obra, a fin de dejar el citatorio a la persona o personas indicadas y en su caso el instructivo, para realizar así el emplazamiento siguiendo las reglas de los artículos 740 y 743 en relación con el 712 de la Ley Federal del Trabajo y que las pruebas aportadas por los quejosos permitían al actuario determinar a quién pertenece la construcción, concluyendo que al no hacerlo así el procedimiento laboral estaba viciado y era violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales y por esa razón concedía el amparo y protección de la Justicia Federal. Cita el Juez de Distrito en apoyo de su determinación la tesis número 10 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 322, Tomo III, Enero-Junio 1989, Parte I, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL DEL PATRON.".
Ahora bien, del examen de las diligencias de fechas doce y trece de julio de mil novecientos noventa y tres, se advierte que las mismas no cumplen con lo establecido en los artículos 740 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, porque en el acta de la fecha citada en primer término se asienta que el fedatario se constituyó en la obra en construcción ubicada en la calle Los Barraganes sin número, acera norte, colonia Villa Chipinque y se cercioró del domicilio "por estar constituido en la calle y colonia mencionados, confirmándolo el dicho de la persona que me atendió", y no encontrando presente al demandado entendió la diligencia con un señor de nombre Erculano Montalvo quien dijo ser encargado del centro de trabajo demandado a quien dejó el citatorio de espera, dirigido al representante legal del mencionado centro de trabajo. Al día siguiente, trece de julio de mil novecientos noventa y tres, el notificador establece que se constituyó de nueva cuenta en el centro de trabajo y realizó la notificación por conducto de Erculano Montalvo.
En esas condiciones, es evidente que la conclusión del Juez de Distrito está ajustada a derecho, en razón de que el actuario no se cercioró que el lugar en el que se constituyó era el centro de trabajo que debía ser notificado, contraviniendo los artículos 740 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, pues la primera de las disposiciones impone al actuario la obligación de cerciorarse que el lugar donde se efectúa la notificación es el del centro de trabajo en que presta o prestó sus servicios el demandante y de practicar la diligencia conforme al procedimiento establecido en el segundo de los preceptos legales invocados, y este último exige al notificador cerciorarse no sólo del domicilio y de que ahí vive la persona que debe ser notificada, asentando los elementos que lo lleven a tal conclusión, después de lo cual hará la notificación al interesado, sino también que de no estar presente deje citatorio para que lo espere al día siguiente a una hora determinada, de lo que se sigue que es insuficiente la sola mención por parte del actuario de que se constituyó en el domicilio del demandado y que esto lo afirmó la persona llamada Erculano Montalvo, con quien practicó la diligencia, pues era menester buscar a la persona física propietaria del lugar, previo cercioramiento de que ahí vive, trabaja o habita, y entender con él o con su representante la diligencia y en caso de no encontrar presente a ninguno de los dos, dejar citatorio de espera a su nombre para hora determinada del día siguiente y solamente que en esta nueva fecha no estén presentes el interesado o su representante, entonces la notificación se hará a la persona que se encuentre en la casa, de manera que al no cumplirse tales exigencias, la diligencia de emplazamiento practicada por el actuario adscrito a la Junta responsable es ilegal, así como las subsecuentes actuaciones del juicio laboral de donde derivaron los actos reclamados y la sentencia del Juez de Distrito que así lo resuelve no conculca garantías individuales en perjuicio del recurrente.
No se opone a lo anterior que en el juicio laboral se demandará únicamente al centro de trabajo por ignorarse el nombre del patrón, pues si bien los promoventes del juicio ordinario no están obligados a hacer tal señalamiento, la Ley Federal del Trabajo sí impone al actuario la obligación de realizar el emplazamiento a juicio en los términos precisados, siendo igualmente infundado que el hecho de que los quejosos no negaran que la persona con quien se entendió la diligencia, Erculano Montalvo, trabajara a sus órdenes, pueda considerarse un acto consentido que implique la legalidad del emplazamiento, pues al respecto cabe decir que la ilegalidad de dicha actuación derivó precisamente de que no se cercioró de que ahí fuera el centro de trabajo, como lo requieren las disposiciones legales invocadas con antelación.
En las relacionadas condiciones, siendo infundados los agravios examinados, procede confirmar la sentencia sujeta a revisión.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia de esta revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Ana Elizabeth Félix Chapman de Cantú y Homero Cantú Ochoa, contra los actos que reclamaron de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otras autoridades, precisados en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, licenciados Juan Miguel García Salazar, Enrique Cerdán Lira y Ramiro Barajas Plasencia, siendo relator el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2394-1c7c7f70/emplazamiento-requisitos-para-su-validez-articulo-743-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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