PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN. LA CARGA DE PROBAR ÉSTA RECAE EN LA PARTE ACUSADA CUANDO ACEPTA LOS HECHOS QUE MOTIVAN UNA QUEJA EN LA MATERIA PERO NIEGA LA CONDUCTA QUE SE LE ATRIBUYE, AL ADUCIR UNA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN.
AMPARO DIRECTO 445/2012. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Son infundados los conceptos de violación.
En el primero, aduce violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en concreto, porque la Sala Fiscal interpretó incorrectamente lo dispuesto en los numerales 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en relación con el 47 de la misma legislación, dejando a la quejosa en estado de indefensión al no resolver la sentencia definitiva reclamada conforme a derecho, pese a existir hechos notorios aplicables al asunto, contraviniendo con su actuar lo establecido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Para clarificar lo anterior, señala que la responsable dejó de observar correctamente las reglas de la prueba aplicables, ya que previo a acreditar las excepciones, el actor debe probar los hechos de su acción, pues si ésta no existe, no hay necesidad de abordar el estudio de aquéllas.
Aunado a que el acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado, porque el personal del Museo Nacional de Antropología manifiesta que se produjo una conducta discriminatoria por un "cambio de voz" de la persona que atendió una llamada recibida en el "call center" del **********, lo que constituye un hecho positivo que no fue probado; ni siquiera ofrecieron prueba alguna para intentar demostrar el hecho constitutivo de la queja tramitada ante la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Entonces, considera el peticionario de garantías, siguiendo una equidad procedimental, que es un hecho notorio que la responsable debió entender que más que demostrar la quejosa sus excepciones, el personal del Museo Nacional de Antropología tenía la obligación procesal de acreditar su acción, porque implica un acto positivo que necesita robustecerse con elementos de convicción, lo que no aconteció, exponiendo al efecto diversos argumentos encaminados a evidenciar tal circunstancia.
Afirma además que la reputación y prestigio social del **********, es parte esencial de la forma de sustento para cumplir con su objeto social, consistente en el servicio y atención de hotelería, y no puede permitirse que su impecable reputación se vea afectada, porque se estaría afectando también el trabajo de todos los empleados, lo cual se provoca al confirmar la presunción de un acto discriminatorio, en violación a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque no se confirmaron los hechos constitutivos de la acción, previo a determinar si se acreditaban las excepciones; afirmando que lo expuesto debe prevalecer sobre lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Que el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en su artículo 109, establece de forma limitativa cuáles son las únicas resoluciones con las que puede concluir un procedimiento de queja, mismas que se excluyen entre sí y no pueden invocarse de manera conjunta, sin que se enliste la confirmación de un acto de discriminación, a lo más, la comisión podrá concluir tal procedimiento conforme a la fracción "XII. Por tratarse de un presunto acto de discriminación"; de ahí que si la demandada en el juicio de nulidad resolvió concluir el procedimiento de queja de que se trata, fundándose en la fracción XI del numeral acabado de citar, es decir, por "no sometimiento al procedimiento conciliatorio", resulta contrario a derecho que la Sala responsable confirme la resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, consistente en que: "... no obstante la conclusión del expediente queda subsistente la presunción sobre el acto de discriminación, pues el personal de ********** no aportó elementos suficientes para generar convicción de este consejo acerca de que los hechos se suscitaron de forma diversa a lo expuesto por el personal del Museo Nacional de Antropología.", ya que no existe una presunción legal en favor de éste, sino una presunción de admisión del procedimiento decretada con base en dos fracciones del invocado numeral 109.
También aduce la impetrante de garantías que no existió justificación legal para que subsista un presunto acto de discriminación que sólo se basa en el dicho de una persona, consistente en un hecho positivo completamente subjetivo de quien escucha una conversación entre dos personas y percibe "cambio de tono de voz", y que la legislación aplicable únicamente establece presunciones legales cuando se lleva a cabo un procedimiento por conductas presuntamente discriminatorias cometidas por los servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, lo que no aplica en el procedimiento de queja, por presuntas conductas discriminatorias de particulares.
A fin de establecer las razones por las que resultan infundados los argumentos acabados de sintetizar, se considera oportuno realizar una relación de las constancias que integran el juicio de nulidad de que se trata, a las cuales se otorga pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2o., de las que se desprende lo siguiente:
1) El nueve de septiembre de dos mil diez, la directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones acordó iniciar de oficio la queja número **********, en razón de que en ese Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se tuvo conocimiento, vía correo electrónico, sustancialmente de los hechos siguientes:
"El tres de septiembre de dos mil diez, la antropóloga ********** contactó vía telefónica al servicio de reservaciones del ********** (**********) para hacer una reservación para setenta y cinco personas. Atendió la llamada **********, de **********, quien quedó de confirmar la reservación el seis de septiembre. En esa fecha (seis de septiembre), ********** se comunicó telefónicamente con **********, al Museo Nacional de Antropología, a quien le informó que sí tenían disponibilidad para alojar a las citadas personas y le explicó el trámite para el bloqueo de las habitaciones. Fue entonces cuando ********** informó a ********** que se alegraba, ya que por su ubicación el hotel era idóneo para albergar a personas indígenas que posiblemente nunca habían estado en la Ciudad de México y les sería fácil trasladarse hacia el centro durante su estancia. En ese momento ********** cambió el tono de voz y comentó rápidamente que habían perdido ya las reservaciones, por lo que llamaría de nuevo a **********; sin embargo, le remitió un correo electrónico en esa misma fecha (seis de septiembre), donde consta lo siguiente: ‘... el motivo del presente es en relación a la solicitud de cotización que amablemente me solicitaste para hospedaje de su grupo del diecisiete al veinte de septiembre en Ciudad de México, lamentablemente se cerró una negociación que se tenía previamente con un volumen de treinta habitaciones.’. Es importante señalar que no fue el deseo de dicha persona presentar ante este organismo una queja." (fojas 40 y 41 del juicio de nulidad, así como 1 a 3 del expediente de queja).
2) Agotado el trámite correspondiente, el diez de diciembre siguiente, la directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones mencionada, dictó acuerdo de conclusión en el expediente de que se trata, donde, después de hacer la relación de las actuaciones que lo integran, señaló:
"De las constancias que obran en el expediente se desprende que a pesar de haber gestionado con la licenciada **********, directora de Servicios a Franquicias, con **********, director de Finanzas y del Área Legal, con **********, gerente de Programas de Mercadotecnia y con **********, gerente general del **********, todos ellos trabajadores de la empresa **********, resolver satisfactoriamente el presente expediente, privilegiando la conciliación, lo que se había aceptado en un primer momento; posteriormente dieron evasivas para dar respuesta respecto de la colocación de la citada placa, pues a pesar de haberles realizado la solicitud para reconsiderar su colocación, tanto vía telefónica como por correo electrónico, **********, representante legal de la citada empresa ni algún otro empleado del área legal se contactó con personal de este organismo para dar su respuesta, a pesar de que ********** indicó que dicha solicitud ya estaba en poder de **********, aunado a que la licenciada **********, reiteró su postura de no dar una disculpa a la parte agraviada; por ello, se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 81 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 106 y 108 del Estatuto Orgánico de este consejo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 109, fracción XI del estatuto orgánico de este consejo, considérese el presente asunto como concluido por no sometimiento al procedimiento conciliatorio de las personas a quienes se les imputaron los hechos motivo de queja. De conformidad con lo anterior y en observancia a los artículos invocados y al 45 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, este consejo solicitó, mediante oficios ********** y **********, respectivamente, la intervención de Arturo Pradel García, director general Jurídico y de Gobierno de la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc y de Alejandro de Santiago Palomares Sáenz, coordinador de Verificación Administrativa del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, y de ser legalmente procedente, personal a sus cargos realice las gestiones correspondientes, a efecto de verificar que el ********** tenga colocado en un lugar visible al público el letrero relativo a que en ese establecimiento mercantil no se discrimina, así como la verificación correspondiente para certificar que en dicho lugar no se niegue el servicio a las personas por ser indígenas, ni por alguna otra condición. No obstante lo anterior, atendiendo a que el objeto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es el de prevenir y eliminar todo tipo de discriminación y promover la igualdad de trato y de oportunidades para todos (as), se manifiesta la importancia de que se realicen acciones que permitan a las personas, independientemente de su condición e identidad indígenas o de cualquier otra circunstancia, tener acceso a los servicios que brindan las empresas privadas o las instituciones públicas, a fin de que se integren adecuadamente en los diversos ámbitos en que se desenvuelvan. Es importante que la sociedad sea incluyente y se tenga un compromiso social para evitar acciones que pueden incitar a la exclusión, distinción o restricción, con menoscabo de otros derechos y la dignidad de las personas. En el mismo sentido se manifiesta la preocupación de este consejo en relación a los presuntos actos realizados por **********, ejecutivo de ventas del centro de reservaciones de **********, quien, acorde con el dicho de los agraviados, le negó el servicio al grupo de personas indígenas para las que estaba efectuando la reservación **********, investigadora asistente, precisamente cuando se enteró de su identidad indígena. Por otra parte, no obstante la conclusión del expediente, queda subsistente la presunción sobre el acto de discriminación, pues el personal de **********, no aportó elementos suficientes para generar convicción en este consejo acerca de que los hechos se suscitarán de forma diversa a lo expuesto por el personal del Museo Nacional de Antropología." (fojas 45 a 48 del expediente de queja).
3) Inconforme con la anterior determinación, **********, a través de su gerente general, interpuso recurso de revisión el cual quedó registrado con el número RR. **********, resuelto el veinticinco de marzo de dos mil once, con las consideraciones siguientes:
"4. Una vez señalados los puntos anteriores, de la lectura del escrito por el que la recurrente, a través de su gerente general, interpuso recurso de revisión contra el oficio **********, de trece de diciembre de dos mil diez, mediante el cual se le notificó el acuerdo de conclusión del expediente de queja **********, emitido por la directora de quejas, en tal escrito manifestó su único agravio que le causa el acuerdo de conclusión del referido expediente de queja, el que a continuación se trata: Inicialmente refiere el hoy recurrente, que le causa agravio la resolución por no sometimiento al procedimiento conciliatorio de las personas a quienes se les imputaron los hechos motivo del citado expediente de queja y, además, porque presuntamente se determinó de manera ilegal que quedaba subsistente la presunción sobre un acto de supuesta discriminación llevado a cabo por parte del personal de su representada, señalando que es ilegal y errónea. Sin embargo, en este punto no señala porqué le resulta errónea e ilegal y se limita a realizar una mera manifestación sin exponer argumentos encaminados a controvertir la determinación adoptada, a fin de que esta dirección general adjunta, pudiera emitir un pronunciamiento al respecto. Por otro lado, el recurrente hace el señalamiento del concepto legal de discriminación previsto en el artículo 4 y, posteriormente, transcribe el artículo 5, que señala las conductas que no se consideran discriminatorias, ambos preceptos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y, en la segunda foja de su escrito de inconformidad, precisa que la ley no prevé en ningún momento que exista discriminación por la evaluación personal que tenga una persona frente a determinada situación en función de su criterio personal, sino que requiere de manera taxativa la ejecución de un acto en particular que implique un acto discriminatorio (sic), que se encuentre prohibido por la ley, cuestión que en el caso particular de su representada jamás ocurrió. Ante ello, cabe precisar al recurrente, como se indicó en el considerando ‘3’, que los hechos motivo de la queja se califican en términos del artículo el 67 del estatuto orgánico de este consejo nacional, tal como se mostró el acuerdo que hoy se recurre, es decir, se calificó como un presunto acto de discriminación a la luz de los artículos 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 3, fracción IV del citado estatuto, que reglamentan el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, la referida ley no prevé casos concretos sino que, señala, cómo se percibe un presunto acto de discriminación; es decir, se analizaron los hechos de la presente queja para determinar si éstos cuentan o no con los elementos de distinción, exclusión o restricción, la causa y el efecto, que son propios de una presunta conducta discriminatoria, y que están entrelazados, es decir, tienen un nexo causal, los cuales se traducen en que la conducta reclamada tiene el efecto de impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, con base en (son los elementos que constituyen la causa) el origen étnico o nacional; sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud; embarazo, lengua, religión; opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra causa análoga. Por ello, si bien es cierto que la ley no prevé de facto que exista discriminación por la evaluación personal que tenga una persona frente a determinada situación en función de su criterio personal, también lo es que ipso jure, y como se desprende del presente expediente, se calificaron los hechos motivo de la queja a la luz de los preceptos citados en el párrafo anterior, como un presunto acto de discriminación, en virtud de que **********, una vez que tuvo conocimiento de que las personas para quienes se solicitaba la reservación eran personas indígenas, presuntamente les negó la posibilidad de acceder a los servicios del citado hotel, no obstante que se había comunicado telefónicamente para confirmar la disponibilidad de habitaciones. Lo que se vinculó con los derechos de las personas indígenas que deseaban hospedarse en dicho hotel a no ser discriminadas, ello está previsto, entre otros, en los artículos 1o., párrafos primero y tercero y 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, incisos a), b) y d), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; 1, 2, 3, numeral 1 del Convenio (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales; 1, 11, numerales 1 y 3, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, y 9, fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVIII y XXIX de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Así como en los artículos 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo anterior, contrario a lo que manifiesta el recurrente, se realizó presuntamente la ejecución de un acto en particular que implicó un presunto acto de discriminación, como se ha explicado, realizándose supuestamente una distinción a este grupo de personas por ser indígenas, vinculándose con los derechos citados en el párrafo anterior; por tal motivo, se reitera que se calificaron los hechos como un presunto acto de discriminación, además de que el hoy recurrente no aportó algún medio de convicción para demostrar lo contrario, es decir, que los hechos ocurrieron de forma diversa. Por otro lado, refiere el recurrente que se les brindó el mismo trato que se le brinda a cualquier otro cliente que habla al teléfono de reservaciones y servicio al cliente de ********** (sic); sin embargo, de las constancias que obran en el expediente de queja **********, se reitera que no se aprecia o se aportó algún documento, grabación telefónica de la llamada realizada por ********** y **********, o cualquier otro medio que cree convicción en su dicho. Asimismo, menciona **********, que esta autoridad tenga presente la manera en que funciona el ‘call center’ de **********, según se expresó dentro del expediente administrativo (sic); sin embargo, de la revisión del expediente de queja **********, de ningún escrito o constancia se desprende que se haya argumentado que funcionaba de tal forma, y suponiendo sin conceder que se refiera al texto: (se transcribe), al cual hace referencia en la respuesta que se recibió en este consejo nacional el catorce de septiembre de dos mil diez, no se puede advertir que funciona de tal manera, pues el recurrente no aportó algún medio de convicción respecto a este punto. En este tenor, en la citada respuesta del catorce de septiembre, así como en su escrito de inconformidad, el hoy recurrente narra la forma de operación en que se realiza una reservación en el hotel **********; sin embargo, de las constancias que obran en el citado expediente de queja, se reitera que no se desprende algún medio de convicción para poder determinar que se hace de esa forma, por tal motivo, sólo se puede manifestar que se presume dicha forma de operación, y a éste le corresponde demostrarlo, como se apreciará más adelante. De lo anterior, el mismo **********, manifiesta en su escrito de inconformidad que dicha forma en que se realiza una reservación en el hotel **********, es un hecho notorio, y cita la siguiente jurisprudencia: ‘HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.’ (la transcribe y cita datos). De la jurisprudencia que cita la parte recurrente, se señala que: ‘... Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; ...’. Es por ello que la forma de operación en que se realiza una reservación en el hotel **********, no pareciera ser notorio, ya que no pertenece a un conocimiento humano e indiscutible, ya que posiblemente cada empresa o compañía tiene una forma de operar distinta, a través de un reglamento, lineamientos o políticas, o bien, la forma de capacitación al personal para realizar dicha actividad, ya que pareciera que no todas las empresas en las que se realiza alguna reservación operen en la misma forma que el hotel **********; y tampoco es un hecho que pertenezca a la vida pública actual, que cualquier persona tenga el conocimiento y asimismo las condiciones para saber cómo se opera una reservación en dicho hotel. Ante ello, también cita la siguiente jurisprudencia, la cual refiere: ‘HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS.’ (la transcribe y cita datos). En este tenor, en el mismo criterio que emitió el Máximo Tribunal, y que hace valer el hoy recurrente, señala que un hecho notorio no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquéllos y, además, persiste manifestando dicho criterio y contradiciendo la postura del recurrente, ya que la notoriedad no radica en que el conocimiento del mismo forme parte de la cultura propia del círculo social del sujeto, en el tiempo en que la decisión ocurrió; de lo que se sigue que, en ese caso, los Jueces están imposibilitados para introducirlo a la litis, a manera de hecho notorio. Es por ello que no pareciera que la forma de operación en que se realiza una reservación, y que se decide en un sistema computacional que está programado para bloquear habitaciones en el hotel **********, es un hecho notorio. Por otro lado, precisa **********, gerente general del hotel **********, que resulta notoria y evidente la imposibilidad de detectar el origen étnico o nacional, sexo o edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra condición de la persona que solicita una reservación en el centro de atención telefónica, enfatizando en que se encuentra conectado a un portal de Internet para que se realice el bloqueo de habitaciones, es también por ello, que no pareciera un hecho notorio la forma en que se realizan dichas reservaciones aunado a que tampoco se presume como un acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social. No obstante, el recurrente no demostró que dichas habitaciones fueron cubiertas o bloqueadas para discernir que los hechos, motivo de la queja ocurrieron de forma diversa. También refiere el recurrente que no es una persona física quien decide quién se hospeda o quién no, e insiste que el bloqueo de habitaciones ocurre como consecuencia del pago de la misma y no de una decisión basada en el origen étnico nacional, sexo o edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo; lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra condición. No obstante lo anterior, cabe señalar que la forma en que se realizan dichas reservaciones en el citado hotel, no pareciera ser notoria y, además, que de las constancias que integran el expediente de queja **********, no se demostró tal situación; es por ello que los hechos motivo de la queja fueron calificados como un presunto acto de discriminación, ya que no se demostró tal situación y tampoco la forma de operar sus reservaciones del hotel **********; como pudo haber sido manual, lineamiento, política del hotel, o bien, cualquier otro medio que cree convicción para que hubiera demostrado su dicho dentro del trámite del expediente. En este tenor, tampoco aportó alguna grabación que se pudiese habe
realizado en la reservación que efectuó **********. Asimismo, señala el hoy recurrente lo siguiente: ... no puede pasarse por alto, que el ejecutivo de ventas de **********, ********** le comunicó a ********** que lamentablemente alguien más había cerrado una negociación que se tenía previamente por un volumen de treinta habitaciones ya que había realizado el pago primero, pero en ningún momento se le negó al cliente reservar un número inferior de habitaciones o, inclusive, optar por reservar el mismo número de habitaciones en diversa fecha, puesto que era totalmente viable que las reservará en ese momento y bloquearlas mediante el pago que hiciera de las mismas, lo cual no sucedió por causas imputables a **********, y no al personal de mi representada; sin embargo, lo anterior tampoco fue demostrado por personal del **********; por lo que en la misma tesitura se presume tal hecho, sin que cree convicción de lo que narra el hoy recurrente. Posteriormente, cita la jurisprudencia 81/2004, señalando textualmente que guarda armonía con lo hasta aquí expuesto la jurisprudencia: ‘IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO.’ (la transcribe y cita datos). Sin embargo, de lo anterior el recurrente no explica las razones y motivos, es decir, no realiza un análisis o argumentos por los cuales considere que guarda armonía lo que expuso en su escrito de inconformidad con dicha jurisprudencia, por lo que esta dirección general adjunta está imposibilitada para manifestarse al respecto. Lo que sí se aprecia en la misma jurisprudencia es que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta. No obstante, de dicha jurisprudencia se desprende por analogía el objetivo de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 1, el cual señala: ‘Artículo 1.’ (se transcribe). Aunado a que el principio de igualdad consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones similares; o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en contextos dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Por otro lado, manifiesta el recurrente que la forma en que se atendió la solicitud a **********, tercera perjudicada, fue contestada y tratada de la misma manera que se hace con cualquiera de sus clientes, siguiendo sus lineamientos y políticas de la empresa que se encuentran perfectamente ajustadas a la legislación vigente; sin embargo, cabe reiterar que en el presente expediente de queja no se encuentra alguna constancia que acredite el dicho del hoy recurrente, aunado a que no aportó algún medio de convicción para acreditar tal situación y, además de que no creó convicción de que dicha reservación hubiera sido cubierta por otra persona con anticipación y que ese fue el motivo para no completar la reservación de **********. Asimismo, cita **********, gerente general del **********, la siguiente tesis: ‘IGUALDAD, PRINCIPIO DE. EL ARTÍCULO 470, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL.’ (la transcribe y cita datos). No obstante lo anterior, el recurrente no explica las razones y motivos, es decir, no realiza un análisis o argumentos por los cuales considera que resulta aplicable la citada tesis aislada, o bien, expresa el razonamiento que permita establecer el criterio que las mismas contienen o que cobra plena aplicación, por lo que esta Dirección General Adjunta está imposibilitada para manifestarse al respecto. Cabe citar las siguientes tesis aisladas y jurisprudencia, por analogía: ‘CONCEPTO DE VIOLACIÓN. NO LO CONSTITUYE LA SOLA CITA DE TESIS O JURISPRUDENCIA.’, ‘AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. NO LOS CONSTITUYEN LA SIMPLE CITA DE JURISPRUDENCIA.’ y ‘JURISPRUDENCIA, CITA SIMPLE DE LA. NO CONSTITUYE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PROPIAMENTE DICHOS.’ (las transcribe y cita datos). Por otro lado, cabe señalar al hoy recurrente que después de la revisión del acuerdo de conclusión y de las constancias que integran el presente expediente, no se desprende que la directora de quejas haya emitido alguna consideración, o bien, haya determinado un acto de discriminación en dicho acuerdo; la anterior afirmación la realizó el recurrente de la siguiente manera: (se transcribe). Ahora bien, el mismo recurrente entra en contradicción, ya que refiere que se determinó en el expediente de queja un acto de discriminación, y después manifiesta que le agravia el señalamiento de un presunto acto de discriminación; lo que sí realizó la directora de quejas, es que estimó la presunción de los hechos en el acuerdo que se recurre, por personal del **********, y no así un acto de discriminación, ya que la presunción de violación de los derechos humanos y/o garantías constitucionales, en este caso el derecho a la no discriminación de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, fueron presuntamente vulnerados; por tal motivo, se analizaron las constancias que integran el expediente **********; sin embargo, atendiendo a que personal del **********, no aportó algún documento o prueba que acredite o cree convicción de su dicho, la citada directora hizo alusión a los hechos motivo de la queja, es decir, al presunto acto de discriminación. Lo cual no le causa agravio a su representada, pues no se determinó un acto de discriminac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24135-b4b66958/prevencion-y-eliminacion-de-la-discriminacion-la-carga · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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