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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. NO TIENE EL ALCANCE DE PERMITIR QUE SE DISCUTAN SITUACIONES JURÍDICAS QUE YA FUERON MATERIA DE ANÁLISIS EN OTRA EJECUTORIA DE AMPARO, POR LO QUE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE CUESTIONAN ASPECTOS DONDE HAY COSA JUZGADA RESULTAN INOPERANTES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 151/2014 (EXPEDIENTE AUXILIAR 255/2014) DEL ÍNDICE DEL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, CON APOYO DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO D · Registro digital (IUS): 25166
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-08-15
Promovente: SILVERIO RAMÍREZ MENTADO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Pág. 1523.

AMPARO DIRECTO 151/2014 (EXPEDIENTE AUXILIAR 255/2014) DEL ÍNDICE DEL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, CON APOYO DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS. SILVERIO RAMÍREZ MENTADO. 22 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EVERARDO ORBE DE LA O. SECRETARIO: ÁNGEL DARIÉN ZAPATA MARÍN.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Los conceptos de violación son por una parte inoperantes e infundados en otra, los cuales, por cuestión de método se analizarán en un orden diverso al inicialmente propuesto en la demanda de garantías, en términos del artículo 76 de la ley de la materia.

En el primer concepto de violación sostiene el quejoso que el laudo reclamado transgrede las garantías de legalidad, audiencia y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14, 16, y 123 de la Constitución, así como los artículos 784, 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque en su consideración, la Junta responsable, indebidamente absolvió a ********** del pago de una pensión por incapacidad total permanente y de invalidez.

Agrega, que el laudo no se emitió a verdad sabida y buena fe guardada, ya que la Junta del conocimiento dejó de valorar las pruebas a conciencia y, en especial, la responsable no practicó las diligencias necesarias para lograr el esclarecimiento de la verdad, a fin de proveer justicia de acuerdo con el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo.

Señala que la Junta laboral no fundó ni motivó adecuadamente la resolución reclamada, porque no consideró que en el dictamen del perito médico tercero en discordia, al cual le otorgó valor probatorio, el experto aclaró que los padecimientos diagnosticados tienen relación causal con el ambiente laboral en que se desempeñó el trabajador, esto es, porque el perito relató los antecedentes del actor, señalando las diversas actividades que realizó para las empresas: **********; **********; **********; **********; y, **********, estableciendo después de practicarle una exploración física y apoyándose en estudios complementarios de audiometría, tele tórax, que el actor presentaba un cuadro clínico de: 1. Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que le condiciona una hipoacusia bilateral combinada; y, 2. Enfermedad broncopulmonar de origen laboral, secundaria a la inhalación crónica de polvos de cal.

Añade que con la hoja de certificación de vigencia de derechos no sólo acreditó los salarios promedio que percibió el actor en las últimas cincuenta y dos y doscientas cincuenta semanas de cotización, sino que también demostró cuál fue la última empresa para la cual laboró (**********), por tanto, asegura que sólo por esto, sí demostró la relación causa-efecto trabajo-daño entre los padecimientos diagnosticados y el trabajo realizado, amén de que, en todo caso, debió requerirse al Instituto demandado para que éste exhibiera todos los movimientos afiliatorios del quejoso, como son: los avisos de inscripción del trabajador, avisos de modificación de los salarios y avisos de baja del trabajador, de los cuales se desprenden las empresas donde laboró y los puestos que desempeñó, ya que, sostiene, el instituto asegurador conoce plenamente el grado de siniestralidad que tiene asignada cada empresa para la cual laboró, en virtud de que reconoce que el quejoso fue inscrito desde el año de mil novecientos ochenta y ocho.

También, señala que en cuanto a la información solicitada a la empresa **********, no obstante que ésta señaló en su informe que no encontró documento alguno relacionado con el hoy actor, porque sólo está obligada a conservar documentos durante un plazo de cinco años; aclara el peticionario del amparo, que esta situación no es responsabilidad del hoy quejoso y, debido a esto, lo procedente era hacer efectivas las "medidas de apremio" y tener por demostrado que el quejoso sí laboró para dicha empresa, acreditando, en consecuencia, la relación causa-efecto trabajo-daño, así como el nexo causal entre los padecimientos que le fueron diagnosticados al actor por el perito médico tercero en discordia.

Aduce que la prueba idónea para calificar una enfermedad de trabajo es la pericial médica, sobre todo si se trata de una enfermedad cuya profesionalidad se presume por ley, de ahí que el dictamen médico que concluya sobre la existencia del padecimiento y el grado de la incapacidad sea suficiente, en consideración del quejoso, para acreditar la profesionalidad de los padecimientos determinados por los expertos en medicina del trabajo, en específico por el perito tercero en discordia.

Invoca en apoyo de lo anterior, la tesis de rubro: "ENFERMEDADES PROFESIONALES, PRUEBA EFICAZ PARA DETERMINAR LAS."

Agrega que, no se debe perder de vista que no siempre coinciden las actividades realizadas durante la jornada laboral con las enunciadas en la tabla de enfermedades clasificadas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo; por eso, no es dable estimar que el legislador dispuso que las enfermedades ahí establecidas fueran las "únicas enfermedades habidas y por haber", pues de una correcta interpretación debe concluirse que los listados de enfermedades son ejemplificativos, mas no limitativos.

Por lo anterior, asegura el quejoso, que la Junta dejó de apreciar a conciencia la prueba pericial médica ofrecida por el actor, la cual afirma es idónea para determinar el grado de incapacidad que presenta, pues sus conclusiones están respaldadas por la exploración física y estudios complementarios que practicó al actor y que fueron el sustento para diagnosticar las enfermedades mencionadas, considerando que eran del orden profesional por tener relación causa efecto con su ambiente.

En el segundo motivo de inconformidad, sostiene que el laudo controvertido viola en perjuicio del quejoso la garantía de seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la Junta absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar la pensión de invalidez sin fundar ni motivar su proceder, pues afirma que la responsable, de manera parcial, no consideró la gravedad y/o lo incurable del padecimiento diagnosticado por el perito médico tercero en discordia.

Añade que la Junta del conocimiento indebidamente omitió señalar la gravedad de la enfermedad general que presenta el actor, la cual, asegura que por su severidad y al ser notoria, ha influido para que no le den trabajo, por lo que no ha podido procurarse de ninguna remuneración.

En otro punto, afirma que para poder establecer la procedencia de una pensión de invalidez basta que el actor ofrezca y desahogue la prueba pericial médica donde se determine que el trabajador padece de enfermedades del orden general que producen un estado de invalidez, ya que, la pericial es la prueba idónea para demostrar el referido estado de invalidez.

Añade que debido a lo antes expuesto, no era necesario desahogar otros medios de convicción a fin de acreditar la imposibilidad de procurarse un trabajo en el que obtenga una remuneración superior al cincuenta porciento de lo que percibió en el último año de trabajo. De ahí que, sostenga, que la conclusión alcanzada por la Junta responsable sea errónea, al absolver al instituto demandado de pagar la pensión por invalidez reclamada.

En este apartado se tratarán los argumentos contenidos en parte del primer concepto de violación y segundo motivo de inconformidad, dirigidos a combatir la absolución de la pensión por invalidez, los cuales resultan inoperantes por lo siguiente:

Como se expuso, tales argumentos son inoperantes, porque el tribunal auxiliado, en sesión de uno de febrero de dos mil trece, resolvió el amparo directo **********, promovido por el aquí quejoso, en contra de un laudo anterior, y respecto a estos planteamientos donde impugnó la absolución del otorgamiento de la pensión de invalidez, consideró que eran infundados, porque la Junta, correctamente, había considerado que con el caudal probatorio no se demostró que el actor estuviera imposibilitado para trabajar, ni para percibir ingresos superiores al cincuenta por ciento de la remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, como se advierte de la siguiente transcripción:

"Quinto. En el segundo concepto de violación, el quejoso impugna la absolución del otorgamiento de la pensión de invalidez, aduciendo que para su procedencia bastaba que se ofreciera y desahogara la prueba pericial que determinara que padece enfermedades de orden general, que le producen estado de invalidez, sin ser necesario el desahogo de otras pruebas; y, que si la responsable lo hubiese razonado así, habría considerado que el actor presenta ese estado.

"El planteamiento es infundado.

"En efecto, se estima jurídicamente correcto que la Junta del conocimiento absolviera del otorgamiento y pago de la pensión de invalidez reclamada, dado que en autos no quedó demostrado que estuviera imposibilitado para trabajar, ni para percibir ingresos superiores al 50% (cincuenta por ciento) de la remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, requisitos que apunta el artículo 128 de la anterior Ley del Seguro Social en que basó su reclamo, que dispone:

"‘Artículo 128.’ (se transcribe).

"Además, se advierte que aunque el perito tercero en discordia, a cuyo dictamen se confirió eficacia, diagnosticó al actor la patología ‘3) síndrome doloroso lumbar crónico mecanopostural’, de orden general, no concluyó que presentara estado de invalidez (fojas 73 y 74).

"Y, aunque el perito del asegurado, le diagnosticó diversas enfermedades generales y estimó que le condicionan ese estado (fojas 51 a 53), lo cierto es que no es de tomarse en cuenta, dado que la Junta le restó eficacia probatoria, por estimar que carecía de imparcialidad.

"Al margen de lo anterior, cabe decir que de cualquier manera, ello sería ineficaz para considerar procedente el reclamo relativo al estado de invalidez, dado que si bien es cierto que mediante la prueba pericial médica se puede acreditar que se padecen ciertas enfermedades, así como que son de orden general, dicha probanza no siempre es idónea para probar el primero de los requisitos que inciden para la procedencia de la prestación en estudio, esto es, la imposibilidad para allegarse de una remuneración laboral superior al cincuenta por ciento de la que habitualmente hubiera percibido el asegurado en el último año laborado, pues aunque los peritos establecieran que es portador de diversos padecimientos que le confieren estado de invalidez, ello es insuficiente, ya que de los dictámenes, en modo alguno, se desprende la imposibilidad para desempeñar alguna actividad que le permita obtener la remuneración a que alude el citado numeral, pues las razones que en él se contienen no son convincentes para concluir que el accionante no pueda desempeñar cualquier trabajo para obtener la remuneración aludida; y, en el sumario, no existe probanza alguna con la que se pudiera tener por satisfecha tal exigencia.

"Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 51/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente:

"‘INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’ (se transcribe).

"El criterio anterior fue retomado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión celebrada el doce de agosto del año dos mil cinco, la contradicción de tesis 109/2005-SS, en cuya ejecutoria, en lo atinente, estableció: (se transcribe).

"Por tanto, en las aludidas condiciones, al no acreditarse que el actor cuente con estado de invalidez, la responsable deberá reiterar la absolución de las prestaciones relativas a ese reclamo."

En consecuencia, el planteamiento del quejoso resulta ser inoperante, toda vez que los argumentos previamente sintetizados, son aspectos que ya fueron materia de estudio en la ejecutoria antes transcrita y, por ello, no puede cuestionarse lo que ya fue decidido y valorado en definitiva por la Justicia Federal.

Al respecto, resulta pertinente puntualizar que, si bien en el amparo en materia laboral, por regla general, no tiene cabida la inoperancia de los conceptos de violación cuando el trabajador acude al amparo, esto se debe a que en tal materia opera la institución de la suplencia de la queja, que se puede caracterizar como el conjunto de atribuciones que se confieren al Juez para corregir los errores o deficiencias en que incurran las partes al emitir, lato sensu, sus alegatos jurídicos, lo que trae consigo integrar lo que falta, subsanar una imperfección o mejorar lo parcial o incompleto; institución que no tiene el alcance de permitir que se cuestionen situaciones jurídicas que ya fueron materia de análisis en otra ejecutoria de amparo, porque las decisiones del tribunal amparo se erigen como verdad legal y ya no pueden estar a discusión ni mucho menos reexaminarse so pretexto de la suplencia, porque ello equivaldría a vulnerar y burlar la ejecutoriedad de una sentencia cuya observancia es de orden público.

En otras palabras, la autoridad de la cosa juzgada radica en la regulación obligatoria e inmutable de las relaciones jurídicas que son sometidas a juicio, de modo que la cosa juzgada es una cualidad especial de los efectos de la sentencia, pues estos últimos, en virtud de la cosa juzgada material, se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia.

Es aplicable a lo antes expuesto, la jurisprudencia P./J. 85/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 589 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, Novena Época, que dice lo siguiente:

"COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales."

De ahí que los argumentos en estudio deban calificarse como inoperantes. Similar criterio se sostuvo al resolver el amparo directo **********, del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, expediente auxiliar **********.

En otro punto, son infundados los argumentos de la porción restante del primer concepto de violación por las siguientes consideraciones.

En efecto, es el caso que para cumplir con la garantía de legalidad establecida en los artículos 14 y 16 constitucionales, todos los actos de autoridad, incluyendo las resoluciones jurisdiccionales, deben contener los dispositivos aplicables exactamente al asunto de que se trata, así como las razones por las cuales se colman sus supuestos en el caso concreto.

Conforme a las consideraciones que sustentan el fallo impugnado, se advierte que la Junta ciñó su actuación a lo dispuesto en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; pues congruentemente emprendió el estudio del punto controvertido que nos ocupa, consistente en la procedencia o improcedencia del otorgamiento y pago de una pensión en virtud de las enfermedades de tipo profesional que el aquí quejoso afirma padece, y al dirimir la litis, además de que analizó las constancias de autos (se pronunció sobre cada una de las pruebas admitidas), citó los preceptos y criterios jurídicos que estimó aplicables, entre ellos los artículos 123 de la Constitución Federal, 516 y 604 de la Ley Federal del Trabajo, y 280 de la Ley del Seguro Social, apoyándose en la tesis de epígrafe: "ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DEBE HACERSE CON BASE EN LOS HECHOS DEMOSTRADOS Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA RENDIDA EN JUICIO."

También, señaló las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para arribar a la conclusión alcanzada; por tanto, al emitirse el laudo correspondiente, observó las exigencias jurídicas que toda resolución jurisdiccional debe satisfacer en términos de los artículos 14 y 16 del Pacto Federal y, de ahí que no sea verdad que el laudo reclamado no se dictó a verdad sabida y buena fe guardada en contravención a las garantías del aquí quejoso.

Sobre el particular, se estima aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, cuyos rubro y contenido son:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."

Aunado a lo anterior, cabe aclarar que, tratándose de la reclamación de reconocimiento de enfermedades profesionales, si el padecimiento del trabajador se encuentra considerado en la tabla contenida en el artículo 513 de la ley de la materia y se consigna su actividad como causante del padecimiento, se actualiza a su favor la presunción de que la enfermedad es de origen profesional y, por tanto, el dictamen médico que concluya sobre su existencia y el grado de incapacidad es suficiente para determinar dicho origen, siempre y cuando se acredite el hecho constitutivo de la acción, como lo es la categoría, sin que exista la necesidad de acreditar con otros medios de convicción la relación de causa efecto entre el padecimiento y su actividad o medio de trabajo.

De manera contraria, cuando la enfermedad diagnosticada esté considerada en dicha tabla como de trabajo, pero la actividad que dijo desempeñar no corresponda o tenga el equivalente con alguna de las ahí consideradas, como causantes del padecimiento, o bien, cuando ni la enfermedad ni la actividad del trabajador se encuentren señaladas en la tabla, no se actualiza la presunción de que su enfermedad tenga un origen profesional y, por ende, se requiere la demostración de la relación causal.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 93/2006, sostuvo que corresponde al actor la carga de probar cuáles son sus padecimientos y la actividad que desempeñaba, para poder determinar si ese padecimiento tuvo como origen la actividad desarrollada y así calificarla como de trabajo; además, si el padecimiento y la actividad están contempladas en la tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, la actividad como causante de una enfermedad de trabajo y el padecimiento como un efecto de esa actividad, llevaría la presunción legal de que es de trabajo y ahí no tendría que demostrar el actor la relación de causa efecto; en cambio, cuando ni la actividad, ni los padecimientos están en la tabla como tales, se debe demostrar la relación de causa efecto.

De modo que, explicó el Alto Tribunal, se debe determinar si los padecimientos diagnosticados por el perito médico están contemplados en la legislación laboral como de trabajo y si la actividad o alguna similar a las que esa ley considera como causantes de enfermedades de trabajo, son las que en el caso desempeñaba o era el ambiente en que realizaba sus labores el actor, porque de esa circunstancia si se debe o no acreditar la relación de causa efecto entre sus padecimientos y el medio ambiente laboral.

Por otra parte, el Máximo Tribunal del País señaló que cuando, como en el caso, la reclamación en el juicio laboral se trata del reconocimiento de enfermedades profesionales, además de tomar en cuenta el resultado de la prueba pericial, para establecer una resolución legal, la Junta de Conciliación y Arbitraje debe considerar los hechos de la demanda, así como los de su contestación alegados y probados por las partes, conforme lo dispone el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo.

De esa manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el laudo que pronuncie la autoridad responsable no debe tener como único apoyo el resultado de la prueba pericial, sino que en relación con ésta deben considerarse los hechos constitutivos de las acciones intentadas, así como los de las defensas y excepciones opuestas; por tanto, si la parte trabajadora demanda el reconocimiento de que padece una enfermedad profesional y, en consecuencia, el otorgamiento de la pensión correspondiente, deberá atenderse particularmente a los hechos que el actor estima fundatorios de su acción, correspondiendo a la autoridad la determinación de si los mismos han sido probados, pues precisamente en éstos descansa el punto medular de la controversia.

Tales asertos encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 93/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 352, Tomo XXIV, julio de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 174728, que dice:

"ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE AL ASEGURADO LA CARGA DE PROBAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE SU ACCIÓN EN LO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE DESARROLLÓ O AL MEDIO AMBIENTE EN QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS, PERO LA JUNTA PUEDE RELEVARLO DE ESA CARGA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para calificar el origen profesional de una enfermedad, es requisito indispensable que se compruebe su causalidad con las actividades específicas desarrolladas o con el medio ambiente en que se laboró; condicionante que rige tanto para las enfermedades respecto de las que opera la presunción legal por estar incluidas en la tabla contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, como para las que no se actualiza tal presunción, puesto que es la comprobación de esos hechos la que en ambos supuestos servirá para determinar si se acredita el señalado nexo causal. Bajo este contexto, la carga de la prueba de los hechos de la demanda fundatorios de la acción de reconocimiento profesional de una enfermedad corresponde al asegurado, sin que la obligación de la Junta, contenida en la primera parte del artículo 784 de la ley citada, conlleve a trasladar dicha carga al Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que como institución aseguradora que se subroga a las obligaciones del patrón en materia de riesgos de trabajo, no cuenta con los documentos inherentes a las condiciones que rigieron la relación de trabajo, que en ocasiones se remontan a las diferentes épocas en que estuvo activo, entre ellos el de las actividades que efectivamente desarrolló en su vida laboral o el medio ambiente en que se vio obligado a prestar sus servicios, sino en todo caso con la información unilateral y aislada que le proporciona el patrón al inscribir a sus trabajadores y darlos de alta, de baja o al modificar su salario, lo que por sí mismo sería insuficiente para sostener, válidamente, que tiene mejores elementos que el trabajador para demostrar hechos respecto de los que sólo cuenta con documentos oficiales que contienen las manifestaciones producidas por el patrón que, en su caso, prueban que se hicieron en la forma asentada en el documento relativo, pero no su veracidad, como deriva del artículo 812 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, es evidente que al referido instituto no puede exigírsele que cuente con documentos idóneos para demostrar los hechos de que se trata si conforme a la ley que lo rige no está obligado a poseerlos, sin que ello impida que la Junta de Conciliación y Arbitraje, al analizar el caso concreto, de estimar que por otros medios está en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos de la demanda, relativos a las actividades o el medio ambiente en que se prestaron los servicios, exima al asegurado de la carga probatoria y los recabe oficiosamente de quien los tenga en su poder, en uso de la obligación que le impone la primera parte del mencionado artículo 784, de donde se infiere la intención del legislador de alentar el sistema participativo en el proceso laboral a fin de que terceros ajenos al juicio, incluidas las autoridades, aporten los elementos de prueba de que disponen por estar obligados por la ley a conservarlos, a efecto de lograr el real esclarecimiento de los hechos."

También se invoca la jurisprudencia 2a./J. 14/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/2003-SS, localizable en la página 202, Tomo XIX, febrero de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS: 182187, que establece lo siguiente:

"ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DEBE HACERSE CON BASE EN LOS HECHOS DEMOSTRADOS Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA RENDIDA EN JUICIO. Para establecer el origen profesional de una enfermedad, son requisitos indispensables, los siguientes: 1. Que se encuentre demostrado el hecho constitutivo de la demanda en lo que se refiere a las actividades desarrolladas o al ambiente en que éstas se lleven a cabo, pues de no existir tal hecho probado, no podrá desprenderse la presunción legal, ya que no se tendría el hecho conocido para establecer el hecho desconocido. Es decir, en la medida en que se conoce la actividad o el medio ambiente puede llegarse al vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Que se considere el contenido del dictamen pericial, del que deberá desprenderse no sólo la conclusión alcanzada por el médico responsable sino también, razonablemente, cuáles fueron las circunstancias para llegar a ella. Ahora bien, para apreciar la confiabilidad y credibilidad, de tales circunstancias, deben tomarse en consideración los siguientes elementos: a) e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25166-76e91d09/suplencia-de-la-queja-en-materia-laboral-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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