REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE NULIDAD QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES, EN SU CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 294/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, y no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
Es aplicable al caso la tesis del Tribunal Pleno número P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:
"Núm. Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis **********. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: ********** y **********.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, quien figuró como parte en las revisiones fiscales de las que conocieron los Tribunales Colegiados de Circuito implicados.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el denunciante considera contradictorios.
En ese sentido, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el ocho de marzo de dos mil doce el recurso de revisión fiscal número **********, sostuvo, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"SEGUNDO. Es innecesario transcribir tanto la sentencia recurrida, cuanto los agravios planteados, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que el presente recurso de revisión fiscal, debe desecharse, porque la autoridad recurrente carece de legitimación para interponerlo. Para mejor comprensión del asunto resulta conveniente señalar que **********, en su carácter de representante legal de **********, demandó ante la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, la nulidad de la resolución contenida en el ‘oficio número ********** de fecha 12 de noviembre de 2010, en donde se me determina un crédito fiscal por la cantidad total de ********** (********** M.N.)’ (foja 1), que la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al pronunciar esa resolución actuó como autoridad coordinada en ingresos fiscales federales, de acuerdo con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de esta propia entidad federativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado los días once y veintitrés de febrero de dos mil nueve, respectivamente; que radicado que fue el juicio bajo el número **********, en su oportunidad, esa Sala, en sentencia definitiva dictada el veinte de junio de dos mil once, con fundamento en los artículos 51, fracción I y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que (se transcribió) (fojas 907 a 909), declaró su nulidad, y que inconformes con dicha sentencia, por un lado, el subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la referida Secretaría de Finanzas de la entidad, en representación del director general de Fiscalización, y del propio Estado, mediante oficio **********, de quince de julio siguiente, interpuso en su contra, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracciones I, III, incisos e) y f), y IX, segundo párrafo, de la citada Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, la presente revisión fiscal ********** y, por otro, por oficio de tres de agosto de ese propio año el subadministrador, en suplencia, por ausencia del administrador local jurídico de Xalapa, éste, a su vez, del jefe del Servicio de Administración Tributaria, y como titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, y de la autoridad demandada, también planteó en su contra el diverso recurso de revisión fiscal **********, radicándose ambos ante este órgano colegiado. Por otra parte, conviene tener presentes los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, y el invocado 63, párrafos primero, segundo y último que, respectivamente, disponen: (se transcribió el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente hasta el tres de octubre de dos mil once), y que (se transcribieron los párrafos primero, segundo y último del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), de los cuales se advierte que en lo relativo a la legitimación para impugnar las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o sus Salas, en los juicios que versen sobre resoluciones de autoridades fiscales de las entidades federativas en ingresos federales, el referido artículo 104, fracción I-B, remite a ‘los casos que señalen las leyes’, y el repetido 63 establece que podrán interponer el recurso de revisión tanto el servicio de administración tributaria, cuanto las propias entidades federativas que intervinieron como parte, el cual deberá tramitarse de conformidad con lo previsto por la Ley de Amparo. Ahora bien, sentado lo anterior, cabe precisar que la resolución impugnada en el juicio de nulidad, origen de la sentencia recurrida, la dictó la autoridad demandada en ese juicio, director general de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, en su carácter de autoridad fiscal coordinada en ingresos federales, y que, de acuerdo con lo establecido en ese último precepto legal, cuando la entidad federativa sea la que interpone el recurso de revisión fiscal en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades que tengan ese carácter, por tratarse de una persona moral oficial deberá hacerlo por conducto de los órganos o funcionarios que las representen, según disponga la Constitución y las leyes locales, bajo ese tenor, dado que el artículo 49, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado, dispone que, entre otras, son atribuciones del gobernador de la entidad (se transcribió el artículo 49, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), y los diversos numerales 20, 18 y 19 del Reglamento Interior de la repetida Secretaría de Finanzas y Planeación, señalan, por su orden, que (se transcribió el artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz), que (se transcribió el artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz), y que (se transcribió el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz), resulta evidente, en virtud de lo dispuesto en tales preceptos, que tanto el mencionado director de fiscalización, cuanto el subsecretario de ingresos carecen de la representación de esta entidad federativa y, en consecuencia, de legitimación para interponer el señalado medio de defensa, lo que es acorde, por su sentido y alcance, con las jurisprudencias sostenidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y sinopsis siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES DEL CITADO ESTADO EN SU CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.’ (se transcribió), y por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyos rubro y texto dicen: ‘REVISIÓN FISCAL. EL PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES DE LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.’ (se transcribió), así como con la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuya voz y sinopsis expresan: ‘REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y EL DIRECTOR JURÍDICO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA INTERPONER EL CITADO RECURSO EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DEL RAMO, CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS EN QUE ÉSTE HAYA INTERVENIDO COMO AUTORIDAD DEMANDADA.’ (se transcribió). A mayor abundamiento, cabe agregar que aun en el supuesto de que se llegase a estimar el subsecretario en cuestión (sic), sí puede representar a esta entidad federativa, es innegable que tampoco estaría en condición válida de interponer el recurso de que se trata, en contra de la sentencia definitiva de mérito, pues si bien es cierto que las respectivas unidades jurídicas son competentes para actuar en toda clase de juicios seguidos ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o sus Salas, para contestar las demandas relativas y, en su caso, plantear ese medio defensivo, en nombre de la entidad estatal a la que en específico pertenezcan, también lo es que debe aclararse que sólo en la hipótesis de que la unidad administrativa central decida no llevar a cabo la defensa jurídica de esa entidad, por sí o por conducto del administrador local jurídico que corresponda, en términos de lo dispuesto en el artículo 8, segundo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, reformado, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de dos mil diez, la unidad jurídica que corresponda podrá actuar en su nombre, ya que esta facultad, o sea, la de interponer ese recurso, no puede ejercerse conjuntamente por una y otra respecto de un mismo fallo y, en ese sentido, este Tribunal Colegiado invoca como un hecho notorio que el diverso toca 329/2011, de su índice, a resolverse inmediatamente después de éste, fue radicado, precisamente, en virtud del recurso de revisión interpuesto por el subadministrador, en suplencia, por ausencia del administrador local jurídico de Xalapa, éste, a su vez, del jefe del Servicio de Administración Tributaria, y como titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, y de la autoridad demandada, en contra de la misma sentencia aquí recurrida, lo cual revela que esa unidad administrativa, además de optar por defender los intereses centrales que representa, conforme al invocado artículo 8, decidió también hacer lo propio respecto de los inherentes de esta entidad federativa. En esas condiciones, debe, como se dijo al inicio de este considerando, desecharse este recurso de revisión, sin que obste a lo anterior el auto de presidencia por el que se admitió, en virtud de que no causa estado, ni obliga al Pleno de este órgano colegiado, siendo de agregarse que en similares términos se resolvieron, entre otras, las revisiones fiscales **********, ********** y ********** en sesiones de tres de marzo y doce de mayo de dos mil once, y dos de febrero del año en curso, respectivamente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el repetido artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en mención, se resuelve ..."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el diecisiete de mayo de dos mil doce la revisión fiscal número **********, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEGUNDO. ... El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, pues comparece el subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, en representación del director general de fiscalización de la propia secretaría y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien está legitimado para interponer el presente recurso de revisión fiscal, de acuerdo con las disposiciones legales que más adelante se citan. Los artículos 19 y 20, fracciones XVII, XVIII y XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. ‘Artículo 19.’ (se transcribió). ‘Artículo 20. ... XVII. ... XVIII. ... XXI. ...’ (se transcribió). Convenio de Colaboración Administrativo (sic) en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ‘Cláusula octava. ... VIII. ... IX. ...’ (se transcribió). Los artículos 2, 8, 18, fracción XXVI, 19, fracción XII, 20, fracciones XVII y XVIII, 36, fracción III, 39, fracciones I, II, incisos a) y f) y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. ‘Artículo 2.’ (se transcribió). ‘Artículo 8.’ (se transcribió). ‘Artículo 18. ... XXVI. ...’. (se transcribió). ‘Artículo 19. ... XII. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 36. ... III. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 39. ... I. ... II. ... III. ...’ (se transcribió). De lo transcrito se colige lo siguiente: a) La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, es la dependencia responsable de coordinar la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado. b) El secretario de Finanzas y Planeación, está facultado para intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante los tribunales competentes cuando tenga interés la hacienda pública del Estado, así como para ejercer las acciones y oponer las excepciones que procedan para la defensa administrativa y judicial de los derechos de la referida Hacienda Pública del Estado; así como ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; conforme a la distribución de competencias establecida en su reglamento interior. c) Conforme a la cláusula octava, fracción IX, del Convenio de Colaboración Administrativo en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; tratándose de los ingresos coordinados, la entidad federativa está facultada, para interponer el recurso de revisión en contra de sentencias y resoluciones, ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, en relación con los juicios en que la propia entidad haya intervenido como parte. En ese orden, es evidente que el subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, está facultado para acudir al recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en representación de la entidad federativa y, por ende, del director general de fiscalización de la mencionada secretaría, por tanto, está legitimado para impugnar una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la que se controvirtió una resolución dictada por autoridades fiscales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, coordinada en ingresos federales, como es el caso, en que la resolución controvertida en el juicio de origen, fue dictada por el director general de fiscalización, por concepto de impuestos al valor agregado, sobre la renta y empresarial a tasa única, recargos y multa, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. ..."
CUARTO. Cabe significar que la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no constituyan jurisprudencia ni estén expuestos formalmente como tesis y, por ende, no existan las publicaciones respectivas en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:
"Núm. Registro: 189998
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Materia: común
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
"Núm. Registro: 190917
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, noviembre de 2000
"Materia: común
"Tesis: 2a. /J. 94/2000
"Página: 319
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
QUINTO. Expuesto lo dicho, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.
Al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se pronunció el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que a continuación se identifica y transcribe:
"Núm. Registro: 164120
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Materia: común
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24143-cde7adcd/revision-fiscal-el-director-general-de-fiscalizacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REVISIÓN FISCAL. EL SECRETARIO DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DIC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- REVISIÓN FISCAL. EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS ADSCRITA A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- REVISIÓN FISCAL. EL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE NULIDAD QUE VERSEN SOBRE RESOLUCION (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURÍDICO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA I (2a./J. 128/2012 (10a.))
- REVISIÓN FISCAL. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD EN LOS QUE SE CON (III.5o.A.46 A (10a.))
- REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA FISCAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Y RESOLUCIONES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y (XVI.1o.A.T.55 A)
- REVISIÓN FISCAL. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO, SI NO EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. (XXVI.5o.(V Región) J/2 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis