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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. EL SECRETARIO DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE NULIDAD QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES, EN SU CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 122/2017. · Registro digital (IUS): 27396
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-10-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Pág. 1134.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 122/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 2 DE AGOSTO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis en materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO.-El oficio de denuncia proviene de parte legítima, ya que lo signó el Magistrado presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que emitió una de las ejecutorias que participan de la presente contradicción, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Plenos de distintos Circuitos, entre los Plenos en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente Circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.

TERCERO.-Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es preciso conocer los criterios emitidos por los órganos colegiados en cuestión.

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

(Revisión fiscal 359/2016)

Declaró improcedente el medio de impugnación citado, al considerar que, conforme a lo previsto en el artículo 63, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tratándose de juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso de revisión podrá ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria y por las citadas entidades federativas en los juicios que intervengan como parte; además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando la entidad federativa sea la que quiera interponer el recurso de revisión fiscal, en los juicios contenciosos que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales del Estado de Oaxaca, en su calidad de entidad federativa coordinada en ingresos federales, por tratarse de una persona moral oficial, deberá hacerlo por conducto de los órganos o funcionarios que la representan, según dispongan la Constitución y las leyes locales; asimismo, señaló que los órganos o funcionarios que tengan la facultad de representar a la entidad federativa de que se trate, al interponer el recurso de revisión fiscal, deben hacerlo en representación de ésta, es decir, expresamente señalar que así promueven el recurso y no a nombre de alguna de las autoridades de dicha entidad, pues acorde al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 178/2008, para considerar que una autoridad está legitimada para interponer dicho recurso, debe tener la facultad de representar a la correspondiente entidad, lo cual implica que debe actuar en representación de ésta, porque si lo hace en representación de una autoridad de la citada entidad coordinada en ingresos federales, únicamente estaría actuando en representación de esta última y no de los intereses de la hacienda pública del Estado coordinado.

Por esa razón, se enfatizó, no basta que la autoridad que interpone el recurso de revisión esté facultada para representar los intereses de la entidad federativa coordinada en ingresos federales, pues también se requiere que, al interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo haga en representación de la entidad federativa coordinada, y no de la autoridad demandada o de cualquier otra autoridad diversa a aquella persona jurídica, aun cuando ésta sea parte de dicho Gobierno Estatal.

En el caso, como el recurso de revisión fiscal fue interpuesto por el director de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme al contenido del artículo 24, fracción II, incisos a) y b), así como en la fracción VII de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y de la cláusula cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebraron el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Guanajuato, se concluyó que la citada secretaría no tenía facultades para interponer el medio de impugnación, como representante de esa entidad federativa, toda vez que el secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato no tenía dentro de sus facultades la de representar a ese Estado (entidad federativa coordinada en ingresos federales), como titular de los intereses derivados del Convenio de Coordinación Fiscal celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, pues si bien dicha secretaría contaba con facultades para representar el interés de la hacienda pública del Estado de Guanajuato, no había interpuesto el medio de defensa en representación de la entidad federativa coordinada; de ahí la improcedencia del recurso.

Se aclaró que no obstaba que el artículo 26, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración estableciera que el director de lo Contencioso podía actuar en suplencia por ausencia del secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, pues si bien facultaba al secretario de Finanzas, Inversión y Administración para interponer el recurso de revisión fiscal; dicho precepto claramente refería que dicha facultad únicamente se ejercía cuando se tratara de la primera hipótesis contemplada en el primer párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no respecto de la segunda, que se refiere a los casos de coordinación fiscal.

En apoyo a su determinación, el órgano colegiado citó la jurisprudencia 2a./J. 128/2012 (10a.), de rubro: "REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE NULIDAD QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES, EN SU CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES."

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito

(Revisiones fiscales 216/2010, 22/2011, 51/2011, 52/2011 y 57/2011)

Consideró que el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato estaba legitimado para interponer el recurso de revisión, no así el director de lo Contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, pues de conformidad con el artículo 63, primero y segundo párrafos, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se establecían dos sistemas de legitimación del recurso de revisión fiscal dependiendo de las características de la resolución impugnada en sede común: el primero de ellos, era el sistema general, referido a las resoluciones impugnadas que no eran emitidas por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, caso en el cual, la sentencia podía ser impugnada por la autoridad demandada, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. El segundo, implicaba un sistema específico, relacionado con las resoluciones provenientes de autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, caso en el que el recurso podía ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, o bien, por la entidad federativa coordinada en ingresos federales en los juicios que intervinieran como parte.

Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 178/2008, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES DEL CITADO ESTADO EN SU CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.", examinando el convenio correspondiente al Estado de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en el que estaba previsto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía reservada la interposición del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado competente (cláusula vigésima, fracción V), pero con motivo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Guanajuato, se acordó delegar esa atribución.

En ese sentido, se determinó que, conforme a la cláusula octava, fracción IX, del referido convenio, se había pactado que, en materia del recurso de revisión, la entidad se encontraba facultada para interponer dicho recurso ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, y en la diversa cláusula vigésima sexta, fracción IV, se consignó que la reserva de esta atribución, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, versaba sobre los casos previstos en las cláusulas décima quinta (multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales) y décima octava (recuperación de créditos fiscales); lo cual evidenciaba que con motivo del citado convenio de colaboración y su modificación, a la entidad federativa le fue delegada la atribución de interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado correspondiente, y que esa facultad quedaba inmersa en la cláusula cuarta del convenio, cuyas atribuciones podían ser ejercidas por el gobernador o por las autoridades que, conforme a las disposiciones legales locales, estuvieran facultadas para administrar contribuciones federales.

Las razones anteriores condujeron a determinar que el director de lo Contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, pese a ser la unidad administrativa encargada de representar y defender a la secretaría en cuestión, no estaría legitimado para interponer el medio de defensa si el caso versaba sobre un sistema específico, por tratarse de resoluciones provenientes de autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, pues en este supuesto, conforme a la cláusula cuarta del convenio, el legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal será el gobernador del Estado o quien legalmente lo supliera, así como las autoridades fiscales que, conforme a las disposiciones jurídicas locales, estaban facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, o quien pudiera suplirlas; por ende, cuando en el juicio anulatorio se demandara la nulidad de las resoluciones que provinieran de autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso podrá ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, o bien, por la entidad federativa coordinada en ingresos federales en los juicios que intervinieran como parte. Pero en el segundo supuesto de interposición, es decir, si la entidad federativa era quien acudía al recurso, para que se considerara legitimado el recurrente, tenía que interponerse por el gobernador del Estado o quien lo supliera, o bien, por las autoridades fiscales que, conforme a las disposiciones jurídicas locales, estuvieran facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales. En el caso, se enfatizó que como el recurso se había interpuesto por el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, era competente, de acuerdo a las disposiciones jurídicas locales, para administrar lo relacionado con ingresos derivados de contribuciones (en sentido amplio) federales, pues de acuerdo con el artículo 24, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, una de las facultades de la citada secretaría local era la de: "Administrar la recaudación de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales que correspondan al Estado"; de ahí que, efectivamente, correspondía a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato administrar sus contribuciones locales, pero además, administrar la recaudación de las participaciones y aportaciones de índole federal del Estado de Guanajuato.

A mayor abundamiento, se mencionó que, aun cuando se considerara que no existía disposición expresa en la legislación local, de la que derivara la mencionada facultad de la Secretaría de Finanzas, debía observarse que en el segundo párrafo de la citada cláusula cuarta, se convino que, a falta de las disposiciones legales que facultaran para administrar, comprobar y recaudar ingresos federales, las facultades a que aludía esa cláusula, serían ejercidas por las autoridades fiscales de la propia entidad que realizaran funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el convenio, en relación con ingresos locales. Por lo que, aun en ese supuesto, si se tenía en cuenta que a la Secretaría de Finanzas le correspondía la administración de los ingresos locales, con esa salvedad también se podía considerar con legitimación para interponer recurso de revisión.

El criterio que antecede del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, emitido en la parte conducente de las ejecutorias dictadas en los cinco recursos de revisión que participan de la presente denuncia de contradicción de tesis, dio origen a la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 1038, con número de registro digital: 161764, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES DEL CITADO ESTADO, EN SU CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES."

CUARTO.-Atento a las decisiones de los órganos colegiados de que se trata, se advierte que existe la contradicción de tesis, porque partiendo de cuestiones jurídicas que pueden asemejarse, se pronunciaron de manera opuesta.

En efecto, el asunto resuelto por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito deriva de un crédito fiscal por concepto de impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, actualización, recargos y multa, derivado de un vehículo de procedencia extranjera, que finalmente pasó a propiedad del fisco federal; tal acto dio lugar a un juicio contencioso administrativo que concluyó declarando la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que se determinara el valor del vehículo materia del procedimiento administrativo en materia aduanera; lo que motivó el recurso de revisión interpuesto por el director de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato; medio de impugnación que se declaró improcedente, porque el órgano colegiado de que se trata consideró que la autoridad recurrente y la autoridad a la que suplía por ausencia, no estaba facultada, como representante de la entidad federativa (coordinada en ingresos federales), a actuar como titular de los intereses derivados del Convenio de Coordinación Fiscal celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, debido a que sólo contaba con atribuciones para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, pero no para interponer el medio de impugnación.

Por su parte, los recursos de revisión 216/2010, 22/2011 y 52/2011, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, derivaron de un crédito fiscal por concepto de diversos impuestos, recargos y multa, consecuencia de una visita domiciliaria; que motivó un juicio contencioso administrativo, en el que se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, atento a la falta de fundamentación y motivación, al emitirse el documento liquidatorio; fallo que fue recurrido, por una parte, por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y, por otra, por el administrador local jurídico de Celaya, en ausencia del jefe del Servicio de Administración Tributaria. El órgano colegiado de que se trata declaró improcedentes los recursos de revisión, atento a lo siguiente:

a) Consideró que el jefe del Servicio de Administración Tributaria podía ser suplido por los administradores locales jurídicos; sin embargo, en los juicios de nulidad en que se hubiere analizado la legalidad de los actos emitidos por autoridades estatales coordinadas en ingresos federales, la interposición del recurso de revisión fiscal, en contra de las sentencias respectivas, sólo podía hacerse valer por el jefe del Servicio de Administración Tributaria y por la autoridad que tuvo intervención en el juicio como parte; consecuentemente, declaró que el administrador local jurídico de Celaya no estaba legitimado para interponer el recurso de revisión.

b) Declaró que el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato estaba legitimado para interponer el medio de impugnación, al ser competente, de acuerdo con las disposiciones jurídicas locales [artículo 24, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y cláusula cuarta del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Guanajuato] para administrar lo relacionado con ingresos que deriven de contribuciones (en sentido amplio) federales.

c) Pese a lo anterior, la improcedencia de los recursos de revisión derivaron de la aplicación de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."

Por otra parte, los recursos de revisión 51/2011 y 57/2011, también del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, derivaron de un crédito fiscal por concepto de impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, actualización, recargos y multa, derivado de un vehículo de procedencia extranjera, que finalmente pasó a propiedad del fisco federal; tal acto dio lugar a un juicio contencioso administrativo en el que se declaró la nulidad de la resolución impugnada en un caso, para la restitución del vehículo y, en el otro, no hay constancia de la razón de la nulidad; lo que motivó que el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y el administrador local jurídico de Celaya interpusieran el recurso de revisión 52/2011; y que sólo el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato hiciera valer el recurso de revisión 57/2011. El órgano colegiado de que se trata revocó el fallo recurrido para que la Sala responsable analizara la contestación de la demanda y las pruebas ofrecidas; sin embargo, en lo que interesa, también declaró que la administradora local jurídica de Celaya del Servicio de Administración Tributaria no estaba legitimada para interponer el medio de impugnación y, por las mismas razones dadas en las revisiones fiscales 216/2010, 22/2011 y 52/2011, consideró que el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato estaba legitimado para interponer el recurso, al ser competente, de acuerdo con las disposiciones jurídicas locales, para administrar lo relacionado con ingresos que deriven de contribuciones (en sentido amplio) federales.

Como puede apreciarse, si bien en el asunto que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la autoridad signante fue el director de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato (denominación actual); y en el del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito lo hizo directamente el entonces secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, lo cierto es que el órgano colegiado citado en primer término hizo un pronunciamiento específico, en relación con la legitimación del titular de dicha secretaría para interponer el medio de defensa y concluyó lo contrario al criterio adoptado por el otro Tribunal de Circuito.

En esa tesitura, resulta innegable la existencia de la contradicción de tesis que se denuncia, sin que represente obstáculo que uno de los tribunales haya analizado las disposiciones legales vigentes en dos mil diez y dos mil once, y el otro las que estaban en vigor en dos mil dieciséis, pues el tópico relativo a los supuestos de procedencia del recurso de revisión interpuesto en los juicios que versan sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, no se han modificado y, al respecto, se prevén esencialmente las mismas hipótesis, aunado a que en ambos criterios se analizó el mismo Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Guanajuato.

QUINTO.-La contradicción de tesis radica en determinar si el secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato está legitimado para interponer recurso de revisión contra sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en juicios que versen sobre resoluciones emitidas por autoridades fiscales de ese Estado, en su calidad de entidad federativa coordinada en ingresos federales.

Antes de hacer un pronunciamiento al respecto, es indispensable tener presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 107/2007-SS, 106/2008-SS y 294/2012, en las que se determinó lo siguiente:

a) Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el tres de octubre de dos mil once, para determinar qué autoridades pueden impugnar las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, debe atenderse a la voluntad del legislador ordinario plasmada en el numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en tanto dicho precepto constitucional remite a "los casos que señalen las leyes".

b) Que conforme al referido artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, quienes pueden impugnar las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, son el Servicio de Administración Tributaria, a través de su jefe o por quien deba suplirlo en caso de ausencia, y las propias entidades federativas en los juicios que intervengan como parte.

c) Que cuando la entidad federativa sea la que quiera interponer el recurso de revisión fiscal en los juicios que versen sobre las resoluciones en cuestión, debe hacerlo por conducto de los órganos o funcionarios que la representen, según lo dispongan la Constitución y las leyes locales.

De esas contradicciones de tesis derivaron las jurisprudencias números 2a./J. 119/2007, 2a./J. 178/2008 y 2a./J. 128/2012, que enseguida se transcriben:

"Registro: 171920

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, julio de 2007

"Materia: administrativa

"Tesis: 2a./J. 119/2007

"Página: 367

"REVISIÓN FISCAL. LOS ADMINISTRADORES LOCALES JURÍDICOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES.-De los artículos 63, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente hasta el 31 de diciembre de 2006 y 24, fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se advierte una regulación confusa e incongruente respecto de la actuación de las autoridades hacendarias federales para impugnar las sentencias definitivas dictadas por el tribunal citado en los juicios mencionados, pues mientras el primero establece la legitimación del Servicio de Administración Tributaria para interponer la revisión fiscal, el segundo dispone que la promoción del indicado medio de defensa corresponde a los administradores locales jurídicos, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y del jefe del Servicio de Administración Tributaria. Así las cosas, debe atenderse a la voluntad del legislador ordinario, en términos del artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto remite a ‘los casos que señalen las leyes’, y no a lo previsto por el precepto reglamentario, de manera que como expresamente lo establece el invocado artículo 63, en los juicios de nulidad que versen sobre las resoluciones de mérito el recurso sólo puede interponerse por el Servicio de Administración Tributaria, a través del jefe de dicho órgano desconcentrado o por quien deba suplirlo en caso de ausencia. Además, los administradores locales jurídicos dependientes del referido Servicio no están legitimados para promover el recurso de revisión fiscal en el supuesto aludido, en primer lugar, porque el citado órgano desconcentrado no está facultado para representar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunado a que tampoco es factible la representación por conducto de uno de sus órganos integrantes; y en segundo, debido a que conforme a los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, 19 de la Ley de Amparo y a los criterios jurisprudenciales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, cuyas reglas son aplicables al trámite de la revisión fiscal."

"Registro: 168269

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVIII, diciembre de 2008

"Materia: administrativa

"Tesis: 2a./J. 178/2008

"Página: 286

"REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES DEL CITADO ESTADO EN SU CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte un sistema de legitimación poco claro en relación con las autoridades que pueden impugnar las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las ent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27396-ab7169e1/revision-fiscal-el-secretario-de-finanzas-inversion-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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