RENTA. EL ARTÍCULO 154, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULA LA MECÁNICA PARA CALCULAR EL PAGO PROVISIONAL POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 231/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE SEIS VOTOS. DISIDENTES: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado el veintinueve siguiente en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular fue señalado como autoridad responsable en los amparos en revisión materia de la contradicción, por lo que se encuentra facultado para hacerlo en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución General de la República y 197 de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones que sustentan las resoluciones dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, en los amparos en revisión ********** y **********, y el treinta de marzo de dos mil once, en el amparo en revisión **********, son las que a continuación se sintetizan:
Amparo en revisión **********
"NOVENO. Por otro lado, en su agravio marcado con el inciso I., la quejosa insiste en la inconstitucionalidad del artículo 149, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer que sólo se puede disminuir la pérdida por enajenación de acciones respecto de determinados ingresos del ejercicio, pues excluye los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado (capítulo I), y los ingresos por actividades empresariales y profesionales (capítulo II). En la segunda parte del agravio primero, la hoy recurrente insiste en que el artículo 149, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola la garantía de equidad en materia tributaria, pues las personas físicas que tienen pérdidas por la enajenación de acciones no pueden disminuirlas si sus ingresos los perciben por salarios, por la prestación de un servicio personal subordinado, por actividades empresariales y actividades profesionales, cuando tales pérdidas sí pueden ser disminuidas por contribuyentes con otros tipos de ingresos.
"Al respecto, aclara la quejosa que a los contribuyentes que únicamente o en mayor cantidad obtienen ingresos distintos de los previstos en los capítulos I y II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí pueden deducir la totalidad de la pérdida generada por la enajenación de acciones; en cambio, quienes obtengan la misma pérdida pero que sus ingresos sean de los previstos en los mencionados capítulos, se encuentran limitados e incluso impedidos para deducirla, cuando la base del impuesto se integra por todos los ingresos que obtuvieron, sin que exista una razón que justifique dicho trato desigual. Lo anterior, se traduce en que contribuyentes que se encuentran en un plano de igualdad, por haber sufrido una pérdida por la enajenación de acciones, se les da un trato distinto dependiendo del tipo de ingresos obtenidos en el ejercicio, ya que unos pueden deducir esa pérdida de la totalidad de sus ingresos y otros no. Concluye su agravio la recurrente sosteniendo que si el juzgador se hubiera pronunciado respecto de los planteamientos de constitucionalidad contenidos en el cuarto concepto de violación, la quejosa hubiera obtenido un mayor beneficio, consistente en que se le permitiera disminuir la pérdida obtenida por la enajenación de acciones de todos los ingresos que regula el título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin la restricción impugnada.
"Como se señaló al examinar los agravios propuestos por la autoridad recurrente, el a quo determinó que el artículo 149, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de dos mil dos, viola la garantía de equidad tributaria, sin que tal decisión estuviera sustentada, de ahí que como la quejosa recurrente lo sostiene, se debió pronunciar sobre los argumentos relativos propuestos en su concepto de violación, los que reitera en este recurso como agravio y los que a continuación serán examinados por esta Primera Sala:
"En primer lugar, debe señalarse que tal como ha quedado precisado con antelación, este Alto Tribunal ha sostenido en las tesis de rubro: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’, ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ y ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (mismas que ya han sido transcritas con antelación, por lo que se estima innecesaria su reproducción), que el principio de equidad tributaria exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, guarden una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.
"Esto es, de acuerdo con dichos criterios jurisprudenciales, el principio de equidad tributaria radica, medularmente, en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que, en tales condiciones, deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, exenciones, etcétera; lo que implica, necesariamente, que a iguales supuestos se apliquen análogas consecuencias jurídicas respecto de un universo de contribuyentes de una misma categoría.
"Una vez precisado lo anterior, procede analizar la mecánica para determinar la base del impuesto sobre la renta a cargo de personas físicas, a fin de verificar si, como lo sostiene la quejosa, el artículo 149, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, transgrede o no la garantía de equidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al limitar la posibilidad de que los contribuyentes que obtengan pérdidas por enajenación de bienes, las puedan deducir respecto de todos sus ingresos, excepto de los provenientes por salarios y en general de la prestación de un trabajo personal subordinado y por actividades empresariales y profesionales.
"La Ley del Impuesto sobre la Renta establece la obligación a cargo de las personas físicas y morales de contribuir a los gastos públicos mediante el pago de tributos que gravan el ingreso o renta que aquéllas obtienen, es decir, el impuesto sobre la renta se causa sobre los rendimientos que perciban los contribuyentes de diversas fuentes y que se traducen en una variación positiva de su patrimonio.
"... Finalmente, en los capítulos X y XI del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta se prevén, por una parte, los requisitos de las deducciones y, por la otra, los procedimientos para el cálculo del impuesto sobre la renta anual a cargo de las personas físicas.
"De lo anterior se desprende que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las personas físicas residentes en México, respecto de todos sus ingresos, independientemente de cuál sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan con excepción de los que expresamente exenta el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"El objeto del gravamen son los ingresos que los sujetos pasivos del tributo obtengan en: efectivo, en bienes, en crédito, en servicios en los casos en que así se establezca la propia Ley del Impuesto sobre la Renta o de cualquier otro tipo que pudiera llegar a obtener la persona física.
"Por su parte, la base del impuesto deriva de la suma de los ingresos obtenidos conforme a la mecánica dispuesta en cada uno de los capítulos I a IX que integran el título IV, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las secciones I o II del capítulo II del mismo título, y al resultado que se obtenga, se le restan las deducciones generales a que se refiere el artículo 176 del ordenamiento legal en comento.
"La tarifa del impuesto resulta de la aplicación de la tabla prevista en el artículo 177.
"Finalmente, el impuesto sobre la renta se obtiene de acumular todos los ingresos provenientes de cada uno de los capítulos a que se ha hecho referencia, de disminuir, en su caso, las deducciones generales y de aplicar las tarifas contenidas en los artículos 177 y 178 del ordenamiento legal en comento.
"Como puede advertirse, el sistema para determinar el ingreso gravable establecido en el título IV de la ley materia de estudio, no es global ni genérico, ya que cada capítulo regula un grupo determinado de fuentes de ingreso en el que se precisan, concretamente, sujetos pasivos, forma de calcular el tributo, deducciones autorizadas y requisitos que deben cumplir, momento y formas de pago, entre otras cuestiones.
"En tal virtud, es válido concluir que el impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas no es global, sino cedular, toda vez que dependiendo del tipo de ingreso que obtengan los contribuyentes del impuesto, existirán reglas especiales para que tributen y, entonces sí, una vez hecho lo anterior, en primer lugar, sumarán todos los ingresos que hubieran percibido; en segundo lugar, aplicarán, en su caso, las deducciones generales que prevé la propia Ley del Impuesto sobre la Renta y, en tercer lugar, calcularán el gravamen que deben enterar anualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del ordenamiento legal en comento.
"Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que en materia de deducciones, los artículos 123, 124, 136, 140, 142, 148 y 156 contenidos en los capítulos II, III, IV y V del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta las establecen, pero dichas deducciones no son aplicables a todos los ingresos que perciban los contribuyentes, sino únicamente a los que expresamente hagan alusión dichos preceptos jurídicos, y una vez que se suman todos los ingresos conforme a las reglas específicas de cada capítulo, a la cantidad que resulte se le aplicarán las deducciones generales, en caso de ser procedentes, y, posteriormente, se procede al cálculo del impuesto sobre la renta que deben enterar las personas físicas en forma anual.
"Por tanto, puede afirmarse que las deducciones previstas en cada uno de los capítulos del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a que se ha hecho referencia, son las vinculadas con la obtención del ingreso gravado en ese mismo capítulo.
"Como ya se ha mencionado, el artículo 149, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, disminuirán la parte de la pérdida que resulte de dividir dicha pérdida entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación del bien de que se trate, respecto de todos los ingresos que hubiere obtenido el contribuyente y que hubiere tenido que acumular en la declaración anual de ese mismo año o de los tres siguientes, con excepción de aquellos que provengan de sueldos y salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado (capítulo I); o bien, por actividades empresariales o profesionales (capítulo II).
"Con base en las consideraciones destacadas a lo largo de este fallo, se estima que el agravio en estudio es infundado, en virtud de que la Ley del Impuesto sobre la Renta otorga un tratamiento idéntico para todos aquellos contribuyentes que se encuentran en el mismo plano o situación frente a la ley fiscal aplicable al caso, y otro para los que reciben ingresos de la enajenación de acciones bajo distintas modalidades.
"... DÉCIMO. Por lo que se refiere al diverso agravio en el cual los quejosos insisten en que el artículo 149, fracción I, de la ley reclamada vulnera la garantía de proporcionalidad, porque al restringir la deducción del monto de la pérdida generada por la enajenación de acciones, excluyendo los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, deja de tomarse en cuenta la verdadera capacidad contributiva.
"Debe ponerse de manifiesto que el referido planteamiento deviene infundado, en virtud de que los quejosos no tributan conforme al título IV; además de que no combatieron lo dispuesto en el artículo 177 de la ley reclamada, relativo a la mecánica para determinar la base gravable. Dicho artículo establece lo siguiente: (se transcribe).
"De lo anterior se desprende que la base impositiva se obtiene sumando a los ingresos obtenidos conforme a la mecánica dispuesta en cada uno de los capítulos que integran el título IV, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las secciones I o II del capítulo II del mismo título, al resultado se le restan las deducciones a que se refiere el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en comento.
"Por su parte, el artículo 149, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta combatido dispone: (se transcribe).
"En estas condiciones, si el artículo 177 dispone la forma en que se calcula la base del gravamen en estudio destacando que las deducciones autorizadas son las previstas y aplicables conforme a la mecánica de cada uno de los capítulos que integran el título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta combatido y, por su parte, la fracción I del artículo 149 impugnado, precisa concretamente la mecánica para determinar la parte de la pérdida por enajenación de acciones que corresponde aplicar a los ingresos obtenidos por el contribuyente que tributa bajo el régimen de ingresos por enajenación de bienes, regulado en el capítulo IV, sin que la quejosa tribute bajo ese régimen como antes se dijo, los planteamientos de los quejosos son infundados y, por ende, ineficaces para resolver favorablemente su pretensión, de declarar la norma legal que se reclama como violatoria de la Constitución Federal pues, en todo caso, subsistiría el precepto que determina la mecánica para fijar la base, esto es, el 177 citado.
"En efecto, no le asiste la razón a la parte quejosa, en virtud de que la mecánica de tributación para determinar la base del gravamen establecida para el supuesto de personas físicas no es global, de tal forma que la prohibición para disminuir la pérdida por enajenación de acciones, tratándose de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, no impacta negativamente en la capacidad contributiva del sujeto pasivo.
"A este respecto, debe reiterarse que el sistema para determinar el ingreso gravable establecido en el título IV de la ley materia de estudio no es global, ya que cada capítulo regula un grupo determinado de fuentes de ingreso en el que se precisan, concretamente, sujetos pasivos, forma de calcular el tributo, deducciones autorizadas y requisitos que deben cumplir, momento y formas de pago, etcétera.
"Para corroborar lo anterior, en materia de deducciones autorizadas, los artículos 123, 124, 136, 140, 142, 148 y 156, contenidos en los capítulos II, III, IV y V, relativos a los grupos de ingresos obtenidos por personas físicas con actividades empresariales, régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales, régimen de pequeños contribuyentes, ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, ingresos por enajenación de bienes, ingresos por adquisición de bienes, disponen las deducciones para cada uno de los ingresos gravados en dichos capítulos, aunado a lo cual, el numeral 176 precisa las deducciones generales aplicables a todos los grupos de ingresos anteriores conforme a la mecánica antes descrita establecida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Consecuentemente, no todos los conceptos deducibles permitidos por la ley son aplicables a todos los tipos de ingresos en forma indiscriminada pues, precisamente, la ley impositiva en examen dispone la creación de grupos de contribuyentes atendiendo a la fuente de ingreso conforme al cual tributan, así como las deducciones autorizadas para cada uno de ellos, por ello, si el artículo 42, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta precisa el principio fundamental de las deducciones, consistente en ser indispensables para la obtención del ingreso, y el numeral 177 dispone la forma en que se determina la base del gravamen, conforme al cual los ingresos a considerar son los que resultan de la suma de cada uno de los capítulos que integran el título IV, después de haber efectuado las deducciones autorizadas en dichos capítulos, es dable afirmar que el sistema instituido por la citada ley para determinar el gravamen a enterar por las personas físicas no es global. Así, las deducciones previstas en cada capítulo de la ley son las vinculadas con la obtención del ingreso gravado en el mismo capítulo.
"De lo hasta aquí expuesto, es dable afirmar que la pérdida por enajenación de acciones, en términos del artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no tiene la naturaleza de una deducción autorizada, sino que, conforme a la mecánica antes descrita, aquélla se disminuye de los demás ingresos acumulables en el ejercicio fiscal de que se trate, excepto de los referidos en los capítulos I y II del título IV, lo cual conlleva a la consideración de que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un sistema mixto para determinar la base impositiva, ya que si bien precisa en cada capítulo el tipo de ingreso y las deducciones autorizadas en el mismo capítulo relacionadas con la fuente de ingreso, lo cierto es que sí permite que ciertos conceptos fiscales, como lo es la pérdida en comento, incidan en forma negativa en la determinación de la base del gravamen afectando ingresos diversos a su fuente; sin embargo, esto sólo acontece con las excepciones que el propio legislador determinó, entre las que se encuentran los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.
"Con base en lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que si la capacidad contributiva se refleja en la potencialidad económica del causante derivada de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, sin que, en general, el sistema de tributación permita deducciones que no correspondan al gasto generado para la obtención del ingreso correspondiente, es dable afirmar que dicha capacidad contributiva no se afecta cuando la pérdida sufrida no incide en la fuente de ingreso gravable."
Amparo en revisión **********
"DÉCIMO. El argumento que quedó sintetizado bajo el inciso I) del considerando inmediato anterior, relativo a que las fracciones I y II del artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que la pérdida derivada de la enajenación de bienes se dividirá en una parte deducible y en otra acreditable; resulta infundado, en atención a las siguientes consideraciones:
"En primer lugar, debe señalarse que este Alto Tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.
"Pues bien, de conformidad con este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.
"Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.
"Además, este Alto Tribunal ha sostenido que para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza.
"De acuerdo con lo anterior, la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones es, precisamente, el de la identificación de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados.
"La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos, por traslación que deba hacérsele por disposición legal o por las características propias del tributo de que se trate.
"De lo anterior se desprende que la garantía de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción.
"Corroboran lo anterior, las diversas tesis sustentadas por este Alto Tribunal, que son del tenor literal siguiente:
"‘IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.’ (se transcribe)
"‘CONTRIBUCIONES. LA POTESTAD PARA DETERMINAR SU OBJETO NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD, SINO POR EL DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.’ (se transcribe)
"Las consideraciones anteriores fueron sintetizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/2003, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, página 144, que es del tenor literal siguiente:
"‘PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.’ (se transcribe)
"Por tanto, el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada, esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción.
"Una vez precisado lo anterior, procede analizar si el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, transgrede o no el principio de proporcionalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que la pérdida derivada de la enajenación de bienes se dividirá en dos partes, a saber, una parte deducible y otra parte acreditable.
"Para tal efecto, se estima necesario analizar, en primer lugar, el contenido del artículo 147 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a través del cual se establece el procedimiento conforme al cual las personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, deberán determinar el impuesto sobre la renta a su cargo.
"Dicho precepto jurídico, en la parte que interesa, textualmente establece lo siguiente: (se transcribe).
"De dicho precepto jurídico se desprende que las personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes deberán calcular, por un lado, la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables que obtenga el contribuyente en el año calendario de que se trate, para efectos de determinar el impuesto del ejercicio conforme al procedimiento previsto en el título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por el otro, la parte de la ganancia no acumulable que se multiplicará por la tasa que opte el contribuyente aplicar de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 147 del ordenamiento legal en comento, dando como resultado una cantidad que se sumará al impuesto sobre la renta del ejercicio que previamente hubiere determinado el propio contribuyente.
"En efecto, las personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, deberán determinar el impuesto sobre la renta anual, conforme a lo siguiente:
"I. Para el caso de la ganancia que se acumulará a los demás ingresos del ejercicio, el mencionado precepto jurídico establece que la ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de veinte años. El resultado que se obtenga con motivo de dicha división, será la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables al año de calendario de que se trate y se calculará el impuesto correspondiente a los ingresos acumulables en los términos en que lo señala el título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Esto es, las personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, deberán acumular la ganancia así determinada a sus demás ingresos a efecto de determinar el impuesto sobre la renta anual, en términos de lo que disponen los artículos 175, 176, 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Dichos preceptos jurídicos textualmente establecen: (se transcriben).
"Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que las personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, en un primer momento, adicionarán a sus demás ingresos, la parte de la ganancia que hubiere resultado de aplicar lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de determinar el impuesto a su cargo por el ejercicio de que se trate, aplicando para ello lo dispuesto en los artículos 175, 176, 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"II. Ahora bien, por lo que se refiere a la parte de la ganancia no acumulable, esto es, la que no se tomó en consideración para efectos de determinar el impuesto anual a cargo de las personas físicas, conforme al procedimiento anterior, la fracción III del artículo 147 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que ésta se multiplicará por la tasa que opte el contribuyente aplicar de conformidad con lo siguiente:
"• Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó la enajenación, disminuidos por las deducciones autorizadas por la propia ley, excepto las establecidas en las fracciones I, II y III del artículo 176 de la misma. El resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó la tarifa y el cociente será la tasa.
"• La tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en el inciso anterior para los últimos cinco ejercicios, incluido aquel en el que se realizó la enajenación, dividida entre cinco; haciéndose la precisión de que en caso de que el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los cuatro ejercicios previos a aquel en que se realice la enajenación, podrá determinar la tasa promedio a que se refi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24258-72488079/renta-el-articulo-154-parrafo-primero-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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