Corpus
Modo: Corpus Pro

PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. CUANDO DEMANDA DE MANERA GENERAL EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, Y SE DEMUESTRA QUE SE LE CUBRÍA EL TIEMPO EXTRA OCASIONAL (T.E.O.) Y EL TIEMPO EXTRA ADICIONAL (T.E.A.), DEBE ENTENDERSE QUE AQUÉL SE ENCUENTRA CUBIERTO CON ESTOS CONCEPTOS, POR TANTO, SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1298/2012. · Registro digital (IUS): 24349
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Pág. 1808.

AMPARO DIRECTO 1298/2012. 31 DE ENERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIO: ARMANDO GUADARRAMA BAUTISTA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El examen de los conceptos de violación expresados se realizará en orden diverso al propuesto en la demanda de amparo y su análisis conduce a este Tribunal Colegiado a determinar lo siguiente:

Conceptos de violación en los que se introduce el examen de infracciones procesales.

En parte del primer concepto de violación, la quejosa sostiene que las demandadas se condujeron con evasivas, pues no dieron contestación a los argumentos esgrimidos en su escrito inicial de demanda, ni en las aclaraciones, por lo que es evidente que el acto señalado como reclamado violó el contenido del artículo 878, fracciones III y IV, de la Ley Federal del Trabajo.

Lo alegado es infundado.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 878, fracciones III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá, en su caso, a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito, asimismo, en su contestación debe oponer sus excepciones y defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos y expresando los que ignore cuando no sean propios, pudiendo dar las explicaciones que juzgue convenientes, asimismo, el silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, sin que pueda admitirse prueba en contrario.

En el caso, en la audiencia de once de agosto de dos mil cinco, en la etapa de demanda y excepciones, la parte actora modificó el escrito inicial de demanda, en términos de un escrito de diez de agosto del mismo año; la Junta acordó suspender la audiencia, en virtud de las adiciones y aclaraciones al escrito inicial y señaló el veinticinco de octubre siguiente, para su celebración, a fin de que la demandada diera contestación a la demanda en su totalidad.

En dicha audiencia, Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción dieron contestación tanto al escrito inicial de demanda, así como a las adiciones y aclaraciones formuladas por la parte actora, señalando que lo hacían en términos de su escrito de once de agosto del mismo año, en el que se dijo se encontraba controvertida la demanda y su aclaración, cuyo contenido se transcribió en el resultando segundo de esta ejecutoria, advirtiendo este tribunal que dio cumplimiento a lo previsto en el invocado artículo 878, fracciones III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que opuso las excepciones y defensas que a sus intereses convino, así como también se refirió a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda y sus modificaciones; en esa medida, contra lo aseverado por la quejosa, la responsable no tenía por qué aplicar la sanción procesal prevista en el citado artículo, como pretende el quejoso; de ahí lo infundado del concepto de violación.

En el primer concepto de violación la quejosa aduce, como infracciones al procedimiento, que la responsable violó sus derechos individuales, ya que dentro de la sustanciación del proceso se alejó de los términos prescritos por la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia, porque:

a) La Junta omitió ordenar el desahogo de los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales que ofreció bajo los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, independientemente de cómo fueron objetadas por la contraria; porque de acuerdo a la manera en que se integró la litis, debió de llevarse a cabo el medio de perfeccionamiento de estas pruebas, con el objeto de obtener el esclarecimiento de la verdad; por tanto, el medio de perfeccionamiento era necesario para que a dichas documentales se les otorgara pleno valor probatorio.

b) La responsable admitió y ordenó que se desahogaran las pruebas ofrecidas por las tercero perjudicadas en el juicio natural, cuando dichas probanzas no fueron ofrecidas conforme a derecho, situación que se hizo valer al momento de objetarlas, porque no se encontraban acompañadas de todos y cada uno de los requisitos indispensables para su desahogo, ya que se omitieron precisar con qué hechos tenían relación, así como que omitieron acompañar los elementos necesarios para su desahogo, por lo que dichas probanzas debieron ser desechadas.

c) La responsable omitió estudiar y analizar en forma pormenorizada todas y cada una de las manifestaciones vertidas en el escrito en que objetó las pruebas ofrecidas por las terceras perjudicadas.

d) La Junta actuó en forma indebida al dejar de solicitar el informe del apartado 13 del escrito de ofrecimiento de pruebas, que fue ofrecido para acreditar la existencia de diversas operaciones y especialmente si estas operaciones habían sido realizadas por Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, que debía remitir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los conceptos de violación reseñados son inoperantes.

Con independencia de determinar si las infracciones procesales que invoca la quejosa son fundadas o no, su análisis deviene innecesario, toda vez que el laudo reclamado no se apoyó en el contenido de las pruebas que el quejoso aduce, pues en la parte toral de lo que impugna la quejosa, señaló que con independencia de las pruebas ofrecidas, sus pretensiones resultaron improcedentes, porque de acuerdo a la fecha en que se le otorgó el beneficio de su jubilación, no era aplicable el artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1993; asimismo, señaló que se le jubiló de forma especial, por lo que era improcedente la integración del salario base para el cálculo de la prima de antigüedad y de la pensión jubilatoria con otros conceptos no contemplados al otorgársela.

Por tanto, la valoración de las documentales a las que hace referencia la quejosa y la admisión de pruebas que de manera general señaló, no trascendieron al resultado del laudo y, por ende, las infracciones alegadas devienen inoperantes, porque no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 158, para que este tribunal pueda analizarlas, esto es, no trascendieron al resultado del fallo, porque éste se apoyó en un punto de derecho y no de prueba.

Más aún, con relación a las documentales que el quejoso aduce no fueron perfeccionadas, debe precisarse que la responsable les confirió valor probatorio en el laudo, pero determinó que no beneficiaban a los intereses de la oferente, al prevalecer una razón de derecho sobre todas ellas.

Además, contra lo aseverado por la quejosa, la responsable no incurrió en la omisión que le fue atribuida, pues admitió la prueba de informe a la que se hizo referencia, sí ordenó su desahogo y vigiló que éste se cumpliera dentro de los autos.

En adición a lo anterior, es pertinente señalar que, como se expuso en líneas precedentes, lo resuelto por la responsable resultó correcto y para apoyarse en esa determinación, no fue necesario determinar el alcance probatorio de las pruebas que la quejosa señala en los conceptos de violación, en la medida que la absolución se apoyó en puntos de derecho y no propiamente de pruebas; de ahí que, aun cuando pudieran resultar fundadas las violaciones procesales, no tendrían por efecto modificar el sentido del laudo reclamado, como se evidenciará en líneas posteriores, ya que correctamente se determinó que a la trabajadora se le jubiló de una forma especial; de ahí que resulte innecesario emprender el examen de lo alegado.

Apoya esta consideración, por las razones que informa, la jurisprudencia 108, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, Tomo VI, Materia Común, página 85, del siguiente tenor:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."

Conceptos de violación en los que se aduce transgresión al derecho de igualdad.

En argumentos contenidos en el preámbulo de los conceptos de violación, la quejosa aduce:

a) El patrón la consideró como trabajadora de confianza cuando las labores que desempeñaba no eran de las contenidas en el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, indebidamente, le aplicaron el contrato colectivo de trabajo por extensión, desde el 1o. de agosto de 1993 el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

b) Nunca se le hizo saber que se "abrogó" o "derogó" el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios del 1o. de agosto de 1993 y surgió la existencia del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios supuestamente vigente a partir del 1o. de agosto de 2000; por tanto, no estuvo en posibilidad de impugnar el mencionado reglamento y eso provocó que se le tratara en forma desigual.

Los argumentos reseñados son inatendibles, porque no formaron parte de la litis del juicio natural, en la medida que, al plantear la demanda, la quejosa no incorporó los planteamientos que ahora se exponen.

En efecto, al formular el juicio laboral de origen, la quejosa no planteó que incorrectamente se le hubiera considerado como trabajadora de confianza, bajo el argumento de que las labores que desempeñaba no eran de las contenidas en el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo y, desde esa perspectiva, que se le aplicó incorrectamente el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Tampoco fue materia de la controversia natural lo relativo a que nunca se le hizo saber que se "abrogó" o "derogó" el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios del 1o. de agosto de 1993 y surgió la existencia del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios supuestamente vigente a partir del 1o. de agosto de 2000; y que por esa razón, no estuvo en posibilidad de impugnar el mencionado reglamento y eso provocó que se le tratara en forma desigual.

En esa medida, es inconcuso que de acuerdo con las constancias del juicio laboral, los argumentos jurídicos aducidos como conceptos de violación no formaron parte de la litis; por consiguiente, la Junta responsable no estaba en condiciones de resolver sobre el particular, al no haber sido materia de la litis, en acatamiento al principio de congruencia que rige en materia de laudos; de ahí lo inatendible de lo aducido.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 328, aprobada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, Tomo V, Materia del Trabajo, página 265, del siguiente tenor:

"LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional."

En diversos argumentos del preámbulo de los conceptos de violación, el quejoso aduce que la responsable transgredió el principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque:

a) No podía ser tratada en forma igual que a la parte tercera perjudicada, por la simple y sencilla razón de que en el momento en que se originaron los hechos le desconocieron los principios generales de derecho del trabajo, derecho de estabilidad en el empleo, derechos adquiridos, derechos irrenunciables, cargas probatorias y cumplimiento irrestricto de sentencias ejecutorias con los que contaba.

b) Si bien la quejosa es una persona objeto de derechos y obligaciones, como las demandadas, también lo es que desde el punto de vista de las relaciones obrero-patronales, la impetrante de garantías está subordinada en desventaja y por debajo de las terceras perjudicadas, pues no cuenta con los recursos económicos, sociales, políticos, de acceso a la información, de comunicación, de educación, entre otros, para contender como iguales en la relación obrero-patronal e, inclusive, fuera de ella.

c) La Junta Especial Número 12 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje sólo emitió una determinación somera apoyándose en aspectos accidentales y secundarios de la estricta aplicación del derecho y de la justicia social, sin dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los reseñados argumentos son inoperantes, porque de ellos se aprecia que el amparista pretende hacer valer conceptos de violación en contra del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciéndolo depender de situaciones individuales, independientemente del conjunto de destinatarios de la norma, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley; de ahí que resulten inoperantes sus alegatos, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos, consistente en demostrar la violación constitucional que atribuye.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 88/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, octubre de 2003, página 43, del siguiente tenor:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley."

Ante lo inatendible e inoperante de los argumentos expresados por el quejoso, deviene inaplicable la tesis que invocó para robustecerlos, del rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL."

Análisis de los conceptos de violación en los que se controvierte lo resuelto con relación al pago de diferencias en la prima de antigüedad y en la pensión jubilatoria.

En los conceptos de violación segundo, cuarto, quinto y parte del tercero, se aduce que la responsable contravino el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque el laudo no fue congruente con las pretensiones deducidas en el juicio oportunamente, en atención a lo siguiente:

a) Omitió ocuparse de los argumentos hechos valer por las partes en el procedimiento.

b) Indebidamente se le arrojó la carga de la prueba; amén de que con las pruebas ofrecidas por las demandadas no se demostró la improcedencia de las acciones intentadas por la quejosa; de ahí que la absolución lesionó sus derechos.

c) La demandada no acreditó las excepciones y defensas hechas valer, ya que la acción se basa en los derechos de antigüedad de la quejosa, así como de derechos adquiridos por haber laborado por más de 20 años, 5 meses y 6 días al servicio de las terceras perjudicadas a la fecha de su jubilación el 16 de noviembre de 2004; y como al haber recibido en forma constante, periódica y permanente los conceptos de 30% de tiempo extra ocasional (TEO), 30% tiempo extra adicional (TEA), canasta básica, compensación mensual, gas doméstico, diferencia cuota gas, gasolina, reembolso de gastos de transporte, bono mensual o incentivo al desempeño o como se le llegue a nombrar, productividad, ajuste regularización ISPT, premio de asistencia y aguinaldo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, estos conceptos forman parte del salario diario de la quejosa y, por ende, estos conceptos debieron ser demostrados por las terceras perjudicadas.

d) La Junta fijó la litis en forma incorrecta, al no tomar en consideración y omitir hechos constitutivos de la acción que obran en el expediente laboral; los razonamientos que expresa en el laudo giran en torno de excepciones y defensas que opuso en forma oficiosa, supliendo la deficiente defensa al patrón, que no eran constitutivas de defensa.

e) Si bien la jubilación es una prestación de carácter extralegal, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente se encontraba obligada a acreditar la existencia del precepto reglamentario y/o contractual que regula la jubilación, mientras que las terceras perjudicadas tenían a su vez la obligación de acreditar los conceptos que integran el monto de la pensión jubilatoria.

f) Dentro de la relación obrero-patronal, el demandante de garantías percibió como salario el recibido de forma constante, periódica y permanente los conceptos de tiempo extra adicional (TEA), canasta básica, compensación mensual, gas doméstico, diferencia cuota gas, gasolina, reembolso por gastos de transporte, bono mensual o incentivo al desempeño o como se llegue a nombrar, productividad, ajuste regulación ISPT, premio de asistencia y aguinaldo, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, la pensión jubilatoria se le debió otorgar con el salario integrado.

g) La Junta de Trabajo sólo emitió una determinación somera, apoyándose en aspectos accidentales y secundarios de la estricta aplicación del derecho como de la justicia social.

h) La Junta indebidamente afirmó que el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios del 1o. de agosto de 2000 era el ordenamiento aplicable; ni se deben aplicar al pie de la letra las diversas tesis y jurisprudencias, ya que sus hipótesis no se adecuan al caso concreto.

i) La Junta no cumplió con los principios que toda autoridad debe de emitir como son el de fundamentación y motivación, ya que dejó de explicar las razones del porqué, en qué, cómo, cuándo y dónde analizó los argumentos de las partes, así como las pruebas que ofrecieron.

j) La responsable fue Juez y defensor de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, al suplir la deficiente defensa o contestación de estas últimas, lo que está prohibido por la ley y afecta en forma antijurídica su esfera legal.

k) Que el laudo declaró improcedente la acción intentada porque la actora fue jubilada en forma especial, sin analizar el hecho de que el mismo contiene disminución de los derechos de los trabajadores a los cuales les aplican dicho ordenamiento.

l) La Junta fijó un diminuto aspecto de la litis, pero se olvidó de aquellos puntos que eran trascendentales para haber determinado como operantes y procedentes las acciones intentadas y sobre todo resolvió esa litis a través de defensas y excepciones que no fueron planteadas por el interesado patrón; esto es, suplió la deficiente contestación a favor del patrón y otras que, inclusive, son contradictorias consigo mismo.

m) La quejosa demandó como acción principal, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las demandadas Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, correspondiente al otorgamiento íntegro y correcto de su jubilación; de lo cual derivaron, en esencia, 2 prestaciones a saber; el pago correcto de su pensión jubilatoria sobre la base del salario integrado percibido a la fecha en que se terminó la relación de trabajo y se le jubiló; al igual que el pago correcto de la prima de antigüedad, también sobre el sustento de que no se apoyó en el verdadero salario integrado percibido al tiempo en que se terminó la relación obrero-patronal.

n) Para determinar la procedencia o inconducencia de las prestaciones, era obligación de la Junta estudiar todos y cada uno de los elementos y argumentos hechos valer por las partes al configurarse la litis, lo cual no ocurrió.

Son infundados los conceptos de violación reseñados y dado que sobre ellos pesa la misma situación jurídica, su análisis se realizará de manera conjunta, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

La quejosa ejercitó la acción relativa a la integración correcta del monto de la pensión jubilatoria que las demandadas le otorgaron el dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, sustentándola en el hecho de que la prima de antigüedad, así como la pensión que se le otorgó, se cuantificó de manera incorrecta por no haberse incluido en el salario con el que se cuantificaron, las prestaciones consistentes en 30% de tiempo extra adicional (TEA), canasta básica, gas doméstico, diferencia cuota gas, gasolina, reembolso por gastos de transporte, incentivo al desempeño o bono mensual de actuación o como llegara a nombrarse, productividad, ajuste regularización ISPT, incentivo o premio de asistencia o como se le llegara a nombrar y aguinaldo (en las cantidades que señaló en el proemio del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio). Asimismo, demandó el pago de las prestaciones en cita, en las cantidades y por los periodos que indicó en el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, a partir de la fecha en que fue jubilada y hasta que se cumpliera con el laudo que dictara la Junta.

Con motivo de lo anterior, reclamó el pago de las diferencias por concepto de prima de antigüedad y pensión jubilatoria que se generaran, entre las que se le otorgaron y aquellas que debieron cubrírsele, tomando como base para su cálculo la correcta integración del salario, es decir, incluyendo todas las prestaciones mencionadas que invariablemente se le pagaban antes de la jubilación.

Reclamó la nulidad, inaplicabilidad e ineficacia de la fracción I del artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, de primero de agosto de dos mil, al lesionar sus derechos adquiridos, laborales, con respecto a la fracción I del artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del primero de agosto de mil novecientos noventa y tres. Cumplimiento forzoso de la fracción I del artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del primero de agosto de mil novecientos noventa y tres, debiendo fijar la pensión al 100% del promedio de los salarios percibidos en puestos permanentes en el último año de servicios.

Nulidad parcial de la orden de pago de pensión jubilatoria, toda vez que la demandada de manera unilateral y arbitrariamente aplicó renuncia de sus derechos adquiridos en la fracción I del artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del primero de agosto de mil novecientos noventa y tres. Pago de diferencias por concepto de prima de antigüedad, al no haberse efectuado el pago de dicha prestación sobre la base de su salario integrado. Pago de horas extras. Pago de incentivo por asistencia, por el tiempo en que prestó servicios, por un año anterior a la fecha de presentación de la demanda, hasta el día en que se le jubiló. Pago de rendimientos, correspondientes al último año de servicios, hasta el día en que se le jubiló. Pago de aguinaldo, proporcional al dos mil tres en que prestó servicios, hasta el día en que se le jubiló. Cumplimiento forzoso de los acuerdos emitidos por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en que se determinó, entre otras prestaciones, que deberían integrar el salario para el pago de la pensión jubilatoria, el aguinaldo, premio de asistencia, bono de incentivo al desempeño.

Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción contestaron la demanda inicial y sus modificaciones. Expresó que era improcedente que el demandante pretendiera fundar su pretensión en la fracción I del artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que estuvo vigente del primero de agosto de mil novecientos noventa y tres, al treinta y uno de julio de dos mil, porque durante la vigencia de ese reglamento no satisfizo los requisitos para su otorgamiento, es decir, tener 55 años de edad y 25 de servicios. Dijo que a la fecha de jubilación, la trabajadora sólo había generado una antigüedad de veinte años, treinta y cuatro días, por lo que era falso que se hayan violado sus derechos adquiridos, ya que no los adquirió durante la vigencia del reglamento que invocó, al ser simples expectativas de derecho, por lo que tampoco procedía la nulidad parcial de la orden de pago de pensión jubilatoria. Expuso que en el caso concreto, esta prestación extralegal se pactó entre las partes, actor y empresa, de manera especial, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, pues la actora sólo contaba con una antigüedad de empresa de veinte años con treinta y cuatro días, conviniendo las partes que se integrara con los conceptos que se establecieron en la orden de pago de pensión jubilatoria, al 61% de su último salario diario ordinario, incrementado con los conceptos de fondo de ahorro, ayuda renta casa, tiempo extra ocasional y compensación, de acuerdo a la normatividad aplicable en tiempo y espacio al momento de su otorgamiento establecidas en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de primero de agosto de dos mil, aplicado por analogía y mayoría de razón, recogiendo en esencia su contenido. Por tales motivos, no tenía derecho para reclamar el pago íntegro y correcto de la jubilación, en virtud de que ésta se le cubrió en la forma expresamente convenida entre las partes, que se plasmó en la orden de pago de pensión jubilatoria, por lo que era improcedente el reconocimiento de que las prestaciones que señaló hayan formado parte del salario para integrar la pensión en cita, pues no existía obligación de Petróleos Mexicanos de integrarla en los términos propuestos por el actor, sino únicamente se obligó a cubrirla en los términos y condiciones pactados en la orden de pago de pensión jubilatoria, en la cual se le reconoció una antigüedad de veinte años con treinta y cuatro días.

La responsable absolvió de las prestaciones señaladas al considerar, esencialmente, que:

1. Si en la especie se modificó el artículo 82, fracción I, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente a partir del uno de agosto de dos mil, en el sentido de que la pensión por jubilación que ahí se contempla se cubra con el salario ordinario y no con el integrado como antes; ello, aun cuando representaba una reducción en la base salarial para el pago de dicha pensión, tal reducción no implicaba una afectación a los derechos laborales mínimos de estos últimos, consagrados en la Constitución General o en la Ley Federal del Trabajo, ya que la jubilación incluyendo la determinación del salario base, que deba servir de apoyo para su cuantificación es de carácter extralegal.

2. El artículo 82, fracción I, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de uno de agosto de dos mil, es el aplicable al caso, porque la accionante se jubiló el 16 de noviembre de 2004, como se advertía de la orden de pago especial de pensión jubilatoria.

3. Contra lo sostenido por la actora, no existía un derecho adquirido a su favor, porque el pago de la jubilación por edad y años de servicios con base en un salario integrado a que alude el artículo 82, fracción I, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de uno de agosto de mil novecientos noventa y tres; habida cuenta que, como ya se dijo, al momento en que se jubiló (16 de noviembre de 2004), ya no se encontraba vigente ese ordenamiento contractual, el cual, incluso, dejó sin efectos.

4. La modificación unilateral por parte del director general de la empresa demandada del artículo 82, fracción I, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente a partir del uno de agosto de dos mil, relativa a que el pago de la pensión por jubilación que ahí se contempla, se cubra con el salario ordinario (y no con el integrado como antes), no vulneró lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución General y 5o., fracciones XI y XIII, 17, 18 y 33 de la Ley Federal del Trabajo; porque aun cuando dicha modificación representó una reducción en el salario base para el pago de tal pensión, ello no se traducía en una renuncia de derechos, sino sólo implicó una disminuci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24349-f6496371/personal-de-confianza-de-petroleos-mexicanos-y-organismos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.