PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS FAVORABLE. PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO CUANDO LA NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA CONDUCTA SANCIONADA CON MULTA FISCAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 381/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MARTHA ELBA DE LA CONCEPCIÓN HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)
TERCERO. Antecedentes y consideraciones de las ejecutorias en probable contradicción. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente tener en cuenta los aspectos relevantes de los antecedentes y ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son los siguientes:
Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Revisión fiscal número **********
El diez de diciembre de dos mil nueve, una persona moral presentó ante la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para su despacho, la declaración de documentos y correspondencia tramitados por una empresa de mensajería. En el reconocimiento aduanero se advirtió que en el interior del sobre había un título definitivo de acciones, por un monto superior a **********, que conforme al artículo 9o. de la Ley Aduanera pueden introducirse o extraerse del territorio nacional sin obligación de declararla. Por tal motivo, se levantó acta de irregularidades (de inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera), en la que se hicieron constar esos hechos y se presumieron cometidas las infracciones previstas en el artículo 184, fracción XV, de la Ley Aduanera y la conducta se relacionó con las reglas 2.1.2. y 2.1.3. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009, publicadas el veintinueve de abril de ese año.
El dieciocho de marzo de dos mil diez se emitió la resolución determinante de un crédito fiscal a cargo de su remitente, en contra de la cual la parte agraviada interpuso recurso de revocación, que se desechó por extemporáneo.
Inconforme con esa determinación, la agraviada promovió juicio de nulidad en su contra ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que declaró la nulidad lisa y llana del crédito fiscal al considerar, por una parte, que fue ilegal la notificación por estrados de la resolución impugnada en revocación y, por ende, incorrecto el desechamiento de ese recurso; por otra, se pronunció sobre el tema de fondo y declaró también fundados los agravios al considerar, en esencia, que la actora no estaba obligada a observar lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley Aduanera, consistente en declarar "otros documentos por cobrar", partiendo de la aplicabilidad de la regla 2.1.3. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009, vigente en la fecha en que se levantó el acta de irregularidades que consideraba como "otros documentos por cobrar", entre otros, los títulos normativos, toda vez que al momento en que se dictó la determinante del crédito dicha regla se había reformado; de ahí que la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se encontraba obligada a aplicar la nueva regla, en virtud de que el jefe de Administración Tributaria fue quien realizó esa modificación y, por ello, no puede sustraerse a su cumplimiento. Por tanto, concluyó dicha Sala, si el título de crédito no se encontraba consignado al portador sino se expidió a favor de la persona moral actora, la emisora no estaba obligada a observar lo dispuesto por el mencionado artículo 9o. de la Ley Aduanera, habida cuenta que el título de crédito no se encontraba consignado al portador, sino expedido a favor de persona determinada, por lo cual no se encontraba obligada a observar lo establecido en el artículo 9o. de la Ley Aduanera (declarando su ingreso o salida del territorio nacional) y, por ende, no se configuró la infracción prevista en el artículo 184, fracción XV, de dicha legislación.
En contra de esta determinación, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión, en cuyo único agravio argumentó indebida interpretación y aplicación de los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación; ya que, contrario a lo determinado, la fiscalizada sí estaba obligada a observar lo establecido en el artículo 9o. de la Ley Aduanera, consistente en declarar títulos de crédito nominativos, toda vez que le resultó aplicable la regla 2.1.3. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009, vigente en la fecha en que se levantó el acta circunstanciada, esto es, el diez de diciembre de dos mil nueve, alegando que las contribuciones se determinan conforme a las disposiciones vigentes al momento de su acusación y no se está en el caso de una regla procedimental.
El Tribunal Colegiado resolvió declarar fundada la revisión, por las consideraciones siguientes:
"A fin de emitir el pronunciamiento en el presente toca, este tribunal estima pertinente traer a colación que al resolver la contradicción de tesis 26/97, que motivó la jurisprudencia 8/98, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró sobre el tema de la aplicación retroactiva en la materia fiscal, lo siguiente: ‘... es conveniente analizar las características de la aplicación retroactiva de las normas, que prohíbe el artículo 14 constitucional, en la parte que establece: «A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.». La irretroactividad consiste en que las disposiciones contenidas en leyes no se deben aplicar hacia el pasado, afectando hechos que se dieron antes de su vigencia. A este problema se le conoce también como conflicto de leyes en el tiempo. Ahora bien, debe considerarse que las garantías individuales constituyen un límite para el ejercicio de las facultades de las autoridades estatales en sus diversas funciones lo que, desde luego, incluye las legislativas. El artículo 14 constitucional, al establecer que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, limita las facultades señaladas, primordialmente, en cuanto a los perjuicios que se puedan provocar con la aplicación de una ley, a actos que tuvieron verificativo con anterioridad a su vigencia. Este principio, que es claro cuando se trata de actos que tienen una realización inmediata, se presenta de una manera diversa cuando existe un conflicto de leyes en el tiempo, al dirigirse a actos que no se concretizan en un solo momento. Es entonces, en los actos complejos cuya realización consta de varias etapas, respecto de los cuales se puede dar el conflicto de regulación, en tanto que debe precisarse cuál de las normas (la vigente al momento de realizarse el hecho originario o la vigente en el momento de concretarse) debe aplicarse. El problema que suscita la contradicción de criterios que ahora se resuelve se refiere a la aplicación de una ley, en forma retroactiva, en beneficio de los particulares, cuando habiéndose realizado una conducta infractora, durante la vigencia de una ley que establecía una sanción, al momento de imponerse la sanción correspondiente, se encuentra vigente una que establece una menor a la anterior, es decir, se trata de aplicación de leyes en relación con sanciones fiscales determinadas por actos que no se concretizan en un solo momento, sino que producen consecuencias en épocas diversas. La base fundamental de la prohibición que establece el artículo 14 constitucional radica en que la regulación, por parte del Estado, de la actuación de los individuos, a través de las leyes y de su aplicación, debe dirigirse a los hechos ocurridos durante su vigencia y no aplicarse en perjuicio de persona alguna. Con base en este principio, debe considerarse que no existe la prohibición de la aplicación retroactiva de una norma que establece sanciones, cuando con ello se logra un beneficio a los individuos que habían observado conductas similares a las reguladas con una sanción menor y que, por la naturaleza compleja del acto de que se trata, es posible aplicar. Es decir, si la posición jurídica en que se encuentra un particular, en igualdad de circunstancias que otro, pero en una etapa distinta de realización del mismo acto, le permite beneficiarse de una regulación nueva en materia de sanciones, debe entenderse que la aplicación de ésta no atenta contra los principios de seguridad jurídica que consagra el mencionado artículo 14 constitucional, pues no se actualiza el perjuicio a que se refiere dicho precepto, como elemento de la prohibición. La aplicación retroactiva en beneficio de los individuos debe entenderse derivada, tanto de lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, como de lo establecido en el artículo 1o. de la propia Constitución, ya que entre los principales fundamentos de nuestro sistema jurídico se encuentra el de la igualdad ante la ley, lo que necesariamente implica que los problemas de conflictos de leyes en el tiempo, cuando se trata de imposición de sanciones, deban resolverse de la manera que resulte más benéfica para los individuos, que son los que encomiendan el ejercicio del gobierno a las autoridades, de manera representativa. La teoría de los derechos adquiridos, que ha sido rectora del criterio de interpretación de la garantía de irretroactividad de las normas, que realiza este Alto Tribunal, contempla sólo la posibilidad de que las nuevas leyes se apliquen cuando no existe un derecho adquirido bajo la vigencia de la ley anterior, que seguirá rigiéndose por las normas anteriores, a diferencia de las expectativas de derecho, que constituyen sólo la posibilidad de que se realice un hecho jurídico concreto, según se desprende de la siguiente transcripción: «RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: <Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial.>. <La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos.>. <Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye>.». Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXXXVI, página 80. Ahora bien, cuando una infracción administrativa, cometida durante la vigencia de una norma, produce consecuencias que se concretan cuando la norma que las regula fue modificada con disposiciones que benefician al particular, estableciéndose, para la misma infracción, una sanción menor que la que establecía la ley anterior, debe seguirse el principio que hasta ahora, como excepción, rige en materia penal, relativo a aplicar la ley que resulte más benéfica para el particular, ya que esto resulta coherente con el sentido de la garantía de irretroactividad, consagrada en el artículo 14 constitucional, en tanto que la intención del Constituyente fue la de preservar a los individuos del perjuicio que pudiera causarles la aplicación de una ley nueva, no la de impedir que se beneficien con normas que castigan en menor grado la misma infracción. Al respecto es importante recordar que, como se sostuvo en la tesis de la Quinta Época, citada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en su resolución, las disposiciones del Código Fiscal de la Federación referentes a multas por infracciones, se encuentran contenidas en el título IV, «De las infracciones y delitos fiscales», de lo que puede desprenderse que se ubica en la misma categoría a los delitos y a las infracciones. Además, debe tenerse en consideración que la imposición de las multas fiscales deriva del poder jurídico del Estado para tipificar el incumplimiento de obligaciones fiscales como infracciones y castigarlas a través de penas económicas establecidas en ley, y la facultad de las autoridades administrativas para imponer y ejecutar tales sanciones, lo que es similar a las sanciones penales. Por otro lado, debe también tenerse presente que la finalidad de las normas que establecen multas fiscales, es la de mantener la observancia de los preceptos que establecen los impuestos, a través de un sistema de sanciones que actualice la coercitividad de las normas fiscales. Diversos autores han sostenido que entre las infracciones fiscales y los delitos no existen diferencias sustanciales, ya que tienen el mismo origen, que es el incumplimiento de obligaciones frente al Estado y se sancionan, unas con pena económica y otras con pena privativa de libertad, pudiendo actualizarse, en los delitos, la imposición de penas pecuniarias, según se determine en la ley; en estas condiciones, las diferencias existentes entre ambas figuras, pudieran establecerse en relación con el órgano encargado de imponerlas, que en las infracciones corresponde a autoridades administrativas y en los delitos al órgano jurisdiccional, lo que no hace que la naturaleza de las sanciones en materia penal, sean distintas a las fiscales. En efecto, las normas que establecen sanciones fiscales, al igual que las que establecen penas, tienen como finalidad tipificar infracciones para aplicar un castigo al sujeto que realice la conducta que se describe en la norma; además, sólo el Estado, en ambos casos, puede definir las situaciones que constituyen infracciones o delitos y determinar las penas que deberán imponerse a quien incurra en ellos, lo que se realiza a través de un sistema en el que la infracción y la sanción son elementos esenciales. Otra característica que poseen ambas sanciones, es la privación de un bien, al sujeto que comete la infracción o delito sancionados, ya sea económico o jurídico, por lo que los instrumentos de aplicación de las penas en una y otra materias, no cambia la esencia de su naturaleza. Es por ello que se estima que la similitud entre las multas fiscales y las sanciones penales permite sostener que, por tratarse de situaciones jurídicas de igual naturaleza, debe aplicarse retroactivamente una norma que establezca un beneficio en relación con una infracción cometida con anterioridad a su vigencia. Lo anterior no implica el desconocimiento de los principios fiscales derivados de los artículos 5o. y 6o. del Código Fiscal de la Federación, relativos a la aplicación estricta de las normas en materia fiscal y a la época en la que se causan las contribuciones, toda vez que, como se ha visto, la especial naturaleza de las normas que establecen sanciones, permite considerar como excepcional la aplicación de una norma en forma retroactiva, cuando con ello se beneficie al particular. A este respecto, existen criterios sostenidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha justificado la aplicación retroactiva de la ley en materia de multas fiscales, atendiendo al principio que sostiene la aplicación de la norma más favorable al particular en materia penal, tesis cuyos contenidos se transcriben a continuación: «RETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Constitución General de la República consagra el principio de irretroactividad, cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona, de donde es deducible la afirmación contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio.». Tesis jurisprudencial 923, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1954, volumen VI, página 1720. «RETROACTIVIDAD (SANCIONES ADMINISTRATIVAS). Es cierto que en materia de castigos, hay que tomar en cuenta la ley más benigna, para aplicarla en el momento en que se estudie si procede o no, alguna sanción, a diferencia de las leyes sustantivas, que no pueden aplicarse en perjuicio del interesado, dándoles efectos retroactivos; pero no habría fundamento alguno para aplicar en la actualidad una ley que ya no rige y que ha sido sustituida por otra que indica en qué términos y forma debe aplicarse alguna sanción, y si esta ley no excluye las infracciones cometidas con anterioridad a la misma, ni la manera de combatir los términos y plazos para que comience a correr la prescripción, es indudable que solamente puede aplicarse la ley en vigor.». Amparo administrativo directo 947/37, Sección 1a., Cía. Trascontinental de Petróleo, S.A., Quinta Época, Tomo LIII, páginas 2899 y 2900, 10 de septiembre de 1937. «RETROACTIVIDAD DE LA LEY FISCAL MÁS BENIGNA. Es razonable extender a la materia de las infracciones fiscales, el principio de derecho penal de que la ley más benigna debe aplicarse, con efectos retroactivos en favor del infractor, a hechos ocurridos antes de su vigencia, salvo inequívoca y terminante disposición en contrario. El artículo 232 del Código Fiscal engloba, dentro del término de <sanciones>, medidas de carácter muy diverso, como las multas que puede imponer la autoridad administrativa y la prisión, que sólo puede decretar la autoridad judicial, lo que nos revela que pertenecen a la misma categoría los delitos fiscales y otras infracciones no calificadas de delictuosas. Regulando la materia de las infracciones, el propio código previene (artículo 241) que, en todo lo no expresamente previsto, se aplicarán las reglas del Código Penal, entre las cuales se hallan las establecidas por los artículos 56 y 57. Finalmente, cabe decir que el lema del derecho criminal «nullum crimen, nulla poena sine lege» corresponde con exactitud, en su espíritu, al principio contenido en el artículo 11 del Código Fiscal: <Las normas de derecho tributario que establezcan cargas a los particulares serán de aplicación restrictiva.>.». Revisión fiscal 273/50, Embotelladora La Victoria, S. de R.L., Quinta Época, Tomo CXXV, Sala Auxiliar, páginas 1643 y 1644, 23 de agosto de 1955. «RETROACTIVIDAD. La aplicación retroactiva de una ley es permitida en caso de favorecer al interesado y que no agravie derecho alguno, ya que si se prueba la retroactividad, ésta es violatoria en cuanto puede causar perjuicios al interesado, mas no en lo que puede favorecerlo.». Amparo administrativo en revisión 3475/32, Cía. Petrolera del Agwi, S.A., Quinta Época, Tomo LVIII, página 1691, 10 de noviembre de 1938. ... La jurisprudencia 8/98, que derivó de la citada ejecutoria, se localiza en la página 333, Tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia administrativa, del rubro y texto siguientes: «MULTAS FISCALES. DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN BENÉFICAS AL PARTICULAR. Si la imposición de las sanciones (penales o fiscales) tiene como finalidad mantener el orden público a través del castigo que, en mayor o menor grado, impone el Estado al que incurre en una infracción, debe considerarse que las multas fiscales tienen una naturaleza similar a las sanciones penales y, por tanto, la aplicación en forma retroactiva de las normas que beneficien al particular, se apega a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional y al principio de retroactividad en materia penal aceptado por la jurisprudencia, la ley y la doctrina, en tanto que, por tratarse de castigos que el Estado impone, debe procurarse la mayor equidad en su imposición, en atención a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Carta Magna.». Ahora bien, de lo considerado en la ejecutoria transcrita con antelación, de la que derivó la citada jurisprudencia, se tiene que se establece la legalidad de la aplicación retroactiva de la norma en materia fiscal en tratándose de sanciones por equipararse a la materia penal. Se resolvió sobre la aplicación de una ley, en forma retroactiva, en beneficio de los particulares, cuando habiéndose realizado una conducta infractora, durante la vigencia de una ley que establecía una sanción, al momento de imponerse la sanción correspondiente, se encuentra vigente una que establece una menor a la anterior, es decir, se trata de aplicación de leyes en relación con sanciones fiscales determinadas por actos que no se concretizan en un solo momento, sino que producen consecuencias en épocas diversas. Determinando que no existe la prohibición de la aplicación retroactiva de una norma que establece sanciones, cuando con ello se logra un beneficio a los individuos que habían observado conductas similares a las reguladas con una sanción menor y que, por la naturaleza compleja del acto de que se trata, es posible aplicar. De ahí que el beneficio en comento resulta aplicable respecto de una sanción diversa a la que prevalecía al momento de actualizarse la conducta, esto es, una misma conducta infractora, respecto de la cual al momento de su comisión correspondía una sanción y a la fecha de su imposición le es atribuible un castigo menor. En tal contexto, atendiendo a la litis planteada en el presente recurso, debe decirse que no es dable estimar actualizado el supuesto de procedencia de la aplicación retroactiva a que se contrae el criterio jurisprudencial en comento. Lo anterior se sostiene en virtud de que en la especie no se trata de una conducta cuyos supuestos prevalezcan, con diferentes sanciones para el momento de su comisión y el de la imposición, sino que se está en presencia de diversos elementos previstos en la norma sustantiva para la actualización de la conducta infractora, de manera que a diferencia de la hipótesis analizada en la ejecutoria que motivó la referida jurisprudencia, al caso concreto. En efecto, en la regla 2.1.3. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de abril de dos mil ocho, se dispone, en lo conducente: ‘Tratándose de otros documentos por cobrar, se entenderán los títulos de crédito o títulos valor regulados en los capítulos I a VI, del título primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; los documentos extranjeros que deban pagarse en México, regulados por las disposiciones previstas en el capítulo VII, del título primero de dicha ley y los demás documentos por cobrar que señale cualquier otro ordenamiento legal aplicable.’. Por su parte, la regla 2.1.3. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de diciembre de dos mil nueve, prevé, en lo que interesa: ‘Tratándose de otros documentos por cobrar, se entenderán: I. Los títulos de crédito o títulos valor regulados en los capítulos I a VI del título primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como cualquier otro similar regulado por leyes extranjeras, siempre que sean pagaderos a la vista y hubieren sido extendidos al portador, se hayan endosado sin restricción, sean pagaderos a un beneficiario ficticio o que, de cualquier otra forma, su titularidad se transmita con la simple entrega del título, así como cualquier otro título incompleto que esté firmado pero que omita el nombre del beneficiario. II. Aquellos títulos de crédito o títulos valor de carácter nominativo que hubieran sido expedidos por una institución financiera tanto nacional como extranjera.’. De ahí que no se trata de la realización de un mismo acto que pudiera beneficiarse de una regulación nueva en materia de sanciones, no es un conflicto sobre imposición de sanciones, que deba resolverse de la manera que resulte más benéfica, toda vez que se está en la hipótesis del nacimiento de una obligación bajo el imperio de la ley antigua, que debe subsistir con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye. En tal virtud, el acto verificado durante la vigencia de las reglas publicadas el veintinueve de abril de dos mil ocho, no puede analizarse a la luz de la disposición reformada, que se publicó el diecisiete de diciembre de dos mil nueve, en tanto que no establecen un mismo supuesto, sino que prevén elementos diversos para su actualización de manera que no se está ante una propia conducta y diversas sanciones en el tiempo, como se analizó en la ejecutoria de referencia y consideró la jurisprudencia en cita. Lo anterior, lleva a considerar fundado el agravio hecho valer por la recurrente sobre indebida interpretación y aplicación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, en relación con la aplicación estricta de las normas en materia fiscal y a la época en la que se causan las contribuciones, habida cuenta que la reformada consiste en una norma sustantiva que prevé los elementos de actualización de la conducta y no de la sanción aplicable a aquélla, como en el caso corresponde la prevista en la fracción XV del artículo 184 de la Ley Aduanera, cuya hipotética disminución pudiera beneficiar al infractor y respecto de lo cual procediera la aplicación retroactiva de que se habla. Consecuentemente, es inexacta la resolución de la Sala en la sentencia que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, bajo la óptica de que la fiscalizada no se encontraba obligada a observar lo establecido en el artículo 9o. de la Ley Aduanera, consistente en declarar títulos de crédito nominativos, partiendo de la aplicabilidad de la regla 2.1.3. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009, vigente en la fecha en que se levantó el acta circunstanciada de hechos **********, esto es, el **********, toda vez que las contribuciones se determinan conforme a las disposiciones vigentes al momento de su causación, máxime que, como ya se indicó, no se está en el caso de aplicación y análisis de una reforma a la sanción que correspondiera por la conducta, de manera que pudiera resultar aplicable la más benéfica a la luz de la jurisprudencia antes analizada."
Amparo directo **********
Decimoctavo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
El once de diciembre de dos mil seis el subadministrador de la Aduana de Toluca y la verificadora adscrita a ese órgano realizaron reconocimiento aduanero a un sobre transportado por una empresa de mensajería dirigido a una persona moral residente en el extranjero, cuyos remitentes eran una persona física y una persona moral; en la revisión se encontraron dentro del sobre dos pagarés cuyo valor excedía de **********. Por tal motivo, se levantó el acta de hechos e inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, la cual se notificó a la remitente el **********, quien compareció a dicho procedimiento, y con fecha **********, se emitió la resolución que concluyó con la imposición de una multa de ********** a la remitente, al considerar que infringió el artículo 184, fracción XV, de la Ley Aduanera (que establece que cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones quienes omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades de pago o cualquier otro documento por cobrar a una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América).
Inconforme la sancionada, interpuso recurso de revocación, el cual se declaró fundado, dejando insubsistente la resolución recurrida y ordenando la emisión de una nueva, en la cual redujera la multa impuesta en un 50%, de conformidad con la fracción III del artículo 199 de la Ley Aduanera.
En contra de esa determinación, la recurrente promovió juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, alegando la ilegalidad de la regla 2.1.3. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil seis. El citado órgano jurisdiccional dictó sentencia que reconoció la validez de la resolución impugnada.
No conforme con esa resolución, la actora promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que concedió el amparo con base en las consideraciones que, en la parte que interesa, señalan:
"DÉCIMO. ... Retroactividad de la ley en beneficio del gobernado ...
"También asiste razón a la quejosa al manifestar que de estimar que realizó la conducta reprochada, la Sala responsable debió aplicar en su beneficio la reforma al apartado 2.1.3. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de diciembre de dos mil nueve, pues tal modificación aclaró el concepto ‘otros docume
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24352-c6156de0/principio-de-retroactividad-de-la-norma-posterior-mas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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